Jorge Anibal Daniel Corzo Pineda
Expediente 1299/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Anibal Daniel Corzo Pineda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe con justificación del Juez y actuario responsables, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos fórmese el cuaderno auxiliar I, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso de ******, autorizada por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que se reconoce por tener registrada su cédula en el sistema correspondiente, atento a su contenido; se le tiene desahogando el requerimiento formulado en autos e informa diversos datos de localización y proporciona un domicilio donde puede ser emplazada la tercera interesada. En consecuencia, se comisiona al fedatario adscrito, a fin de que se constituya en la localidad mencionada y una vez que se cerciore que ahí puede ser localizado lo emplace al presente juicio, corriéndole traslado con las constancias necesarias para tal efecto. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. Finalmente, glósese el oficio procedente del Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, sin mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, se razonó de imposibilidad el domicilio que señala. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1299/2023, promovido por ****, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a autoridades A y Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la orden de embargo emitida en la controversia de arrendamiento inmobiliario ... del índice del Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, así como su ejecución consistente en el bloqueo de la cuenta bancaria ... aperturada en ..., de la que es titular. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, el Juez y autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rindieron sus informes previos; finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. El Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y Coordinador de Atención a Autoridades "A" ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negaron la existencia de lo reclamado, y el Actuario responsable fue omiso en rendir su informe previo, empero se presume su existencia pues como autoridades ejecutoras, su actuar está condicionado a las determinaciones de la ordenadora. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia VI.1o.P. J/42, de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia Común, del Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XVII, de Abril de 2003, página 913, de rubro: "AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO." SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que es titular de la cuenta bancaria sobre la que se ordenó el bloqueo, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. CONCESIÓN Y EFECTO DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento; con lo que deviene que con la suspensión del acto reclamado no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del precepto 107, fracción X de la Constitución Federal. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto de que sin paralizar el procedimiento: A) Sin levantar el aseguramiento decretado, se permita a la parte quejosa manejar sus cuentas y pueda disponer sólo de la cantidad que represente el remanente de lo asegurado en relación a la totalidad del dinero existente en su cuenta bancaria intervenida. Es decir, la parte accionante de amparo sólo podrá acceder al numerario restante que exista en la cuenta bancaria, diverso a aquel que ha sido embargado, para garantizar el pago de lo demandado en el juicio de origen. Ello, siempre y cuando el quejoso sea titular de la cuenta, y no exista un aseguramiento diverso a aquel que impone el acto reclamado, pues la medida solo impacta en aquello que es objeto del acto reclamado y no en situaciones jurídicas ajenas a éste. Al efecto, se invoca la diversa tesis I.11o.C.126 C (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia civil del Primer Circuito, intitulada: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. AL DECRETARSE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBE PREVALECER EL ASEGURAMIENTO SÓLO POR LA CANTIDAD DECRETADA EN AUTOS." B) Además, considerando que manifiesta bajo protesta de decir verdad que en dicha cuenta le es depositada una pensión por jubilación otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social; el efecto de la providencia otorgada implica paralelamente que el banco responsable realice las gestiones necesarias para que se le permita disponer del monto acumulado para que le corresponde por la ministración que recibe periódicamente por concepto de jubilación, a fin de proteger el mínimo vital del aquí demandante. Al respecto, se invoca la tesis 1a. XCVII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Constitucional, que dispone: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona - centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean." Lo anterior, considerando que conforme al artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las pensiones que corresponden a los asegurados, son inembargables: "Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto." Al efecto se invoca la tesis IV.1o.C.7 C (10a.) de la Décima época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3079, que dispone: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que con la concesión de la medida cautelar puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, determinando hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables; que en los juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de esas pretensiones y que, asimismo, si se trata de un adulto mayor que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esto representa una desventaja frente al resto de la población, por lo cual, las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. En consecuencia, si quien promueve la demanda de amparo indirecto reúne todas estas características, es decir, se trata de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con otro ingreso más que el de su pensión jubilatoria y reclama el embargo de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito inherente a dicho concepto, supuestos frente a los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, afirmando que requiere de la cantidad embargada para cubrir las necesidades básicas de su familia; entonces, el juzgador de amparo debe conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la orden de embargo de la pensión jubilatoria del adulto mayor vulnerable, para que ésta se deje sin efectos con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho del quejoso que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría la norma de la legislación de seguridad social que establece que son inembargables las pensiones de los trabajadores." Lo anterior se decreta en estos términos; dado que de conservarse el impedimento general en contra de la parte quejosa para que disponga de su pensión, se le causarían daños de imposible reparación, pues sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio derivado de la seguridad social, lo que afectaría irremediablemente el derecho sustantivo de supervivencia, lo cual no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable, en su parte conducente, la tesis I.3o.C.345 C (10a.), emitida en la Décima Época, con registro 2018655, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2018655, del rubro y texto siguiente: "EMBARGO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA EL DERECHO SUSTANTIVO DE SUPERVIVENCIA DEL JUBILADO ADULTO MAYOR. El artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el salario mínimo está protegido contra embargo, compensación o descuento. Esta protección también debe comprender a la pensión por jubilación, atento a la finalidad de la norma y no a su interpretación literal, ya que la finalidad de la prohibición de embargo, compensación o descuento al salario mínimo, fue la de tutelar el derecho al mínimo vital. En la mayoría de los casos, la pensión jubilatoria también goza de dicha protección constitucional, pues es la única manera en que podrá garantizarse al jubilado un mínimo de subsistencia digna y autónoma, al pertenecer a una clase de sujetos que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad para allegarse de recursos materiales que garanticen ese sostenimiento. En esa medida, el embargo que se traba en ejecución de sentencia sobre la pensión jubilatoria, puede considerarse como un caso de excepción a la regla general de los actos dictados en ejecución de sentencia, pues se trata de un acto de imposible reparación que afecta el derecho sustantivo de supervivencia del jubilado adulto mayor que amerita un análisis de fondo." Conforme al artículo 139 de la Ley de amparo, se precisa que el alcance de esta medida no implica levantar el embargo, pues lo que se busca equilibrar el derecho de la parte actora, y a la par, evitar que al quejoso se le causen mayores daños en caso de mantener el impedimento generalizado para acceder a sus cuentas, pues sufriría la restricción del libre ejercicio de su patrimonio de pensión, impidiéndole acceder a un mínimo vital, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis I.15o.C.49 C (10a.) de la Décima Época, con registro: 2021115. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, en Materia(s): Común, Civil, Página: 2418, que establece: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO SE EMBARGUEN CUENTAS BANCARIAS POR UN MONTO SUPERIOR AL DEMANDADO, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PARA EL EFECTO DE QUE SE LIBERE EL EXCEDENTE. Para decidir sobre la procedencia de la suspensión, debe considerarse la naturaleza del acto reclamado, a efecto de delimitar de acuerdo al acto de que se trata, si es susceptible de suspenderse. Ahora bien, la sentencia de segunda instancia que confirma la interlocutoria de primer grado que declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento es, en principio, un acto declarativo y negativo, pero con efectos positivos, en tanto que la declaración de validez de las actuaciones impugnadas que conlleva la negativa de la autoridad responsable a la petición del promovente de anular las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil de origen hasta la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, tiene como consecuencia necesaria que permanezca la diligencia de embargo con todas sus consecuencias. En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado éste sí es susceptible de suspenderse con efectos restitutorios, dado que en términos del artículo 1392 del Código de Comercio, el embargo trabado en un juicio ejecutivo mercantil únicamente tiene por objeto asegurar bienes del demandado para cubrir la deuda (prestaciones demandadas) y, los gastos y costas; sin embargo, cuando se lleguen a embargar cuentas bancarias por un monto superior al demandado, sin justificación alguna, procede conceder la suspensión definitiva para el efecto de que se libere el excedente." Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. CUARTO. DE LA GARANTÍA. La suspensión que se concede surte todos sus efectos sin necesidad de que la parte quejosa exhiba garantía alguna, ya que la suma respecto de la cual se decretó el embargo y retención, seguirá intocada; además, no existe una afectación directa en el patrimonio de la parte tercera interesada, pues la suspensión únicamente recae en el remanente de la cantidad que exista en la cuenta asegurada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a *****, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a autoridades A y Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valore, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el informe con justificación de la Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a autoridades A y Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el suscrito acuerda: Ténganse por rendidos y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio procesal el que indican y delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia a las personas que mencionan. Además, se tiene por invocada la causal de improcedencia que refieren, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Respecto al correo electrónico que proporcionan, será tomado en consideración únicamente para entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE.
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