Jorge Alejandro García Ochoa

Expediente 1001/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1001/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro García Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Jorge Alejandro García Ochoa, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con las prevenciones formuladas en proveído de veintiuno de octubre del año en curso. 2. Examen de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda y su aclaratorio, se desprende que se reclama únicamente lo siguiente: El auto de formal prisión dictado en su contra el veinticinco de junio de dos mil quince en el proceso penal 86/2015 (ahora 31/2020), confirmado mediante resolución de veinticinco de agosto de dos mil quince, en el toca de apelación 339/2015. 2.1. Causa de improcedencia. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los ordinales 17 y 18, de la Ley de Amparo. Ahora, del escrito aclaratorio de cuenta, se aprecia que el quejoso manifestó expresamente bajo protesta de decir verdad, que: a) Del auto de formal prisión dictado en su contra el veinticinco de junio de dos mil quince en el proceso penal 86/2015 (ahora 31/2020), tuvo conocimiento el veintinueve de junio de dos mil quince. b) De la resolución de veinticinco de agosto de dos mil quince, emitida en el toca de apelación 339/2015 que confirmó el referido auto de formal prisión, tuvo conocimiento el veintiséis de agosto de dos mil quince. De lo anterior, se hace evidente que los reclamados no se ubican en los casos de excepción previstos en el artículo 20 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de nuestro máximo ordenamiento legal. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados o en que se hizo sabedor de los mismos; ello, atendiendo a que el acto combatido (auto de formal prisión y su confirmación) fue emitido e instó la acción constitucional ya estando en vigor la nueva Ley de Amparo, en la cual implícitamente dicho acto quedó comprendido dentro del plazo genérico para su promoción. De lo hasta aquí señalado, es posible concluir que el término genérico de quince días para promoción del juicio de amparo previsto por el artículo 17 de la ley vigente aplicable al caso, transcurrió para el quejoso a partir del momento en que surtieron efectos las notificaciones de los actos reclamados emitidos el veinticinco de junio de dos mil quince y veinticinco de agosto de mil quince, respectivamente; luego, al haberse presentado la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, hasta el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, como se obtiene del sello de recibido de aquella oficina, grabado en el escrito inicial de demanda, es evidente, que el plazo de quince días a que se refiere el citado numeral, precluyó en exceso, resultando extemporánea su presentación. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". Igualmente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el cómputo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado". Esto es así, pues debemos atender al espíritu del legislador, al aprobar la norma en comento, ya que una de las razones que motivó la modificación de los plazos para la presentación de la demanda de amparo, aconteció con el objeto de que con el sentir general fuera necesario lograr la más pronta tramitación y resolución de los juicios. Así, el Congreso de la Unión consideró como caso de excepción para la presentación de la demanda de amparo que pueda hacerse en cualquier tiempo, cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; salvedad que en el asunto a estudio no acontece, dado que el auto de formal prisión constituye un acto emitido dentro de procedimiento, es decir, cuando ya está instaurado el proceso penal en contra del inculpado; el cual inicia una vez que se consigna la averiguación previa y el juez del conocimiento resuelve lo conducente en torno al pedimento del ministerio público consignador; de ahí que aun cuando el acto reclamado sea privativo de la libertad, éste sólo puede ser pronunciado dentro de la causa penal respectiva y no fuera de ésta. Además de la simple ampliación de los plazos, la innovación más relevante fue respecto a las sentencias condenatorias en materia penal. La razón de su previsión es, ante todo, por el hecho de que en el país han cambiado las circunstancias que hacían necesaria su falta de fijación, sobre todo en lo que hace a la dificultad de obtener defensor o contar con las defensas adecuadas en el juicio de amparo. Lo anterior, hace que se estime suficiente para permitir una debida defensa pero, también, para lograr una adecuada definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal. Situación diversa que ocurre con los actos que priven de la libertad que hayan sido dictados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, toda vez que sobre este supuesto puede promoverse el amparo en cualquier tiempo, tal y como lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 45/20014 (10a.), que indica: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate". Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los ordinales 17 y 18, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Autoridad rinde informe. Visto el oficio que remite el Agente del Ministerio Público de la Unidad Contra el Robo al Transporte de la Fiscalía de Atención Especializada en Delitos del Alto Impacto, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene rindiendo el informe que se le solicitó en términos del artículo 199 de la Ley de Amparo, relativo a la denuncia de repetición del acto reclamado, así como anexando las constancias relativas, lo cual se relacionará una vez que se celebre la audiencia respectiva.

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