Jorge Antonio Mulia Rodríguez y Otros.
Expediente 584/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2016
Partes del expediente
- Jorge Antonio Mulia Rodríguez y Otros.
- Jorge Antonio Mulia Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que dentro del plazo de cinco días previsto en la Ley de Amparo, las partes no recurrieron el auto de once de mayo de dos mil dieciséis (folios 13 a 21), mediante el cual se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la dicha legislación, se declara que dicha determinación ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Atento a la certificación de cuenta, no se advierte promoción o diligencia por practicar; por tanto, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Así, devuélvanse a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México los anexos que allegó al presente juicio, de los cuales deberán acusar el recibo correspondiente; apercibida que de ser omisa a su presidente se le impondrá multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En cumplimiento al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Desahogo prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Jorge Antonio Mulia Rodríguez, a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintinueve de abril del año en curso; atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento que se le formuló, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Por lo que se provee: Desechamiento. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo así como del escrito de cuenta, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente de: La resolución dictada en el toca de apelación 139/2016, del índice de la responsable, el diez de marzo del año en curso, por la que confirma el auto de doce de enero de dos mil dieciséis, a través del cual no se admitió la opinión de los menores en el incidente de liquidación de pensiones vencidas, derivado del expediente 405/2006, del índice del Juzgado Primero Familiar en el Distrito Judicial de Toluca, México. Previo a establecer la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es necesario hacer hincapié de la lectura integral del escrito que se provee, el cual constituye el antecedente natural del acto combatido; por tanto, es primordial ponderarlo para determinar la trascendencia de este respecto del acto reclamado. Ahora, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), 'CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sentado lo anterior, cabe recordar que la parte quejosa reclama la resolución dictada en el toca de apelación 139/2016, del índice de la responsable, el diez de marzo del año en curso, por la que confirma el auto de doce de enero de dos mil dieciséis, a través del cual no se admitió la opinión de los menores en el incidente de liquidación de pensiones vencidas, derivado del expediente 405/2006, del índice del Juzgado Primero Familiar en el Distrito Judicial de Toluca, México. Sin embargo, conforme a los criterios establecidos por el máximo Tribunal del País, el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, debe entenderse como aquel que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales y, ahora por los instrumentos internacionales respecto de los cuales el estado mexicano sea parte; nunca en casos en que la afectación se adjetiva o procesal, toda vez que esa afectación o sus efectos no podrían ser destruidos con el solo hecho de que quien la resienta obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Así como la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LVIII/2004, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es del que irroga perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos, toda vez que de las constancias que remitió la responsable como complemento a su informe justificado se advierte, el incidente de liquidación de pensión alimenticia, con los antecedentes siguientes: El trece de diciembre de dos mil quince, Nancy Xochitl Gómez Vargas, promovió incidente de actualización de pensiones vencidas y no pagadas. Por proveído de ocho siguiente, el Juzgado Primero Familiar de Toluca, admitió a trámite el incidente planteado y ordenó el traslado al demandado incidentista hoy quejoso. Luego por escrito de dieciséis de diciembre de dos mil quince, presentado en la oficialía de partes común del palacio de Justicia, remitido al día siguiente hábil al Juzgado Primero Familiar de Toluca, el promovente del amparo dio contestación, expuso las excepciones y defensas, que considero permitentes y ofreció diversos medios de prueba entre los cuales se advierte a última foja del ocurso de mérito la opinión de mis menores hijos, para lo cual se solicita se indique día y hora a efecto de que su señoría escuche a mis menores hijos, con la finalidad de que pueda observarse y conocer que mi persona nunca ha incumplido con la pensión alimentaría que alude la madre. Es así que el doce de enero de dos mil dieciséis, el Juzgado Primero Familiar de Toluca, emite un proveído por el que realiza pronunciamiento por cuanto hace a los medios de convicción ofrecidos por las partes y en la que no admite la opinión de los menores (actos reclamado en el presente juicio de amparo) Contra dicho auto el demandado incidentista promueve recurso de apelación el cual por razón de turno le correspondió conocer a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, la cual el veintitrés de febrero del año en curso