Jorge Andres Bachmann Villamar
Expediente 980/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Andres Bachmann Villamar
- JORGE ANDRES BACHMANN VILLAMAR y Otros.
- Daniel Alejandro Bachmann Villamar
- George Fernando Bachmann
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, con el que remite copia certificada de la resolución de siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de apelación interpuesto por George Fernando Bachmann, Rodolfo Héctor Villamar Guerra también conocido como Rodolfo Héctor Villamar, Héctor Rodolfo Villamar Franco y Blanca Rosa López Escaroz, en el Procedimiento Ordinario Oral Familiar de Guardia y Custodia y del acuerdo de diez de enero del año en curso, toda vez que en proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se decretó de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, el cual causó estado el dos de los cursantes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el diez de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, se ubica en las diversas hipótesis a que se refieren las fracciones II y III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo, así como tampoco el incidente de suspensión derivado del presente asunto. Por otra parte, agréguese a estos autos el oficio 3961, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con el que, por las razones que expone solicita de no existir inconveniente legal alguno, se remita a ese Juzgado, copia certificada de las constancias conducentes que integran el presente juicio de amparo. Al respecto, y no existiendo impedimento legal alguno, remítase al Titular de dicho órgano jurisdiccional, mediante oficio que al efecto se gire, copia certificada de las constancias que menciona en su oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, infórmese a dicho Juzgado Federal que en proveído de esta propia fecha causó estado el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, y se ordenó el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido tal y como se advierte en líneas precedentes.
- Principal
MESA I. Vistos los presentes autos, y nuevamente los oficios de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con el que rindió su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, y del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte, que el quejoso George Fernando Bachman señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución de tres de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familiar del Estado, en la que decretó la medida urgente de protección espacial a favor de los menores Jorge Andrés y Daniel Alejandro, ambos de apellidos Bachman Villamar. En razón de lo anterior, este Juzgador Federal, de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que por consecuencia haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En efecto, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo del goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegara a emitirse pudiera concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Ahora, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe con justificación y de las enviadas por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, a las que se concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentales expedidas por funcionarios públicos, se advierte como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1.- El tres de agosto de dos mil dieciocho, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, en autos del expediente 892/2018, con fundamento en los artículos 17, 18 122 fracción VII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dictó una medida urgente de protección especial a favor de los menores Jorge Andrés y Daniel Alejandro, ambos de apellidos Bachman Villamar, esto es, para los que menores de edad, permanezcan bajo la custodia provisional de su abuelo paterno Rodolfo Héctor Villamar, hasta en tanto se resuelva su situación jurídica en sentencia firme ejecutoriada. Asimismo, la aludida Procuradora en dicha medida de protección especial solicitó al Juzgado Cuarto Mixto de los Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, que se abstenga de ejecutar los actos tendientes al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 314/2016, relativo a los procedimientos de guarda y custodia en relación a los referidos infantes. 2.- Mediante oficio DIF/PROMEDEFA/DIR/.3359, de tres de agosto de dos mil dieciocho, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, solicitó a la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, que ratifique la aludida medida protección. 3.- El diez de agosto de dos mil dieciocho, la Juez Cuarto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, tuvo por recibido el oficio anterior de la aludida Procuradora y dio vista al aquí quejoso, a las partes del juicio y a las representaciones sociales para que manifiesten lo que a su derecho convengan. 4.- El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la referida Juez Cuarto de lo Civil y Familiar, se pronunció en el sentido de no ratificar la medida urgente de protección especial solicitada por la Procuradora responsable a favor de los menores infantes en cuestión, en razón de que consideró que dicha medida fue extemporánea y porque los hechos de agresión física, psicológica y de abuso sexual, así como las pruebas que se señalan en el acta de tres de agosto de dos mil dieciocho, ya fueron objeto de estudio en la sentencia de diecinueve de junio de dos mil dieciocho en autos del expediente 314/2016. Siguió señalando la aludida juez, que el expediente original 314/2016, se encuentra ante la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior para la substanciación de los recursos de apelación interpuestos por el aquí quejoso, Rodolfo Héctor Guerra, Héctor Rodolfo Villamar Franco y Blanca Rosa López Escaroz, contra la sentencia dictada en el aludido expediente, que en todo caso resolverá si modifica, revoca o confirma la misma, por lo que la jueza consideró que ratificar la medida de protección solicitada sería como revocar la decisión que adoptó en la sentencia que se encuentra en trámite de apelación, por lo que no ratificó la solicitud impuesta por la Procuradora. 5.- En contra de la resolución anterior, Rodolfo Héctor Villamar Guerra interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el diez de octubre de dos mil dieciocho, por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar, en el sentido de declarar inatendibles los agravios en contra de la no ratificación de la medida urgente de protección especial solicitada por el citado Villamar Guerra, y revocó el auto de veintiuno de agosto pasado, únicamente respecto a que la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, ordene realizar visitas una vez por semana al domicilio del abuelo materno, a fin de constatar que los infantes habitan ahí. Ahora bien, en el presente caso se actualiza la mencionada causal de improcedencia, pues del sumario se advierte que el acto reclamado consistió en la resolución de tres de agosto de dos mil dieciocho, en el que la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, dictó una medida urgente de protección especial a favor de los menores Jorge Andrés y Daniel Alejandro, ambos de apellidos Bachman Villamar, esto es, para los que menores de edad, permanezcan bajo la custodia provisional de su abuelo paterno Rodolfo Héctor Villamar, hasta en tanto se resuelva su situación jurídica en sentencia firme ejecutoriada. Sin embargo, la aludida Procuradora solicitó al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 314/2016, que ratificara dicha medida, lo que no accedió la juez, al considerar que en la sentencia definitiva dictada en el aludido expediente, se pronunció respecto a los hechos de agresión física, psicológica y de abuso sexual, así como las pruebas que se señalan en el acta de tres de agosto de dos mil dieciocho, y porque tal medida fue extemporánea. Determinación anterior que fue confirmada por la juez responsable en el recurso de revocación que se interpuso contra el aludido auto en el que no se ratificó la medida de protección. En tal tesitura, si bien en la referida resolución de tres de agosto de dos mil dieciocho, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familiar, solicitó una medida urgente de protección especial a favor de dos infantes, lo cierto es, que tal medida no fue ratificada por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar, por lo que es evidente se impone concluir que aun cuando el acto reclamado subsista, el objeto o materia de éste ha dejado de existir, pues al no ser ratificada dicha de medida de protección especial, no surte efecto alguno, ni lo surtirá. En esa tesitura, es incuestionable que este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada, en virtud de que se ha actualizado una causal notoria y manifiesta de improcedencia pues el objeto o materia del acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos. Por ello, aunque subsista el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno, pues ha dejado de existir el objeto o materia de aquél (medida de protección especial a favor de los menores), ante el pronunciamiento del Juez natural sobre la no ratificación de la medida de protección solicitada por la Procuradora responsable. Por tanto, en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho humano que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Apoya a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como, por identidad jurídica, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En consecuencia, es incuestionable que en el caso en particular se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, no pasa inadvertido para este juzgador el juicio de amparo número 877/2018-II, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Yucatán, promovido por Rodolfo Héctor Villamar Guerra, en el que en auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no sean entregados los menores en cuestión a su progenitor George Fernando Bachman; asimismo, que por auto veintitrés de noviembre pasado, se tuvo por recibido la resolución recaída al recurso de revisión interpuesto contra la determinación anterior, en el que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, confirmó la interlocutoria recurrida y concedió la suspensión definitiva; y que si bien el quince de noviembre de este año se sobreseyó el aludido juicio 877/2018, aun no causado estado dicha resolución. Lo anterior, porque pueden ser invocadas como hecho notorio, de conformidad con el artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o., y tiene valor probatorio de acuerdo con lo establecido en el diverso 210-A de aquel ordenamiento, el cual reconoce como medio probatorio la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología, pues debe tomarse en consideración que esos datos se encuentran en una página de internet oficial que corresponde al Consejo de la Judicatura Federal y que es accesible para ulteriores consultas. Esto es, al consultar la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, publicada en internet con el vínculo www.cjf.gob.mx, específicamente la relativa a la de "Servicios Jurisdicionales/SISE EXPEDIENTES/correspondiente al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, al consultar el juicio de amparo 877/2018, en la parte que aquí interesa, se advierte lo anterior. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Visto lo informado en la cuenta Secretarial que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa, mediante acuerdo de seis de noviembre del año en curso, para el efecto de que precisara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Kanasín, Yucatán, así como de un acto vinculado con el inicialmente reclamado, sin que hubiera hecho manifestación alguna en relación a la vista que se le dio en el mismo. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento realizado en dicho acuerdo, continúese el trámite del presente juicio de amparo l-980/2018, considerando únicamente la autoridad responsable, y los conceptos de violación expuestos en la demanda inicial. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número SECJ/STB/1223/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC
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