Jorge Alberto Gómez Zuñiga
Expediente 92/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Alberto Gómez Zuñiga
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto de diez de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de garantías promovida por ***************, por tanto se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.*
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se oirdena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diez de febrero de dos mil dieciséis que dice: Juárez, Chihuahua, diez de febrero de dos mil dieciséis. Vista la demanda se advierte que *************** a ruego de *************** interpone amparo indirecto contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre y del Tribunal del distrito Bravos, en Juárez, Chihuahua, de quienes reclama la omisión de fijarse data para la revisión del amparo directo interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada por considerarlo responsable del delito de extorsión agraviada. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el consecutivo 92/2016-I-2. En principio, conviene indicar que este juzgador al revisar la demanda, observa que la promueve *************** a ruego de ***************, tal institución no está reconocida en la legislación de la materia, la signante no acredita la representación que ostenta y los actos reclamados no son de aquellos que permitan la promoción del amparo por conducto de cualquier persona, empero, se omitirá requerir a la accionante que se sirva probar la calidad de apoderada del agraviado en la medida que ello resultaría ocioso y un retardo en la impartición de justicia al estimarse que la demanda debe desecharse. Para estar en condiciones de evidenciar la improcedencia de la demanda de amparo se debe considerar que el normativo 113 de la legislación de la materia, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción VI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.] Los Cuerpos Colegiados a que hace referencia la transcrita fracción, son los encargados de tutelar los derechos humanos mediante el juicio de amparo directo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 61, las llamadas causales de improcedencia, dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción VI, del citado numeral 61, previene que el juicio es improcedente habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Tribunales Colegiados en mención pronuncien, son inobjetables, lo que tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar los hechos expuestos por la promovente en su demanda, los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hechos que asegura son los siguientes: a) En audiencia intermedia del siete de febrero de dos mil once se acusó formalmente a *************** por el delito de extorsión agravada y se dictó auto de apertura de juicio oral. b) En juicio oral se le impuso una pena de doce años tres meses de prisión, se interpuso casación y se confirmó tal resolución. c) Luego, se promovió amparo directo, que aduce la promovente, tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, seguido que fue el trámite se resolvió el amparo. d) El agente del ministerio público interpuso un recurso de revisión que no ha sido resuelto. Tal omisión, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Aquí, conviene aclarar que aun cuando la omisión de resolver un recurso de revisión se imputa a un juzgador federal, lo cierto es que legalmente quien se encuentra facultado para admitir, tramitar y resolver los amparos directos son los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyas resoluciones son inobjetables, por regla general, pero que pueden ser atacadas en revisión que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. Así, se estima que el amparo que se presenta resulta improcedente porque si en la fracción VI del numeral 61 de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo será improcedente respecto de resoluciones dictadas por Tribunales Colegiados, también debe entenderse que incluye las omisiones de los citados órganos pluripersonales. En efecto, en un amparo no se puede conocer de actos u omisiones cometidas en otro juicio de control constitucional, por las razones siguientes: I. A los tribunales de la federación compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. En todo caso, si los tribunales federales al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, y II. Un juzgador federal no podría conocer y resolver respecto de actos u omisiones de un Tribunal Colegiado, pues éstos son jerárquicamente superiores al primero, esto es, incompetente legalmente para juzgar sus determinaciones. Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia mencionada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I, de la ley invocada, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y autorizando únicamente para tales efectos a las personas que refiere. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Finalmente, en términos de los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
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