Jorge Angel Fernandez Jimenez

Expediente 1189/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1189/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Jorge Angel Fernandez Jimenez
  • Jorge Angel Fernandez Jimenez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, medio de impugnación que registró bajo el número ********************; de lo que se toma conocimiento y se está en espera que el Tribunal de Alzada emita la resolución respectiva. Notifíquese

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de abril de dos mil veintitrés. RECURSO DE REVISIÓN Agréguese el escrito signado electrónicamente por el representante del menor quejoso de identidad reservada de iniciales ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente sumario; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso, distribúyase entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, el cual deberá estar integrado únicamente con copia de la promoción que se atiende y acuerdo respectivo, sin que haya razón a agregar más actuaciones en virtud de que la totalidad de las mismas se encuentran en el expediente electrónico de este sumario. Se instruye al Secretario para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta. Asimismo, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo), sin previo acuerdo, lo remita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en Turno, para la substanciación del mismo, solicitando a la superioridad acuse recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1189/2022-III-C; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito depositado el veintiséis de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; ********************en representación de su menor hijo de iniciales ********************; solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y el acto reclamado siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: EL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO (.). EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO (.). COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS (sic) RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) (.). EL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL (.). (.) VI. ACTO RECLAMADO. La omisión de incluir al grupo etario de personas mayores a seis meses de edad en el plan nacional de vacunación contra el COVID-19. La negativa de aplicar la vacuna a mi menor hijo contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en las dosis que sean necesarias. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que mi hijo no ha recibido la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta y Omicrón; por tanto, peligra y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano de control constitucional, que radicó la demanda con el número 1189/2022-III-C, demanda que por auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se desechó; inconforme con lo anterior, el representante del menor quejoso de iniciales ********************, interpuso recurso de queja; del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, órgano que en sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la cual se declaró fundada la queja ******************** y ordenó admitir la demanda. Así, mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la referida demanda, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se requirió el informe justificado a las responsables; luego, seguidas las formalidades de ley, y previo diferimiento se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama una omisión atribuida a autoridades administrativas, en tanto que la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y autoridades responsables. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro ""ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese orden, se concluye que la parte quejosa reclama del Secretario de Salud del Estado de México, el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, de la Comisión Federal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios y del Secretario de Salud del Gobierno Federal, lo siguiente: La omisión de aplicar al menor de iniciales ********************, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, precisando que es menor de cinco años, es decir, a la fecha cuenta con cuatro años y siete meses de edad. Resulta aplicable la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, visible en la página 32, tomo XI y registro digital 192097, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la tesis Aislada P. VI/2004 del Propio Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril del 2004, página 255 y registro digital 181810, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado negaron la existencia de la omisión reclamada; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en atención a las manifestaciones vertidas en sus informes justificados, de las cuales se observa la existencia de la omisión de que se duele la parte quejosa, por lo que debe tenerse como cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto, que establece: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido" (Época: Séptima Época, Registro: 249047, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Sexta Parte, Materia(s): Común, Página: 15). CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el juzgador de amparo; esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 262, Apéndice de 1985, Quinta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Bajo esa premisa, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en su informe de ley, hizo valer la causa de improcedencia contendida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos numerales de la Ley de Amparo, por no tener facultades para llevar a cabo la vacunación de que se duele la parte quejosa. Sin embargo, dicha causal debe desestimarse ya que involucra el fondo del asunto, es decir, la autoridad responsable hace descansar su argumentación en la falta de facultades o atribuciones para llevar a cabo la vacunación contra el virus SARS-Cov-2, lo cual no es un aspecto de procedencia del juicio sino, en todo caso, del análisis del fondo del asunto. