Jorge Antonio Alvarado Bacilio y Otros.
Expediente 115/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Jorge Antonio Alvarado Bacilio y Otros.
- Jorge Antonio Alvarado Bacilio
Actuaciones
- Principal
uxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha determinación. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó en el presente asunto, hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, LOS PROVEÍDOS DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICEN: - - - - - - - - - AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, - - - - - - - - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite la literalidad del acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el amparo directo *** de su índice, promovido por ***, en el que determinó declararse incompetente para conocer de dicho expediente, así como oficio ***, relativo al informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, residente en esta ciudad, copia certificada del expediente *** (un tomo) y original del toca civil *** (un tomo), constancia de emplazamiento y certificación secretarial. Tomando en consideración el volumen de las documentales remitidas por la superioridad, para su mejor manejo se ordena abrir por separado dos anexos de pruebas, respetando el sello, folio y rúbrica que contienen. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 37 y 45, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, residente en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1308/2022-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: "V- ACTO RECLA.MADO: A la H. SEGUNDA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01 TUXTLA, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, le reclamo la resolución de fecha 16 de junio de 2022, dictada en el Toca civil número ***, que sustancialmente confirma el auto de fecha 23 de marzo de 2022, expediente ***, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de acuerdo con los Resultandos, considerandos y resolutivos de su sentencia de segunda instancia." (Sic) Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: i. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ii. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. iii. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: i. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ii. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; iii. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; iv. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. v. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. v. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. vi. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. vii. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales: i. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). ii. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Es ese mismo sentido, conviene mencionar que el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la Contradicción de Tesis 25/2015, se pronunció en torno al principio de definitividad en tratándose de actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación. En aquel asunto, el Tribunal Pleno resolvió que incluso cuando se reclamen actos derivados de juicios tramitados ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sean de imposible reparación, antes de acudir a incoar la acción de amparo, deberán agotar los recursos establecidos en las normas ordinarias. Tales asertos se encuentran contemplados en la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de segunda instancia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en el toca civil ***, en la que, por una parte, confirmó el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y por otra, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra ese acuerdo, emitido por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el expediente ***, relativo a diligencias de preliminares de consignación promovida por ***, por conducto de su apoderado legal, a favor de *** (aquí quejoso), en el que, entre caras cuestiones, dejó a salvo los derechos de las partes para qué los hicieran valer en la vía y forma que corresponda. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de reposición, en términos del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que dispone: "ART. 662.- DE LOS DECRETOS Y AUTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR, AUN DE AQUELLOS QUE DICTADOS EN PRIMERA INSTANCIA SERIAN APELABLES, PUEDE PEDIRSE REPOSICION QUE SE SUBSTANCIA EN LA MISMA FORMA QUE LA REVOCACION." De lo anteriormente transcrito, se advierte que, como se dijo, contra el auto reclamado procede el recurso de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse los autos dictados en segunda instancia, ni mucho menos que tales resoluciones no sean recurribles, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J.85/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Novena Época, Julio de 2007, página 159, registro 171930, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide interrumpir la tesis jurisprudencial 1a./J. 14/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 357, de rubro: "REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", toda vez que de la interpretación literal del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de similar contenido al artículo 668 del Código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, se advierte que el recurso de reposición procede contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia; por lo que si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales sin establecer excepciones basadas en la clase o efectos de los combatidos, aquélla no puede interpretarse en contrario. En congruencia con lo anterior, se concluye que contra el auto que tiene por desierto el recurso de apelación procede el de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse, ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente a la determinación que declara desierta la apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." De igual manera, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J. 76/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, página 918, registro 2004580, del rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal." En esas circunstancias, se determina que la parte quejosa tenía la obligación de agotar el principio de definitividad; es decir agotar el recurso de mérito en contra de la actuación combatida, antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario por virtud del cual el acto reclamado pudo haber sido modificado, revocado o nulificado, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, registro IUS 2001155, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En esas circunstancias, es incuestionable que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la parte quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, y en términos restringidos del citado numeral a ***, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. - - - - - - - - PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. - - - - - - - - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por la Secretaria de Tribunal en funciones de Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, y anexo, por el cual, remite el testimonio de la ejecutoria dictada por ese órgano colegiado, el dieciocho de enero del presente año y la sentencia se terminó de engrosar el veintitrés del mismo mes y año, en los autos del recurso de queja *** en la cual determinó: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido de treinta de septiembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo indirecto 1308/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. TERCERO. Se ordena a la Juez de Distrito del conocimiento proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda promovida por el quejoso ***, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Regional Colegiado en Materia Civil, Zona 1 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada por el Pleno de la sala responsable en el toca civil ***. Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad, y háganse las anotaciones correspondientes. Sin que sea necesario glosar el legajo de copias certificadas que remite la autoridad oficiante, toda vez que el mismo consta de las actuaciones del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. ADMISIÓN En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el órgano colegiado, vista la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la misma, contra el acto reclamado a la siguiente autoridad responsable: 1. Segunda Sala Regional Colegiada en materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En cumplimiento con lo previsto en el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, no es el caso tramitar por cuerda separada los cuadernos incidentales, toda vez que la parte quejosa no solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés. ***
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de enero de dos mil veintitrés. ADMISIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la misma, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, y registrar bajo el número de juicio de amparo 115/2023-4-C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En cumplimiento con lo previsto en el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, no es el caso tramitar por cuerda separada el cuaderno incidental, toda vez que la parte quejosa no solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. ***
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