admitió a trámite el recurso interpuesto. El diez de marzo de dos mil dieciséis, la Primera Sala Regional Familiar Regional de Toluca de Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, resolvió declarar infundados los agravios y confirmar el proveído de doce de enero de dos mil dieciséis. De lo que se advierte que el acto reclamado no le irroga perjuicio de imposible reparación. Lo anterior, en atención a que la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con pruebas, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el recurso ordinario que prevé la legislación aplicable que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que, como ya se estableció, su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Así como en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/258, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro literal siguiente: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. (Gaceta al S.J.F. Tomo 65, Mayo de 1993, Octava Época, pag. 53) Esto de suyo refleja que ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio, bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva el incidente y se impugne ésta a través del recurso ordinario que prevé la legislación o bien mediante juicio constitucional biinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación) la resolución dictada en el toca de apelación 139/2016, del índice de la responsable, el diez de marzo del año en curso, por la que confirma el auto de doce de enero de dos mil dieciséis, a través del cual no se admitió la opinión de los menores en el incidente de liquidación de pensiones vencidas, derivado del expediente 405/2006, del índice del Juzgado Primero Familiar en el Distrito Judicial de Toluca, México, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el dictado del acuerdo reclamado, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses de la afectada. De tal manera que si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I y 172, fracción XXII, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Se habilitan días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional.
- Principal
RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el oficio 2062/2016, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite, el juicio de amparo directo 295/2015, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo que promovió ********************, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca Estado de México, que los hace consistir en la sentencia de diez de marzo de dos mil dieciséis; lo anterior, en virtud que por auto de veintiocho de abril del año en curso, el superior jerarquico declaró firme el auto de veinte de abril de los cursantes, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda, al considerar que el acto reclamado no decide el juicio en lo principal, ni lo da por concluido, por lo cual es legalmente competente este órgano de control constitucional. ACEPTA COMPETENCIA. En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada y se asume el conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad. PREVENCIÓN. Ahora, previo a acordar lo conducente, con fundamento en los artículos 108 fracción V y 114 fracción II, ambos del ordenamiento legal invocado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días exprese los antecedentes que dieron origen a su demanda bajo protesta de decir verdad, pues el numeral citado en primer término, lo señala como requisito formal de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 64/2015, emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable. (S.J.F. y su Gaceta, 10ª, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia Común, pág. 713) Toda vez que el dato que se solicita es requisito esencial de la demanda de conformidad con el artículo 108, fracción V y 114 fracción II, de la Ley de Amparo; asimismo, deberá exhibir, las copias necesarias del ocurso en que desahogue la prevención de mérito y anexos respectivos, en términos de lo que establece el numeral 110 de dicha normatividad. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que de no desahogar el requerimiento formulado, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, atento a lo que dispone el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. FORMACIÓN DE LEGAJOS DE PRUEBAS. Dado el volumen de las documentales que remite la superioridad, fórmense los legajos de prueba por separado, debidamente identificados. DOMICILIO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en los términos amplios del numeral 12 de la citada legislación, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular, ello de conformidad con lo que establece el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a lo cual, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste a efecto de realizar las correspondientes solicitudes, en términos del numeral citado. Hecho lo cual se acordará lo conducente. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Jorge Aloysus Rubio Luevano1422/2023
- Jorge Álvarez Salazar940/2017
- Jorge Ángel Andrade Rodríguez y Otros.96/2016
- Jorge Angel Fernandez Jimenez1189/2022
- Jorge Antonio Guillen Ochoa574/2020
- Jorge Antonio Monroy Hernández1637/2018
- Jorge Antonio Ortega480/2023
- Jorge Antonio Pereyra Vargas1559/2019
- Jorge Antonio Urbina Valle392/2015
- Jorge Armando Ávila Aguilar1630/2017
- Jorge Armando Ávila Aguilar238/2018
- Jorge Armando Ávila Aguilar1899/2018