Jorge Antonio Díaz López

Expediente 962/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
962/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Díaz López
  • Juez en materia Penal del Distrito Judicial Comitán, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4. Devuélvase al Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, las copias certificadas de la causa penal ****, en un tomo, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4. Devuélvase al Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, las copias certificadas de la causa penal ********, en un tomo, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas y anexo. Dado lo voluminoso de las copias certificadas de la causa penal ******* (un tomo), se dejan a disposición de las partes en la secretaría de este Juzgado, para que puedan enterarse de su contenido, respetando folios, rúbricas y entresellos; por tanto, se ordena formar el tomo de prueba I. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, visto el estado de autos y las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se colige que el quejoso ******, tiene el carácter de inculpado dentro de la causa penal ******, del índice del Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas. De la referida causa se advierte lo siguiente: 1. El dieciocho de octubre de dos mil tres, el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, dentro de la causa penal ***, dictó auto de formal prisión en contra de ****************, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado previsto en los artículos 123, 124 y sancionado por los diversos numerales 127, 130, fracción l, párrafos tercero y cuarto, con relación al 4, párrafo segundo y 11, fracción ll, del Código Penal en el Estado, vigente en la época de los hechos, perpetrado en la persona que en vida respondiera al nombre de ********* (fojas 259 a 279 del tomo I de pruebas). Precisado lo anterior, en el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ***** XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;****". El supuesto normativo transcrito, en lo de interés, estatuye la causal de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. Motivo de improcedencia que, cabe puntualizar, tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido pueda discutirse nuevamente. En el caso, del contenido íntegro de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por el juez responsable, se determina que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en el auto de formal prisión de dieciocho de octubre de dos mil tres, dictado en la causa penal *******, del índice del Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, en contra del hoy quejoso **************, como probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado. Así también, del análisis realizado a las constancias que integran la causa penal *********, del índice del Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, se advierte: a) Que el aquí quejoso previamente a esta instancia constitucional, promovió el juicio de amparo número *******, del índice del entonces Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, contra el auto de formal prisión de dieciocho de octubre de dos mil tres, dictado en la causa penal *********, del índice del Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, en contra del hoy quejoso *********, por el delito de homicidio calificado; en el cual, por resolución terminada de engrosar el diecinueve de diciembre de dos mil tres, se sobreseyó por una parte y se negó el amparo respecto al referido plazo constitucional; sentencia que causó ejecutoria mediante proveído de doce de enero de dos mil cuatro (fojas 318 a 333, 362 a 372 y 374 del tomo I de pruebas). Lo antes expuesto revela, que el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de dieciocho de octubre de dos mil tres, dictado en la causa penal ********, del índice del Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, en contra del hoy quejoso **********, por el delito de homicidio calificado, fue materia del diverso juicio de amparo *********, del índice del entonces Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, promovido por el mismo quejoso de este Juicio en que se actúa (**********) y que la sentencia en que se negó el amparo contra dicho auto causó ejecutoria. Por lo cual, no procede volver a analizar el aludido acto reclamado en este juicio de amparo, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia dictada en el juicio *********, donde se resolvió negar el amparo e incluso causó ejecutoria, respecto del auto de formal prisión del que se duele el quejoso. Encuentra apoyo lo anterior, la tesis número VIII.3o.22P, del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2302, cuyo texto es el siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO SU LEGALIDAD YA FUE ANALIZADA EN DIVERSA EJECUTORIA, AUNQUE FORMALMENTE NO SE TRATE DEL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El hecho de que el auto de formal prisión reclamado en un juicio de garantías, constituya un nuevo acto de autoridad desde el punto de vista formal, y por ello diverso al dictado con fecha anterior, por la misma autoridad responsable, por el mismo delito y en contra del mismo quejoso, no es obstáculo para que se actualice la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que, la finalidad de dicho precepto legal es proteger la institución jurídica de la cosa juzgada, y por ello basta que exista identidad del quejoso (sujeto activo), de la autoridad responsable (sujeto pasivo) y de la causa de pedir en ambos juicios de amparo. Ahora bien, si el quejoso en su demanda de garantías reclama el nuevo auto de formal prisión por considerar, en esencia, que no se encuentran demostrados los elementos del cuerpo del delito ni su probable responsabilidad, y ello fue