Jorge Alejandro Puerto Berzunza
Expediente 1084/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Puerto Berzunza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con un anexo que acompaña , mediante el cual informa que la resolución en la que se ordenó la restitución del servicio médico al directo quejoso ya fue notificada a la parte demandada, y que ello se aprecia de la constancia de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, que adjunta a su comunicación de cuenta; asimismo, informa que con respecto al nombramiento del perito médico de la parte actora, aquí quejosa, en el expediente de origen 401/2020 de su índice, este ya fue solicitado mediante oficio 2516/2022 de seis de julio de dos mil veintitrés, por lo que únicamente se está a la espera de la respuesta por parte de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con sede en la Ciudad de México. Ahora bien, toda vez en relación con la prueba pericial referida en el párrafo que antecede, el efecto de la ejecutoria consiste en realizar las gestiones para su desahogo, en el caso atento al estado procesal del juicio de origen, ello implica por el momento, que la autoridad acredite haber girado el exhorto a la autoridad respectiva, pues el oficio 2516/2022 comunicación de seis de julio de dos mil veintitrés, ya lo había hecho del conocimiento en la secuela procesal y lo que se le requiere a la Junta responsable es que acredite que lo haya entregado, lo cual es omisa en realizar pues no allegó el acuse de su remsión Por lo tanto, requiérase a la autoridad responsable para que remita a este órgano de control constitucional, la constancia que acredite el envío del exhorto u oficio 2516/2022 de seis de julio de dos mil veintitrés, a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con sede en la Ciudad de México. En cuanto al restablecimiento de los servicios médicos particulares, si bien la autoridad oficiante señala que ya se notificó a la demandada el auto de once de noviembre de dos mil veintidós, para lo cual remite una constancia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (no de dos mil veintitrés como afirma), es dable precisar, que el efecto de la ejecutoria del presente juicio de amparo, no consiste en notificar ese acuerdo, pues además de que éste por su sola fecha denota que fue dictado previo a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia por sí mismo que no se emitió en cumplimiento al fallo protector, de cualquier forma no se aprecia que atienda la solicitud de restablecer al quejoso los servicios médicos particulares. Por lo tanto, la autoridad responsable oficiante deberá emitir una determinación en la que de manera específica, ordene la forma en que se restablecerán los servicios médicos particulares a favor del quejoso, debiendo precisar lo conducente. Aun cuando previo al fallo protector hubiere acordado algo relacionado. Por tanto, requiérasele nuevamente para que cumpla con la ejecutoria de amparo, dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación del presente acuerdo. Apercibida con que en caso de no hacerlo, sin causa justificada, en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en audiencia constitucional de veintiocho de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que, en su único punto resolutivo, declaró que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos previstos en la sentencia. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258², en armonía con el diverso ordinal 238³, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y un minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 1084/2023-VII, promovido por Jorge Alejandro Puerto Berzunza, por conducto de su apoderado Juan Antonio Ortega Rubio, contra un acto de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y del Actuario de su adscripción; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la Junta responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Haciéndose constar que el Actuario adscrito a la Junta responsable, no rindió su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificado para tal efecto. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la Junta responsable. Y en relación al fedatario omiso, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por cierto el acto que se le reclama, al no haber rendido su informe de ley. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario da cuenta con la documental remitida por la Junta responsable. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas de que se trata, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario hace constar que las partes no los formularon; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1084/2023-VII, promovido por Jorge Alejandro Puerto Berzunza, por conducto de su apoderado Juan Antonio Ortega Rubio, contra un acto de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, remitida ese mismo día a este órgano de control constitucional, Jorge Alejandro Puerto Berzunza, por conducto de su apoderado Juan Antonio Ortega Rubio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y del Actuario de su adscripción, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y que hizo consistir, medularmente, en la falta de desahogo de la prueba pericial médica ofertada en el controvertido 401/2020, así como la omisión de pronunciarse en relación a la solicitud de restablecimiento de los servicios médicos respectivos a favor del quejoso. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida, teniendo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los preceptos 103, fracción l, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, numeral 6, y cuarto, fracción XIV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado y adicionado por el diverso Acuerdo General 12/2016, emitido por el propio Consejo; por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la parte peticionaria de amparo reclama de las responsables: - La falta de desahogo de la prueba pericial médica ofertada en el controvertido 401/2020, así como la omisión de pronunciarse en relación a la solicitud de restablecimiento de los servicios médicos respectivos a su favor. