Jorge Alberto Gonzalez Ugalde
Expediente 896/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Alberto Gonzalez Ugalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla a treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos este juzgador advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo cual, como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En ese aspecto, el ordinal y fracción en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Justamente, el precepto reproducido, prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En concordancia con lo expuesto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el presente juicio de amparo el quejoso Jorge Alberto González Ugalde, solicitó la protección de la Justicia de la Unión en contra de la omisión de la 1. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales en la ciudad de Puebla, de acordar su escrito presentado el cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 10 a 14 y 34 a 38). Documento en el que el aquí quejoso -en lo que interesa- expuso: ". vengo a que se me haga efectivo el descuento de la prisión preventiva que guardé dentro de los procesos instruidos en mi contra con el objeto de que se esté en la posibilidad de hacer el cómputo correcto sobre las penas impuestas y tenga la certeza jurídica de cuándo compurgo las mismas en su totalidad. Así mismo le solicito a usted ciudadana Jueza de Ejecución me indique la cantidad que debo pagar por concepto de reparación del daño, para acogerme al beneficio estipulado por el artículo 540 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla y así me reduzca un veinte por ciento de la pena impuesta." Al respecto, de las constancias que remitió la Jueza responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas que integran la carpeta de ejecución 538/2014/JES/E de su índice, se aprecia que el quince de octubre de dos mil dieciocho, dicha juzgadora proveyó sobre el escrito de referencia en los siguientes términos: "(.) IV.- De los autos que integran la presente carpeta de ejecución, así como del contenido del oficio 001914 del Director de Sanciones en el Estado, se desprende que con fecha 09 nueve de abril de 2015 dos mil quince, el sentenciado JORGE ALBERTO GONZÁLEZ UGALDE, compurgó la pena privativa de libertad que le fue impuesta por el Juez Octavo Penal de esta capital, dentro del proceso 430/2008, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO, que dio origen a la tramitación de la carpeta 133/2011/JES/E de este Tribunal, encontrándose pendiente de cumplir únicamente la pena privativa de libertad de 06 SEIS AÑOS 08 OCHO MESES que, le fue impuesta por el Juez Séptimo Penal de esta capital, dentro de la causa penal 457/2008, por el delito de ROBO CALIFICADO que dio origen a la tramitación de la presente carpeta de ejecución 538/2014/JES/E, la cual, previo descuento del tiempo que guardó prisión preventiva (2176 días a decir de los Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado) se advierte que a la presente fecha se encuentra compurgada ; en consecuencia, gírese oficio al Director del Centro de Reinserción Social en el Estado, a fin de que se sirva ordenar a quien corresponda, deje en INMEDIATA LIBERTAD al sentenciado JORGE ALBERTO GONZÁLEZ UGALDE, única y exclusivamente por cuanto hace a la pena privativa de libertad de 06 SEIS AÑOS 08 OCHO MESES que, le fue impuesta por el Juez Séptimo Penal de esta capital, dentro de la causa penal 457/2008, por el delito de ROBO CALIFICADO, debiendo comunicar a esta autoridad las medidas adoptadas para tal efecto. V. Con independencia de que con esta fecha se da por compurgada la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado JORGE ALBERTO GONZÁLEZ UGALDE, se le requiere para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES exhiba ante esta Autoridad ejecutora las siguientes cantidades: -$27,967.50 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), por concepto de MULTA, la cual es equivalente a 565 días de salario mínimo vigente al momento de cometerse el delito (2008= $49.50), haciéndole saber al referido sentenciado que dicha exhibición podrá hacerla en una sola emisión, o en su defecto realizar alguna propuesta de pago, para efecto de ser valorado por esta autoridad judicial; bajo el apercibimiento que en caso de ser omiso se iniciará en su contra el correspondiente procedimiento económico coactivo. -$247.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL, a que fue condenado de manera solidaria con su coinculpado, a favor de HÉCTOR ÁVILES HERNÁNDEZ, la cual es equivalente a 5 días de salario mínimo vigente al momento de cometerse el delito (2008=$49.50). VI. Atendiendo a la sentencia pronunciada en contra de JORGE ALBERTO GONZÁLEZ UGALDE, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese a la autoridad electoral correspondiente del Estado, que deberá rehabilitar en sus derechos políticos al sentenciado, toda vez que - que ha compurgado la pena de prisión que le fue impuesta por el Juez Séptimo Penal de esta capital, dentro de la causa penal 457/2008, por el delito de ROBO CALIFICADO, tomando en consideración que dicha suspensión de derechos políticos es accesoria de la pena de prisión impuesta, acorde al criterio vinculatorio de jurisprudencia, Novena