Jorge Alberto Peraza Ortíz

Expediente 2579/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2579/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Peraza Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relaciona en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las diez horas con cuarenta y siete minutos del diez de enero de dos mil veintitrés para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos incidentales el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que precluyó el derecho de las partes para impugnar el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó el recurso de queja interpuesto por Álvaro Germán Escalante Castillo, contra el auto de once de febrero de dos mil veintidós, y consecuentemente ordenó el archivo del toca en cuestión. Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el dos de junio de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el mismo día; y turnado el tres de junio siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Sara Luisa Castro Almeida a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General y Director del Diario Oficial, todos del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo. Mediante proveído de seis de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 1399/2022-I-A, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por una parte, se desechó parcialmente por los actos reclamados a la Secretaría General de Gobierno y Director del Diario Oficial del Gobierno, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al no combatir por vicios propios los actos reclamados consistentes en el refrendo y publicación del Decreto 496/2022. Por otra parte, se admitió a trámite únicamente respecto al acto reclamado al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán, se solicitó sus respectivos informes justificados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de la demanda. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de demanda de la parte quejosa, únicamente respecto a nuevos conceptos de violación; así mismo, se les requirió los informes justificados a las autoridades responsables y con copia simple del escrito ampliatorio se hizo lo anterior del conocimiento de las demás partes. Por lo anterior, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación; en razón de que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y tienen ejecución en esta localidad; donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda y su ampliación y, sin tomar en consideración los calificativos y los conceptos de violación, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y ésta, conjuntamente, con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, esencialmente, lo siguiente: La discusión, aprobación y expedición, orden de promulgación, refrendo y publicación del Decreto 496/2022, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, específicamente la reforma al párrafo tercero y la adición de un párrafo cuarto al artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como los artículos transitorios de dicho decreto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Yucatán (número de promoción 15030) y al Gobernador del Estado de Yucatán (número de promociones 15134 y 16136), toda vez que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Además que la certeza de dichas conductas de naturaleza legislativa en cuanto al proceso de creación y aprobación de publicación de la norma tildada de inconstitucional, no están sujetas a prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, y por aplicación de la jurisprudencial 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, por conducto del consejero jurídico, hacen valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues medularmente señala que las disposiciones impugnadas requieren un acto concreto de aplicación en perjuicio de la quejosa, sin que ésta hubiese acreditado encontrarse en el supuesto de las normas reclamadas. Para analizar la citada causa de improcedencia, es menester señalar que tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica de la quejosa, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De este modo, el Juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Es aplicable al caso, la tesis número 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro ocho, Julio de dos mil catorce, Tomo I, página ciento cuarenta y ocho, registro 2006963, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO". Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad; es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto concreto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. De manera ejemplificativa, se destaca cuando en el juicio de amparo contra leyes el quejoso demuestre a través del recibo de pago de salarios o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, quien actúa en cumplimiento a la norma tributaria reclamada, teniendo facultades para recaudar la contribución, lo que no significa que haya ejecutado la ley tributaria en forma coactiva como lo haría la autoridad fiscal, sino que funge como un tercero auxiliar de la autoridad hacendaria. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 198200, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Una vez precisado lo anterior, es necesario destacar que la parte quejosa reclama la reforma al párrafo tercero y la adición del párrafo cuarto del artículo 68, de la Constitución Política del Estado de Yucatán; siendo que, para acreditar su interés, la parte quejosa exhibió: Documental consistente en la copia certificada, de la parte conducente, del acta de la sesión extraordinaria de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, celebrada por el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán, donde se designa a la quejosa como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para un nuevo periodo comprendido del uno de agosto de dos mil dieciocho al treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Documental consistente en el original de la constancia emitida por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a nombre de Sara Luisa Castro Almeida, de la que se advierte que hasta el quince de febrero de dos mil veintidós, la quejosa había aportado setecientos cincuenta y seis quincenas, equivalente a treinta y un años, seis meses. Documental consistente en el original de la constancia emitida el uno de junio de dos mil veintidós, por el Director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, del que se advierten los sueldos y prestaciones devengados por Sara Luisa Castro Almeida, como Consejera adscrita a la oficina de la Comisión de Administración. Documental consistente en el original del talón de pago correspondiente a la última quincena de mayo de dos mil veintidós, en la que constan las percepciones y deducciones de Sara Luisa Castro Almeida, como Consejera adscrita a la oficina de la Comisión de Administración. Medios de convicción que valorados de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, resultan aptos para tener por acreditado el hecho de que la parte quejosa al detentar el cargo Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se encuentra en el supuesto de la reforma impugnada por los años de servicio prestados, que impugna con base en el artículo tachado de inconstitucional, lo que implica que la ubica en la norma que tilda de inconstitucional. De ahí que sea infundada la causa de improcedencia en estudio; pues contrario a lo que señala la autoridad responsable, deviene inconcuso que sí tiene interes jurídico para reclamar las normas que señala. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los preceptos tildados de inconstitucionales. Por una parte, son infundados y por otra inatendibles los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda y de ampliación de conceptos de violación; sin que en el caso sea procedente la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, al no actualizarse algún motivo que la haga procedente. En esencia, como conceptos de violación la parte quejosa aduce en su escrito de demanda que el Decreto 496/2022, por el que modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, específicamente la reforma al párrafo tercero y la adición de un párrafo cuarto al artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como los artículos transitorios de dicho decreto, resultan violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 107 y 123, párrafos primero, segundo y apartado B, fracciones IV, V, VI, XI, incisos a), b), c), d), e), f), Constitucionales, así como el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al no establecerse un mecanismo para que se le otorgue el haber de retiro como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por haberse actualizado el retiro forzoso de su encargo al tener más de treinta años al servicio del Estado. Así mismo, en su escrito de ampliación de demanda respecto a los conceptos de violación, considera que se transgreden en su perjuicio los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6, párrafos 1 y 2 y artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al no considerase en el Decreto 496/2022, el haber por retiro forzoso de la quejosa como Consejera en funciones de conformidad con el artículo 68 reformado y adicionado de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en el que únicamente establece la mecánica o proceso para el haber de retiro de las y los Magistrados en funciones. En principio, debe destacarse que por técnica jurídica el análisis de algunos de los argumentos antes sintetizados se realizará en forma conjunta dada su estrecha relación a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; tal como lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo. Como se adelantó, son infundados los sintetizados motivos de inconformidad que alega la impetrante del amparo. Para explicar lo anterior, es necesario citar el artículo 68 y los artículos sexto y octavo transitorios, todos de la Constitución Política del Estado de Yucatán (reformado el 4 de mayo 2022), los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 68.