Jorge Antonio García García
Expediente 25/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/02/2019
Partes del expediente
- Jorge Antonio García García
- Jorge Antonio García García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. Por otra parte, al resultar innecesario conservar la copia certificada de las constancias que integran la causa penal *** que remitió el 1. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas (denominación correcta); devuélvase a la autoridad responsable indicada, sin necesidad de que acuse recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva, se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable 1.Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas (denominación correcta), por medio del cual informa de la comparecencia del quejoso *********** ante dicho órgano jurisdiccional, en cumplimiento a la suspensión provisional de diez de enero del año en curso, de la detención virtual decretada, de la recepción de la declaración preparatoria y de la cancelación de la orden de aprehensión de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, remitiendo para acreditar ello, copia certificada de las constancias que integran la causa penal ***********. Al respecto, con apoyo en el precepto 119 y 123, de la Ley de la Materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que remite la autoridad de cuenta, consistente en copia certificada de las constancias conducentes que integran el proceso penal ***********, entre los que destacan la cancelación de la orden de aprehensión de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, en el que se decretó la detención virtual del indiciado, de la declaración preparatoria y de la resolución de término constitucional de veinticuatro de los corrientes, recibido vía correo electrónico, de la que tomando en consideración el volumen de la misma, para su mejor manejo se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, el cual queda en la Secretaría de este Juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido; misma que será valorado en el momento procesal oportuno. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión o cualquier otra privativa de la libertad librada en contra del quejoso; así como su ejecución. Atendiendo a lo anterior, debe decirse, que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ha operado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 , fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al "cambio de situación jurídica". En efecto, para que se actualice la citada causal, es indispensable que se configuren los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el presente caso se dan los elementos mencionados, en cuanto al señalado en el inciso a), referente a que los actos reclamados en el juicio de amparo emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el caso en particular, una causa penal ***********, del índice del juzgado responsable. Asimismo, en cuanto al elemento señalado en el inciso b), se considera colmado, pues al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, derivado de la orden de aprehensión reclamada. De igual manera, se cumple con el elemento previsto en el inciso c), relativo a que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie la resolución que cambia la situación jurídica del quejoso, ya que la orden de aprehensión que reclamó fue sustituida. Esto es, la dictada en la causa penal ***********, que se instruyó en contra del aquí solicitante de amparo por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura, cometido en agravio de ***********, con la resolución de término constitucional de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en la que la orden de aprehensión que reclamó el quejoso fue sustituida con el auto de formal prisión. Lo que quedó plenamente demostrado con las documentales que remitió la citada autoridad responsable. Por otra parte, en relación al inciso d), si se decidiere sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, es decir, de la orden de aprehensión, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación del de auto de formal prisión; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Finalmente, el elemento contenido en el inciso e) también se da, ya que existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de amparo - aprehensión- y la nueva resolución dictada en el procedimientos - auto de formal prisión-, pues este último sustituye a los actos materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de formal prisión, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa. En consecuencia, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; con apoyo además en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con ocho minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable 1.Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas (denominación correcta), por medio del cual informa de la comparecencia del quejoso *********** ante dicho órgano jurisdiccional, en cumplimiento a la suspensión provisional de diez de enero del año en curso, de la detención virtual decretada, de la recepción de la declaración preparatoria y de la cancelación de la orden de aprehensión de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, remitiendo para acreditar ello, copia certificada de las constancias que integran la causa penal ***********. Al respecto, con apoyo en el precepto 119 y 123, de la Ley de la Materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que remite la autoridad de cuenta, consistente en copia certificada de las constancias conducentes que integran el proceso penal ***********, entre los que destacan la cancelación de la orden de aprehensión de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, en el que se decretó la detención virtual del indiciado, de la declaración preparatoria y de la resolución de término constitucional de veinticuatro de los corrientes, recibido vía correo electrónico, de la que tomando en consideración el volumen de la misma, para su mejor manejo se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, el cual queda en la Secretaría de este Juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido; misma que será valorado en el momento procesal oportuno. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión o cualquier otra privativa de la libertad librada en contra del quejoso; así como su ejecución. Atendiendo a lo anterior, debe decirse, que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ha operado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 , fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al "cambio de situación jurídica". En efecto, para que se actualice la citada causal, es indispensable que se configuren los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el presente caso se dan los elementos mencionados, en cuanto al señalado en el inciso a), referente a que los actos reclamados en el juicio de amparo emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el caso en particular, una causa penal ***********, del índice del juzgado responsable. Asimismo, en cuanto al elemento señalado en el inciso b), se considera colmado, pues al promoverse el amparo, el quejoso se encontraba en un estado jurídico determinado, derivado de la orden de aprehensión reclamada. De igual manera, se cumple con el elemento previsto en el inciso c), relativo a que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie la resolución que cambia la situación jurídica del quejoso, ya que la orden de aprehensión que reclamó fue sustituida. Esto es, la dictada en la causa penal ***********, que se instruyó en contra del aquí solicitante de amparo por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura, cometido en agravio de ***********, con la resolución de término constitucional de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en la que la orden de aprehensión que reclamó el quejoso fue sustituida con el auto de formal prisión. Lo que quedó plenamente demostrado con las documentales que remitió la citada autoridad responsable. Por otra parte, en relación al inciso d), si se decidiere sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, es decir, de la orden de aprehensión, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación del de auto de formal prisión; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Finalmente, el elemento contenido en el inciso e) también se da, ya que existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de amparo - aprehensión- y la nueva resolución dictada en el procedimientos - auto de formal prisión-, pues este último sustituye a los actos materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de formal prisión, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa. En consecuencia, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; con apoyo además en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con ocho minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Incidental
RESUELVE ÚNICO. Se declara sin materia la suspensión definitiva solicitada por ********, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables1. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas (denominación correcta), 2. Director Jurídico de la Policía Especializada, 3. Subdirector General de la Policía Especializada, y 4. Jefe de Grupo Encargado de la Comandancia de la Fiscalía Contra la Tortura, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese.
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