Jorge Alberto Sanchez Gonzalez

Expediente 170/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
170/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
28/12/2017

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Sanchez Gonzalez
  • Juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente de San Andrés Cholula, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del dieciséis de noviembre al siete de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele los anexos I al VII, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (fojas 198 a 225), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "DÉCIMO. Para el efecto de que la autoridad responsable 8. Jueza Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que le sea requerido el cumplimiento de esta sentencia, realice lo siguiente: * Deje insubsistente la orden de aprehensión de once de noviembre de dos mil dieciséis, en la causa penal 472/2016, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso JORGE ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Indicará de manera pormenorizada cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito de peculado, para luego justipreciar el caudal probatorio y precisar qué valor le merecen en lo particular en términos de la legislación procesal penal, y con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos del delito en mención; ya que no citó prueba alguna que acredite cómo es que el quejoso recibió "en administración" el dinero perteneciente al Estado (fondos públicos), y tampoco señaló ni justificó con cuál medio de convicción se acredita que el quejoso hubiese girado órdenes o instrucciones para disponer del dinero perteneciente al Estado (fondos públicos), con un fin distinto al cual estaba asignado, y que hubiese realizado la distracción de esos fondos para usos ajenos; b) Analizará la totalidad de los elementos que integran el cuerpo del delito de peculado, esto es, explicar porqué consideró que el dinero se distrajo para "usos ajenos", y con qué pruebas acredita tal supuesto, pues la hipótesis legal también contempla la posibilidad de que el dinero pueda emplearse para "usos propios"; y deberá motivar porqué estimó que el indiciado pudo haber recibido el dinero perteneciente al Estado "en administración" y no "en depósito o por otra causa"; c) Explicará de manera fundada y motivada por qué tomó en consideración la cantidad de $39'275,215.00 (treinta y nueve millones doscientos setenta y cinco mil doscientos quince pesos, cero centavos, moneda nacional), y no la que citó la perito Marcela Ramírez Carrea en su dictamen CON-511/2016; y tomará en consideración la ampliación que la citada contadora realizó a su dictamen en materia contable, que se identifica con el número CON-531/2016, y otorgarle el valor probatorio que le corresponde; d) Establecerá cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), y ubicarlo en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y, (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Resolución contra la cual el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, interpuso recurso de revisión (foja 237); del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en el toca R-172/2017 resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión (fojas 303 a 343). Atento lo anterior, en auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 344 a 346), se solicitó su cumplimiento al juez responsable. Ahora bien, mediante oficio 5643 de veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 360 a 391), el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 472/2016, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la orden de aprehensión reclamada de once de noviembre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, negó la orden de aprehensión solicitada contra el quejoso Jorge Alberto Sánchez Solís, por el delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con el diverso 13, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del Gobierno del Estado de Puebla. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de diecisiete de octubre pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando que dejó sin efectos el cumplimiento de la orden de aprehensión de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso penal 472/2016, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese a los autos la copia para para conocimiento del oficio MJ/5079/2017 signado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por medio del cual ordena al Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, deje sin efectos la citada orden de aprehensión.

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