Jorge Alberto Hernandez Cruz
Expediente 1672/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1672/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2017
Partes del expediente
- Jorge Alberto Hernandez Cruz
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual comunica que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1672/2016-IV, del índice estadístico de este juzgado, promovido por José Alberto Hernández Cruz, contra actos de la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio que se atiende para los efectos legales conducentes. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo; en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX, pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" Lo anterior, a virtud de que por auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 43 a 47), se ordenó remitir el presente sumario al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, y como se advierte en párrafos precedentes el juzgado oficiante se avocó al conocimiento del mismo; razón por la cual, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1085/2016-I; y, Resultando. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil quince (fojas 2 a 5), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Gregorio Elizalde Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. La Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo. Licenciada Catalina Ernestina Loyola.". IV.- ACTO RECLAMADO: La resolución que emite y me notifica el día veintisiete de junio del año dos mil dieciséis en donde me niega los beneficios de la libertad anticipada aun y cuando estoy apegado a mi régimen de obligaciones encomendadas para mi reinserción social y deba ser revalorado hasta el mes de junio del año dos mil diecisiete sin haber sido llevado al Consejo Técnico Interdisciplinario para poder objetar las determinaciones en sentido negativo de las áreas que lo integran". Segundo. Derechos humanos violados. La quejosa señaló como derechos violados los reconocidos por los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, el quince de julio de dos mil dieciséis, se radicó con el juicio de amparo indirecto 1085/2016-I; por auto de dieciocho siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que por ley le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; previos diferimientos se fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta precedente y culmina con el dictado de esta sentencia. Considerando. Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que se reclaman actos de autoridad del Poder Judicial del Estado de México, y que tiene su residencia en una ciudad en la que ejerce jurisdicción este órgano. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se realiza el estudio integral de la demanda de amparo, en cumplimiento además a lo que establece la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a páginas 255, Tomo XIX-Marzo de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Se tiene como acto reclamado para los efectos de este juicio de amparo, la sentencia de veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, dictada en el expediente 17/2015, en la que la Juez responsable niega el tratamiento preliberacional y ordenó la revaloración del caso para junio de dos mil diecisiete. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Jueza de Ejecución de Sentencias de la Región Tenancingo, con sede en Tenancingo, Estado de México (f. 12 y 13), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede al análisis de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o las que advierta de oficio el suscrito, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, la Jueza de Ejecución de Sentencias de la Región Tenancingo, con sede en Tenancingo, Estado de México, al rendir su informe con justificación hizo valer la causal de improcedencia prevista en fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En ese sentido, este Juzgado de Distrito considera que contrario a lo estimado por la Jueza responsable, no se actualiza la causal de improcedencia que hacer valer, toda vez que en el presente asunto se está ante la presencia de la excepción establecida por el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, al verse afectada la libertad de quejoso. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: (.) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; (.)" Quinto. Estudio del fondo del asunto. Al no existir diversa causa de improcedencia alegada por las partes ni advertida de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados. Para un mejor entendimiento del asunto es necesario citar que de las constancias que remitió la Jueza de Ejecución de Sentencias de la Región Tenancingo, con sede en Tenancingo, Estado de México, consistentes en el expediente 17/2015, se advierte lo siguiente: El veinticuatro de abril de dos mil ocho, el ahora quejoso Gregorio Elizalde Rojas, fue sentenciado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo equiparado en agravio de Margarita Serrano Cruz, y le impuso una pena de doce años, seis meses de prisión (f. 11 a 28 del expediente 17/2015). Posteriormente, el ahora quejoso solicitó el otorgamiento del beneficio de tratamiento preliberacional, el cual se le negó el veintiséis de marzo de dos mil quince por la propia Juez responsable (f. 59 a 70 del expediente 17/2015). Mediante oficio DGPRS/DTL/1419/2016, el Director Técnico Leal de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, remitió al juzgado ahora responsable el expediente criminológico del quejoso (f. 76 del expediente 17/2015). Seguida la secuela procedimental, el trece de junio de dos mil dieciséis, se dio vista al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, quien se opuso al seguimiento del beneficio para el que fue propuesto el peticionario del amparo (f. 99 a 101 del expediente 17/2015). Así, el dieciséis de junio del año en curso, se declaró cerrado el procedimiento y se puso a la vista el expediente para que se emitiera la resolución correspondiente (f. 102 del expediente 17/2015). El veintisiete de junio de la presente anualidad, la Juez responsable emitió la resolución en la cual negó a Gregorio Elizalde Rojas, el tratamiento preliberacional, que en su momento fue propuesto por el Consejo Técnico Interdisciplinario de manera negativa (f. 97 y 103 a 113 del expediente 17/2015). Dicha determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora, el peticionario del amparo señala como conceptos de violación los siguientes: I. Que se le dejó en estado de indefensión, pues no estuvo en aptitud de objetar la determinación dada por las áreas que no lo proponían para ser apto para obtener el beneficio solicitado, las cuales carecen de la debida motivación. II. Que se violaron en su contra las reglas fundamentales del procedimiento, porque no estuvo en posibilidad de contravenir las determinaciones del Consejo Técnico Interdisciplinario. III. Que la autoridad responsable fue omisa en llevar a cabo el estudio y análisis de su situación jurídica agravándola más. Dichos conceptos de violación, resultan infundados, aún suplidos en su deficiencia, los cuales se estudian en su conjunto dada su estrecha relación, por las consideraciones de derecho siguientes. De la lectura del dictamen de tres de mayo de dos mil dieciséis, se obtiene lo siguiente: ".LAS ÁREAS AL EMITIR SU OPINIÓN DETERMINAN SU EVOLUCIÓN HA SIDO: NEGATIVA, CUSTODIA POSITIVA, PSICOLOGÍA NEGATIVA, TRABAJO SOCIAL NEGATIVA MEDICINA POSITIVA, EDUCATIVA POSITIVA LABORAL POSITIVA, DE LO QUE SE DEDUCE QUE NO HA DADO MUESTRAS DE UNA EFECTIVA READAPTACIÓN SOCIAL, POR LO CUAL ES PROCEDENTE VERTER LA OPINIÓN DE QUE NO SE ENCUENTRA EN APTITUD DE QUE LE CONCEDAN LOS BENEFICIOS A QUE TENGA DERECHO, EN RELACIÓN CON EL PRESENTE DICTAMEN." Por otra parte, resulta pertinente establecer que la autoridad judicial al resolver todas las peticiones relativas al beneficio de tratamiento preliberacional, debe apoyarse en el contenido de las constancias, estudios y opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría del Estado, sin que la decisión por éste expresada sea impositiva para la autoridad jurisdiccional, pues dicho consejo sólo constituye un órgano auxiliar de la Dirección de Prevención y Readaptación Social que participa en la evaluación de la conducta de los internos al emitir su opinión para la concesión del beneficio referido, pero no se encuentra facultado para pronunciarse en cuanto a la decisión final que en forma exclusiva compete a la autoridad jurisdiccional. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias de esta Entidad Federativa, al juez de ejecución se le deja en absoluta libertad para que, a su prudente arbitrio, valore los dictámenes, estudios, informes y demás elementos allegados al expediente, analizándolos, en lo individual y en su conjunto, en atención a las reglas de la lógica y de la experiencia. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la Tesis XVII.1º.P.A.52 P, publicada en la página 899, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SANCIONES. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL, AL RESOLVER SOBRE LA REVOCACIÓN DE LOS BENEFICIOS CONCEDIDOS AL SENTENCIADO Y LOS VINCULADOS CON LA LIBERTAD ANTICIPADA, PREPARATORIA, REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA O LIBERTAD DEFINITIVA, DEBA APOYARSE EN LAS CONSTANCIAS, ESTUDIOS Y OPINIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DE LA PENITENCIARÍA DEL ESTADO, NO IMPLICA QUE LA DECISIÓN POR ÉSTE EXPRESADA RESULTE IMPOSITIVA AL MOMENTO DE EMITIR SU RESOLUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). En términos de los artículos 2, 6, 12 y primero transitorio de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Chihuahua y del séptimo transitorio del Código Penal de la misma entidad, vigente a partir del 1o. de enero de 2007, así como de la circular 10/07 del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la facultad para aplicar y dar seguimiento a la ejecución de las sanciones impuestas en el Distrito Judicial Morelos se otorga a los Jueces Penales, tanto a los tradicionales como a los de juicio oral, no obstante que dicha facultad correspondía al Poder Ejecutivo del Estado, pues atento a la reforma constitucional que motiva la instauración de un nuevo sistema de justicia penal, se estableció limitarla a la administración de las prisiones y otorgar la ejecución de las sentencias al Poder Judicial. En tal virtud, resulta inconcuso que corresponde a la autoridad judicial resolver todas las peticiones relativas a la revocación de los beneficios concedidos al sentenciado y los vinculados con la libertad anticipada, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena o libertad definitiva; resolución que debe apoyarse en el contenido de las constancias, estudios y opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría del Estado, sin que la decisión por éste expresada sea impositiva para la autoridad jurisdiccional, pues dicho consejo sólo constituye un órgano auxiliar del director de la Penitenciaría del Estado que participa en la evaluación de la conducta de los internos al emitir su opinión para la concesión de los beneficios aludidos, pero no se encuentra facultado para pronunciarse en cuanto a la decisión final que en forma exclusiva compete a la autoridad jurisdiccional." En esas condiciones, resulta dable estimar que la Juez responsable tomó la decisión de no conceder el beneficio preliberacional con base en el análisis de no sólo los dictámenes emitidos por el Consejo Técnico, de los cuales se dedujo que el sentenciado no dio muestras de una efectiva readaptación social y que no se encontraba en aptitud de que se le concedieran los beneficios a los que tenía derecho, circunstancia que se considera correcta, sin que ello deba considerarse de manera impositiva, pues el consejo técnico interdisciplinario únicamente es un órgano auxiliar para los Jueces de Ejecución de Sentencias. Consideraciones que resultan ciertas, tal como lo dispone el Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias de esta entidad federativa, por lo cual no causa una afectación al peticionario del amparo, pues el Juez goza de libertad, bajo su prudente arbitrio, para valorar los dictámenes, estudios, informes y demás elementos allegados al expediente, analizándolos en lo individual y en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, aunado a que se está ante la presencia de un órgano de buena fe e imparcialidad. En esas condiciones, contrario a lo manifestado por el quejoso, en ninguno de los dispositivos en los que se apoyó la Juez responsable se advierte que la Juzgadora esté obligada en caso de existir pruebas contrarias, como en el caso, las pruebas relativas a los dictámenes periciales rendidos por el Consejo Técnico para requerir al interesado a fin de que los objete o en su caso los impugne. Por tanto, al haberse ajustado a las reglas previstas con antelación y haber valorado las constancias existentes, fue correcto que la responsable no ordenara que se le diera vista con el dictamen técnico como lo dice el quejoso. Así, no asiste razón al peticionario de amparo respecto al concepto de violación por el cual refiere que la responsable en momento alguno le dio vista con los resultados emitidos en el dictamen técnico. En otro sentido, resulta infundado que el quejoso refiera que se vulneró el artículo 16 constitucional al no estar debidamente fundada y motivada la resolución, pues se invocaron preceptos legales que no coinciden con los argumentos lógico jurídicos en los que se basó. Una vez que se ha realizado el examen de la resolución recurrida se advierte, en relación con lo anteriormente aducido por el impetrante de amparo, que ésta se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la Juez responsable expresó con precisión el precepto legal aplicable al caso; además, señaló, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión; de ahí que se advierta la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, la configuración de las hipótesis