Jorge Alejandro Parlange Lara

Expediente 891/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
891/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Parlange Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con nueve minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 891/2023-VIII, promovido por Jorge ********************por conducto de su asesora jurídica ********************, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informes justificados rendidos por el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, mismos que obran agregados en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes de ley de las citadas autoridades para ser tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación ******************** y del ********************. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que la parte quejosa no los hizo valer y la Agente del Ministerio Público adscrita no presentó pedimento; por lo que, la Jueza acuerda: por perdido el derecho de la parte quejosa para presentar alegatos y de la representante social para pedimento. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 891/2023-VIII promovido por Jorge ********************por conducto de su asesora jurídica ********************, contra los actos que reclaman del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otra; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el dos de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Jorge ********************por conducto de su asesora jurídica ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de seis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto de una autoridad jurisdiccional que tiene ejecución en esta demarcación donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De una revisión integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se desprende que la parte quejosa reclama -El auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, dentro del expedientillo 181/2023, en el que declaró sin materia la solicitud de la parte quejosa presentada por escrito de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, de realizar el control judicial respecto a la carpeta de investigación U********************, pues adujo la omisión del Fiscal Investigador de la Unidad Periférica Tres, de tomar las medidas pertinentes para evitar se pierdan o destruyan datos de prueba para preservar la investigación, pues señaló que en los registros habían datos que hacían presumir que el investigado o investigados pretendían deshacerse del inmueble donde sucedieron los hechos, ya que obraba una fotografía impresa de la intención de venta; y sus consecuencias. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados, pues así los aceptaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada de la carpeta de investigación ******************** y del expedientillo 181/2023, que remitieron en apoyo a su informe, las cuales, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se tratan de documentales públicas, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo; por tanto, se tiene por existentes los acto que se atribuyen a las responsables, sirviendo de apoyo la jurisprudencia 305 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. . En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. QUINTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Previo a examinar los conceptos de violación, resulta necesario describir los antecedentes del acto reclamado, que se aprecian de las copias certificadas de la carpeta de investigación ******************** y del expedientillo 181/2023, remitidos por las autoridades responsables y exhibidas por la parte quejosa y de las que se aprecia lo siguiente: 1) Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, dirigido al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, el aquí quejoso, nombró como asesora jurídica a ********************, por lo que solicitó fijar fecha y hora para que tome el cargo; además, pidió que se realicen actos de investigación a fin de que se ejerza acción penal contra el investigado, pues señaló que había registros de la probable comisión de delitos e indicios de que se quisiera sustraer de la justicia, y manifestó que se deberá solicitar audiencia de control para salvaguardar los derechos de las partes e imputar a quien resulte responsable. 2) El veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el coordinador de causa del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, dio cuenta al Juez de Control en Turno, de que el veinticuatro de abril de ese año, se recibió un escrito vía correo electrónico, signado por ********************, quien se ostentó asesora jurídica de Jorge ********************en el que se solicitó intervención judicial en la carpeta de investigación ******************** (sic), ante la omisión de dictar medidas para que se deshagan del bien inmueble donde sucedieron los hechos y dar respuesta a su escrito presentado el tres de abril de ese año. 3) Mediante auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ordenó formar el expedientillo 181/2023, asumió competencia y a fin de emitir un pronunciamiento, requirió al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, para que dentro del plazo de cinco días, le informara: a) si ante esa unidad se tramitaba la carpeta de investigación UNATD ********************; b) la fecha y lugar de ejecución de los hechos que la originaron; c) el nombre de los intervinientes y sus datos; d) si ha emitido pronunciamiento alguno en respuesta al escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés del a aquí quejoso; y e) si la victima ha solicitado actos tendentes a evitar que se deshagan de algún inmueble relacionado con la carpeta de investigación. 