Jorge Alberto Orduño Ruiz
Expediente 518/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Alberto Orduño Ruiz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como que las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan el informe justificado y documental que envía el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ello con base en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Ahora, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, *******, por conducto del licenciado ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en la Investigación y Persecución del Delito Zona Norte y Coordinador Regional de la Policía Estatal Única, División Investigación, Zona Norte, que hizo consistir en: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO.- LA ILEGAL DETENCIÓN EN CONTRA DEL GOBERNADO DETENIDO *******, POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS, SIN HABER COMETIDO DELITO ALGUNO, Y QUE CUMPLIERON ARBITRARIAMENTE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, COMETIENDO ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, INTIMIDACIÓN Y PRESIÓN PSÍQUICA. [.]" Previa ratificación, mediante auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo de referencia; se requirieron a las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. En su informe justificado, el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informa que el quejoso fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada con Detenido de la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, y que obtuvo su libertad bajo reservas de ley, el dieciocho del actual a las veinte horas con un minuto, para acreditar lo anterior, envió copia certificada del oficio *******, signada por la Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos con Detenido Fem, girado al Encargado de la Celdas Preventivas de la Unidad de Control de Detenidos, Fiscalía Zona Norte, a fin de que dejara en inmediata libertad al aquí quejoso Jorge Alberto Orduño Ruíz. Esta narrativa de antecedentes revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada del oficio UIDET-8000/2016, signada por la Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos con Detenido Fem, girado al Encargado de la Celdas Preventivas de la Unidad de Control de Detenidos, Fiscalía Zona Norte, a fin de que dejara en inmediata libertad al aquí quejoso Jorge Alberto Orduño Ruíz; documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2. Luego, si el directamente agraviado quedó en libertad el dieciocho de junio del año en curso, cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al amparista en el goce del derecho fundamental violado, es decir, volviendo a las cosas al estado que existían antes de la violación que se alegó en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley. No obsta a la anterior determinación que el quejoso señaló como actos la intimidación y tortura, toda vez que de la constancia actuarial de diecisiete del actual, la Actuaria de la adscripción asentó que el quejoso se encontraba en buen estado físico, asimismo, la autoridad oficiante negó dichos actos. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el directamente agraviado, *******, ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre por *******. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda; sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa únicamente solicitó la suspensión de plano, la cual se proveyó al respecto mediante auto de diecisiete del actual. Acorde a lo señalado en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de julio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; asimismo, en términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Por último, agréguese a los autos los informes que sobre la suspensión de plano rinden las autoridades oficiantes; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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