Jorge Alberto Evia
Expediente 352/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Alberto Evia
Actuaciones
- Principal
MESA V. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de quince de marzo del año en curso, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Evia, contra el acto que reclama del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, y otra autoridad. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma; por lo que, previo a todo, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de actos reclamados, se advierte que el quejoso impugna, la omisión del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de acordar el escrito del quejoso de fecha nueve de octubre de dos mil quince, a efecto de que se dictara la prescripción de la acción, en relación al expediente penal 422/1984 de su índice; al respecto, este Juzgador Federal advierte que en relación con el precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que dicen textualmente: "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Para una mejor comprensión del asunto, se menciona que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de acordar el escrito del quejoso, a efecto de que se dictara la prescripción de la acción, en relación al expediente penal 422/1984. En tal sentido, como se advierte del capítulo de antecedentes del acto reclamado, el promovente refiere que, "hace dos días", cuando acudió al Juzgado Penal, se enteró que habían emitido un acuerdo en el que, respecto a la petición realizada, el nueve de octubre de dos mil quince, le indicaban, que el expediente en cuestión no lo tenían ya que se encontraba en archivo; por lo que se hace evidente que no es jurídicamente posible reparar dicha violación aducida (acto aquí reclamado consistente en la omisión del Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de acordar el escrito del quejoso, a efecto de que se dictara la prescripción de la acción, en relación al expediente penal 422/1984). Hechos los anteriores acotamientos, como se dijo anteriormente, debe desecharse la demanda, por notoriamente improcedente, en virtud de que la omisión de que se duele cesó en sus efectos por haber sido reparada procesalmente por el auto emitido por el Juzgado responsable, pues dicha providencia sustituyó, para todos los efectos, la omisión que en esta vía se impugna. Siendo inconcuso que, independientemente del sentido en que fue contestada la petición del promovente, la presunta violación de derechos fundamentales, en todo supuesto, ya no la origina la omisión del Juzgado penal de dar respuesta a un escrito, sino el auto emitido en segundo término, es decir, el que da respuesta la solicitud de decretar la prescripción de la acción del expediente 422/1984; de ahí que la citada omisión ya no puede ser materia de examen en el amparo indirecto y, por ende, se actualizó la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Orienta lo anterior, la tesis jurisprudencial, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Tesis: III.2o.C. J/22, visible a página 1579, que dice textualmente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como también resulta aplicable, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, Tesis: III.3o.C.23 K, visible a página 410, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En consecuencia, este Juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia, contemplada en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente.
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