Jorge Andrés Jaramillo Mendiola

Expediente 1602/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1602/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Andrés Jaramillo Mendiola

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservación o destrucción. Este expediente es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se reservó sobre la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, hasta en su momento procesal oportuno, por lo cual se acuerda lo siguiente: Se desecha pericial. Ahora bien, este juzgado federal procede a pronunciarse en torno a la pertinencia e idoneidad de la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, al tomar como base el objeto y pretensión con los cuales se ofrece. Enseguida, al analizar que en la demanda se reclama la inconstitucionalidad del artículo 54 fracción II, Inciso 1) y 60) fracción II inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a razón de que dichos preceptos establecen la tarifa respectiva por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad por la utilización del Sistema Integral de Informática Registral del Instituto, es por lo cual se estima que en el caso la prueba pericial ofrecida no resulta idónea para acreditar dicha circunstancia; toda vez que si bien con dicha prueba se pretenden demostrar la inconstitucionalidad de la ley; y, que los montos que se autoaplicó el quejoso, no son proporcionales ni equitativos. No obstante lo anterior, se considera que dichos aspectos no son susceptibles de acreditarse a través de la prueba pericial contable, pues la inconstitucionalidad de la ley no depende de un resultado cuantitativo que pudiera derivar de las operaciones que se realicen, sino del análisis propio de la ley, en cuanto a que para establecer los montos respectivos, tome en cuenta o no valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública. Por tanto, resulta evidente que dicha prueba no satisface el requisito de idoneidad que todo medio de convicción debe tener, por lo que es inconcuso que su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el suscrito juzgador considera pertinente no admitirla, en términos de lo previsto en el artículo 119 de la ley de la materia. Diferimiento. Para dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga de esta determinación, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Notificaciones a autoridades. Por último, destáquese a las partes que a partir de este momento procesal, para el caso de que audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, así como el presente, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de octubre del año en curso, hace llegar las constancias que le fueron solicitadas, relativas al expediente ******************** de su índice. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto resulta aplicable la tesis: XXI.2°.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese.

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