Jorge Andres Pech Chan
Expediente 163/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 10/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Andres Pech Chan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
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Vista la certificación de cuenta y de la revisión de estos autos se advierte que ha transcurrido el término de quince días que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, el cual establece el plazo para que la parte quejosa se inconformara o no, con el proveído que declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria federal; por tal motivo, y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a ésta conforme con la misma; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser DEPURADO, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo, así como los cuadernos incidentales relativos.
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MESA VII.Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que obra el oficio SSP/DJ/18634/2018, suscrito por el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y anexo que acompañó, mediante el cual informó las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo; asimismo, hizo saber que el veinticinco de junio del año en curso, recibió el diverso 2022/2018, suscrito por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se tuvo al aquí quejoso manifestando que el dieciocho de mayo del presente año, se le entregó, completamente desocupado, de forma pacífica y voluntaria, la posesión material del bien inmueble de marras. De igual forma, de dicha providencia, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que alguna de las partes hubieran hecho manifestaciones al respecto; por tanto, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de garantías, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JORGE ANDRÉS PECH CHAN, considerándose lo siguiente: . QUINTO. Estudio de fondo. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia de este juicio de amparo, ni oficiosamente se observa alguna que por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Expuesto lo anterior, debe considerarse substancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo de la Justicia de la Unión que solicita, el concepto de violación hecho valer por la parte solicitante del amparo en contra del acto reclamado, mismo que hizo consistir, sustancialmente, en que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio la garantía de acceso efectivo a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Cabe destacar que la parte peticionaria de amparo reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, la omisión de otorgar la fuerza pública; y b) Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la inejecución del auxilio de la fuerza pública, la cual fue solicitada por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 672/2012. Conducta que resulta violatoria del derecho fundamental tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, es menester precisar que el derecho fundamental al acceso efectivo a la justicia de todo gobernado, consagrado en el referido numeral de la Constitución Federal, establece, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito con antelación, se advierte que tutela a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la justicia; derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional en la que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas; y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Esto es así, pues el propio derecho fundamental establecido a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados, dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, lo que conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de este derecho es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1ª.LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título siguiente: JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. En este orden de ideas, y toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que por oficio 24, de cinco de enero de dos mil dieciocho, la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 672/2012, solicitó al Gobernador Constitucional del Estado, el auxilio de la fuerza pública, a efecto de cumplir con lo ordenado en proveído de esa misma fecha e ingresar al departamento marcado con la letra "B", del edificio cuatrocientos noventa, número doscientos noventa y cuatro, de la calle ocho "A-1", del fraccionamiento San Antonio Kaua - INFONAVIT, el cual físicamente se identifica como el departamento marcado con la letra "B", del edificio cuatrocientos noventa, número doscientos noventa y cuatro, de la calle ocho "A-1", del fraccionamiento San Antonio Kaua, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con la finalidad de desalojar del mismo a la parte demandada en el juicio de origen, sin que hasta la fecha se haya otorgado el auxilio respectivo; por tanto, dado el tiempo transcurrido desde que el citado oficio fue librado, el cinco de enero de dos mil dieciocho, y que fuera presentado ante el Gobernador Constitucional del Estado, el nueve siguiente, es evidente que su proceder se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, pues ni siquiera expone razones para sustentar la negativa a proporcionar la fuerza pública que estén sustentadas en algún precepto legal que lo faculte a desatender la solicitud de mérito, obstaculizando con ello el debido cumplimiento de un mandato de una autoridad judicial, lo que implica la denegación de justicia de que se duele la parte peticionaria del amparo y, por ende, se estima violatoria del citado precepto constitucional, que prevé como derecho de todo individuo, el acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí mismo. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis de jurisprudencia XIV.2o. J/21, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con el título siguiente: FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). SEXTO. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de las autoridades responsables, violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es conceder a JORGE ANDRÉS PECH CHAN, el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, para el efecto de que el Gobernador Constitucional responsable, ordene prestar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado y, de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública en comento, en términos de lo solicitado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 672/2012, en donde es actor el aquí quejoso. Concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad; en el entendido de que una vez que reciba la orden del Gobernador Constitucional, en su calidad de auxiliar del Poder Judicial en la administración de justicia, deberá proporcionar el auxilio de la fuerza pública instado; en la inteligencia de que el citado Gobernador Estatal no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido, mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato, dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, bajo el epígrafe: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. ." Asimismo, por auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las responsables su debido cumplimiento; la cual estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder a JORGE ANDRÉS PECH CHAN, el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, para el efecto de que el Gobernador Constitucional responsable, ordene prestar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado y, de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública en comento, en términos de lo solicitado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 672/2012, en donde es actor el aquí quejoso." Concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad; en el entendido de que una vez que reciba la orden del Gobernador Constitucional, en su calidad de auxiliar del Poder Judicial en la administración de justicia, deberá proporcionar el auxilio de la fuerza pública instado; en la inteligencia de que el citado Gobernador Estatal no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido, mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato, dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte, que tanto el Gobernador Constitucional del Estado, así como el Secretario de Seguridad Pública, en diversos oficios, informaron las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, haciendo saber en dos ocasiones la fecha y hora para el desahogo de la diligencia de fuerza pública ordenada en la resolución de mérito, sin que el quejoso haya comparecido al desahogo de dicha diligencia. Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente juicio, fue la negativa del Gobernador Constitucional del Estado, en proporcionar el auxilio de la fuerza pública, solicitado en la vía y forma legal por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 24, de cinco de enero del año en curso, en autos del expediente 672/2012, de su índice; y toda vez que de lo informado por el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, se advierte que al aquí quejoso se le entregó, completamente desocupado, de forma pacífica y voluntaria, la posesión material del bien inmueble objeto del presente juicio de amparo, se ha operado un cambio de situación jurídica y han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, este Juzgado Federal considera que no existe razón legal para analizar si la sentencia de amparo quedó debidamente cumplida o no, por lo que se DETERMINA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA HA QUEDADO SIN MATERIA. Por último, hágase saber a las partes que pueden inconformarse, o no, con esta resolución, de no estar conformes, para lo cual deberá presentar su escrito respectivo dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, apercibidas que de no hacerlo, dicho cumplimiento, así comunicado, se tendrá por tácitamente consentido y por ende, se ordenará el archivo de este expediente como asunto concluido, con apoyo en el precepto 105 de la invocada Ley de la Materia. Lo antes expuesto encuentra apoyo en la tesis de rubro siguiente: CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.
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MESA VII.Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que obra el oficio SSP/DJ/18634/2018, suscrito por el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y anexo que acompañó, mediante el cual informó las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo; asimismo, hizo saber que el veinticinco de junio del año en curso, recibió el diverso 2022/2018, suscrito por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se tuvo al aquí quejoso manifestando que el dieciocho de mayo del presente año, se le entregó, completamente desocupado, de forma pacífica y voluntaria, la posesión material del bien inmueble de marras. De igual forma, de dicha providencia, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que alguna de las partes hubieran hecho manifestaciones al respecto; por tanto, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de garantías, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JORGE ANDRÉS PECH CHAN, considerándose lo siguiente: . QUINTO. Estudio de fondo. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia de este juicio de amparo, ni oficiosamente se observa alguna que por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Expuesto lo anterior, debe considerarse substancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo de la Justicia de la Unión que solicita, el concepto de violación hecho valer por la parte solicitante del amparo en contra del acto reclamado, mismo que hizo consistir, sustancialmente, en que la omisión reclamada vulnera en su perjuicio la garantía de acceso efectivo a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Cabe destacar que la parte peticionaria de amparo reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, la omisión de otorgar la fuerza pública; y b) Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la inejecución del auxilio de la fuerza pública, la cual fue solicitada por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 672/2012. Conducta que resulta violatoria del derecho fundamental tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, es menester precisar que el derecho fundamental al acceso efectivo a la justicia de todo gobernado, consagrado en el referido numeral de la Constitución Federal, establece, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito con antelación, se advierte que tutela a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la justicia; derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional en la que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas; y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Esto es así, pues el propio derecho fundamental establecido a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados, dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, lo que conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de este derecho es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1ª.LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título siguiente: JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. En este orden de ideas, y toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que por oficio 24, de cinco de enero de dos mil dieciocho, la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 