Jorge Ángel Morales Ledo
Expediente 624/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Ángel Morales Ledo
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que hubiera hecho uso de tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en libro de gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente; en consecuencia, en términos del artículo 21 del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo que originó este juicio y carece de relevancia documental, por lo cual una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá ser destruido el expediente en que se actúa, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo normativo de referencia, debiendo realizar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Secretario Encargado del Despacho y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****************, por derecho propio, contra actos del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el libro de gobierno, con el número de juicio ***************** que le corresponde. DESECHAMIENTO En primer lugar resulta pertinente destacar, que el artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se advierte que respecto de la demanda que se analiza, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados establecen: Ley de Amparo "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo.: Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Página: 1598 "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." HECHOS En el caso, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama el quejoso, consiste en: La violación al artículo 35, fracción VIII, inciso 4°y el incumplimiento a lo establecido en los artículos 35, 37, fracción III y 48 de la Ley Federal de Consulta Popular, derivado del hecho que para la consulta popular que habrá de llevarse a cabo el uno de agosto de este año, no se ubicaron las casillas en los mismos inmuebles que aquéllos donde se instalaron las relativas a la elección efectuada el seis de junio del propio año, aunado a que se "aglomeraron" a votantes de más de una sección electoral. En relación con ello en los antecedentes que narra bajo protesta de decir vedad, el quejoso refiere que el veinte de junio -se entiende que del presente año-, la Junta Distrital Ejecutiva en su página de "Facebook", publicó las listas de ubicación de los Centros de Votación y que el veintiuno de julio -se entiende que del año actual-, habilitó dentro de la página web del Instituto Nacional Electoral un portal donde se puede conocer cuál será tu centro de votación, en el que aparece la dirección y que secciones electorales votarán en el mismo, con lo que dice se dio cuenta de la flagrante violación que reclama por parte del órgano electoral encargado de la consulta. Adicionalmente, en sus conceptos de violación expone que se vulnera su derecho humano a la participación ciudadana como mexicano, veracruzano y habitante del municipio de Jilotepec, en atención a que al consultar la ubicación de su centro de votación se percató que el que le corresponde -relativo a la sección 2170- compartirá espacio con la sección 2171, lo que deduce implicará que la jornada de votación se "aglomere" y ocasione disturbios que le impidan ejercer su derecho como ciudadano o que se termine el material para ejercer su voto. CONCLUSIÓN Atento a lo antes expuesto, se concluye que en este momento la parte quejosa no resiente un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, por lo cual no resulta procedente el juicio de amparo que intenta. En efecto, el quejoso se duele del hecho que el centro de votación al que le corresponderá acudir para la consulta ciudadana a realizarse el uno de agosto del presente año -que es el relativo a la sección 2170- compartirá espacio con la sección 2171 y presume que por ello, al conjuntarse dos secciones, se le impedirá ejercer su derecho ciudadano de acceder a la consulta presumiendo que el día programado para la misma habrá aglomeraciones y disturbios. Sin embargo, el hecho que plantea no conlleva un impedimento para que ejerza su derecho como ciudadano en la consulta citada, puesto que él mismo afirma que ya localizó la ubicación del centro de votación donde le corresponde ejercerlo, siendo que lo que plantea relativo a que "habrá aglomeraciones" o "disturbios" por reunir a dos secciones en una misma sede o que se "puede acabar el material electoral", se traducen en actos futuros de realización incierta, siendo evidente que por el momento no se extinguen ni modifican los derechos del quejoso con el hecho que la sección a la que pertenece acorde con su credencial para votar, vaya a compartir sede con diversa sección electoral en el centro de votación respectivo. Resulta importante precisar que, en el caso, no existe la posibilidad que de admitirse la demanda el quejoso en el curso del procedimiento acredite que sufre una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos por el acto que reclama, dado que dicha circunstancia no deriva de su falta de prueba, sino de la propia naturaleza del acto, la cual no es susceptible de cambiar durante el trámite del juicio y, por ello, no existe lugar a dudas que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia en estudio, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal tramitar el juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería su improcedencia. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita el promovente, con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 14, 16, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 ya invocado, se le autoriza el ingreso al sistema electrónico para efectos de consulta del juicio, presentación de promociones y recepción de notificaciones por esa vía; en virtud que consta en la certificación secretarial cuenta con el usuario "*****************" para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda, para que en lo subsecuente, dentro del plazo legal, impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico las constancias que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. Asimismo, por cuanto al domicilio particular que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud que en párrafos precedentes se ordenó efectuarle las notificaciones relativas al presente asunto vía electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: Registro digital: 2017924 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.1o.P.34 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2364 Tipo: Aislada "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO. AUTORIZADOS Se auorizan en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Sin que haya lugar a tener como autorizado en términos amplios de artículo en cita a *****************, toda vez que le recae el carácter de quejoso, por lo cual no puede tener el doble carácter de promovente y autorizado. DATOS DE CONTACTO Se toman como datos de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona el quejoso para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma contenida en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Secretario Encargado del Despacho y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, ambos ya invocados.
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