Jorge Alberto Jiménez Ochoa
Expediente 805/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2023
Partes del expediente
- Jorge Alberto Jiménez Ochoa
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No obran dentro del expediente Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a siete de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por sí y en representación del Tribunal en cuestión, para que surta los efectos legales conducentes. Delegados. Téngase nombrando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona. Medios de contacto. Asimismo, por proporcionado el número telefónico que refiere, así como la cuenta de correo electrónico indicada en el informe de cuenta. Lo anterior, hágase del conocimiento de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que sea integrada dicha información a la base de datos correspondiente. Acuse. Como se solicita, acúsese el recibo correspondiente. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase por presentada las probanzas que adjunta; sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el medio de convicción de cuenta, por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie como lo establece la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" 03/03/24 13:35:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.12 Martín Arreola Cháidez La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. 03/03/24 13:35:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.12 Martín Arreola Cháidez Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin qe justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no 03/03/24 13:35:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.12 Martín Arreola Cháidez hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, sustancialmente la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo: 1) La omisión de dictar auto mediante el cual admita y/o deseche pruebas en el juicio laboral 185/2020-V del índice de la Tribunal de Arbitraje en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de las documentales allegadas en la presente fecha, mismas que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el treinta de junio de dos mil veintitrés - 03/03/24 13:35:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.12 Martín Arreola Cháidez con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo-, el Tribunal responsable proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 185/2020-V. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de esencialmente de la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar auto mediante el cual admita y/o deseche pruebas en el juicio laboral 185/2020-V del índice de la Tribunal de Arbitraje en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, -lo cual aconteció-, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda 03/03/24 13:35:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.12 Martín Arreola Cháidez desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, sin que obste que la parte quejosa se duele, además, de la omisión de efectuar la notificación del acuerdo en cuestión, así como de que el juicio de origen no quede inactivo y que el mismo se resuelva en el término que precisa; dado que, es de precisarse que el acto reclamado debe tomarse en función de la etapa procedimental en la que sitúa dentro del expediente de origen; de ahí que, también los efectos de la concesión del amparo, deben entenderse únicamente a esa etapa, por lo que si el acto reclamado fue la falta de dictado del auto donde se admitieran o desecharan la pruebas, luego, los efectos no pueden extenderse a etapas subsecuentes en el juicio laboral génesis. Apoya esa determinación, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez 03/03/24 13:35:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.12 Martín Arreola Cháidez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Resta precisar, que la anterior determinación sin previa vista a la parte quejosa, no implica una violación al procedimiento de amparo que nos ocupa, toda vez que la vista de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de la Materia, no aplica en el caso particular, dado que la regla en cuestión sólo opera cuando la resolución de sobreseimiento -sentencia- sea dictada en audiencia, dado lo señalado específicamente en dicho precepto, esto es, que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, debe mediar un plazo de ocho días; lo que no ocurre en el particular, en virtud que de hecho, con motivo del sobreseimiento emitido fuera de audiencia, se determinó dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto, derivado de la actualización de la causal de improcedencia sobrevenida de forma indudable. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejos
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; admítase la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo de este Juzgado con el número 805/2023. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Incidente de suspensión. No fue solicitado. Informes justificados. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídaseles a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que deberán rendir dentro del término de quince días; el que deberá cumplir con los requisitos siguientes: Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar lo conducente, hasta que obren en autos las constancias relativas a los actos reclamados. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere por así solicitar la parte quejosa; así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a las personas que cita. Se autoriza consultar electrónicamente. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en los diversos 35, 39, 55, y demás relativos y aplicables del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente; se autoriza el acceso al presente expediente electrónico para su consulta, al usuario "********************". Notificaciones personales por vía electrónica. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, y como lo solicita expresamente la parte quejosa, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones personales a la parte quejosa, vía electrónica, con el nombre de usuario indicado en párrafo que precede. Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con los que se registró dicho usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Domicilio físico. En virtud de las notificaciones electrónicas ordenadas en autos, así como a elección de la parte quejosa, no ha lugar a tener como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el lugar físico que indica en su escrito inicial de demanda. No obstante, con fundamento en el artículo 30, fracción II, segundo párrafo, y fracción III, de la Ley de Amparo, téngase señalado dicho domicilio, únicamente en el evento de surgir un caso fortuito, fuerza mayor o falla técnica del sistema que impida hacerlo vía electrónica, o bien, en algún otro caso que este juzgador estime conveniente por la naturaleza del acto o diligencia que corresponda. En la inteligencia, que la regla general para las notificaciones personales, es por la vía electrónica autorizada, y para sólo en la eventualidad de que sea necesario por alguna razón conforme los expuesto en el párrafo que precede -notificación en domicilio físico por conducto del Actuario-, previamente, este juzgador determinará lo conducente, los términos y/o la temporalidad concretos en que deberá procederse al respecto. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la prueba presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones; las que se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, que serán valoradas y tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Sin que sea el caso de tener por ofrecida la documental pública que refiere, en virtud de que no adjuntó constancia alguna; máxime que la propia parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable lo deberá adjuntar al momento de rendir su informe justificado. Ahora bien, respecto a la prueba ofrecida consistente en informe que deberá rendir la autoridad responsable, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes en lo referente al requerimiento del informe justificado. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Notifíquese.
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