materia de estudio en diversa ejecutoria, en la que el Tribunal Colegiado, al conocer en revisión, revocó la sentencia constitucional, y en parte negó la protección federal solicitada respecto del aludido auto de formal prisión, al estimar que las pruebas aportadas al proceso penal eran suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, y en otra, concedió el amparo por falta de fundamentación y motivación de la orden de identificación administrativa también reclamada, debe concluirse que el pronunciamiento del nuevo auto constitutivo del acto ahora reclamado fue emitido en cumplimiento de la mencionada ejecutoria de amparo, al dejar intocado lo relativo a la formal prisión inicialmente pronunciada, dada la negativa de la protección constitucional decretada, omitiendo ordenar la identificación administrativa del inculpado, reparando con ello las garantías individuales violadas al quejoso; y por ello, de ninguna manera puede considerarse como un acto nuevo desde el punto de vista material, que haga procedente el juicio de amparo promovido en su contra, dado que en observancia de los principios procesales de congruencia, exhaustividad y continencia de la causa, el Juez responsable al dictar dicho auto de plazo constitucional reiteró las consideraciones que se expresaron en la mencionada ejecutoria, relativas a la demostración de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, dado que, desde el punto de vista jurídico, en un proceso penal no pueden coexistir dos autos de formal prisión, respecto de los mismos hechos imputados a la misma persona, ya que el análisis de aquellos aspectos debe realizarse en un solo acto jurisdiccional y de manera integral". Asimismo, la tesis número VIII.1o.P.140P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, abril de 2002, página 1207, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITE UN NUEVO AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO EN LA QUE NO SE LE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Si al resolverse el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia que negó el amparo a los quejosos, el Tribunal Colegiado determinó que en dicha sentencia se efectuó el examen y valoración del material de prueba que obra en la causa penal en la que se dictó el auto de formal prisión reclamado y consideró que cumple con los requisitos de fondo que exigen los preceptos constitucionales y legales que lo rigen, pero revocó la sentencia sujeta a revisión, para conceder el amparo solicitado para el único efecto de que la autoridad responsable precisara en cuál de las fracciones del precepto legal que previene y sanciona el delito que se imputa a los inculpados, encuadran sus conductas, sin dejarle libertad de jurisdicción en relación con el análisis de los requisitos de fondo, es evidente que existe cosa juzgada sobre tales aspectos, al haber sido materia de esa ejecutoria, por lo que el nuevo juicio de amparo que se promueva resulta improcedente, ya que no puede abordarse de nueva cuenta el estudio de esos temas; de modo que si la parte quejosa está inconforme con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria en que se le concedió la protección constitucional para el efecto antes señalado, tiene expedito su derecho para promover el recurso procedente, en el que podrá alegar exceso o defecto en dicho cumplimiento y, por ende, el nuevo juicio de garantías que se promueva debe declararse improcedente y sobreseerse de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción II y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". De igual forma, tiene aplicación, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 181-186, sexta parte, página 43, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISION, IMPROCEDENCIA DE NUEVO AMPARO CONTRA EL, POR HABER OPERADO LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA. Si el quejoso promovió con anterioridad diverso juicio de amparo, en el que señaló como acto reclamado el mismo auto de formal prisión y por sentencia se le concedió en parte la protección federal, la cual causó ejecutoria porque no la recurrió, el nuevo juicio de amparo que haga valer resulta improcedente en los términos del artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, por haber operado la autoridad de cosa juzgada, aun cuando ahora alegue que el Juez no analizó totalmente lo planteado en el primer juicio, pues las omisiones que considere existieron las debió expresar como motivos de inconformidad al interponer el recurso de revisión, contra la sentencia emitida; además, el auto de formal prisión es una unidad indivisible, lo que significa que no es jurídico ni técnico reclamar una parte del mismo en el juicio de garantías, y posteriormente hacer valer en otra instancia constitucional, contra el mismo acto reclamado, otros aspectos". En consecuencia, al advertirse que el acto reclamado en este juicio, es cosa juzgada, pues fue materia de diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso **********, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, no es el caso ordenar el emplazamiento a la parte tercera interesada, en virtud que en este asunto se advierte de manera notoria la actualización de causa de improcedencia, por lo que este acuerdo no le irroga ningún perjuicio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia que se cita: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente".

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y tomando en consideración que aún no transcurre el término de quince días concedido a la autoridad responsable Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, en proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, para que rinda su informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese.

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