Jorge Antonio Orozco Zuart
Expediente 1300/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2019
Partes del expediente
- Jorge Antonio Orozco Zuart
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar el oficio del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo de los diversos 25647/2019 y 25646/2019 del índice de este juzgado y anexos, e informa que dicho tribunal admitió el recurso de queja interpuesto en este juicio de amparo, y lo radicó con el número 236/2019; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que ***, ratificó el contenido y la firma que calza el escrito presentado el ocho de octubre del actual, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas; en consecuencia, se provee: Téngase al quejoso ***, interponiendo RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintiséis de septiembre del actual (fojas 51-56), en el que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de veintiséis de septiembre del actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia, constando en el mismo los motivos y fundamentos legales que fueron tomados en cuenta para resolver en el sentido asentado, lo cual sustenta su legalidad; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, así como del de expresión de agravios; anexos que presentó con dichos escritos consistente en documental y un disco; y copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este expediente, para la substanciación del recurso interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya notificar a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por***, contra actos que reclama al Juez Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otra autoridad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1300/2019-XIII. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son de la literalidad siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De una interpretación gramatical del numeral 113 de la ley en la materia, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de amparo, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. En cuanto a la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad y así, agotar o interponer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Bajo esas circunstancias, la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. En el caso, la parte quejosa reclama: La negativa de aceptación como defensor del imputado ***en la causa penal ***, dictada el tres de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez Penal, residente en Cintalapa de Figueroa. Por tanto, contra dicho acto reclamado procede el recurso de revocación que prevén los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen los siguientes: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o (.)". De lo anterior se colige que la determinación dictada por la autoridad responsable Juez Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la que determinó la negar la aceptación como como defensor del imputado ***en la causa penal ***, a ***aquí quejoso, es una resolución de mero trámite. Por ello, debe decirse que, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de amparo, por encontrarse en el supuesto que prevén los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió hacer valer contra la determinación combatida en esta instancia constitucional, la cual tuvo lugar durante la audiencia de nueve del mes en curso, el recurso de revocación correspondiente; luego, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el multicitado acto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra el mismo procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual puede ser revocado. De lo anterior, debe destacarse que previamente a la presentación de la demanda de amparo, se debió observar el principio de definitividad del acto reclamado, el cual establece que la parte quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado antes de acudir ante los tribunales de la federación, pues en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ello aún en el supuesto de que se estime que el acto es de ejecución irreparable, pues ello, no exime de agotar el principio de definitividad. Tal y como lo establece la tesis de jurisprudencia 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 1, libro X, junio de 2012, página 729, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que derivan de una causa penal. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Por otra parte, aun en el supuesto de que el quejoso hubiera interpuesto el medio de impugnación a que se ha hecho referencia contra el acto reclamado y el mismo hubiera sido confirmado; sería dicha resolución la que constituiría el acto reclamado; no así la determinación de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual no se le reconoce como abogado defensor del imputado de la causa penal ***, del índice del Juez Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Lo anterior, porque la resolución dictada en el recurso de revocación, sustituiría el acto reclamado, sin que sea el caso, toda vez que en su demanda de amparo reclama precisamente el no reconocimiento como defensor del imputado en la causa penal de origen. Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR ***. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, libro 55, junio de 2018, página 8, registro electrónico 2017117, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Así como el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". De igual forma el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda. RESGUARDO DE DOCUMENTOS Procédase al resguardo de las documentales que en copia certificada exhibe la parte quejosa, en un sobre cerrado el cual se ordena a glosar a los autos; agregando copia a este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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