4) El diez de mayo de dos mil veintitrés, la Fiscal Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, respondió el requerimiento, conforme a los puntos respectivos y señaló: a) que la carpeta de investigación ******************** sí cursaba en esa unidad; b) inició en fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, la ejecución de los hechos fue en julio de dos mil veintidós, en esta ciudad; siendo la posible clasificación jurídica, -sin ánimo de prejuzgar- abuso de confianza equiparado, que se encuentra definido y sancionado con pena corporal en los artículos 320 y 318 del Código Penal del Estado de Yucatán; c) la víctima es ******************** y entre sus asesores jurídicos ********************; el investigado Gerardo Eugenio Morales Hernández, así como proporcionó el nombre de su defensor y además informó los domicilios de las partes; d) que en los registro de investigación obraba un acuerdo de nueve de mayo del propio año, en el cual se dio contestación al memorial presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, por Jorge ********************y le remitió el acuerdo respectivo; e) señaló que hasta ese momento no se había realizado solicitud al respecto. 5) El quince de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, tuvo por recibida la información del fiscal y en relación con el control judicial solicitado por ******************** en su carácter de asesora jurídica de Jorge ********************señaló que el asunto carecía de materia, toda vez que la omisión que adujo cometió el Ministerio Público había sido subsanada, puesto que ya se había acordado el escrito de tres de abril del presente año, ello con independencia de que lo acordado por la fiscalía no fuera acorde a las pretensiones de la víctima, pues el órgano investigador detalló de forma clara el motivo por el cual no estaba en aptitud de ejercer la acción penal, ni fijar fecha y hora para nombrar a la promovente como asesora jurídica, toda vez que el diecinueve de abril del propio año, aceptó el cargo. Por lo cual declaró concluido el control judicial, y ordenó el cierre y archivo del expedientillo. Finalmente, dejó a salvo los derechos de la parte promovente para impugnar alguna diversa omisión o determinación del Ministerio Público. Dicha determinación constituye el acto reclamado. En los conceptos de violación la parte quejosa señala que se violan los derechos de la víctima reconocidos en los artículos 1, 8, 14 y 16 Constitucionales, toda vez que el acuerdo emitido y el cierre de su intervención sin escuchar a las partes, lo deja en inseguridad jurídica en virtud de que sin fundamento lo realizó, basándose únicamente en la respuesta de la representación social. Señala que en la actuación del fiscal, se niega a realizar las facultades que tiene y consagra la Carta Magna. Además, expresa que se violan las garantías de igualdad, seguridad jurídica y legalidad, en virtud de que sin fundamento y motivación, las autoridades no acceden a tomar las medidas cautelares a fin de que no se pierdan, destruyan objetos del delito e indicios. Son infundados los conceptos de violación. En principio, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que en los actos jurisdiccionales, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. Así, la falta de fundamentación por omisión de cita de los preceptos legales aplicables no genera fatalmente las mismas consecuencias de las personas, en cuanto toca a la incertidumbre que determina su indefensión, puesto que regularmente se encuentra y puede consultar la precisa legislación que rige los actos de que se trate, y si las razones que expone la autoridad son claras, se pueden establecer las disposiciones que se aplicaron y combatir el acto jurisdiccional adecuadamente, así como precisar el medio de defensa o recurso que fija la ley procesal para alzarse contra la resolución o proveído en cuestión. Se citan al caso, la tesis P. CXVI/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 191358 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS."La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Registro digital: 2018204, Décima Época "RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN SI CUMPLEN CON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Dentro de los diversos derechos y garantías consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca la garantía de legalidad, prevista en su artículo 16, la cual consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el cumplimiento de aquélla se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues éstas la observan sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de ellas se advierte con claridad el artículo en que se basa la decisión. Como complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las resoluciones jurisdiccionales presuponen un conflicto o litis entre las partes, en el cual el demandante establece sus pretensiones, apoyándose en determinados hechos o circunstancias y razones de derecho, y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, lo que obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, analizando todos y cada uno de los argumentos aducidos por las partes, de forma que se condene o absuelva al demandado. Para llegar a esta conclusión, el juzgador debe motivar su determinación expresando las razones normativas que informen de lo decidido -ratio decidendi-, es decir, el razonamiento o principio normativo aplicable al caso que da respuesta a la quaestio iuris, en el entendido de que el razonamiento jurídico-práctico, pretende dar respuestas a preguntas o problemas acerca de lo que, en un caso determinado es debido hacer u omitir, con base en lo que dispone el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones no únicamente implica expresar argumentos explicativos del porqué se llegó a una decisión concreta, sino también demostrar que esa decisión no es arbitraria, al incorporar en ella el marco normativo aplicable, los problemas jurídicos planteados, la exposición concreta de los hechos jurídicamente relevantes, probados y las circunstancias particulares consideradas para resolver. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables." En el caso, cabe recordar que el acto reclamado tiene su origen en la solicitud de la parte quejosa hecha a través de su asesora jurídica presentada por escrito de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, en la que pidió realizar el control judicial respecto a la carpeta de investigación ********************, pues adujo la omisión del Fiscal Investigador de la Unidad Periférica Tres, de tomar las medidas pertinentes para evitar que se pierdan o destruyan datos de prueba para preservar la investigación, y señaló que en los registros habían datos que hacían presumir que el investigado o investigados pretendían deshacerse del inmueble donde sucedieron los hechos, ya que obraba una fotografía impresa de la intención de venta. Una vez recibida la solicitud, el juez responsable consideró dar trámite a la misma, para ello en auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, señaló que el numeral 105, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocía a la peticionaria como sujeto procesal y que el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitucional y el 109, fracción XXI, del citado código, disponen que la víctima u ofendido podrá impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que comenta el Ministerio Púbico en el desempeño de sus funciones de investigación, por lo cual estimó procedente atender la petición y verificar que el órgano respectivo estaba cumpliendo con sus obligaciones establecidas en los citados ordenamientos. Así, para resolver lo conducente, requirió al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, diversa información, quien dio respuesta al requerimiento y esencialmente señaló que el nueve de mayo de dos mil veintitrés, se dio contestación al memorial presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, por la víctima, aquí quejoso, para lo cual remitió el acuerdo respectivo; y además, comunicó que hasta ese momento la víctima no había solicitado actos tendentes a evitar que se deshicieran de algún inmueble relacionado con la carpeta de investigación. Con motivo de dicha respuesta la autoridad responsable emitió el auto de quince de mayo del presente año en el que señaló que el asunto carecía de materia, toda vez que la omisión que la asesora jurídica de la víctima, atribuyó al Ministerio Público Investigador, había sido subsanada, puesto que ya se había acordado el escrito de tres de abril del presente año, y el órgano investigador detalló de forma clara el motivo por el cual no estaba en aptitud de ejercer la acción penal, ni fijar fecha y hora para nombrar a la promovente como asesora jurídica. De lo anterior y de la lectura del acuerdo reclamado, puede señalarse que si bien la autoridad no citó el fundamento legal, lo cierto es que previo a ello, cuando dio trámite a la solicitud de veinticuatro de abril del presente año, ya había establecido el marco jurídico que rige en esos casos, es decir, cuando se aducen omisiones en la investigación, y también citó lo relativo a la facultades de la asesora jurídica que la legitiman a actuar en el procedimiento y al respecto citó los numerales 105, fracción II, y 109, fracción XXI, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. En ese tenor, ese marco jurídico que citó rige en lo relacionado con la petición de control judicial hecha el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, puesto que tal como lo señaló el juez responsable en auto de veintisiete de abril del presente año, dichos numerales otorgan el derecho a la víctima de impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, por lo cual aun cuando no se haya citado en el acto reclamado, ello es irrelevante, puesto que los razonamientos de la propia resolución reclamada en la que se estimó sin materia la petición de la parte quejosa, conducen a las normas que rige el caso, es decir, los numerales 105, fracción II y 109, fracción XXI, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución, puesto que son los que prevén el derecho de la víctima de pedir control judicial ante la omisión del ministerio público y al considerarse subsanada la omisión, llevó a que se declarara sin materia Por lo cual, la omisión de citar el precepto legal en el acto reclamado no es violatorio de los derechos de seguridad jurídica y legalidad de la parte quejosa, puesto que si el proveído reclamado precisamente se relaciona con la misma solicitud de control judicial, ello implica que se sigue rigiendo por los numerales 105, fracción II, y 109, fracción XXI, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. Además, el acto reclamado no carece de motivación, puesto que la autoridad responsable expresó claramente las razones por la cuales declaró sin materia la solicitud de control judicial referida, pues al respecto señaló que la omisión que se adujo cometió el Ministerio Público había sido subsanada, puesto que ya se había acordado el escrito de tres de abril del presente año, ello con independencia de que lo acordado por la fiscalía no fuera acorde a las pretensiones de la víctima, pero lo cierto era que el órgano investigador detalló de forma clara el motivo por el cual no estaba en aptitud de ejercer la acción penal, ni fijar fecha y hora para nombrar a la promovente