Época, Instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: P./J. 86/2010, Página: 23 con el rubro: "SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. CONTINÚA SURTIENDO EFECTOS AUNQUE EL SENTENCIADO ACOJA AL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. (.) VIII. Por cuanto hace al escrito de JORGE ALBERTO GONZÁLEZ UGALDE, mediante el cual solicita que se le haga el descuento de la prisión preventiva dentro de los procesos que le fueron instruidos, asimismo, se le indique la cantidad que deberá exhibir por concepto de reparación del daño, dígasele que deberá estarse a lo resuelto en el presente auto. (.)" (foja 32 a 33). Acuerdo que se notificó al quejoso el quince de octubre de dos mil dieciocho (foja 41). De lo anterior, se colige que mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio respuesta a lo solicitado por el quejoso mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 34 a 38), pues en definitiva resolvió que la pena de prisión a que se le condenó en definitiva en el proceso penal 457/2008, del índice del Juzgado Séptimo Penal de Puebla se encontraba compurgada y ordenó su inmediata libertad. Y, en cuanto a la diversa petición del sentenciado -hoy quejoso- en el sentido de que se le indicara el monto que debía pagar como reparación del daño, para estar en aptitud de acceder al beneficio establecido en el arábigo 540 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla ; la Jueza responsable, tomando en cuenta que tuvo por compurgada la sanción corporal de referencia, únicamente le requirió para que en el término de quince días hábiles exhibiera las cantidades a cuyo pago fue condenado por conceptos de multa y reparación del daño (las cuales indicó con toda precisión); apercibiéndole que de no hacerlo se iniciaría el procedimiento económico coactivo en su contra. De tal suerte que la omisión reclamada dejó de existir, destruyéndose sus efectos en forma total e incondicional, como si la mencionada omisión no hubiera vulnerado la esfera jurídica del quejoso y sin haber dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es inconcuso que -como se adelantó- se actualiza en el particular la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional. Por ende, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, como en acuerdo de veinticuatro de los corrientes (foja 46), quedó establecido que el quejoso Jorge Alberto González Ugalde, ya no se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Puebla, pues quedó en libertad desde el quince pasado; y, como en la demanda de garantías que dio origen al presente juicio de amparo, no aparece señalado domicilio alguno donde pueda ser notificado el quejoso de mérito, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese al quejoso, el presente proveído, así como los subsecuentes aun los que deban ser notificados de forma personal, por medio de lista de acuerdos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada la actuaria de este Juzgado de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de diecinueve de octubre de esta anualidad, pues refiere que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social de Puebla, fue informada por el personal del área de control de dicho centro penitenciario que el quejoso Jorge Alberto González Ugalde, quedó en libertad desde el quince de octubre de esta anualidad, circunstancia que fue corroborada por la funcionaria judicial por personal del departamento jurídico de dicha institución carcelaria. En consecuencia, como de la demanda de garantías que dio origen al presente juicio de amparo, no aparece domicilio alguno donde pueda ser notificado el quejoso de mérito, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese al quejoso, el presente proveído, así como el diverso de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por medio de lista de acuerdos. El proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el la autoridad responsable 1. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales, con sede en Puebla, Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, dese vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración que fueron señaladas las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre próximo (foja 15 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto y, que es evidente que los ocho días que deben mediar entre la vista del informe de cuenta y dicha fecha no ocurrirá; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el juicio en que se actúa y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. ".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el la autoridad responsable 1. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales, con sede en Puebla, Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, dese vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración que fueron señaladas las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre próximo (foja 15 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto y, que es evidente que los ocho días que deben mediar entre la vista del informe de cuenta y dicha fecha no ocurrirá; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada en el juicio en que se actúa y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
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