Jorge Alberto Manrique Gonzalez
Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Alberto Manrique Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin embargo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 317/2022-IV-B, promovido por Rodrigo Jafed Zapata Sulub, a favor del directo quejoso JORGE ALBERTO MANRIQUE GONZÁLEZ; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rodrigo Jafed Zapata Sulub, a favor del directo quejoso JORGE ALBERTO MANRIQUE GONZÁLEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó de las autoridades siguientes: Fiscal General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Fiscal Investigador de la Agencia Décimo Primera de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán. EJECUTORAS: Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. Director de la Policía Estatal de Investigación, sito en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad. Director de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán. Todos con sede en esta ciudad. Por lo que en auto de cinco de febrero de dos mil veintidós, se otorgó al quejoso la suspensión de plano en contra de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento y malos tratos. SEGUNDO. En la misma fecha el quejoso ratificó la demanda promovida a su favor, y en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó sus informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: La incomunicación, detención y malos tratos del directo quejoso. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la incomunicación, y malos tratos del directo quejoso, toda vez que al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Del mismo modo, no son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por conducto del Director Jurídico (promoción 4541), Policía Estatal de Investigación por conducto del Encargado del Departamento Jurídico, ambos residentes en esta ciudad (promoción 2484) Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán (promoción 2503), relativos a la privación de la libertad del directo quejoso, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara con prueba alguna esa negativa, aunado al hecho que no se advierte que hubiesen tenido alguna participación en los actos de referencia. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por cuanto hace a dichos actos y autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto relativo a la detención, reclamado a las autoridades responsables: Fiscal General del Estado de Yucatán. Rindió informe a través del Vice Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad (promoción 2523). Fiscal Investigador en Turno de la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público, con sede en Progreso, Yucatán (promoción 4960). Lo anterior toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto de la ley de la materia antes invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". En el caso, el directo quejoso JORGE ALBERTO MANRIQUE GONZÁLEZ, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, reclamando de las autoridades responsables sustancialmente la detención. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Fiscal Investigador en Turno de la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público, con sede en Progreso, Yucatán, y las que integran los presentes autos, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Se advierte que Jorge Alberto Manrique González, se encontraba recluido en el área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación de la Unidad de Investigación y Litigación de Progreso, Yucatán, y a disposición de dicha representación social, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación número F1-F1/46/2022. Sin embargo, posteriormente, con fecha siete de febrero de dos mil veintiuno, el directo quejoso Jorge Alberto Manrique González, fue puesto a disposición del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, generó un cambió en su situación jurídica y por tanto, que se actualice la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la parte quejosa al haber sido puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Consecuentemente, los actos reclamados fueron sustituidos jurídica y procesalmente, ya que al momento de que la autoridad ministerial ejerció acción penal, se transitó de una fase de investigación no judicializada a una judicializada. Por tanto, es inconcuso que los actos atribuidos a las autoridades responsables, quedan consumados formal e irreparablemente; en todo caso, ahora corresponderá al impetrante ejercer su derecho de defensa ante el Juez de Control que conoce del asunto. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1702 y Registro: 2013315, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Asimismo, por analogía de razón, la tesis IV.2o.P.43 P, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009, página 1373 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica del quejoso, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. QUINTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE ALBERTO MANRIQUE GONZALEZ, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE ALBERTO MANRIQUE GONZALEZ, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, residente en Progreso, Yucatán. Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELCT Mérida, Yucatán; once de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio del delegado de las responsables de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, por medio del cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitió el acuerdo de siete de marzo de este año. Así, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, por el término de tres días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda respecto al cumplimiento de la sentencia. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En el entendido que, en atención a lo solicitado por la autoridad oficiante, se comisiona al actuario de la adscripción a constituirse en el domicilio de la parte quejosa y hacerle del conocimiento la presente determinación, corriéndole traslado con copia de ésta, además deberá hacerle entrega del diverso traslado que remitió la responsable para notificar la aludida determinación a la parte quejosa, lo que deberá hacer constar en el acta respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Jorge Alberto Gomez Canche1038/2022
- Jorge Alberto González Solano1305/2018
- Jorge Alberto Habib Abimerhi1706/2023
- Jorge Alberto Herrera Cobos77/2018
- Jorge Alberto López García742/2022
- Jorge Alberto Magaña Granados123/2021
- Jorge Alberto Marin Ponce724/2018
- Jorge Alberto May2711/2022
- Jorge Alberto May14/2023
- Jorge Alberto Novelo Salazar2482/2021
- Jorge Alberto Palma Martín1448/2017
- Jorge Alberto Peraza Ortíz2579/2022