-. (.) Es causa de retiro forzoso de las Magistradas y los Magistrados y de las Consejeras y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cumplir quince años en el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o treinta años al servicio del estado o padecer incapacidad, ya sea física o mental, que impida desempeñar el encargo, en la forma que dispongan las leyes. Las Magistradas y los Magistrados que se encuentren en el supuesto de retiro forzoso tendrán derecho al haber por retiro, en términos de la ley." "Transitorios (.) Artículo Sexto. Magistradas y Magistrados en funciones Por única ocasión, y derivado del cambio de la regulación del haber por retiro, a fin de no afectarlos en sus derechos, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en funciones que no hayan cumplido quince años en el cargo o que los cumplan dentro de los cuarenta y cinco días naturales de la entrada en vigor de este decreto contarán con un plazo de sesenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, para solicitar al pleno del referido tribunal su retiro anticipado, en el primer caso, o su retiro, en el segundo, con el haber por retiro vitalicio regulado en las disposiciones vigentes previo a la entrada en vigor de este decreto. Por única ocasión, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en funciones que hayan sido nombrados conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 13 de marzo de 1992, y que a la entrada en vigor de este decreto lleven más de quince años en el cargo o treinta años o más al servicio del Estado, aun cuando no hubieren cumplido los quince años en el cargo de Magistrada o Magistrado, contarán con un plazo de sesenta días naturales, contando a partir de la entrada en vigor de este decreto, para solicitar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán su retiro, con el haber por retiro vitalicio e irreductible que les corresponde por sus años de servicio, equivalente al sueldo nominal de las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en activo. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán turnará al Consejo de la Judicatura las solicitudes de retiro de las magistradas y magistrados que reciba en los términos de este artículo y éste realizará las gestiones para otorgar el haber por retiro que corresponda. La Presidencia del Tribunal deberá notificar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la aceptación definitiva de la solicitud de retiro de las magistradas y magistrados en términos de lo establecido en este decreto, para el inicio de proceso de designación correspondiente. En caso de no optar por el retiro anticipado a que se refiere el párrafo primero de este artículo, las Magistrada y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán seguirán en funciones por el término que le reste a su encargo y se sujetarán a lo previsto en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, reformados mediante este decreto." "Artículo Octavo. Incremento presupuestal del Poder Judicial Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, para realizar las transferencias y adecuaciones necesarias a efecto de ampliar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, para la creación de las nuevas plazas de las Magistradas y Magistrados, así como la provisión de los recursos administrativos, humanos, materiales estrictamente necesarios para su adecuado funcionamiento, y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para el otorgamiento de los haberes por retiro de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán que lo soliciten, conforme a lo previsto en este decreto. De igual manera, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, para realizar el pago del haber por retiro vitalicio que se otorgue a las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán que se encuentren en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo sexto transitorio de este Decreto, con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, a partir de que el Pleno del referido tribunal apruebe el otorgamiento de dicho haber. Los Presupuestos de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán deberán prever recursos suficientes para garantizar la entrega de los haberes por retiro y las plazas a que se refiere este decreto." Ahora bien, en cuanto a las alegaciones relativas a la violación del derecho fundamental al trabajo y a un ingreso decoroso, derivado de la falta de inclusión de la reforma de un haber de retiro para los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado; es dable establecer que ello deviene infundado. Para explicar lo anterior, en primer lugar se cita el artículo 5° Constitucional, que establece: "Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona." Como puede apreciarse, la norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo, conforme a los siguientes lineamientos: A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode; siempre que sean lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros. También podrá vedarse por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Estos lineamientos garantizan la libertad de trabajo, en términos del primer párrafo del artículo 5° de la Carta Magna; lo que implica que las personas en este país pueden dedicarse al trabajo o profesión que quieran desarrollar siempre y cuando sea legalmente permitido y se cumplan diversos elementos. Por su parte, el "haber de retiro" es una retribución que reciben algunos servidores públicos al término de su mandato, al concluir su función al frente de un cargo con una duración específica; esto es, la provisión de un retiro de un funcionario público una vez que haya concluido sus tareas en un cargo en específico. En ese sentido, los Magistrados del Estado de Yucatán, se encuentran contemplados dentro de los funcionarios que pueden recibir un haber una vez concluida su encomienda en el cargo. Tal y como se ha contemplado tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado como en la Constitución Política del Estado de Yucatán, con anterioridad a la reforma impugnada, según se desprende de los artículos 170 y 64, respectivamente. Tal y como se desprende de la contraposición con la redacción de los numerales reformados a través del decreto reclamado. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN. Publicada el 31 DE JULIO DE 2019. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. Última Reforma D.O. 13 de octubre de 2022. (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O. 20 DE ABRIL DE 2016) Artículo 64.- El Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en los Juzgados de Primera instancia y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley. En el ejercicio de la función judicial impartirá justicia con apego a los principios de autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y seguridad jurídica. (REFORMADO, D.O. 22 DE ABRIL DE 2019) La ley establecerá y organizará los Juzgados de Primera Instancia; así mismo, fijará el procedimiento para la designación de las juezas y jueces, y los requisitos para su permanencia en el cargo. (REFORMADO, D.O. 22 DE ABRIL DE 2019) El Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial y estará integrado por once Magistradas y Magistrados, quienes tendrán su respectivo suplente para casos de ausencias mayores a tres meses; funcionará en Pleno y en Salas, de conformidad con lo dispuesto por esta constitución y las leyes. (REFORMADO, D.O. 20 DE JUNIO DE 2014) Las Salas del Tribunal Superior de Justicia podrán ser unitarias o colegiadas. Las Salas conocerán de las materias, recursos y procedimientos que establezcan esta constitución y las leyes respectivas. (REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 2010) Sus sesiones serán públicas, salvo cuando lo exija la moral o el interés público y en los casos previstos en la ley. (REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 2010) Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia serán definitivas e inatacables, por lo que contra ellas no procederá juicio, ni recurso alguno. (REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 2010) El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de realizar una adecuada distribución de los asuntos que le competen a las Salas del Tribunal, estará facultado para expedir acuerdos generales, que deberán ser publicados en el órgano de difusión oficial del Estado para todos los efectos legales que corresponda. (REFORMADO, D.O. 22 DE ABRIL DE 2019) Cada cuatro años, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirá de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente del Tribunal, quien no