normativas. Lo expuesto, pone de relieve que toda resolución jurisdiccional a fin de cumplir con los requisitos de fundar y motivar se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, tomadas en consideración para demostrar dichos extremos. En otras palabras, es necesaria la existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos invocados como fundamentación, debiendo establecerse la relación existente entre uno y otro. Luego, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria y el caso específico en el cual va a operar o surtir sus efectos. Resulta ilustrativa sobre el particular la tesis de Jurisprudencia número 902, publicada en las páginas 1481 y 1482, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917-1988, así como la jurisprudencia número 2ª./J. 67/98, contenida en la página 359, Tomo correspondiente al mes de Septiembre de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que por su orden a continuación se transcriben: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido.". Sentado lo anterior, a fin de evidenciar que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada en los aspectos que se estudian, conviene precisar que del análisis de la exposición de motivos por la cual se creó la figura del juez ejecutor de sentencias, se aprecia que el establecimiento de dicha instrucción, tuvo el objeto de que sirviera de apoyo a la función penitenciaria, que permitiera objetivamente un equilibrio entre la población penitenciaria existente y la capacidad instalada. Se consideró que la modernidad exige la aprobación inmediata de medidas penitenciarias estratégicas, capaces de desarrollar una política criminal adecuada a las condiciones actuales de los centros de readaptación social, que permitan mejorar el cumplimiento con la función de prevención y readaptación social y que a cargo del Poder Ejecutivo debe existir en relación con el problema penitenciario, con el objetivo de que a mediano plazo se logre una apreciable disminución en la población penitenciaria respecto de los internos que hayan sido condenados por sentencia ejecutoria. Por ello, se estimó necesario contar con área específica dentro del Poder Judicial, a fin de que contribuyera a la disminución de la población penitenciaria en completo respeto al estado de derecho y permitieran el fortalecimiento en la credibilidad de las instituciones encargadas del sistema penitenciario. Lo anterior, con el objetivo de lograr total transparencia, eficacia e imparcialidad, para el caso de las preliberaciones, abatiendo por completo el probable favoritismo con el que se pudiera señalar a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, que aparentemente realiza una doble función al revisar los expedientes de los sentenciados y que además, decide facultativamente, quienes son candidatos para que se les autoricen las medidas preliberatorias y los beneficios concedidos en la ley. Como consecuencia de lo anterior, se estimó necesaria la creación del juez ejecutor de sentencias a fin de garantizar e implementar un sistema de oficio para la revisión constante y permanente de todos los expedientes de los internos condenados con sentencias ejecutoriadas, sin discriminación alguna y con pleno apoyo en el estado de derecho. Entonces, si el motivo por el cual se creó la figura jurídica del juez ejecutor de sentencias se debe a la necesidad de que con apego al estado de derecho se analicen los expedientes de los internos que tengan sentencia ejecutoria para que, en caso de ser procedente, obtengan alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la ley, resulta indudable que cuando un interno solicita que se le aplique a su favor alguno de los citados beneficios, dicho juez tiene la obligación de analizar cada uno de los requisitos que se establecen en la ley para obtener éstos, a fin de cumplir con el objeto por el cual se creó dicha figura jurídica. Cabe precisar que el sistema penitenciario mexicano, tiene por objeto la eficacia rehabilitadora de la pena, la legitimación de decisiones de la autoridad penitenciaria que conduce y gobierna el tratamiento intramuros, con base al proceso de cada interno en tres postulados fundamentales: el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, considerándose como los peldaños requeridos para la modificación de tendencias e inclinaciones antisociales de los internos, así como propiciar la adquisición de conocimientos que puedan serles utilidad en su vida libre. En ese contexto, reviste importancia el tratamiento reeducativo, la organización de actividades culturales, recreativas y deportivas, con el objeto de mejorar el nivel cultural, las condiciones fisiopsíquicas de los detenidos, para