Jorge Alvarado Pacheco
Expediente 851/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Alvarado Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 851/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y su ampliación; y B) Oficios por los cuales la autoridad responsable rindió su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, relacionadas en su demanda y ampliación. Pronunciamiento: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas dada su especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 851/2023, promovido por ******, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: *PRIMERO. Demanda. El accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión y trámite. El asunto se admitió, dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió el informe justificado; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La autoridad rindió su informe, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es: El proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitido en el juicio oral familiar, divorcio incausado **** del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, que negó acordar de conformidad la solicitud planteada por el quejoso en términos del artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, con el objeto de combatir la multa por *******, que se le impuso ante su inasistencia a la audiencia de juicio. *TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A continuación, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El catorce de abril de dos mil veintitrés, se admitió la solicitud de divorcio planteada por *** y ***; auto donde además se tuvo por designado como abogado patrono al quejoso, y se le apercibió que en caso de no asistir a la audiencia, se le impondría una multa por ********. 2. El veintisiete del mismo mes y año, se señaló fecha para la audiencia de juicio. 3. El nueve de junio de la presente anualidad, ante la incomparecencia a la audiencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado contra el quejoso y se le impuso la multa referida en el antecedente 1.************ 4. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el quejoso formuló diversas manifestaciones y solicitó al juez responsable reconsiderar y en justicia, dejar sin efectos la multa impuesta 5. En proveído de veintidós de junio siguiente, se desestimó lo solicitado. Dicha resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. En esencia el quejoso sostiene que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales, por lo siguiente: *Desatendió la causa de pedir, que se centró en solicitar su escucha en términos del artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. *Refiere que aun cuando en su escrito lo refirió como recurso de revocación, lo cierto es que su intención era ser escuchado en justicia y conforme al numeral mencionado, lograr que el juzgador revocara, disminuyera o dejara sin efectos la corrección disciplinaria impuesta; sin embargo, la autoridad desestimó su petición aludiendo al contenido del artículo 685 bis de la legislación procesal civil para esta entidad. Decisión: El motivo de disenso es fundado. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.". En el caso, para desestimar la petición del quejoso, el Juez responsable expuso lo siguiente: "Ciudad de México, a veintidós de junio del año dos mil veintitrés. A sus autos el escrito de ******, mandatario judicial de los divorciantes, en vista de su contenido, sin lugar a proveer de conformidad lo solicitado, ya que el recurso de revocación que interpone en contra de la imposición de la multa impuesta el nueve de junio del año en curso, no es el medio de impugnación idóneo para combatirlo, pues dicha resolución no encuadra en el supuesto previsto en el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 del ordenamiento legal antes invocado, se desecha el mismo por notoriamente improcedente. NOTIFÍQUESE [.]" Como se advierte de dicha transcripción, el juez responsable sustentó su decisión atendiendo a que el recurso de revocación no era el medio idóneo para combatir la multa impuesta al peticionario. Sin embargo, omitió considerar que en el ocurso del quejoso, sustentó su solicitud en términos del artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que dice: "ARTICULO 63. Dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona a quien se le impuso, ésta podrá pedir al juez o magistrado que la oiga en justicia; y se citará para la audiencia dentro del tercer día, en la que se resolverá sin ulterior recurso. En la resolución de estos incidentes se podrá confirmar, atenuar o dejar sin efecto la corrección, sin que en contra de dicha resolución proceda recurso alguno." Dicho numeral contempla un medio de defensa a través del cual, la persona a quien se le impusiera alguna corrección disciplinaria, puede solicitar a la autoridad que la oiga en justicia, y con ello obtener una respuesta a través de la cual se confirme, atenúe o deje sin efectos la corrección de que se trate. En apoyo a lo anterior, se cita por sus consideraciones, la tesis I.3o.C.674 C, de la Novena Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. LA POSIBILIDAD DE SER OÍDO EN JUSTICIA CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE SER AGOTADO POR EL AFECTADO, PARTE MATERIAL, FORMAL O TERCERO, PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme al artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal la persona a quien se haya impuesto una corrección disciplinaria puede pedir ser oído en justicia a efecto de que se confirme, atenúe o deje sin efecto la corrección; al respecto, se debe precisar que el precepto analizado constituye un medio de defensa ordinario que es necesario agotar previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, este tipo de medidas a disposición del Juez para preservar su autoridad como rector del procedimiento y el orden en las audiencias, pueden ser aplicadas tanto a las partes materiales (actor o demandado), como a las formales (representantes), así como a terceros, de manera que si con motivo de su intervención personal ante el Juez se les impone la corrección disciplinaria, esta situación es la que los legitima para agotar el medio de defensa previsto, a efecto de cumplir con el principio de definitividad." Ahora bien, conforme al principio de legalidad, en su modalidad de fundamentación y motivación, la autoridad está obligada a dar respuesta a lo solicitado de forma congruente y exhaustiva; deber que se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia con número de registro 195706, Materia(s): Administrativa, Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Tesis: I.1o.A. J/9, Página: 764. "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. *Este deber se aterriza en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, que dispone: "Artículo 81. Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." Lo anterior busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el Juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. En el caso, la determinación reclamada vulnera dicho principio, pues el juez responsable desestimó la petición del quejoso dándole tratamiento de un recurso de revocación, sin atender específicamente a que el peticionario invocó como fundamento de su petición el artículo 63 de la legislación procesal civil para esta entidad; disposición que como se dijo, contiene un medio de defensa a través del cual se puede confirmar, atenuar o dejar sin efectos la medida disciplinaria que se le impuso. En ese sentido, la autoridad tiene la obligación de desentrañar la causa de pedir del quejoso a través de la lectura integral del ocurso que proveyó; y atender lo solicitado conforme a la legislación invocada. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: * "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, se afirma que la autoridad responsable vulneró en perjuicio del quejoso, el principio de congruencia y exhaustividad, pues se enfocó en atender su ocurso como si se hubiera tratado de un recurso de revocación, soslayando que su fundamento fue el artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que alude a un medio de defensa distinto. Por ello, es necesario que la autoridad responsable subsane dicha irregularidad en ejercicio de sus funciones, y aplicando las normas que rigen al caso, pues es a ella a quien corresponde la dirección del proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 538, visible en la página 353, Tomo VI, Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé. *"TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS. No son revisores de los actos de la autoridad común; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero común, sino que únicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garantías". Al quedar evidenciada la irregularidad del acto reclamado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional al peticionario, para que el Juez responsable: a) Deje insubsistente el acto reclamado; y, b) En su lugar, dicte otro auto donde atienda la petición del quejoso en términos del artículo 63 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; y con plenitud de jurisdicción determine lo conducente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******, contra actos del Juez Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos expuestos en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Agréguese el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual informa que por auto de cuatro de octubre pasado se declaró cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio de amparo directo ******* y se encuentra transcurriendo el término para que las partes se inconformen. En ese sentido, se solicita a la superioridad que, de no tener inconveniente legal alguno, en su momento informe la determinación donde quede firme. NOTIFÍQUESE.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Jorge Alejandro Molina Desachy1052/2017
- Jorge Alejandro Palencia Fernández685/2022
- Jorge Alfredo Aceves Ascención800/2018
- Jorge Alfredo Aceves Ascención915/2019
- Jorge Alfredo Carrillo Arena846/2021
- Jorge Alfredo Carrillo Arena387/2015
- Jorge Andrade Arroyo410/2019
- Jorge Ángel López Estebanes1145/2023
- JORGE ANGELES MENESES y Otros.29/2022
- Jorge Anibal Daniel Corzo Pineda1299/2023
- Jorge Antonio García Suarez397/2017
- Jorge Antonio Soriano Y Puente800/2022