Jorge Alberto Lagarde Aguilar

Expediente 1219/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1219/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Lagarde Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se fijó el día veintiséis de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, mediante el Aviso de Suspensión de Labores de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, y el Coordinador de Jueces de Distrito en el Estado de Baja California, ambos con sede en esta ciudad, y la Circular 29/2023 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se informó la declaración de días inhábiles del veinticinco al veintinueve de octubre del año en curso, por causas de fuerza mayor -paro de labores por parte de los trabajadores de los órganos jurisdiccionales-, y la suspensión de labores en dichas datas, en todos los Juzgados de Distrito de esta ciudad. Acuerdo. En ese tenor, con sustento en los comunicados de que se trata y los fundamentos contenidos en los mismos, así como de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley de Amparo; al existir impedimento legal y fáctico para que este órgano jurisdiccional emitiera resoluciones, acuerdos y actuaciones del día veinticinco al veintinueve de octubre de este año, por las razones antedichas, y a la luz de los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, así como el de mayor beneficio de los justiciables atento a los numerales 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la Republica; se procede a lo siguiente. Señalamiento de nueva audiencia constitucional. En esas condiciones, lo procedente es fijar como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, las doce horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes por medio de lista, atento a lo expuesto en el auto de radicación, así como porque no existe obligación legal de efectuar la notificación del presente de forma personal, de acuerdo al numeral 26 de la Ley de Amparo. ****Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Gestiones. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo que remite la Recaudadora de Rentas del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; por medio del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector y, para acreditar lo anterior, remite constancias de las actuaciones que ha llevado a cabo para tal finalidad. Vías de cumplimiento al fallo protector. Se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo las actuaciones e informando las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Se vincula autoridad. En consecuencia, se concluye que el Ayuntamiento de Mexicali, por conducto de su Departamento de Programación y Presupuesto, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, procede vincular al cumplimiento del fallo protector, a la siguiente autoridad: Departamento de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Mexicali. Dicha autoridad, aunque no hubiere sido señalada como autoridad responsable, está obligada a realizar, dentro del ámbito de su respectiva competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento del fallo protector, y por ende, está sujeta a las mismas responsabilidades que la ley de la materia establece en tratándose de la falta de cumplimiento y ejecución de las ejecutorias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia 1a./J. 57/2007, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Requerimiento para que se cumpla con el fallo protector. Por tanto, requiérase a la citada autoridad vinculada que se encuentra obligada a dar cumplimiento, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remita de inmediato las constancias con las que acredite lo anterior. Actos específicos que debe realizar la autoridad vinculada en cumplimiento al fallo protector. Deberá remitir constancias en las que se acredite haber elaborado el cheque correspondiente, mismo que resultó al aplicar el monto de menor cuantía al pago de impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, derivado de la clave catastral Q5007013, monto que se debe devolver a la parte quejosa. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258, todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberá cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Y TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA *****, NO ATENDIO EL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto lo de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 251/2018, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo billete de depósito ********************, valioso por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, el cual sirvió para garantizar la suspensión que le fue concedida mediante resolución de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; igualmente, que por proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio principal del que derivan los presentes autos incidentales, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tribunal Colegiado en la que confirmó la sentencia dictada en autos que sobreseyó el juicio de amparo. Vista. Ahora, dado que a la fecha ha transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que los terceros interesados hayan promovido el incidente de reparación de daños y perjuicios respectivo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el precitado numeral, dése vista a las partes por el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al billete en comento; apercibidas que de no hacer manifestación alguna en el plazo otorgado con antelación se ordenará la devolución del billete descrito en el párrafo anterior a la parte quejosa. Notifíquese y personalmente.

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