controlar la agresividad que se acumula en los sujetos sometidos a un régimen privativo o restrictivo de la libertad personal. Para lo cual, se debe atender a los estudios que sobre los internos se practican por medio de un equipo técnico interdisciplinado, compuesto por profesionistas de diferentes ramas como sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, criminólogos y pedagogos, quienes desde su muy particular campo de acción, estudian al delincuente y proponen, a través de un diagnóstico el tratamiento adecuado para readaptarlo. Lo anterior, tomando en cuenta las diferentes modalidades que lo comprenden las medidas tutelares en favor de quienes han sido sentenciados, y que hayan compurgado la mayoría de la pena que les fue impuesta, para que dichos individuos puedan reintegrarse a la colectividad de manera gradual y sistemática, y en su caso lograr su libertad cuando hayan observado las condiciones necesarias para su readaptación. Por consiguiente, el propósito es garantizar la aplicación imparcial, oportuna y efectiva de los beneficios preliberacionales a que son acreedores en términos de la ley, sin conculcar derechos fundamentales de los internos y favorecer con ello la disminución de la población en los propios centros de readaptación social, para lo cual se debe atender de forma humanista e individual a cada interno, al permitir la revisión oficiosa y periódica de los expedientes y realizar estudios técnicos-jurídicos con la asesoría y auxilio de los jueces ejecutores de sentencias. De ahí que los jueces de ejecución, deben tomar en consideración la valoración que hagan los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario en las diferentes áreas que lo integran, como en su caso la instrucción pedagógica que se imparte en las instituciones penitenciarias, resultando un factor primordial de readaptación, reafirmadora del respeto a los valores humanos y de las instituciones nacionales. Así como el régimen disciplinario que se instruye en el centro de readaptación, a través de elementos normativos de la conducta que los internos deberán observar desde el momento de ingresar a la institución, concretamente en sus relaciones interpersonales con los demás internos, en sus relaciones de subordinación y respeto hacia el personal penitenciario, así como la obligación que poseen de respetar las normas que regulan la vida penitenciaria en sus múltiples aspectos, a fin de que sea garantizado el ordenado desarrollo de la vida interna de una institución. Asimismo, otras de las finalidades de lograr la readaptación, es favorecer los contactos de los internos con el mundo exterior, no sólo mediante la participación activa de personas, instituciones o asociaciones públicas o privadas interesadas en la acción reeducativa de aquéllos, sino fomentando y estrechando sus lazos familiares y afectivos. Resulta indudable la importancia que dichos factores revisten en el ámbito personal de los internos para lograr su desarrollo y de esta manera alcanzar los objetivos necesarios para lograr su readaptación y gocen de los beneficios que establece la ley. En esas condiciones, de la resolución que se combate se advierte, que el juez responsable, estimó que dicho beneficio no era procedente por las consideraciones siguientes: Primeramente, fundó su resolución en los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82, 88, 102 y 104 bis, de la Constitución del Estado de México, 3, fracción IV, 187, 189, fracciones III, V y VII, 192, 196, 197, 198, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, 47, 49, 52, 71, 81, 82, 91 y 98 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad vigente en el Estado de México, 1, 5, 8, 13, 21, 25, 34, 35, 36, 40, 41 y 45 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias. De igual manera, la Juez expuso que en cuanto al tiempo jurídico para otorgar al sentenciado (quejoso) el tratamiento de prelibertad, conforme al artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que indica que la prelibertad se podrá otorgar dos años antes del cumplimiento delas tres quintas partes de la pena de prisión impuesta tratándose de delitos dolosos; la Juez responsable estableció, que el interno comenzó a compurgar la pena de prisión que le fue impuesta a partir del tres de agosto de dos mil nueve y hasta esa fecha había compurgado seis años, diez meses veinticuatro días, el quejoso sí cumplía con el requisito de temporalidad jurídica, para solicitarla, lo cual resultó correcto. Asimismo, la responsable explicó que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en específico el artículo 192 para el otorgamiento de tal beneficio se deben reunir determinados requisitos, que