integrará Sala y podrá ser reelecto para un período más. (REFORMADO, D.O. 22 DE ABRIL DE 2019) La Presidenta o Presidente del Tribunal Superior de Justicia será el representante legal del Poder Judicial, con las atribuciones que le confiere esta Constitución y la ley. (REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 2010) La ley fijará los términos en que sean obligatorios los criterios que establezcan las Salas y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, sobre la interpretación de esta Constitución, las leyes y reglamentos estatales o municipales, así como los requisitos para su interrupción y modificación, sin contravenir la jurisprudencia de los Tribunales de la Federación. (REFORMADO, D.O. 22 DE ABRIL DE 2019) Las Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Estado durarán en el ejercicio de su cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan el Compromiso Constitucional, al término de los cuales podrán ser ratificados por un segundo período de hasta por nueve años más y durante el ejercicio de su cargo sólo podrán ser removidos en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos. (REFORMADO, D.O. 22 DE ABRIL DE 2019) Al término de los quince años a que se refiere este artículo, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendrán derecho a un haber por retiro vitalicio, con base en las percepciones de las Magistradas y Magistrados en activo y conforme lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. (REFORMADO, D.O. 22 DE ABRIL DE 2019) Las Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces, percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. (REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 2010) La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de conformidad con las bases que establezcan esta Constitución y las leyes. (REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 2010) El presupuesto asignado al Poder Judicial del Estado no podrá ser inferior al dos por ciento del total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto al del año anterior y se fijará anualmente, en la forma y términos que establezca la ley. (REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 2010) El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, que tendrá competencia para resolver los asuntos laborales que surjan entre las autoridades y sus trabajadores, con las atribuciones y la estructura que le confiera la ley. (REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 2010) Las leyes establecerán medios alternativos a la vía jurisdiccional contenciosa para dirimir controversias y los órganos encargados de su aplicación. Artículo 64.- El Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en los Juzgados de Primera instancia, en los Tribunales Laborales, y en los demás establecidos o que en adelante establezca la ley. En el ejercicio de la función judicial, impartirá justicia con equidad, con perspectiva de género y con apego en los principios de igualdad, autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y seguridad jurídica. El Poder Judicial deberá fomentar una capacitación continua en las juzgadoras y los juzgadores respecto a todo lo expresado en este artículo. La ley establecerá y organizará los Juzgados de Primera Instancia; así mismo, fijará el procedimiento para la designación de las juezas y jueces, y los requisitos para su permanencia en el cargo. En la designación de estos deberá observarse el principio de paridad de género. El Tribunal Superior de Justicia es la máxima autoridad del Poder Judicial y estará integrado por quince Magistradas y Magistrados, quienes tendrán su respectivo suplente para casos de ausencias mayores a tres meses; funcionará en Pleno y en Salas, de conformidad con lo dispuesto por esta constitución y las leyes. En su conformación se observará el principio de paridad de género. Las Salas del Tribunal Superior de Justicia podrán ser unitarias o colegiadas. Las Salas conocerán de las materias, recursos y procedimientos que establezcan esta constitución y las leyes respectivas. Sus sesiones serán públicas, salvo cuando lo exija la moral o el interés público y en los casos previstos en la ley. Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia serán definitivas e inatacables, por lo que contra ellas no procederá juicio, ni recurso alguno. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de realizar una adecuada distribución de los asuntos que le competen a las Salas del Tribunal, estará facultado para expedir acuerdos generales, que deberán ser publicados en el órgano de difusión oficial del Estado para todos los efectos legales que corresponda. Cada cuatro años, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirá de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente del Tribunal, quien no integrará Sala y no podrá ser reelecto para un período más. En caso de falta absoluta de la Presidenta o Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Pleno seleccionará, de entre sus integrantes, a la magistrada o magistrado que deberá concluir el periodo, sin que pueda ser reelecta o reelecto para el periodo inmediato siguiente. La Presidenta o Presidente del Tribunal Superior de Justicia será el representante legal del Poder Judicial, con las atribuciones que le confiere esta Constitución y la ley. La ley fijará los términos en que sean obligatorios los criterios que establezcan las Salas y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, sobre la interpretación de esta Constitución, las leyes y reglamentos estatales o municipales, así como los requisitos para su interrupción y modificación, sin contravenir la jurisprudencia de los Tribunales de la Federación. Las Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Estado durarán en el ejercicio de su cargo quince años, contados a partir de la fecha en que rindan el Compromiso Constitucional, y durante el ejercicio de su cargo sólo podrán ser removidos en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes de responsabilidades correspondientes. Al término de su encargo, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tendrán derecho a un haber por retiro por el término de un año contado a partir del día siguiente al de la conclusión de sus funciones, con base en las percepciones de las Magistradas y Magistrados en activo y conforme a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. El haber por retiro a que se refiere este artículo será independiente de las prestaciones o cualquier derecho laboral que corresponda a las Magistradas o Magistrados en términos de las disposiciones aplicables. Las Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces, percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, de conformidad con las bases que establezcan esta Constitución y las leyes. El presupuesto asignado al Poder Judicial no podrá ser inferior al dos por ciento del total del gasto programable, el cual no será disminuido respecto del año anterior y se fijará anualmente, en la forma y términos que establezca la ley; en su ejercicio se observará el principio de autonomía de gestión. Una vez elaborado su presupuesto anual, el Poder Judicial del Estado lo enviará al Congreso del Estado de Yucatán para su aprobación. Se deroga. Los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Yucatán serán la autoridad jurisdiccional competente para conocer y resolver sobre las diferencias o los conflictos de trabajo del orden local que se susciten entre personas trabajadoras y personas empleadoras, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 604, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. Los Tribunales Laborales estarán a cargo, cada uno, de una jueza o un juez con capacidad y experiencia en materia laboral, cuya designación se realizará conforme con lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones legales y normativas aplicables. Los requisitos y la duración del cargo de las juezas y los jueces titulares de los Tribunales Laborales serán los que establezca la Ley. Las atribuciones así como las bases para la organización y el funcionamiento de los Tribunales Laborales serán las que la Ley les confiera. Sus sentencias serán definitivas y contra ellas únicamente procederá el juicio de amparo. Estas sentencias deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los Tribunales Laborales, las personas trabajadoras y las personas empleadoras deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, de acuerdo con el artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, que tendrá competencia para resolver los asuntos laborales que surjan entre las autoridades y sus trabajadores, con las atribuciones y la estructura que le confiera la ley, a excepción de los conflictos entre el Poder Judicial y personas servidoras públicas, que serán resueltos por el Consejo de la Judicatura y los que se susciten entre el Tribunal Superior de Justicia y sus empleados, que serán resueltos por el propio Tribunal Superior de Justicia. Las leyes establecerán medios alternativos a la vía jurisdiccional contenciosa para dirimir controversias y los órganos encargados de su aplicación. LEY ÓRGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. LEY ÓRGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 4 DE MAYO DE 2022. Del Haber por retiro Artículo 170.