Jorge Alberto Ovalle Guerrero

Expediente 882/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
882/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
22/12/2015

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Ovalle Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el plazo de cinco días, previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente impugnara el auto ocho de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio, le transcurrió del once al diecisiete de diciembre del año en curso; con exclusión de los días doce y trece del mismo mes y año, por ser inhábiles; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental

  2. Principal

    I. Presentación de la demanda y asignación de expediente. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado en Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 882/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. II. Desechamiento. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia, básicamente se hace consistir en la omisión de integrar la averiguación previa 479/2014, del índice del Agente Investigador del Ministerio Público con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, y ejercitar la acción penal correspondiente. Ahora bien, el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *** Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. (. . .) En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. (. . .) Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. Así, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente precisar que por esta vía se tilda de inconstitucional lo siguiente: La omisión de integrar la averiguación previa penal número 479/2014, del índice del Agente Investigador del Ministerio Público con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, iniciada en contra Rafael Gerardo Perchez Álvarez, por la comisión del delito de fraude, desde el mes de julio de dos mil catorce. (. . .) En ese orden de ideas, es pertinente precisar que el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El numeral transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en los que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, es decir, implica que previo al ejercicio de la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado, para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El citado principio, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directa a la Carta Magna. Así, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se vislumbra el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo biistancial, pues de considerarse lo contario el amparo se convertiría en un recurso ordinario. (. . .) En ese contexto, como ya se dijo, de la lectura del escrito de demanda se desprende que el promovente del amparo, en esencia, reclama del Agente del Ministerio Público, con residencia en Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza, la omisión de integrar la averiguación previa penal número 479/2014, iniciada por el quejoso en contra de Rafael Gerardo Perchez Álvarez, por la comisión del delito de fraude. En efecto, de los antecedentes del acto reclamado que narra la parte quejosa, se desprende que el diecisiete de julio de dos mil catorce, presentó ante el Agente Investigador del Ministerio Público con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, la denuncia que originó la averiguación previa penal número 479/2014. El uno de agosto de dos mil catorce, ante el Agente Investigador del Ministerio Público con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, el indiciado Rafael Gerardo Perchez Álvarez, reconoció la existencia de los hechos que se le imputaron y celebró un convenio con el ahora quejoso con la finalidad de realizar la reparación del daño. Posteriormente, dado que el indiciado Rafael Gerardo Perchez Álvarez, incumplió con el convenio celebrado ante el Agente Investigador del Ministerio Público con sede en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, el ocho de diciembre de dos mil catorce, se desahogaron las testimoniales a cargo de Jorge Ovalle Gutiérrez y Ana Luisa Gutiérrez Delgado. Argumenta el quejoso que la averiguación previa de referencia permanece inactiva desde el ocho de diciembre de dos mil catorce, es decir, más de nueve meses sin que se haya ejercitado la acción penal correspondiente. Ahora bien, se estima que se actualiza la causa de improcedencia aludida, en razón de que la abstención mencionada, se le atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que debe ser revisada conforme a las leyes que rigen tal acto, por virtud del cual pueda ser modificado, lo que en el caso no ocurrió y ello implica que el actor constitucional, no respetó el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Para justificar este aserto, es dable transcribir el contenido de los artículos 272, 273, 274 y 275 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, que disponen: "CAPÍTULO II. DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN. ARTÍCULO 272.- SUPUESTOS DE PROCEDENCIA. Procederá el recurso de reclamación en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Cuando el Ministerio Público hubiere decretado el archivo provisional por reserva de la Averiguación Previa sin cumplir con los requisitos para ello. II. Cuando el Ministerio Público hubiere dejado de actuar en la indagatoria por un lapso mayor a tres meses, contados a partir de la última diligencia. ARTÍCULO 273.- LEGITIMADOS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. Están legitimados para la interposición del recurso de reclamación: el inculpado, su defensor, el ofendido, la víctima o los abogados de uno u otro. ARTÍCULO 274.