Jorge Alberto Romero Solano

Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
227/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Romero Solano

Actuaciones

  1. Principal

    1. Firme desechamiento. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Recepción de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por ***contra actos del Representante de la Oficina de representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 227/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General. 5. Desechamiento. A efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos de los que se duele la parte quejosa consisten en: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: 1.- Los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que sufre el quejoso, desde el momento de su detención, hasta la fecha, por no estar sustentada dicha detención y/o alojamiento dentro de un procedimiento administrativo migratorio, que es el mecanismo mediante el cual, la autoridad responsable justificaría la existencia de un motivo para tener por legal la detención que sufren los mismos, en términos de lo que establece los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Migración en relación su diverso 68 que obligan a dicha responsable a hacer constar en actas la presentación de los extranjeros y que dicha detención no exceda del término de 36 horas, en irrestricto respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y un debido proceso. 2.- La prolongación injustificada de la privación de la libertad personal, aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso en la estación migratoria, detención de carácter administrativa, que es ordenada por una autoridad diferente al Ministerio Público, por lo que, no debe ser superior a 36 horas, aun y cuando dicha detención alojamiento y/o aseguramiento sea resultado de las facultades de control, revisión o verificación de la autoridad responsable. 3.- La posible orden de deportación, encubierta bajo diferentes denominaciones como lo son retorno asistido y/o retorno voluntario, pero con los mismos efectos, que son devolver al quejoso a su país de origen, violando su derecho a una debida defensa. Se reclama de la autoridad señalada como ejecutora: 4.- El acto de incomunicación que ejercen en contra del quejoso al no permitirle tener visitas de su representante legal, incomunicación que viola su derecho a una debida defensa y derecho de audiencia, ya que, no es suficiente que la autoridad responsable permita al quejoso realizar llamadas telefónicas una o dos veces a la semana, si no, debe de permitir las visitas en términos del artículo 228 del Reglamento de la Ley de Migración y entrevistas con sus representantes legales, en irrestricto respeto de su propia reglamentación. 5.- Los actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la tortura psicológica, que ejerce la autoridad responsable en contra del quejoso, al mantenerlo alojado sin contacto físico con sus familiares y manifestándole que si promueve algún tipo de medio de defensa se va a quedar detenido en ese lugar por un periodo prolongado, en donde recibe malos tratos que lo orillan a desistir de los medios de defensa promovidos a su favor. 6.- La exposición a la enfermedad COVID-19, así como al virus SRAS-CoV-2 por el hacinamiento que sufre actualmente la Estación Migratoria en que se encuentra el quejoso, al no garantizarles las autoridades responsables las medidas sanitarias adecuadas y/o necesarias para la prevención de su contagio. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo con la causal establecida en la fracción X, del artículo 61 de la ley de la materia, es improcedente el juicio de amparo contra actos que son materia de diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. En efecto, en su escrito de demanda de amparo la parte quejosa reclama en esencia como consecuencia del acto antes citado, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En ese sentido, en este Juzgado de Distrito se tramitó el juicio de amparo 218/2022, instado también por la aquí promovente Karla Yadira Badillo Vázquez, en representación de Jorge Alberto Romero Solano, contra las mismas autoridades responsables, a quienes les reclaman los mismos actos; asunto en el que mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que el quejoso directo Jorge Alberto Romero Solano, no la ratificó, pues ya tenía incluso promovido el diverso juicio de garantías 217/2022 en el que reclama los mismos actos reclamados, mismo que se encuentra actualmente en trámite, al haberse admitido en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós. El análisis comparativo de la información derivada del presente juicio de amparo 227/2022, frente a la que se advierte de los diversos 217/2022 y 218/2022, el primero se admitió en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós y el segundo en auto de la misma fecha, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que el quejoso directo Jorge Alberto Romero Solano, no la ratificó, se aprecia que fueron promovidos simultáneamente a favor del mismo, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, lo que es suficiente para acreditar la actualización de la causal de improcedencia de que se trata. Al evidenciarse de manera plena la existencia de la figura de la litispendencia en el juicio de amparo, en virtud de que las dos instancias constitucionales fueron planteadas por la misma promovente a favor del mismo quejoso directo, actualizándose la identidad de actos y autoridad, además de que los juicio de amparo relacionados -217/2022 y 218/2022- son más antiguos. Por lo que siendo los actos reclamados en el presente asunto, motivo de los diversos, anteriores a éste, no pueden ser materia de análisis en el juicio que ahora se plantea. Resultan aplicables al caso, la jurisprudencia 24/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis I.11o.C.31K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Cabe precisar que la actualización de la figura de la litispendencia en cuanto a los asuntos en comento, se corrobora con lo manifestado por la promovente en favor del quejoso aquí directos en su escrito que da origen al expediente en que se actúa, donde señala los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables. Aunado a que las actuaciones de los juicios de amparo 217/2022 y 218/2022 se invocan en este asunto como hecho notorio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2° de esta última, ya que se trata de expedientes del índice de este órgano jurisdiccional. Resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia P./J. 74/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis XIII.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 6. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Ángel de Jesús Corona Guerrero, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Edgar de Jesús López Esquivel, hasta en tanto acredite que cuenta con su cédula profesional registrada en dicho sistema. 7. Números telefónicos. Se tiene a la promovente proporcionando como números telefónicos los que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 8. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica con nombre de usuario "Jesus_Corona". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva; lo anterior, en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 8.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 9. Comisión al Actuario de la adscripción. No obstante lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a efecto de que notifique personalmente al quejoso directo Jorge Alberto Romero Solano el presente proveído. 10. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 12. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que se serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter de reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 13. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 14. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 15. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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