- Los magistrados del Poder Judicial del Estado que hayan ejercido sus funciones por el plazo de quince años, tendrán derecho a un haber por retiro vitalicio, conforme a las bases que se establezcan en este capítulo. Los magistrados del Poder Judicial que hubieren cumplido 30 años al servicio del Estado, tendrán derecho al haber de retiro a que se refiere el párrafo anterior aún cuando no hubieren cumplido los 15 años en el cargo de Magistrado. (REFORMADO, D.O. 4 DE MAYO DE 2022) Del haber por retiro Artículo 170.- Las Magistradas y los Magistrados del Poder Judicial del Estado al finalizar su encargo, tendrán derecho a un haber por retiro por el término de un año contado a partir del día siguiente al de la conclusión de sus funciones y conforme a las bases que se establezcan en este capítulo. Las Magistradas y los Magistrados del Poder Judicial que hubieren cumplido treinta años al servicio del Estado, tendrán derecho al haber por retiro a que se refiere el párrafo anterior aun cuando no hubieren cumplido los quince años en el cargo de Magistrada o Magistrado. Las Magistradas y los Magistrados del Poder Judicial que padecieren de incapacidad física o mental, que les impida desempeñar el cargo, tendrán derecho al haber por retiro a que se refiere el párrafo primero de este artículo. Así, tanto la Constitución Estatal como la Ley Orgánica, respectivamente, han determinado antes y después de la reforma, el derecho de haber de retiro como una prerrogativa o derecho sólo para quienes tienen el cargo de Magistrado y no así, para el de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Lo que ha sostenido el Más Alto Tribunal se encuentra ajustado a derecho, respecto de este último supuesto, como se desprende del criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 28/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, página 516, Décima Época, que dice: "HABER DE RETIRO. ES VÁLIDO FACULTAR AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA REGLAMENTAR Y DETALLAR SU CÁLCULO Y OTORGAMIENTO, SI ASÍ LO PREVÉN LA CONSTITUCIÓN O LAS LEYES DE LOS ESTADOS. Acorde con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el haber de retiro de los Magistrados y Jueces locales debe estar expresamente previsto en una norma materialmente legislativa, por lo que cuando ha sido establecido en la Constitución Local, como parte de los elementos y componentes de la estabilidad e inamovilidad de los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia respectivo y, por ende, de la independencia judicial, es válido que la Ley Orgánica correspondiente determine sólo algunos referentes y habilite al órgano de gobierno del Poder Judicial del Estado para regular lo relativo a su otorgamiento y cálculo." Al respecto, es oportuno mencionar la diferencia de funciones que existe entre los cargos de Magistrado y Consejero del Poder Judicial del Estado; por su parte, los Magistrados tendrán a su cargo funciones exclusivamente jurisdiccionales, como impartir justicia con equidad, con perspectiva de género y con apego en los principios de igualdad, autonomía, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y seguridad jurídica; asimismo, los requisitos para ser Magistrado, se encuentran contemplados en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Por su parte, los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, les corresponderán conocer y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, por consiguiente, no realizan actos jurisdiccionales, lo anterior se encuentra contemplado en el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Como se vio, de la lectura sistemática de los preceptos transcritos se obtiene que en el Estado de Yucatán el haber de retiro, se ha encontrado regulado en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, desde antes de la reforma del decreto reclamado, por medio del cual las Magistradas y Magistrados que concluyan su cargo, tendrán derecho a recibir un haber por retiro, para lo cual, deben cumplir con los requisitos previstos en el precepto invocado; siendo que la actual redacción del artículo impugnado varió con motivo de la reforma en cuanto a las percepciones que recibirán por el haber de retiro. Sin embargo, en el caso de los Consejeros de la Judicatura del Estado de Yucatán, nunca han contado con la prerrogativa del haber de retiro desde antes del decreto reclamado, sino que dicho beneficio, únicamente lo tienen las Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Estado, y que se adquiere al finalizar su encargo o mediante las causas de retiro forzoso previstas en la Constitución Política del Estado de Yucatán y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por su parte, el artículo 68, tildado de inconstitucional establece las causas de retiro forzoso de las Magistradas y Magistrados y de las Consejeras y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, señalando, en lo que aquí interesa, que únicamente las Magistradas y Magistrados que se encuentren en el supuesto de retiro forzoso tendrán derecho al haber por retiro, en términos de la ley. Lo cual, como ya se dijo, no limita la libertad de trabajo que consagra el artículo 5° de la Constitución Federal, como lo pretende hacer creer la quejosa, ya que, su parte combatida, únicamente constituye una previsión legal que tiende a establecer las causas de retiro forzoso para las Magistradas y Magistrados y de las Consejeras y Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, al cumplir quince años en el cargo o treinta años al servicio del Estado o padecer incapacidad, ya sea física o mental, que impida desempeñar el encargo; lo que de modo alguno impide a la aquí quejosa dedicarse a la profesión que tiene de licenciada en derecho. Pues la circunstancia de que el nombramiento en el cargo tenga limitantes de temporalidad, ya que tiene una duración de cuatro años en su encargo, mismo que podrán ser ratificados hasta por dos períodos más de cuatro años, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán; no significa en modo alguno una transgresión a la libertad de trabajo, sino que ello atiende a las condiciones laborales que rigen el puesto y que se asumen desde el momento en que se adquiere el cargo, siendo que al finalizar éste, la quejosa sería reincorporada a sus funciones o cargo anterior al de Consejera. Por tanto, no se impide a la aquí quejosa ejercer su profesión, porque ésta puede seguir prestando sus servicios siempre y cuando cumpla con los requisitos legales respectivos; considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de libertad de trabajo consagrado en el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es absoluto, irrestricto e ilimitado, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de diversos presupuestos, entre ellos el relativo a que ese derecho fundamental será exigible siempre y cuando la actividad sea lícita y no afecte el derecho de la sociedad; de manera que si desde la designación del cargo, se establece el periodo por el que va fungir, ello de ninguna manera hace violatorio el derecho a la libertad de trabajo. Es aplicable, la tesis publicada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta, del Tomo IX, Abril de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 194152, del rubro y texto siguientes: "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garantía individual de libertad de trabajo que consagra el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que significa que se protege el interés de la sociedad por encima del particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que obtendría el gobernado." Por otra parte, la quejosa aduce que el precepto impugnado incurre en una omisión legislativa, por lo que es contrario a los derechos humanos establecidos en el artículo 1° Constitucional, pues no se estableció el haber por el retiro forzoso de la quejosa como Consejera en funciones. Para dar contestación a lo anterior, primero se debe tener presente que en los juicios de amparo en los que se reclame una omisión legislativa es necesario demostrar el deber de actuar de la autoridad en cierto sentido, esto es, que un mandato constitucional obliga a una autoridad a expedir una disposición de carácter general; por lo que, quien tenga interés legítimo puede acudir a reclamar el actuar de la autoridad; circunstancias que sólo son factibles de analizar a través del estudio de fondo de la cuestión planteada. Esto es, para analizar si existe una inconstitucionalidad omisiva, se debe revisar en un primer aspecto la existencia de un mandato normativo expreso, que en el caso sería de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que proponga un derecho fundamental dotado de contenido y alcance como el que se pretende; por tanto, requiera de complementación operativa en las leyes o acciones conducentes; que se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por el legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, esa conducta vulnere un derecho, lo que se sitúa en la ponderación para hacer efectivos los derechos fundamentales. Ahora, desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión; si bien en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En estos casos pueden identificarse al menos tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Al respecto, es importante aclarar que en el caso concreto se estudia una omisión legislativa ya que esta se atribuye al Congreso del