- PLAZO. El recurso de reclamación podrá interponerse en cualquier momento, a partir de cuando se produzca la situación que lo motive; pero sólo si ésta subsiste o aún no queda sin materia. ARTÍCULO 275.- SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO. El recurso de reclamación deberá interponerse por escrito en el que se expresen las causas que lo motiven y la relación de las diligencias que, a juicio del promovente, sea procedente practicar. (REFORMADO, P.O. 12 DE MAYO DE 2009) Deberá interponerse ante el Delegado que corresponda o ante el Director General de Averiguaciones Previas cuando la indagatoria se integre por Agente del Ministerio Público que no se encuentre adscrito a Delegación, quien, previa revisión de la averiguación previa, resolverá lo procedente en un plazo no mayor a quince días contados a partir de la interposición del recurso. En la resolución que se emita deberá determinarse si procede el archivo provisional por reserva de la indagatoria, la emisión de vista de ejercicio o no ejercicio de acción penal o el desahogo de nuevas diligencias con señalamiento de las mismas; y se fijará plazo al Agente del Ministerio Público que conozca de la indagatoria para que cumpla con ello." Por su estrecha relación con los ordinales arriba invocados, es preciso dejar asentado lo dispuesto por el artículo 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza: "Artículo 228. Impugnación de la víctima u ofendido La víctima u ofendido podrán inconformarse ante el Procurador General de Justicia del Estado o el servidor público en quien se delegue esta función, en contra de las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre la aplicación de criterios de oportunidad, dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente a su notificación, mediante escrito en el que se planteen los argumentos por los cuáles consideran improcedente la determinación del ministerio público, o en su caso, las diligencias que a su consideración éste omitió realizar y con las cuales se pudiera haber determinado el ejercicio de la acción penal." De la intelección de los preceptos trascritos, puede claramente advertirse que la legislación en cita, prevé el recurso de reclamación, para los casos en que el Ministerio Público hubiere dejado de actuar en la indagatoria por un lapso mayor a tres meses, contado a partir de la última diligencia; que es parte legitimada para interponer tal recurso, el ofendido o la víctima y sus abogados, entre otros; el plazo para interponer el medio de impugnación lo es cualquier momento, a partir de que se produzca la situación que lo motivó, el cual se hará valer por escrito, expresando las causas que lo motiven, siendo competente para conocer y resolver el recurso el Delegado que corresponda o el Director General de Averiguaciones Previas cuando la indagatoria se integre por Agente del Ministerio Público que no se encuentre adscrito a Delegación, quien se encuentra obligado a resolver lo procedente en un plazo no mayor a quince días contados a partir de la interposición del recurso. Bajo esa óptica, se patentiza que, contra el acto aquí reclamado, procede un medio de defensa legal por virtud del que puede ser modificado, revocado o nulificado, esto es, el recurso de reclamación, lo que impone a la parte quejosa agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad, dado que tal recurso está contenido en una ley formal y material. Además, en la resolución que se emita en ese recurso deberá determinarse si procede el archivo provisional por reserva de la indagatoria, la emisión de vista de ejercicio o no ejercicio de acción penal o el desahogo de nuevas diligencias con señalamiento de las mismas; y se fijará plazo al Agente del Ministerio Público que conozca de la indagatoria para que cumpla con ello; lo cual tiene como efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad que se reclama. Debe decirse que en el caso concreto, del ocho de octubre de dos mil catorce, al mes de octubre del presente año, en que dice la parte quejosa ha estado inactivo el Ministerio Público, evidentemente ya transcurrieron más de tres meses, lo que pone de manifiesto la procedencia del recurso aludido. Aunado a que, la abstención reclamada, al tratarse de un acto negativo, no constituye un acto susceptible de suspenderse y menos aún, se reclama que carezca de fundamentación, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción contenido en el segundo párrafo de la fracción XX, del citano numeral 61 de la Ley de Amparo. (. . .) Cabe señalar, que la determinación aquí concebida, no puede considerarse como una violación a la tutela judicial sostenida en el derecho fundamental de acceso a la justicia, emanado de los artículos 17 Constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues dicha prerrogativa está condicionada a los plazos y términos legales, en los que pueden establecerse los presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. (. . .) Así las cosas, al no haberse respetado el principio de definitividad, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Ovalle Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. III. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Bernardino Delgadillo Alba. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. V. Protección de datos personales. Hágase de conocimiento del quejoso, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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