Jorge Andrés Sariñana Narvaez
Expediente 1470/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 1 actuación registrada, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1470/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jorge Andrés Sariñana Narvaez
Actuaciones
- Principal
Se notifica a la parte quejosa. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Jorge Andrés Sariñana Narváez, contra actos del Congreso del Estado de Durango, con residencia en la ciudad capital del mismo nombre, y otros. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 1470/2019-VII-A, que es el que le corresponde. Improcedencia. A juicio de este juzgador, esta vía resulta improcedente por surtirse plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la demanda fue promovida de manera extemporánea. A efecto de justificar tal aserto, conviene tener presente el texto del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, primer párrafo, y 18, todos de la Ley en la materia, en los cuales se establece la causal de improcedencia de que se trata y cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." De la transcripción anterior, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, tratándose del juicio de amparo contra leyes, el aludido plazo dependerá del momento en que las normas impugnadas causen perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, es decir, a partir de su entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación, en términos del diverso numeral 107, fracción I, de la ley de la materia. Ello, porque dicha cuestión obedece a la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de la norma impugnada, lo cual permite determinar el momento en que las normas inciden en la esfera jurídica de los gobernados, lo que, desde luego, conlleva a determinar en qué momento inicia el plazo para ejercer la acción constitucional en su contra, esto es, a partir de su sola vigencia (carácter autoaplicativa) o con motivo de un acto concreto de aplicación (naturaleza heteroaplicativa). En apoyo a lo expuesto, se invoca el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 55/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Dicho lo anterior, se tiene que el promovente Jorge Andrés Sariñana Narváez, reclama la expedición y publicación de los artículos 13 al 17, 52, fracciones I y IV, así como el 53, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. Esto, con motivo del que considera su primer acto de aplicación, materializado en los recibos electrónicos con números de transacción 2019-1017717 y 2019-1017888, relativos a los pagos que realizó por concepto de derechos de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Así, es claro que dicha legislación se reclama en su naturaleza heteroaplicativa, carácter que efectivamente le asiste, considerando que los preceptos combatidos señalan supuestos normativos que únicamente afectan la esfera jurídica del gobernado en el momento de su causación, es decir, establecen el pago de derechos de registró, los cuales prevén dentro de sus elementos, concretamente como sujetos del tributo a los gobernados que soliciten el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad, con motivo de actos traslativos de dominio y créditos de cualquier clase; por ende, la obligación prevista en dichas normas no surgen automáticamente con su entrada en vigor, sino a partir de la realización del supuesto de causación en comento de que se trate. Circunstancia que incluso ésta corroborada con las copias certificadas de los precitados recibos 2019-1017717 y 2019-1017888, pues su contenido revela que el quejoso Jorge Andrés Sariñana Narváez, realizó el pago de los derechos de inscripción al tenor de los siguientes conceptos: RECIBO 2019-1017717 "CONTRATO COMPRAVENTA DE INMUEBLES" "REG. PUB. PROP. FOMENTO EDUCATIVO" "SUBSIDIO CONTRATO COMPRAVENTA DE INMUEBLES" "SUBSIDIO DE FOMENTO EDUCATIVO" "AJUSTE POR REDONDEO (ART. 25 C.F.E.)" RECIBO 2019-1017888 "REGISTRO DE CONTRATO DE CREDITO HIPOTECARIO" "REG. PUB. PROP. FOMENTO EDUCATIVO" "SUBSIDIO REG. DE CONTRATO DE CREDITO HIPOTECARIO" "SUBSIDIO DE FOMENTO EDUCATIVO" "AJUSTE POR REDONDEO (ART. 25 C.F.E.)" Así las cosas, si los mencionados recibos gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por ende, son suficientes para demostrar que el primer del acto de aplicación impugnado por el aquí quejoso, se realizó desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que se ubicó en los supuestos normativos y que causaron el pago de los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, ya que tales contribuciones obedecieron al registro de un documento relativo a la propiedad de inmueble y otro de crédito hipotecario, lo cual se encuentra regulado por la legislación impugnada. Luego, considerando que dicho pago aconteció el veintisiete de noviembre dos mil diecinueve, se tiene que el término de quince días para promover la demanda de amparo con respecto al primer acto de aplicación de las leyes impugnadas, empezó a transcurrir a partir del veintiocho de noviembre siguiente y feneció el dieciocho de diciembre del año en curso, desde luego, sin contar los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, que establece lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Bajo esa óptica, si la demanda de trato fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, el día diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, es decir, un día después del vencimiento del indicado plazo de quince días, por ende debe considerarse extemporánea en términos del artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo en vigor, lo que, desde luego, indica que se está en presencia de un acto consentido tácitamente como lo señala la fracción XIV del artículo 61 de la ley en cita. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, se desecha de plano la demanda en cuestión, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Desechamiento que comprende la legislación combatida por el quejoso, pues este juzgado no debe desvincular el estudio de las disposiciones impugnadas del que concierne a su acto de aplicación, pues es éste el que otorga la facultad de abordar el estudio de la constitucionalidad de la ley. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 71/200, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 235, que señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Joaquín Rodríguez Ramírez, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por otra parte, únicamente para oír y recibir notificaciones a Elia Verónica Ramírez Morales, Joaquín Eduardo Rodríguez Puentes y Martha Cornejo Acosta, por no aparecer su cédula en dicho registro. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 Constitucional. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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