Estado de Yucatán; por tanto, se debe atender a las funciones (omisiones) del Poder Legislativo del Estado. Ahora bien, la competencia, en sentido estricto, no implica una obligación: es simplemente la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales; es decir, en este tipo de competencias, los órganos encargados de la producción normativa cuentan con la potestad de decidir si las ejercerán o no y en qué momento las llevarán a cabo, como acontece con los órganos legislativos. En estos casos se tiene la potestad de decidir, libremente, si crean o no determinada norma jurídica y en qué momento lo harán. Por otro lado, las facultades o competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de realizarlas por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones, de ahí que en caso de que no se realicen, el incumplimiento trae aparejada una sanción. En este tipo de competencias, el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedir determinada ley. Esta obligación (mandato) de ejercicio de la facultad para la expedición de disposiciones de observancia general, debe encontrarse de manera expresa en las normas constitucionales. Atendiendo a la clasificación de las competencias o facultades de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo, es necesario considerar las posibilidades de no ejercicio de éstas, lo cual se traduce en omisiones. Sirve de apoyo, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 11/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 175872, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, materia constitucional, página mil quinientos veinticuatro, de rubro y texto siguiente: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades - de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente". Al respecto, conviene referir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que no deben confundirse las omisiones legislativas con las lagunas legales; así, una laguna normativa se da cuando el legislador no regula un supuesto de hecho en específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en una norma prexistente del sistema jurídico, en tanto que la omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución Federal. En ese sentido, se precisa que las lagunas legales pueden ser colmadas por los jueces interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta, una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar." También, tiene sustento a lo expuesto, la tesis: 1ª. XIX/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2016420, y publicada en la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cincuenta y dos, marzo de dos mil dieciocho, tomo I, materia constitucional, página mil noventa y cinco, del rubro y texto siguientes: "DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar". Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1359/2015 en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, señaló que una omisión legislativa o normativa se presenta cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Así, la omisión legislativa implica la existencia de un mandato puntual de jerarquía constitucional para que el órgano o los órganos legislativos expidan la normativa con base en la cual habrá de regularse una determinada situación y de la que depende la posibilidad de hacer efectivos ciertos derechos, como lo asentó la Primera Sala en la ejecutoria señalada: ".2. Las omisiones legislativas como actos reclamados - De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo." En ese contexto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo; es decir, la omisión legislativa no se reduce a un simple no hacer, sino que presupone una exigencia constitucional de acción, y una inacción cualificada, que den lugar a que no resulte posible hacer efectivo el derecho que de aquélla depende. Así, no podrá considerarse como una omisión de carácter legislativo o normativo, si el mandato no se encuentra contenido en la Constitución Federal. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el citado amparo en revisión 1359/2015, estableció lo siguiente: "(.) De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. (.) SEXTO. Estudio de fondo. Una vez levantado el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, corresponde ocuparse de los argumentos de fondo planteados en la demanda de amparo. En la línea de lo expuesto en el considerando anterior, esta Suprema Corte estima pertinente destacar desde un principio que para poder conceder el amparo contra una omisión legislativa se deben acreditar centralmente dos cuestiones: (i) que existe una omisión legislativa propiamente dicha, es decir, que el legislador no haya legislado sobre una determinada cuestión existiendo una norma constitucional que de manera clara y precisa establezca la obligación de hacerlo; y (ii) adicionalmente, también debe mostrarse que la omisión en cuestión supone una vulneración a derechos fundamentales del quejoso. Así, esta Primera Sala procederá a analizar si en el caso se cumplen esos extremos, esto es, si efectivamente el legislador incurrió en una omisión legislativa que vulnere la libertad de expresión de la quejosa." De lo anterior, se tiene que, para conceder el amparo contra una omisión legislativa se deben acreditar medularmente dos cuestiones: 1. Que exista una omisión legislativa propiamente dicha, es decir, que el legislador no haya legislado sobre una determinada cuestión existiendo una norma constitucional que de manera clara y precisa establezca la obligación de hacerlo; 2. Que se demuestre que la omisión en cuestión supone una vulneración a derechos fundamentales del quejoso. En sentido contrario, si tales hipótesis no se actualizan, lo procedente es negar el amparo solicitado. Al respecto, es de singular relevancia el contenido de la tesis 1a. LVIII/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 965, registro digital 2017065, de la voz: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS. De una interpretación sistemática de la fracción I del artículo 103 y la fracción VII del artículo 107 de la Constitución, en conexión con la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas propiamente dichas, es decir, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, si el Poder Legislativo puede considerarse autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y la Constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados, en principio esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que desde una óptica constitucional el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas. Con todo, para poder sostener de manera concluyente que el juicio de amparo indirecto es procedente, además debe descartarse que ese impedimento procesal pueda desprenderse de los principios constitucionales que disciplinan al juicio de amparo. En este orden de ideas, se estima que en este caso no se vulnera el principio de relatividad porque dicho principio debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional que disciplina al juicio de amparo y, por tanto, es perfectamente admisible que al proteger a la persona que ha solicitado el amparo de manera eventual y contingente se pueda llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia constitucional. De todo lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente para combatir omisiones legislativas absolutas". En ese orden, procede realizar un análisis de fondo de la cuestión debatida por la parte quejosa a fin de determinar si en el caso se cumplen esos extremos, esto es, si efectivamente el legislador estatal incurrió en una omisión legislativa total o parcial y si ésta vulnera derechos fundamentales. En el caso, se reclama la supuesta omisión legislativa en que se incurre en el Decreto 496/2022, por el que modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, específicamente, la reforma al párrafo tercero y la adición de un párrafo cuarto al artículo 68, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como los transitorios de dicho decreto, al omitir contemplar el mecanismo para que la quejosa en funciones de Consejera, acceda al haber de retiro, por encuadrar en la causal de retiro forzoso por tener más de treinta años al servicio del Gobierno del Estado de Yucatán. De esa manera, en primer lugar, debe analizarse a rango constitucional, la existencia del derecho sobre el cual se plantea la omisión en su cumplimiento; así se tiene que el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: [.] III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. [.] Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo". En consonancia con lo anterior, la Constitución Política del Estado de Yucatán, establecía en su artículo 68, antes de la reforma del decreto reclamado, lo siguiente: "Artículo 68.