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 135/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 187973, Novena Época, Materia(s): Común, Tomo XV, Enero de 2002, página 5, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. QUINTO. Conceptos de violación. Se hace innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, en la medida en que no existe dispositivo legal alguno que la exija, pues lo que se exige es que se analice el acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa en el escrito de demanda, conforme a los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El peticionario de amparo en esencia aduce que las autoridades señaladas como responsables vulneran en perjuicio de su menor hijo, el derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 4° constitucional, al ser omisas en incluir dentro del plan de vacunación contra el Cvoid-19, a personas que se encuentren en un rango menor de cinco años de edad; y, como consecuencia de ello, la omisión de aplicar al menor quejoso de iniciales ********************, la vacuna contra el virus SARS-Cov-2, por tener menos de cinco años de edad. Lo anterior es infundado. En principio, conviene establecer que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre pasado, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin de dos mil veinte y al setenta por ciento (70%) para junio del siguiente. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el Covid-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto comenzó a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, hasta denominarlo como la Tercera Ola de contagio COVID, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', esto es, de junio a agosto, el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. En relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado 23/2021, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-fizer-biontech-permitira aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es, información que representa un hecho notorio para el suscrito, en los términos ya precisados. Del citado comunicado 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, de rubro "COFEPRIS EMITE MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER-BIONTECH; PERMITIRÁ APLICACIÓN A PARTIR DE 12 AÑOS"; se destaca lo siguiente: "La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible en https://bit.ly/3tNfUzL." -lo destacado es propio de este juzgado-." De la anterior transcripción se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su aplicación a partir de los doce años de edad, no obstante, hace del conocimiento al país que el suministro de inoculación preventiva contra COVID-19 se aplica con base al seguimiento de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México. Aunado a lo anterior, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió en el comunicado de tres de marzo de dos mil veintidós, que establece las vacunas autorizadas para el Covid 19 en nuestro país, visible en el portal oficial de internet de la citada dependencia https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/ vacunas-covid-19-autorizadas, información que representa un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Del citado comunicado de tres de marzo de dos mil veintidós, cuyo título principal es el siguientes "Vacunas COVID 19 autorizadas"; se destaca lo siguiente: Conforme a la imagen inserta con antelación, se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer- BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su aplicación a partir de los cinco a los catorce años de edad, siguiendo y observando la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México. Conforme a lo anterior, pueden válidamente deducir que, a partir del día dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro para que los menores de cinco a once años de edad, fueran inoculados con la vacuna Pfizer, dando inicio a la séptima fase de la estrategia nacional de vacunación en México. Sin embargo, hasta este momento no existe recomendación del grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 (conformado por personas externas a la Secretaría de Salud y cuya opinión se considera relevante para la conformación de la Política Nacional de Vacunación), que autorice o sugiera el empleo de vacuna alguna en menores de cinco años. En ese sentido, de lo manifestado por el representante del menor quejoso, así como de la copia del acta de nacimiento que se exhibió del infante quejoso, puede advertirse que éste no se encuentra dentro del rango de edad a que hace referencia el comunicado de tres de marzo de dos mil veintidós de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que autoriza para uso de emergencia la vacuna Pfizer-BioNTech. En estas condiciones, es claro que, a pesar de las acciones llevadas a cabo en otros países para vacunar, con el biológico Pfizer-BioNTech, a niños menores de cinco años de edad, lo cierto es que, ante la falta de recomendación o autorización del grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la aplicación de vacuna alguna en menores de cinco años, resulta inconcuso que no hay disposición legal que determine la obligación de las autoridades mexicanas de aplicar biológico alguno al menor quejoso, aun cuando sea su propio progenitor quien solicite su aplicación, pues no existe certeza ni datos sobre su eficacia y seguridad en menores de cinco años, respaldados o avalados por la autoridad sanitaria competente. De tal manera que, tomando en cuenta que si bien la aplicación de la vacuna contrarresta la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), para los menores de edad, lo cierto es, que todavía no se encuentra autorizado su uso en niños menores de cinco años, lo que implica que su aplicación podría conllevar un riesgo a la salud del infante, ante la falta de datos, avalados, hasta este momento, por la autoridad competente en el orden jurídico nacional, que garanticen la seguridad y eficacia de ésta en menores que no han cumplido los doce años de edad. De ahí que, ante la falta de autorización por parte de la autoridad competente de salud, para aplicar la vacuna contra el SARS-Cov-2, por el momento no es posible restituir al peticionario de amparo en el goce del derecho humano vulnerado, toda vez que como se expuso en líneas precedentes, no se encuentra autorizado el uso de las vacunas ya aprobadas en menores de cinco años. Apoya a la anterior, por analogía, en la parte conducente, la Tesis: P./J. 8/2022 (11a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo I, página 13, de la Décima Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE SE APLIQUE EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 A NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE CINCO Y ONCE AÑOS, SIN COMORBILIDADES, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA LA VACUNA AUTORIZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS).Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de recursos de queja interpuestos en contra de acuerdos emitidos en juicios de amparo, en los que niñas y niños de entre cinco y once años de edad, sin comorbilidades, solicitaron la suspensión para el efecto de que se les aplicara la vacuna para la prevención de la COVID-19 en México, a pesar de que no había sido autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pues mientras uno de los Tribunales concedió la medida cautelar solicitada tomando en cuenta que existía una vacuna que ya había sido autorizada por autoridades de la salud de otros países, el otro Tribunal negó la suspensión porque su otorgamiento ponía en peligro la salud del niño quejoso, porque la Cofepris no había autorizado la vacuna para personas menores de ese rango etario, y las validaciones realizadas en el extranjero no podían suplantar la autorización de la autoridad citada, además de que, en caso contrario, se inobservarían los lineamientos y la "Política Nacional de Vacunación" emitida por las autoridades de salud nacionales. Criterio jurídico: La suspensión debe concederse para el efecto de que las autoridades responsables apliquen a las niñas y los niños de cinco a once años, sin comorbilidades, el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19, siempre y cuando exista la autorización de la vacuna por parte de la Cofepris. Justificación: A fin de salvaguardar el derecho a la salud de las niñas y los niños de entre cinco y once años, previo a aplicarles una vacuna, es necesario que existan las autorizaciones por parte de las autoridades a las que el Estado Mexicano ha conferido constitucional y legalmente la tarea de autorizarlas. En este sentido, la orden a las autoridades de la salud para que apliquen una vacuna que no ha sido sometida al estudio científico a cargo de la institución competente para ello, sin duda pondría en peligro la salud y la vida de las niñas y los niños, porque sólo los especialistas autorizados por la Constitución General y las leyes que de ella emanan son los que cuentan con facultades para establecer si cumple con las especificaciones sanitarias que requiere cierto grupo etario. Por ello, el otorgamiento de la suspensión para que se aplique a personas menores de edad una vacuna que no ha sido autorizada por la Cofepris, pondría en peligro la salud e integridad física del menor de edad vacunado, además de que actualizaría el supuesto previsto en el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo, porque se impediría al Ejecutivo Federal la implementación de las medidas adoptadas en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y se obstaculizaría al Estado para continuar con la estrategia de aplicar vacunas seguras para las personas. Es decir, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, supuesto en el cual no procede la suspensión en términos de lo indicado en el diverso 128, fracción II, del citado ordenamiento." Sin que sea óbice para este juzgador que la parte quejosa también señale como acto reclamado, la omisión en que han incurrido las responsables en integrar al grupo etario de vacunación a los menores de cinco años de edad; sin embargo, se considera que dicha omisión encuentra justificación en el hecho de que no existe recomendación del grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 (conformado por personas externas a la Secretaría de Salud y cuya opinión se considera relevante para la conformación de la Política Nacional de Vacunación), para que se autorice el empleo de vacuna alguna contra el Covid-19 en menores de cinco años. Al respecto, conviene establecer, de acuerdo a la doctrina que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los actos omisivos, para establecer la certeza o falsedad de los mismos, debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales, es decir, una omisión atribuida a una autoridad será cierta o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Tales consideraciones obran en el criterio 1a. XXIV/98, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VII, de junio de 1998, registro 196080, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". Así, conforme a lo expuesto con antelación, es dable sostener que no existe omisión por parte de las autoridades responsables en incorporar a los menores de cinco años al plan de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en virtud de que todavía no existe aval en nuestro país por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que autorice la aplicación de dicho fármaco en menores de cinco años de edad; de ahí que esa falta de autorización, impide precisamente que puedan incorporarse al plan de vacunación contra el Covid -19 a los menores de cinco años; por tanto, es evidente que no existe la omisión de incorporación al plan de vacunación que reclama la parte quejosa. Máxime que, como se ha venido estableciendo e la presente parte considerativa, la falta de autorización para el uso de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, deriva de la por falta de evidencia científica suficnete que respalde que la incolunación de dicho fármaco a infantes de cinco años de edad sea seguro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, fracción IV y 72, 73, 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al menor de identidad reservada de iniciales ********************, representado por su progenitor ********************por los actos que reclamó de las autoridades que precisados quedaron en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos expuestos en el diverso cuarto. **

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado electrónicamente por el representante del menor quejoso de iniciales I.A.F.H., a través del cual solicita se acuerde la promoción que presentó de manera electrónica el trece de marzo anterior, en virtud de que del expediente electrónico no se observa la determinación que le recayó; asimismo, designa un autorizado. En atención a lo anterior, dígase al promovente que se esté a lo acordado en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés. No obstante, se comisiona al oficial judicial A adscrito, para que verifique que dicha actuación obre en el expediente electrónico, así como para que constante la publicación del acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en la lista respectiva. Finalmente, en relación a la persona que designa como autorizada; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que ésta se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.

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