como asesora jurídica, toda vez que el diecinueve de abril del propio año, aceptó el cargo. En efecto, el acto reclamado no transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que como se vio, aunque no se citó el fundamento legal, sí se estableció el marco jurídico al momento de recibirse la solicitud de control judicial y además, claramente se establecieron las razones y motivos por los cuales, se declaró sin materia la solicitud de control judicial hecha por la asesora jurídica de la víctima, aquí quejoso. Por otro lado, se aprecia que la parte quejosa alega violación a diversas garantías constitucionales, como son, entre ella, las de legalidad y seguridad jurídica, -que como se vio no se transgredieron-, así como cita la violación al numeral 8 Constitucional que reconoce el derecho de petición. Al respecto al analizar el acto reclamado, se aprecia que la autoridad también dio contestación por escrito de forma congruente a la petición de veinticuatro de abril del presente año, y le notificó dicho acto, por lo que no se viola el aludido numeral. Es así, pues cabe recordar que la solicitud de la parte quejosa presentada por escrito de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, consistió en pedir se fije fecha y hora para audiencia de control a fin de que se expusiera cuál era la razón por la cual el Ministerio Público se ha abstenido de dictar medidas a fin de evitar que se pierdan o destruyan datos de prueba para preservar la investigación en la carpeta ********************, y expresó que en los registros habían datos que hacían presumir que el investigado o investigados pretendían deshacerse del inmueble donde sucedieron los hechos, ya que obraba una fotografía impresa de la intención de venta. Además, que a la Unidad de Investigación de Cordemex, se le hizo la apreciación de salvaguardar el derecho de la víctima y que agregaba copia simple del memorial respectivo. Respecto a esto último se aprecia que se acompañó el memorial presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, ante al Fiscal Investigador de la Unidad Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán. En dicho memorial presentado al fiscal, la víctima, aquí quejoso, nombró como asesora jurídica a ********************, por lo que solicitó fijar fecha y hora para que tome el cargo; además, pidió que se realicen actos de investigación a fin de que se ejerciera acción penal contra el investigado, pues señaló que había registros de la probable comisión de delitos e indicios de que se quisiera sustraer de la justicia, y manifestó que se deberá solicitar audiencia de control para salvaguardar los derechos de las partes e imputar a quien resulte responsable. De las constancias de autos, se aprecia que el nueve de mayo del presente año, el Fiscal Investigador emitió un acuerdo en el que en atención al escrito presentado el tres de abril del propio año, esencialmente señaló que si bien estaba desahogando diligencias útiles, faltaban diversos actos de investigación para determinar si se ha cometido un hecho que la ley señale como delito para proceder conforme a derecho, por lo cual determinó que no era posible ejercer acción penal en ese momento. Luego, el fiscal en respuesta al requerimiento del Juez responsable, hizo del conocimiento lo anterior, es decir, la informó que el nueve de mayo de dos mil veintitrés, se dio contestación al memorial presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, por la víctima, aquí quejoso, para lo cual le remitió el acuerdo respectivo; y además, señaló que hasta ese momento la víctima no había solicitado actos tendentes a evitar que se deshicieran de algún inmueble relacionado con la carpeta de investigación Ahora, se afirma que la actuación del juez responsable al emitir el auto reclamado no es violatoria del numeral 8 Constitucional en perjuicio del quejoso, pues atendió en forma congruente la petición de veinticuatro de abril del año en curso, toda vez que si la asesora jurídica de la víctima, aquí quejosa, le pidió fijar fecha y hora para la audiencia de control a fin de que se expusiera cuál era la razón por la cual el Ministerio Público se ha abstenido de dictar medidas a fin de evitar que se pierdan o destruyan datos de prueba para preservar la investigación en la carpeta ********************, y que pretendían deshacerse del inmueble donde sucedieron los hechos y agregó copia simple del memorial respectivo presentado el tres de abril de dos mil veintitrés. Y si en respuesta a ello, el fiscal le comunicó que ese memorial ya había sido respondido por determinación de nueve de mayo del presente año y además le informó que la víctima no había solicitado actos tendentes a evitar que se deshicieran de algún inmueble relacionado con la carpeta de investigación; entonces es congruente que el Juez responsable haya declarado sin materia la solicitud de control realizada, puesto que de la información otorgada por el fiscal, se aprecia que las dos circunstancias (omisiones) en las que la asesora jurídica del víctima basó su petición de control judicial, ya no tenían objeto, debido a que por una parte se dio respuesta al escrito de tres de abril del propio año, que la propia asesora acompañó a su escrito presentado ante el Juez y además, se informó que la víctima no había solicitado actos tendentes a evitar que se deshicieran de algún inmueble relacionado con la carpeta de investigación. En esas circunstancias, ya no había lugar a un control judicial, dado que las omisiones aducidas no existían conforme a las circunstancias aludidas, sin que en modo alguno la parte quejosa controvierta ello, es decir, el acuerdo de nueve de mayo del presente año que el fiscal emitió a su escrito de tres de