- El cargo de Magistrado y de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, sólo es renunciable por causa grave calificada por el Congreso del Estado o en los recesos de éste, por la Diputación Permanente. Las ausencias accidentales, temporales o absolutas de los Magistrados y de los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, serán suplidas en la forma que establezca la ley. Es causa de retiro forzoso de los Magistrados y de los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, padecer incapacidad, ya sea física o mental, que impida desempeñar el encargo, en la forma que dispongan las leyes. Los Magistrados, Consejeros de la Judicatura, Jueces y Secretarios del Poder Judicial del Estado, no podrán, en ningún caso, aceptar o desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos en instituciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado, Consejero de la Judicatura o Juez del Poder Judicial del Estado, no deberán, dentro del año siguiente a la fecha de conclusión del cargo, cualquiera que fuere la causa del mismo, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con las excepciones que establezca la ley. Los impedimentos previstos en este artículo serán aplicables a los servidores públicos con licencia." Por su parte, la Constitución Política del Estado de Yucatán, reformada a través del decreto reclamado, establece en su artículo 68, en lo que aquí resulta relevante, lo siguiente: "Artículo 68. (.) Es causa de retiro forzoso de las Magistradas y los Magistrados y de las Consejeras y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cumplir quince años en el cargo de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o treinta años al servicio del estado o padecer incapacidad, ya sea física o mental, que impida desempeñar el encargo, en la forma que dispongan las leyes. Las Magistradas y los Magistrados que se encuentren en el supuesto de retiro forzoso tendrán derecho al haber por retiro, en términos de la ley..." Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado complementó lo anterior en el artículo sexto transitorio en donde estableció lo siguiente: "Artículo Sexto. Magistradas y Magistrados en funciones. Por única ocasión, y derivado del cambio de la regulación del haber por retiro, a fin de no afectarlos en sus derechos, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en funciones que no hayan cumplido quince años en el cargo o que los cumplan dentro de los cuarenta y cinco días naturales de la entrada en vigor de este decreto contarán con un plazo de sesenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, para solicitar al pleno del referido tribunal su retiro anticipado, en el primer caso, o su retiro, en el segundo, con el haber por retiro vitalicio regulado en las disposiciones vigentes previo a la entrada en vigor de este decreto. Por única ocasión, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en funciones que hayan sido nombrados conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 13 de marzo de 1992, y que a la entrada en vigor de este decreto lleven más de quince años en el cargo o treinta años o más al servicio del Estado, aun cuando no hubieren cumplido los quince años en el cargo de Magistrada o Magistrado, contarán con un plazo de sesenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, para solicitar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán su retiro, con el haber por retiro vitalicio e irreductible que les corresponde por sus años de servicio, equivalente al sueldo nominal de las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en activo. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán turnará el Consejo de la Judicatura las solicitudes de retiro de las magistradas y magistrados que reciba en los términos de este artículo y éste realizará las gestiones para otorgar el haber por retiro que corresponda. La Presidencia del Tribunal deberá notificar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la aceptación definitiva de la solicitud de retiro de las magistradas y magistrados en términos de lo establecido en este decreto, para el inicio del proceso de designación correspondiente. En caso de no optar por el retiro anticipado a que se refiere el párrafo primero de este artículo, las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán seguirán en funciones por el término que le reste a su encargo y se sujetarán a lo previsto en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, reformados mediante este decreto." Por su parte el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, establece: Artículo 72.- El Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión, al que corresponde conocer y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, que no estén reservados de manera exclusiva a la competencia del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo que dispongan esta Constitución y la ley. El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros de los cuales, uno será la Presidenta o Presidente del Tribunal Superior, quien también lo será del Consejo y no recibirá remuneración adicional por el desempeño de tal función; dos Consejeros nombrados por el Pleno del Tribunal Superior, de entre los miembros de la carrera judicial; un Consejero designado por la mayoría de los Diputados del Congreso del Estado, presentes en la sesión en que se aborde el asunto y, un Consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo. No podrá haber más de tres miembros del mismo género. Para ser Consejera o Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se requiere: I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y tener, además, la calidad de ciudadano yucateco; II.- Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; III.- Poseer al día de la designación título profesional de licenciado en administración pública, en finanzas públicas, en economía, en derecho, contador público o alguna carrera afín a tales materias, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de diez años; IV.- Cumplir con lo dispuesto en la fracción IV del Artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación y menos de sesenta y cinco; VI.- Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación; VII.- No haber sido titular del Poder Ejecutivo del Estado, de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán, de un organismo autónomo, Senador, Diputado Federal, Diputado Local, Presidente Municipal o ministro de culto, durante un año previo al día de la designación; VIII.- No ser deudor alimentario moroso, y IX.- No tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. Todos los Consejeros deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. El Pleno del Consejo de la Judicatura tendrá a su cargo la creación de los Departamentos Judiciales, la modificación de su número y jurisdicción territorial; el establecimiento y modificación de la competencia y jurisdicción territorial de los juzgados; de resolver sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de los jueces de primera instancia y de los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los adscritos al Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo que establezca la ley. Para favorecer el adecuado acceso a la justicia pronta y expedita, el Consejo de la Judicatura garantizará la existencia de un juez de primera instancia por cada 30 mil habitantes del estado. De igual forma deberá garantizarse la adscripción de juzgados de primera instancia en los municipios que cuenten con al menos 20 mil habitantes. La competencia y jurisdicción territorial se definirá de acuerdo con las necesidades que la impartición de justicia exija, bajo criterios de racionalidad y eficiencia que establezca el Consejo de la Judicatura. Además, implementará un sistema tecnológico que permita el acceso en línea a los Juzgados de primera y segunda instancia en todas las materias en todo el Estado de Yucatán, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con el objetivo institucional en dos directrices, la primera dar vida a un juicio en línea, además de las necesidades tecnológicas requeridas en materia de juicios orales mercantiles y penales, y la segunda, total acceso a toda petición que se formule ante el Poder Judicial del Estado, para beneficio de la sociedad yucateca. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará las demás atribuciones que correspondan al Consejo de la Judicatura. Salvo el Presidente, los Consejeros durarán cuatro años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser ratificados hasta por dos períodos más de cuatro años. Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad y durante el desempeño de su encargo, sólo podrán ser removidos previo juicio de responsabilidad. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual será conducida por el Consejo de la Judicatura y se regirá por los principios de excelencia, imparcialidad, independencia, objetividad, y profesionalismo. De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que establece esta Constitución y las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, las cuales podrán ser revisadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido acordadas conforme a las reglas que disponga la ley y la normatividad aplicable. En el proceso de programación y presupuestación de los recursos públicos el Consejo deberá implementar como política administrativa indicadores de resultados, como mecanismos para evaluación. El resultado de dichas evaluaciones se deberá considerar en el proceso de programación y presupuesto de los recursos públicos, a fin de propiciar que los recursos económicos se asignen conforme a los resultados alcanzados. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto del Poder Judicial, el cual será remitido por el Presidente del Consejo al titular del Poder Ejecutivo, a más tardar el 15 de octubre de cada año, a fin de que éste considere su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado." Asimismo, el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone: "Artículo 107.