672/2012, solicitó al Gobernador Constitucional del Estado, el auxilio de la fuerza pública, a efecto de cumplir con lo ordenado en proveído de esa misma fecha e ingresar al departamento marcado con la letra "B", del edificio cuatrocientos noventa, número doscientos noventa y cuatro, de la calle ocho "A-1", del fraccionamiento San Antonio Kaua - INFONAVIT, el cual físicamente se identifica como el departamento marcado con la letra "B", del edificio cuatrocientos noventa, número doscientos noventa y cuatro, de la calle ocho "A-1", del fraccionamiento San Antonio Kaua, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con la finalidad de desalojar del mismo a la parte demandada en el juicio de origen, sin que hasta la fecha se haya otorgado el auxilio respectivo; por tanto, dado el tiempo transcurrido desde que el citado oficio fue librado, el cinco de enero de dos mil dieciocho, y que fuera presentado ante el Gobernador Constitucional del Estado, el nueve siguiente, es evidente que su proceder se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, pues ni siquiera expone razones para sustentar la negativa a proporcionar la fuerza pública que estén sustentadas en algún precepto legal que lo faculte a desatender la solicitud de mérito, obstaculizando con ello el debido cumplimiento de un mandato de una autoridad judicial, lo que implica la denegación de justicia de que se duele la parte peticionaria del amparo y, por ende, se estima violatoria del citado precepto constitucional, que prevé como derecho de todo individuo, el acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí mismo. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis de jurisprudencia XIV.2o. J/21, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con el título siguiente: FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). SEXTO. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de las autoridades responsables, violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es conceder a JORGE ANDRÉS PECH CHAN, el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, para el efecto de que el Gobernador Constitucional responsable, ordene prestar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado y, de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública en comento, en términos de lo solicitado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 672/2012, en donde es actor el aquí quejoso. Concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad; en el entendido de que una vez que reciba la orden del Gobernador Constitucional, en su calidad de auxiliar del Poder Judicial en la administración de justicia, deberá proporcionar el auxilio de la fuerza pública instado; en la inteligencia de que el citado Gobernador Estatal no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido, mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato, dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, bajo el epígrafe: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. ." Asimismo, por auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las responsables su debido cumplimiento; la cual estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder a JORGE ANDRÉS PECH CHAN, el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetra, para el efecto de que el Gobernador Constitucional responsable, ordene prestar el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado y, de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública en comento, en términos de lo solicitado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 672/2012, en donde es actor el aquí quejoso." Concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad; en el entendido de que una vez que reciba la orden del Gobernador Constitucional, en su calidad de auxiliar del Poder Judicial en la administración de justicia, deberá proporcionar el auxilio de la fuerza pública instado; en la inteligencia de que el citado Gobernador Estatal no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido, mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato, dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte, que tanto el Gobernador Constitucional del Estado, así como el Secretario de Seguridad Pública, en diversos oficios, informaron las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, haciendo saber en dos ocasiones la fecha y hora para el desahogo de la diligencia de fuerza pública ordenada en la resolución de mérito, sin que el quejoso haya comparecido al desahogo de dicha diligencia. Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado en el presente juicio, fue la negativa del Gobernador Constitucional del Estado, en proporcionar el auxilio de la fuerza pública, solicitado en la vía y forma legal por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 24, de cinco de enero del año en curso, en autos del expediente 672/2012, de su índice; y toda vez que de lo informado por el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, se advierte que al aquí quejoso se le entregó, completamente desocupado, de forma pacífica y voluntaria, la posesión material del bien inmueble objeto del presente juicio de amparo, se ha operado un cambio de situación jurídica y han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, este Juzgado Federal considera que no existe razón legal para analizar si la sentencia de amparo quedó debidamente cumplida o no, por lo que se DETERMINA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA HA QUEDADO SIN MATERIA. Por último, hágase saber a las partes que pueden inconformarse, o no, con esta resolución, de no estar conformes, para lo cual deberá presentar su escrito respectivo dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, apercibidas que de no hacerlo, dicho cumplimiento, así comunicado, se tendrá por tácitamente consentido y por ende, se ordenará el archivo de este expediente como asunto concluido, con apoyo en el precepto 105 de la invocada Ley de la Materia. Lo antes expuesto encuentra apoyo en la tesis de rubro siguiente: CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.
- Principal
MESA VII. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo; asimismo, hace saber que el veinticinco de junio del año en curso, recibió el oficio 2022/2018, suscrito por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se tuvo al aquí quejoso manifestando que el dieciocho de mayo del presente año, se le entregó, completamente desocupado, de forma pacífica y voluntaria, la posesión material del bien inmueble de marras. En consecuencia, dese vista con tal información a las partes en el presente juicio, para efecto de que en el término de tres días, manifiesten lo que a su derecho corresponda.
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