Jorge Antonio Juárez Torres
Expediente 1090/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Antonio Juárez Torres
Actuaciones
- Incidental
... Por lo expuesto y, además, con fundamento en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********, en contra de la autoridad mencionada en el resultando primero, por el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia certificada de esta resolución interlocutoria a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta a través de los cuales las autoridades responsables rinden su informe previo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia incidental. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 1090/2023. ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1º, fracción I; 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado cuaderno único del incidente de suspensión del acto reclamado. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan sus informes justificados dentro del plazo de QUINCE DÍAS; y en el caso que los actos reclamados sean ciertos, deberán remitir a este Juzgado de Distrito copias autorizadas completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo. Además, si las autoridades responsables advierten la actualización de alguna hipótesis de improcedencia del presente juicio o que ocurran causas notorias de sobreseimiento, deberán informarlo a este Juzgado, en términos de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 117 y 260, fracción II, del ordenamiento de referencia, se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir su informe justificado en los términos ya precisados, se les podrá sancionar con multa individual por el valor de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DOCE HORAS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo de este Juzgado y disponibilidad en la Agenda de Audiencias. PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa la presuncional legal y humana, la cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio que sea relacionada en la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, respecto de la instrumental de actuaciones y documental que ofrece, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto se cuente con los informes justificados requeridos. TERCERO INTERESADO De conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngase como autoridad tercera interesada al *********, quien deberá ser emplazada a juicio mediante oficio que al efecto se libre, con copia autorizada de la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, donde oír y recibir notificaciones, el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, en virtud que el expediente del que deriva el acto reclamado es de naturaleza laboral, en el que a la parte quejosa le asiste el carácter de parte trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante oficio, anexando copia simple de la demanda, de conformidad con el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo y désele la intervención que legalmente le corresponde. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Lo anterior, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el caso, por ejemplo, del diferimiento de la audiencia constitucional, el cual no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las partes a quienes se notifica mediante oficio, pues ésta forma de notificación se equipara a la que de manera personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles acuerdos como el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, hágase saber a las partes que en caso que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, en los estrados de este juzgado. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indica a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. EXHORTACIÓN A TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este expediente. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. En términos de lo establecido en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y acorde con lo ordenado en el proveído dictado en esta fecha en el juicio principal, con copia del escrito de demanda se da trámite, en cuaderno ÚNICO, al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1090/2023, promovido por *********, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 138, 140, 163 y 166 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su respectivo informe previo el cual deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado legalmente, anexándoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Se apercibe a las autoridades responsables en el sentido que la falta de informe en el plazo indicado, no sólo establece la presunción de certeza de los actos reclamados en términos del artículo 142, de la Ley de Amparo, sino que, además, origina la imposición de una multa conforme con lo previsto en el artículo 260, fracción I, de la Ley invocada. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Para proveer sobre la medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: Época: Octava Época Registro: 223497 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Febrero de 1991 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I. 4o. A. J/8 Página: 130 "SUSPENSION DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE." HIPÓTESIS NORMATIVA Se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa). c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme con los artículos invocados, el Juez de Distrito tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales, atendiendo, además, a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Adicionalmente, para conceder la suspensión se requiere que los actos o resoluciones reclamados causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica del solicitante de la medida y que con el otorgamiento de esta medida no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por lo tanto, se considera que el interés social o el orden público se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. HECHOS De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -La resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********* del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual resolvió el recurso de revisión interpuesto por la parte aquí tercero interesada *******, en contra de la diligencia de ocho de marzo de este año, por lo que ordenó el levantamiento de embargo de diversas cuentas bancarias. Al respecto, del análisis integral a la demanda se obtiene que la parte quejosa refiere que el ocho de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo una diligencia de requerimiento de pago y embargo a la demandada, a efecto de dar cumplimiento al laudo condenatorio; no obstante, no fue reinstalado ni se le pagaron las prestaciones a que tiene derecho con motivo de tal resolución. Adicionalmente, solicita la suspensión para el efecto que se gire oficio a la institución bancaria denominada ***********, para que retenga la cantidad de $********* (*********), la ponga a disposición de la autoridad ejecutora a título de crédito a nombre del impetrante de amparo y se gire oficio a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, con sede en esta ciudad, a fin que cubra con el exhibir el pago adeudado al actor. CONCLUSIÓN Para decidir sobre la procedencia de la suspensión definitiva solicitada este juzgado atiende a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa formuló en su demanda de amparo, mismas que constituyen una confesión expresa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el caso a estudio, el requisito previsto en el artículo 128 de la ley de la materia, consistente en que lo solicite la parte quejosa, se encuentra satisfecho. Sin embargo, por cuanto hace al requisito destacado en el inciso b) del apartado respectivo, no se actualiza, y por lo tanto, resulta improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, toda vez que de concederse se contravendría el interés colectivo y disposiciones de orden público. Al respecto, conviene señalar que aun cuando no se ha establecido un criterio que, de manera concluyente, defina lo que debe entenderse por "interés social" y por "disposiciones de orden público", a partir de los supuestos que de manera enunciativa se citan en el artículo 129 aludido, es factible establecer razonablemente, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Así pues, dichos términos se relacionan con un perjuicio que se pudiera generar a la colectividad. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 805484 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Tesis: 8 Fuente: Informes. Informe 1973, Parte II, página 44 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, evela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." El artículo 129 de la Ley de Amparo, señala los casos en los cuales se entiende que se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, pero ese señalamiento no es limitativo sino enunciativo, y el propio precepto al enumerarlos se refiere a esos casos. En relación con lo anterior, se destaca que el "orden público" y el "interés social" son nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de "orden público", deben entenderse como aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio; y, por "interés social", debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 58, del Volumen 47, Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 818680 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 47, Tercera Parte, página 58 Tipo: Aislada "INTERES SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. SU APRECIACION.La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría." Ahora bien, en la especie se estima respetuosamente que se actualiza una afectación al orden público de concederse la medida solicitada por el impetrante de amparo, en la medida que se contravendría el contenido del artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado de Veracruz, que dispone: "ARTICULO 7°.-Todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables, con excepción de los enumerados en el artículo 4° de esta Ley. En consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado o de su Hacienda. En este caso, la sentencia o laudo se comunicará al Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga. En ningún caso se podrán embargar los bienes muebles e inmuebles afectos a un servicio público, así como los ingresos propios, ni los provenientes de participaciones o aportaciones federales. Tampoco podrán embargarse las cuentas bancarias aperturadas a nombre de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo ni de las que sean titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, cuyos recursos de destinen al pago de obligaciones asumidas en ejercicio del presupuesto estatal. Los magistrados, jueces, actuarios, secretarios y demás funcionarios judiciales que ordenen, tramiten o ejecuten diligencias o traben embargos en contravención a lo dispuesto en este artículo, incurran en la responsabilidad civil, administrativa o penal que establece la legislación estatal." En ese sentido, a partir de una ponderación preliminar de los intereses de la parte quejosa y el orden público en la fase cautelar, es posible observar que si bien existe un derecho obtenido a partir de la emisión de un laudo a su favor; lo cierto es que existe un contenido normativo que intenta proteger las funciones del Estado, o como en este caso, las de la Secretaría demandada. Aspecto que debe ser observado para atender la petición del impetrante de amparo, en la medida que la estimación del orden público de las leyes corresponde, en principio, al legislador, que la hace valer al dictarlas, atendiendo, fundamentalmente, al interés de la colectividad en el orden superior; pero no es, sin embargo, ajena a la función del juzgador la apreciación de su existencia, en los casos concretos que se le someten para su resolución. Por tanto, en este caso de excepción, SE NIEGA LA SUSPENSION PROVISIONAL SOLICITADA, pues su otorgamiento contravendría disposiciones de orden público y afectaría el interés social. Sostiene lo anterior, en lo conducente, la tesis de este Circuito que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2018996 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Constitucional, Laboral Tesis: VII.2o.T.196 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2323 Tipo: Aislada BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS A NOMBRE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY RELATIVA, AL DISPONER SU INEMBARGABILIDAD, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 25, NUMERAL 2, INCISO C), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 7o. citado, al establecer que los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado, por regla general, son inembargables, y que no puede emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de los particulares, no vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impide la plena ejecución de un laudo dictado contra las dependencias y entidades estatales, ya que permite su cumplimiento, mediante el embargo de bienes propios o privados previstos en el numeral 4o. de la ley referida; es decir, siempre que no se trate de bienes de dominio público enlistados en el artículo 3o., o de las cuentas bancarias aperturadas a nombre de las dependencias y entidades, cuyos recursos se destinen al pago de obligaciones asumidas en ejercicio del presupuesto estatal. Lo anterior obedece a que el Estado es quien tiene encomendado el servicio público, es decir, satisfacer las necesidades de carácter general cuyo cumplimiento es preeminente y constituye una limitación al interés particular." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, donde oír y recibir notificaciones, el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autorizan en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala, en virtud que el expediente del que deriva el acto reclamado es de naturaleza laboral, en el que a la parte quejosa le asiste el carácter de parte trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Lo anterior, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el caso, por ejemplo, del diferimiento de la audiencia constitucional, el cual no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las partes a quienes se notifica mediante oficio, pues ésta forma de notificación se equipara a la que de manera personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles acuerdos como el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, hágase saber a las partes que en caso que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, en los estrados de este juzgado. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indica a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. EXHORTACIÓN A TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes (con excepción de la parte quejosa) a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y, en su caso, a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Lo anterior, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, incluyendo el incidente de suspensión. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el caso, por ejemplo, del diferimiento de la audiencia incidental, el cual no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifiquen en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las partes a quienes se notifica mediante oficio, pues ésta forma de notificación se equipara a la que de manera personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores incluyendo el incidente de suspensión; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles acuerdos tales como el diferimiento de la audiencia incidental, ya que la nueva fecha que en su caso se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, hágase saber a las partes que en caso que se difiera la citada audiencia, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista de acuerdos la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, en los estrados de este juzgado. COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente físico, previa constancia y firma que por su recibo se deje en autos. Por cuanto a las promociones recibidas vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.) y el acuerdo que les recayó, las cuales obran únicamente en el expediente electrónico de este juicio, las partes que cuenten con acceso a dicho expediente están en aptitud de descargarlas en sus equipos de cómputo, ya que al incluir la evidencia criptográfica se consideran como copias certificadas electrónicamente, en términos de lo establecido en los artículos 22, párrafo segundo y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Las partes que no tengan autorizado el juicio en línea, se encuentran en aptitud de generar un usuario en la página: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, y hecho lo anterior, solicitar el acceso al expediente electrónico de este juicio, proporcionando el nombre del usuario respectivo, para acceder a las actuaciones del expediente electrónico y obtener las copias que requieran a través de dicho Sistema. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este expediente. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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