- El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco personas, de las cuales, una será Presidenta o Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo presidirá y no recibirá remuneración adicional por el desempeño de tal función; dos Consejeros nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de entre los miembros de la carrera judicial; un Consejero designado por la mayoría de las y los Diputados del Congreso del Estado, presentes en la sesión en que se aborde el asunto y, un Consejero designado por la o el titular del Poder Ejecutivo. No podrá haber más de tres miembros del mismo género. Los miembros de la carrera judicial que sean designados Consejeros de la Judicatura por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, serán comisionados por todo el tiempo que dure el encargo y al término del mismo serán reincorporados a sus funciones jurisdiccionales, o en un cargo que no implique la pérdida de la categoría anterior a la de Consejero. Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad y durante el desempeño de su encargo, sólo podrán ser removidos previo juicio de responsabilidad." Una vez realizado el ejercicio de comparación entre el marco constitucional federal y local, así como las leyes secundarias citadas, que rigen el caso concreto anterior y vigente, particularmente las disposiciones transitorias combatidas, resulta patente que el decreto reclamado no contraviene la esfera jurídica de la parte quejosa quien funge como Consejera del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, cargo que, salvo resolución administrativa desfavorable en ese sentido, ostentó hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintidós; circunstancia que debe decirse además, acreditó con la copia certificada del acta de la sesión extraordinaria de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, celebrada por el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Esto se afirma, en virtud de que ni la Constitución Federal ni en la local, se contempla un derecho al haber de retiro por parte de los Consejeros del Poder Judicial del Estado; de manera que si en la reforma a la Constitución del Estado no se contempló ese derecho, frente a la Constitución Federal no existe omisión legislativa alguna al no haber un mandato expreso en esta última que así lo contemplara para las entidades federativas. E igualmente, si la Constitución del Estado, tampoco prevé esa prerrogativa para el multicitado cargo de Consejero, tampoco puede determinarse que exista tal omisión legislativa en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por la ausencia de un mandato constitucional que así lo exija. Siendo así, la reforma de mérito no impacta directamente a la parte quejosa, ni siquiera en su derecho a la independencia judicial desde su vertiente de estabilidad e inamovilidad, como lo señala; puesto que por una parte, el cargo de Consejera, no goza del derecho a la independencia judicial al no formar parte de los sujetos que establece la ley como aquellos que desarrollan funciones de índole jurisdiccional, como lo son los jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado. Siendo que la autonomía de gestión de los Consejeros en el ejercicio de sus funciones se encuentra prevista en los artículos 105 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establecen como está conformado el Consejo de la Judicatura del Estado y quienes pueden fungir como Consejeros y como son nombrados o designados. Preceptos dentro de los cuales, se insiste, no se encuentra contemplada la prerrogativa de un haber de retiro que prevé la citada ley orgánica sólo para Magistrados antes de la reforma combatida, al ser el cargo de Consejero de carácter administrativo y no jurisdiccional, como lo es el de Magistrado o Juez. Así, en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha para efectos de la procedencia del mismo, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. El haber de retiro, en el caso de la quejosa como Consejera, no es un derecho que ya tuviera reconocido con anterioridad por lo que al no tratarse de un derecho que ya tuviera previamente, al no ubicarse en el mismo supuesto del cargo de un Magistrado, revela lo infundado del concepto de violación en el sentido de que no se legisló el supuesto en que se encontraba la quejosa, dado que precisamente una de las características de las leyes es la generalidad; de ahí que, no estamos en el supuesto de que se omitiera legislar un supuesto específico, sino que, lo acontecido es que la quejosa no cumple con las exigencias legales para la obtención del haber de retiro. Además, el hecho que el artículo de una legislación no prevea o regule alguna situación jurídica, no quiere decir que por tal motivo sea inconstitucional, o que la omisión haya sido porque es voluntad del legislador que no se regulara dicho aspecto. Ello, toda vez que el juzgador tiene a su alcance las diversas herramientas para realizar una interpretación de la ley que sirva como integración normativa cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la Ley. En ese sentido, la inconstitucionalidad de una norma no puede derivar del hecho que la ley que la contiene no la prevea expresamente, sino en su caso, de la inexistencia o deficiencia en la regulación de determinada institución jurídica en ella contenida viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto, encuentra sustento en el criterio contenido en la tesis aislada 2a.CXIX/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintinueve, del Tomo XXX, Octubre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "APLICACIÓN SUPLETORIA DE LEYES. EL HECHO DE QUE UN ORDENAMIENTO LEGAL NO LA PREVEA EXPRESAMENTE, NO LO TORNA INCONSTITUCIONAL. La supletoriedad es una institución jurídica que sirve para la integración normativa, cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la ley. En esa medida, la inconstitucionalidad de una norma no puede derivar del hecho de que la ley que la contiene no la prevea expresamente sino, en su caso, de la circunstancia de que la inexistencia o deficiencia en la regulación de determinada institución jurídica en ella contenida viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe tomarse en cuenta, además, que por mandato del artículo 14 constitucional, las autoridades están obligadas, a falta de disposición expresa, a tomar en cuenta los principios generales del derecho que rigen para las diferentes instituciones jurídicas". Por consiguiente, si en el particular, como ya se vio ni la Constitución Federal ni la Local, prevén en algún momento el haber de retiro de los Consejeros del Poder Judicial del Estado; luego, no existe omisión legislativa alguna que determinar, pues al no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio constitucional. Por otra parte, en ese mismo sentido, se duele la quejosa, que en los artículos transitorios del Decreto impugnado, se contempló únicamente la mecánica o proceso para el haber de retiro de las y los Magistrados en funciones, por lo que resulta discriminatorio, en la medida que el artículo 68, reformado y adicionado de la Constitución Política del Estado de Yucatán, no se estableció el haber por el retiro forzoso como Consejera; esto es, dice haber sido excluida del ordenamiento normativo citado, al no contemplar el supuesto en el que está la quejosa, a saber, Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que duró en el encargo por el plazo de su nombramiento. Al respecto, cabe acotar que tratándose de la expedición de una norma, ésta únicamente se considera discriminatoria cuando realiza una distinción sin justificación alguna, esto es, sin que la misma tenga sustento alguno objetivo y razonable. Ahora bien, del artículo 68, tildado de inconstitucional, se desprende que es causa de retiro forzoso de las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a las Consejeras y los Consejeros, cumplir quince años en el encargo o treinta años al servicio del Estado o padecer incapacidad, ya sea física o mental que impida desempeñar alguno de los cargos citados. Estableciéndose en el segundo de los párrafos, que se modificó, que únicamente en el caso de las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se encuentran en el supuesto de retiro forzoso tendrán derecho al haber de retiro, sin que se advierta del numeral en cita, dicha prerrogativa para las Consejeras y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, ya que previamente no existía disposición alguna que previera el citado haber para el cargo de Consejero. En efecto, para que las y los Magistrados tengan derecho al haber de retiro, deben haberse ubicado en alguna de las hipótesis previstas en el párrafo tercero del artículo 68, así como del artículo Décimo Primero transitorio de la Constitución del Estado de Yucatán; en correlación con el artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Tales hipótesis normativas previstas en el numeral 68, párrafo tercero, de la Constitución Local, consisten en que su retiro haya sido: a) Al cumplir quince años en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia -plazo máximo de duración en el cargo-; b) Al cumplir treinta años al servicio del Estado; De manera que, podemos concluir que no son tratados de manera desigual o diferenciada