abril deño año en curso, ni tampoco la información que le dio al Juez responsable en donde le comunicó que la víctima no había solicitado actos tendentes a evitar que se deshicieran de algún inmueble relacionado con la carpeta de investigación. Además, el juez responsable al emitir el acto reclamado, dejó a salvo los derechos de la víctima, aquí quejoso, para impugnar alguna diversa omisión o determinación del Ministerio Público; lo que implica que en caso de hacer una diversa solicitar a dicha representación social sobre medidas tendentes a evitar que se deshagan del inmueble relacionado con la carpeta de investigación y el fiscal lo omita, podrá solicitar un nuevo control judicial; sin embargo la petición de veinticuatro de abril del presente año, ya fue atendida de forma congruente por el juez responsable por los motivos expuestos. Por otro lado, en una parte de la demanda, la quejosa alega que el juez responsable cerró el expedientillo sin datos mayores datos, sin dar oportunidad de explicar y exponer por qué se violan sus derechos; y agregó que no omitía manifestar que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, volvió a pedir al Ministerio Público haga lo pertinente a fin de salvaguardar los indicios y el lugar de los hechos, con las medidas necesarias. Tal motivo de inconformidad es infundado, puesto que tal como se dijo en líneas anteriores, la determinación reclamada fue congruente con la solicitud de veinticuatro de abril del año en curso, de la asesora jurídica, pues ya no había lugar a un control judicial, dado que las omisiones aducidas en el propio escrito, ya no existían debido a que una fue atendida por el fiscal a través del acuerdo de nueve de mayo del presente año, en el que esencialmente señaló si bien estaba desahogando diligencias útiles, faltaban diversos actos de investigación para determinar si se ha cometido un hecho que la ley señale como delito para proceder conforme a derecho, por lo cual determinó que no era posible ejercer acción penal. En ese tenor, el estado procesal que tenía la carpeta de investigación de origen, impedía señalar una fecha y hora para escuchar a las partes y realizar un control judicial, pues lo que regía al momento de emitir el acto reclamado, era precisamente el acuerdo de nueve de mayo del presente año, el cual no podía ser analizado por el juez de control, porque la solicitud de veinticuatro de abril del propio año, versaba sobre una omisión y no la referida determinación, siendo que precisamente, el expedientillo que abrió el juez de control tiene como finalidad conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitucional y el 109, fracción XXI, del citado código, analizar las omisiones o negligencia que comenta el Ministerio Púbico en el desempeño de sus funciones de investigación, pero sí ya hay una determinación de éste, entonces eso ya no puede ser materia de eso control que se solicitó inicialmente por una omisión. Tampoco le era factible al juez responsable analizar si el fiscal dio respuesta a la diversa petición de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que la asesora jurídica pidió realizar actos de investigación, entre ellos citar a una testigo, porque ese escrito se presentó ante el fiscal después de que se emitió el acto reclamado, por lo cual tampoco podía ser materia del control judicial que se pidió el veinticuatro de abril del presente año. Finalmente, no es factible el análisis de las actuaciones del fiscal investigador, pues a pesar de ser señalado con el carácter de autoridad responsable, no se combaten por vicios propios ya que no se vierten conceptos de violación al respecto, pues únicamente se enderezan contra la actuación del juez responsable. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer y dado que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia alguna que debiera suplirse oficiosamente de conformidad con la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de la materia, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa contra el acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a Jorge ********************por conducto de su asesora jurídica ********************, contra los actos que reclamó del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, así como las constancias remitidas y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, toda vez que en auto admisorio se reservó proveer sobre la persona que pudiera tener el carácter de tercero interesado, en el caso, de las constancias remitidas y de las que obran en autos, no se estima que le recaiga el carácter de tercero interesado a Gerardo Eugenio Morales Hernández, pues si bien tiene carácter de investigado en la carpeta de origen UNATD33-GC/2703/2022, no se aprecia que haya tenido intervención, es decir, que se le haya citado o girado alguna orden o se le haya hecho imputación, por lo que y en tales condiciones, no se aprecia que se encuentra en alguno de los casos a que se refiere el numeral 5, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido electrónicamente por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres del Ministerio Público del Fuero Común, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, así como las constancias remitidas y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, en cumplimiento a lo requerido en proveído de seis de junio del año en curso, remite constancias digitalizadas que acreditan a Daniela ********************, como asesora jurídica del quejoso Jorge Alejandro Parlange Lara, por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce su personalidad a la citada ******************** como asesora jurídica del quejoso para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano