Jorge Alfredo Molina Bazan
Expediente 98/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alfredo Molina Bazan
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de Jorge Alfredo Molina Bazán; atento a su contenido y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita, devuélvasele la USB que refiere, previa comparecencia que por su recibo deje en autos, para debida constancia legal, autorizando para tal efecto a las personas que indica. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, por conducto del Jefe de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da contestación al requerimiento que se le formuló el treinta de uno de enero pasado (foja 166); sin embargo, se reserva acordar las manifestaciones ahí vertidas, hasta en tanto también transcurra el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en el referido acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JORGE ALFREDO MOLINA BAZAN. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Jorge Alfredo Molina Bazan solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la autoridad siguiente: ? Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese con el número V-98/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ? Desechamiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". ? Improcedencia del juicio porque el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación En la especie, se estiman actualizada la causa de improcedencia, que surge de la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente, en contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo emitidos fuera de juicio o después de concluido; asimismo, se advierte que existen determinadas reglas para la promoción de este medio de control, cuando se trata de actos de ejecución, incluso se diferencia entre aquellas ejecuciones que se llevan por la vía del remate de aquellas en las que no se hace uso de tal procedimiento. Por su parte la fracción II, del citado artículo 107, de la Ley de Amparo, establece las reglas que deben seguirse cuando se reclaman actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y sujetan la procedencia del juicio a que se trate de resoluciones definitivas, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, o, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso el acto reclamado está constituido por la determinación que tomó el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Morelia, Michoacán, en la audiencia de impugnación de actos o determinaciones del ministerio público (acuerdo de archivo de la investigación MOR/053/05823/2017), el pasado veintiséis de enero. Ahora, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad se contienen en la demanda, así como de los documentos anexos a la misma se advierte que al quejoso, le resulta el carácter de imputado dentro de la investigación que en su contra dirigió el agente del Ministerio Público, por considerar prima facie que existe un hecho que la ley señala como delito de acoso sexual, sancionado con pena privativa de libertad y obran datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Sin embargo, después de haber realizado algunos actos de investigación se determinó el archivo temporal de la investigación; y, en contra de esa resolución la parte ofendida solicitó audiencia ante el juez de control, para impugnar el expresado acuerdo. Llegada la audiencia, el Juez de Control procedió a verificar la asistencia de las partes, etapa en la que expuso lo siguiente: "No existe una notificación que cumpla con lo ordenado el día 23 de enero de dos mil dieciocho, esto és (sic), que se haya notificado a los asesores jurídicos de Daisy Yunuen Martínez Zavala, Mónica Rocío Vargas Andrade y María Isabel Torres Gómez; se informó que éstas últimas presentaron un escrito que para el día de hoy comparecería el Lic. Carlos Alberto Zavala Fausto como asesor jurídico pero no existe un domicilio en el cual se le notifique. [.] En términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como no fue notificado el asesor jurídico, doy vista a la directora de gestión del sistema penal acusatorio y oral, para que tome en consideración que se citó y se dispuso del tiempo de las personas. comparecieron (sic) al no ser notificados, tienen el término de 3 días para solicitar nueva fecha a partir de que sean notificadas". De lo anterior se advierte que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que formalmente tiene el carácter de tribunal, pues se trata de un juez de control del sistema de justicia penal acusatorio y oral, también se advierte que la función que en su caso ejerce el citado juzgador, también es de carácter judicial, pues si bien es emitida fuera de juicio, lo cierto es que tiene por objeto dirimir una controversia entre las partes intervinientes en la investigación inicial que dirige el Ministerio Público respecto de hechos con apariencia de delito. Lo anterior porque el artículo 170, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; y en el caso, con base en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia de control de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, se substancia fuera de la audiencia inicial. Al respecto el citado normativo precisa: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De esta transcripción se advierte que el objeto de la audiencia de control de determinaciones del Ministerio Público, no tiene por objeto formular imputación al imputado, sino revisar los acuerdos que se emitan sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En ese contexto, la audiencia de control judicial sobre los acuerdos del Ministerio Público vinculados con la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, son actos emitidos fuera de juicio, pero dentro de un procedimiento pues las etapas de éste, con base en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales son los siguientes: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme". En virtud de lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo contra actos que se emiten fuera de juicio, pero dentro de un procedimiento, le es aplicable el principio de definitividad, el cual se proyecta en dos dimensiones; la primera que consiste en que sólo será procedente el juicio cuando se trate de resoluciones definitivas o definitorias, entendiéndose como tales aquellas que resuelven en definitiva el procedimiento (lato sensu), esto es que la serie de pasos encaminados a preparar una resolución o determinación en la que se respetan las garantías esenciales del procedimiento, culmina precisamente con esa resolución definitiva. La segunda dimensión del principio de definitividad se proyecta sobre la existencia de medios de impugnación de la resolución con la que concluye el procedimiento en cuestión, caso en el cual previo a impugnar el acto a través del juicio de amparo, es menester que se agoten los recursos o medios de impugnación idóneos para revocar, modificar o anular el acto reclamado. Existen desde luego excepciones a las reglas antes descritas, por ejemplo tratándose de la primera dimensión, no será necesario que el quejoso espere hasta que se resuelva el procedimiento para promover el juicio de amparo, si los actos reclamos son de imposible reparación, esto es que violan derechos sustantivos; empero, sí tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa, de ahí que esta excepción no opera respecto del segundo aspecto. En relación con lo anterior cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En este contexto, la determinación del juez de control de otorgar a las partes que no comparecieron a la audiencia de control, el plazo de tres días para solicitar nueva fecha, no es una resolución definitiva dictada en un procedimiento (porque se desarrolla fuera de juicio), ya que la resolución definitiva será aquella que emita el juez de control, ya sea en el sentido de que la impugnación resultó sin materia, infundada o fundada, caso en el cual podrán hacer valer todas las violaciones cometidas en dicho procedimiento. Y tampoco se trata de aquellas que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no se afecta derecho sustantivo alguno, pues hasta que no se modifique el acuerdo del Ministerio Público, el acuerdo de archivo temporal deberá prevalece, lo que vuelve improcedente el juicio de amparo promovido en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29 , cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y autorizada para tal efecto a la persona que indica, de las cuales solamente Raúl Carrera Castillo y Georgina Correa Puentes gozará de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ? Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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