en forma injustificada los Consejeros, al no ubicarse en los mismos términos que lo hacen los Magistrados; principalmente por tener un cargo, facultades y funciones distintas unos como otros; siendo estos últimos, quienes de hecho, para que cualquier Magistrado pretenda tener acceso al haber de retiro, debe de cumplir ciertos requisitos, entre ellos, los aludidos en líneas superiores, y en el caso de los Consejeros de la Judicatura del Estado, al tener funciones administrativas, no se encontraban ni se encuentran contemplados en la citada prerrogativa, en la Constitución local ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por tratarse de cargos y designaciones distintas entre sí, como ya ha quedado planteado en líneas precedentes en las que se detallaron sus funciones y requisitos para obtener el cargo. En ese sentido, como se mencionó al analizar los preceptos reclamados a la luz del derecho de igualdad, el beneficio adicional que se otorga a las y los Magistrados retirados con treinta años o más de servicios atiende a la permanencia en el servicio prestado, por lo que si bien, va encaminada a cierto tipo de retirados, ello no la hace una ley privativa en el sentido aducido por la quejosa, ya que reviste los atributos de abstracción, generalidad, e impersonalidad, en tanto que rige para todos aquellos que se ubiquen en la hipótesis normativa (magistrados retirados al cumplir los años de servicios) sin concretarse a una sola persona. Al respecto, se cita el contenido de la tesis 1a./J.48/2010 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Mayo de 2010, Tomo XXXI, página 738, registro digital 164524, del contenido literal siguiente: "SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, INCISO B), EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 31, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, QUE PREVÉN EL HABER DE RETIRO DIFERENCIADO ENTRE LOS MILITARES, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IGUALDAD. El artículo primero transitorio, inciso b), en relación con el numeral 31, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al establecer un haber de retiro diferenciado entre los militares retirados con treinta años de servicios efectivos o más, y los retirados que no cumplan con dichos años, no violan la garantía de igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque el criterio de distinción utilizado por la Ley no es el origen étnico o nacional, el género, la edad, el hecho de tener capacidades diferentes, la religión, el estado civil, ni cualquier otro que permita identificar a una categoría de personas que compartan o compartieron, en una serie de contextos relevantes, una condición de exclusión o tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ya que la norma distingue entre unos individuos y otros por los años de servicios efectivos prestados, sin que ésta se ajuste en un elemento que atente contra la dignidad humana. De ahí que la distinción normativa obedece a una finalidad objetiva, contemplada en la Constitución: la protección a la seguridad social; además, es instrumentalmente adecuada para cumplir con su objeto constitucional, esto es, se trata de una medida que busca reconocer la permanencia en el servicio de los militares con treinta o más años de servicio, en aras de que mantengan una vida decorosa y digna acorde con su jerarquía militar." Por otra parte, también se duele la quejosa, que la aplicación y vigencia del decreto tildado de inconstitucional, afecta directamente sus derechos humanos, al invadir su esfera jurídica, al no haber incluido un mecanismo para el otorgamiento del haber de retiro con el salario y prestaciones de Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en forma vitalicia e irreductible. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha definido que el derecho adquirido constituye un acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho constituye una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Ahora bien, a efecto de determinar cuándo se está ante la presencia de un derecho adquirido, o bien frente a una simple expectativa de derecho, la Primera Sala ha sostenido que es necesario realizar un estudio de cada caso concreto. Por otra parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar si un precepto cumple o no con la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 Constitucional, debe acudirse también a la teoría de los componentes de la norma, que parte de la existencia de un supuesto y una consecuencia, por lo que es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan, y la fecha de entrada en vigor de la nueva disposición. En consecuencia, conforme a las teorías antes expuestas, una ley será retroactiva y, por tanto, violatoria del artículo 14 constitucional, cuando modifica, altera o destruya derechos adquiridos o supuestos jurídicos y sus consecuencias producidas al amparo de una ley anterior. En contraparte, no existirá retroactividad cuando modifica, altera o destruya simples expectativas de derecho, es decir, situaciones que aún no se han producido, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados por la norma anterior. Precisado lo anterior, no le asiste razón a la quejosa porque conforme a la teoría de los derechos adquiridos, el que no se hubiera incluido en el decreto impugnado, un mecanismo para el otorgamiento del haber de retiro para los Consejeros, de ninguna manera le agravia, dado que como se ha venido sosteniendo a lo largo de la presente ejecutoria; el multicitado haber de retiro, no es un beneficio que tuviera la quejosa antes de la entrada en vigor del decreto, ni siquiera una expectativa de derecho, porque no se había implementado este beneficio adicional para el cargo que ostenta, sino que éste únicamente ha estado establecido para las y los Magistrados. De ahí que al no existir diferencia de trato injustificado en torno al otorgamiento del derecho de referencia entre el haber de retiro previsto en la norma tildada de inconstitucional, no pueden considerarse violados los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, alegados por la parte quejosa y, por ende, devienen infundados los motivos de disenso vertidos en ese sentido. Ahora, el hecho que el Decreto 496/2022 en cita no hubiere contemplado un supuesto de haber de retiro, para el caso que una Consejera haya durado por el tiempo para el que fue designada, como sucede con la gestora de amparo; ello no implica per se una discriminación de la ley, ya que como se anticipó, para que pueda hablarse de violación a los principios de igualdad y no discriminación, debe existir comparativamente entre dos o más regímenes jurídicos establecidos, una diferencia de trato injustificada; lo que no ocurre en el caso particular. Ya que como quedó establecido el cargo de Magistrados y Consejeros no comparten las mismas funciones ni facultades, así como tampoco la forma en que son designados, por lo que no podemos hablar de una desigualdad al no encontrarse en un mismo supuesto tratado de manera distinta sin justificación constitucional válida. En otras palabras, si bien los Magistrados del Poder Judicial del Estado tienen derecho a un haber de retiro, a diferencia de los Consejeros, esta situación no viola el principio de igualdad, como aduce la quejosa, porque dicho haber, es aplicable a todos los sujetos ubicados en las mismas circunstancias, y por ende, otorga un trato igual sin distinción alguna; lo que no sucede en el caso de los Consejeros, ya que la naturaleza de sus funciones es distinta y no se ha previsto con anterioridad a la reforma la existencia de ese derecho a su favor. Ello, porque a diferencia de las funciones de los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, las cuales son netamente administrativas, de vigilancia y disciplina; la naturaleza jurídica de la función que realizan los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado es jurisdiccional y el haber de retiro constituye un componente esencial de las garantías constitucionales de la función jurisdiccional; por ende, no puede existir violación alguna al invocado principio. Finalmente, resultan inatendibles los motivos de disenso en los que aduce que si bien al contar con poco más de treinta y un años de servicio al Estado, tiene el derecho a acceder a la jubilación voluntaria establecida en el artículo 61 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán; ello deviene de las aportaciones ordinarias a título de cuotas que ha venido cubriendo a lo largo de este tiempo, por lo que dicha figura no puede equipararse al haber de retiro, cuya naturaleza es dignificar el retiro. Lo anterior, habida cuenta que el derecho de la quejosa de acceder a la jubilación voluntaria no es materia de litis en el presente juicio de amparo, ya que lo que aquí reclamó es el haber de retiro que se encuentra contemplado en los artículos tildados de inconstitucionales. Por tanto, ante lo infundado e inatendible de los motivos de inconformidad expuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la unión que solicita. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a SARA LUISA CASTRO ALMEIDA, respecto a los actos que reclamó del Congreso y Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en los considerandos sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

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