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la responsable Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ya que si bien es cierto en su informe justificado negó su existencia, también lo es que de las constancias relativas al juicio de origen se advierte que, hasta la presente data, no ha sido desahogada la prueba pericial médica ofertada en el mismo, ni tampoco obra pronunciamiento alguno en relación a la solicitud de restablecimiento de los servicios médicos respectivos a favor del quejoso. Por tanto, se insiste, debe tenerse por cierto el acto de dicha autoridad reclamado. Y en relación al Actuario adscrito a la Junta responsable, también debe tenerse por cierto el acto reclamado, de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, cuenta habida que no rindió su informe de ley, a pesar de encontrarse debidamente notificado para tal efecto. CUARTO. Estudio de fondo. Al no actualizarse ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, se estudia la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese tenor, debe decirse que los motivos de inconformidad que la parte peticionaria de amparo hace valer, en contra del acto reclamado que se hizo consistir en la falta de desahogo de la prueba pericial médica ofertada en el controvertido 401/2020, así como la omisión de pronunciarse en relación a la solicitud de restablecimiento de los servicios médicos respectivos a su favor, para tal efecto, deben estimarse fundados. En efecto, para justificar lo considerado en el párrafo que antecede, es oportuno señalar que las garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional transcrito, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la justicia; derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos; debiendo agregarse que la circunstancia de que el citado precepto constitucional señale que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar ese derecho de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas no previstas en el texto constitucional. Así, la garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen que actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. En este contexto, para una mejor comprensión del asunto en estudio, en relación a la falta de desahogo de la prueba pericial médica ofertada en el controvertido 401/2020, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los plazos procesales que deben observar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para la fijación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, en un procedimiento laboral de su conocimiento, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no ocurre a la audiencia." Ahora bien, la parte quejosa, como ya se dijo, se duele, esencialmente, de la negativa de la Junta responsable de administrarle justicia pronta y expedita, pues ha omitido realizar las gestiones oportunas y pertinentes para desahogar la prueba pericial médica ofertada en el controvertido 401/2020. En efecto, en audiencia de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se admitió la prueba pericial médica en materia de infectología o microbiología ofrecida por la parte actora, por lo que se ordenó girar exhorto a la Secretaría Auxiliar de Diligencias y Peritajes, sita en la Ciudad de México, a fin de que proporcionara el nombre de un especialista para tal efecto. Siendo que por oficio SAPD/UPM/509/2022, de ocho de agosto de dos mil veintidós, recibido por la Junta responsable el diecisiete de agosto siguiente, la citada Secretaría informó que no contaba con algún especialista en la materia solicitada. Motivo por el que, el once de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a esa Secretaría el nombramiento de un médico especialista en salud en el trabajo. Mientras que fue hasta el seis de julio de dos mil veintitrés, que se libró el exhorto correspondiente, sin que se cuente con datos acerca de la forma en que el mismo fue enviado ni tampoco de su recepción. En esa virtud, es notorio que la Junta responsable ha dilatado en modo excesivo el trámite relativo al desahogo de la pericial en cuestión; puesto que desde que recibió el oficio en el que la Secretaría Auxiliar de Diligencias y Peritajes, sita en la Ciudad de México, le informó que no contaba con un médico en materia de infectología o microbiología (diecisiete de agosto de dos mil veintidós), hasta que emitió algún pronunciamiento al respecto (once de noviembre de dos mil veintidós), transcurrieron aproximadamente tres meses. En tanto que desde ese proveído (once de noviembre de dos mil veintidós), hasta el libramiento del exhorto correspondiente (seis de julio de dos mil veintitrés), transcurrieron casi ocho meses. Debiéndose destacar, como se asentó, que no se cuenta con dato alguno que revele siquiera que el exhorto de marras ha sido enviado o recibido por la autoridad a quien se dirigió. En este contexto, debe concluirse que la Junta responsable, al omitir dar continuidad al procedimiento laboral, a fin de realizar la totalidad de las acciones tendentes al desahogo de la prueba pericial en cita, indebidamente incurrió en omisiones y dilaciones que hacen nugatorio el derecho a la justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 Constitucional. Lo mismo debe concluirse en relación a la omisión atribuida a la Junta responsable, respecto a pronunciarse en relación a la solicitud de restablecimiento de los servicios médicos respectivos a su favor. Ello, cuenta habida que en el escrito de demanda, presentado el uno de julio de dos mil veinte, en el capítulo c) de prestaciones, se solicitó el restablecimiento de los servicios médicos de que gozaba el quejoso. Mientras que en audiencia de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, nuevamente se solicitó el restablecimiento de esos servicios médicos, con la finalidad de salvaguardar la vida del quejoso. Sin embargo, hasta esta data, la Junta responsable no ha emitido pronunciamiento alguno en ese sentido; lo que evidencia la omisión en que dicha responsable incurrió, en franca violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Luego, al existir la violación al derecho a la pronta impartición de justicia, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal, pero este debe tener una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, antes, la sentencia debe restituir el derecho violado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete, y que es del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora bien, a fin de resarcir a la parte quejosa de las violaciones advertidas, los efectos de la protección constitucional, deben ser los siguientes: a) Que la Junta responsable realice, de manera inmediata, todas y cada una de las gestiones pertinentes al desahogo de la pericial médica ofertada en el controvertido de origen, entre las que se encuentran, de modo enunciativo más no limitativo, el girar el exhorto respectivo, de manera oportuna, mediante los servicios de mensajería acelerada con que cuente, evidenciando la remisión relativa y, en su caso, el libramiento de los oficios recordatorios, de modo permanente, hasta en tanto dicha pericial tenga verificativo; y, b) Pronunciarse, de modo inmediato, con plenitud de jurisdicción, en relación a la solicitud elevada por la parte quejosa, relativa al restablecimiento del servicio médico correspondiente a su favor. En tanto que el fedatario deberá realizar, de manera inmediata, la notificación de todas y cada de las determinaciones emitidas por la Junta responsable, tendentes al desahogo de la pericial de marras y al proveído que se emita respeto a la solicitud de restablecimiento de los servicios médicos instada por la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Alejandro Puerto Berzunza, contra el acto que reclama de la Junta Especial número veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y del Actuario de su adscripción; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y para los efectos precisados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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