Jorge Alberto Loera Falcon

Expediente 1433/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1433/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2017

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Loera Falcon

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintidós de noviembre del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Loera Falcón, contra actos que reclama del Director de Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad, la cual fue exhibida con seis copias. En ese sentido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el presente caso se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo que nos atañe, por los motivos que a continuación se expresan. En efecto, en la especie la parte quejosa reclama la inscripción de la donación respecto del predio marcado con el número ciento setenta y uno, de la calle veintiséis, de Progreso, Yucatán, ordenada en escritura pública seiscientos noventa y cuatro, de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Notario Público cuarenta y cuatro del Estado de Yucatán. En ese sentido, debe decirse que se estima actualizada la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1o. fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Esto, cuenta habida que dada la interpretación integral de la demanda de amparo, la parte quejosa, al promover este juicio, lo que pretende es obtener la protección constitucional, a fin de que la autoridad registral responsable soslaye la referida inscripción de la donación contenida en la escritura pública antes reseñada; extremo que permite evidenciar la existencia de un conflicto entre particulares (que son la parte quejosa, el donador y el donante). Al respecto, el artículo 2191 del Código Civil del Estado de Yucatán, en lo que interesa establece: "Artículo 2191. Las inscripciones o anotaciones únicamente pueden cancelarse por consentimiento de los otorgantes del acto o convenio que conste en el título o documento inscrito o anotado o por decisión judicial." Por su parte, el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, en lo conducente, dispone: "Artículo 89. Para decretar la cancelación de un registro, o la rectificación de actas del estado civil, es competente el Juez del lugar en donde estuviere ubicado el Registro." En virtud de lo anterior, este Juzgador Constitucional considera que la parte quejosa, previamente a la interposición del juicio de amparo, debió promover ante la autoridad del fuero común, el juicio correspondiente, en el que ejercitara la acción prevista por el artículo 2191 del código sustantivo civil del Estado, a fin de que sea el Juez del Fuero Común quien determine si procede o no la invalidación de la señalada inscripción registral y demás consecuencias; de ahí que al no hacerlo, es incuestionable que en la especie se configuró la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 1o. fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio de control constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es claro entonces, que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (como son los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Yucatán) se establece un determinado procedimiento para dirimir un conflicto entre particulares, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el caso se estén imputando los actos a ciertas autoridades, como son el Director y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, pues como ya se dijo en líneas precedentes, en el fondo lo que pretende la parte quejosa es que se dirima un conflicto suscitado entre él, el donante y el donatario del predio a que hace mérito. En esta hipótesis, en el juicio natural que se pueda llegar a promover con el propósito de nulificar la inscripción de tal donación, a las autoridades en cita deben ser oídas, teniendo obligación legal de acatar lo que se resuelva en la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse. Lo anterior, sin perjuicio de que los particulares interesados puedan promover el juicio constitucional contra la sentencia definitiva que solucione la apuntada controversia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/15, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la foja 388, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 197412, que informa: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto." Así como la tesis XI.2o.96 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 1423, del Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 190803, que establece: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, INSCRIPCIONES EN EL. EL JUICIO DE AMPARO NO ES LA VÍA LEGAL ADECUADA PARA OBTENER SU CANCELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 2854 del Código Civil dispone que las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial; de lo que se deduce que fuera del caso en que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, o sea, que cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Ahora bien, como las inscripciones están vinculadas con la declaración de un derecho real cuyo reconocimiento judicial compete a las autoridades del ramo, según el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles, es evidente que quien pretenda su cancelación debe agotar el juicio correspondiente, previo al ejercicio de la acción constitucional, pues de no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica jurídica, es innegable que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada, por lo que con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por José Alberto Loera Falcón, contra el acto que reclama al Director y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad del Estado. Por otra parte, tomando en consideración que el domicilio señalado por el quejoso, para oír y recibir notificaciones, se encuentra incompleto, pues no indica la nomenclatura del predio en que se le deben practicar éstas; por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, háganse las notificaciones respectivas, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto indique con claridad el domicilio que señale para tal fin. De igual manera, téngase como sus autorizados a Héctor Alfredo Uribe Manzano, Julio César López y Ariel Armando Díaz Fernández, con las limitaciones que establece el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En atención a la solicitud contenida en el escrito de cuenta, relativa a la autorización para la reproducción electrónica de los acuerdos que se dicten dentro del presente juicio de amparo; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los personas mencionadas en el párrafo que antecede, para que puedan hacer uso del medio que alude la tercero interesada, al momento de la consulta del presente asunto. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. ...

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