a saber son: a) Que el interno observe buena conducta. b) Que participe regularmente en las actividades educativas y recreativas que se organicen en el Centro Preventivo y de Readaptación Social. c) Que a juicio del Juez Ejecutor de Sentencias, revele otros datos de efectiva resocialización. Así, la responsable, con plenitud de jurisdicción, al tener en su poder el expediente criminológico del quejoso expuso que respecto al orden interno por parte del sentenciado, se ubica en una peligrosidad media, tiene buenos hábitos de higiene personal, limpieza de su área, puntualidad y disciplina, respeta a sus compañeros, a las autoridades, así como las propiedades de aquellos y de la institución, presenta habilidades para sujetarse a las normas establecidas y al trabajo, cuenta con un correctivo disciplinario por riña con otro interno. Por otra parte, respecto al mejoramiento cultural, la aplicación en la institución pedagógica y la superación en el trabajo, el área educativa y laboral se le refirió que no acredita el requisito porque los resultados no son congruentes con el número de asistencias a la escuela con el grado que actualmente cursa. Asimismo, dentro de la institución, labora en la actividad de artesanías teniendo mil cuatrocientos cinco días laborados, cuyo rendimiento en el trabajo ha sido bueno. De igual forma, respecto de la opinión del área de trabajo social, se evidenció que no s han alcanzado los objetivos planteados y no se han cubierto de forma satisfactoria las modalidades previstas por la ley, por lo que se sugiere que continúe en tratamiento. Máxime que como ya se dijo al Juez, se le permite valorar conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y convicción. Criterio que se justifica con jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente "SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SU CONCESIÓN CONSTITUYE UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR." además de lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad que también fue invocado por la autoridad responsable. Asimismo, el juez expuso que los propios dispositivos legales en que se rige, le otorgan facultad potestativa para valorar todas las pruebas que obren en el expediente criminológico, a solicitar informes y dictámenes que se requieran, así como a valorar todo esto conforme a las reglas de la lógica y experiencia para determinar en su caso, lo que le genere mayor convicción. En consecuencia, el juez concluyó que al observar en el interno que los factores crimino repelente y los factores crimino impelentes, daban como resultado que el sentenciado por el momento no se encontraba apto para poder ser reintegrado a la sociedad, al no presentar una efectiva resocialización, porque no cuenta con los elementos sociológicos necesarios para su libertad anticipada y por ello debe continuar con el tratamiento instaurado en reclusión. En esa virtud, no le asiste razón al quejoso en el sentido de que la Juez responsable fue omisa en llevar a cabo el estudio y análisis de su situación jurídica agravándola más. En ese orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación aun suplidos en su queja deficiente, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Envío de despacho. Tomando en consideración que el solicitante de amparo se encuentra interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Temascaltepec, Estado de México. con fundamento en los artículos 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional ordene a quien corresponda, se constituya en el lugar de reclusión del quejoso Gregorio Elizalde Rojas, y le notifique en forma personal el contenido de la presente sentencia. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Juez requerido para que faculte al funcionario judicial para realizar la notificación de referencia aún en días y horas inhábiles. Por lo anteriormente expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 61, 75 al 79, y 107 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gregorio Elizalde Rojas, contra el acto y autoridad precisada en los considerandos segundo y tercero y por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese; y personalmente al quejoso por despacho como está ordenado. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy quince de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores de este Juzgado de Distrito permitieron su engrose, quien actúa asistido de María Isabel López Mondragón, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Por recibido el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa y lo registró con el número de recurso de queja 160/2016.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal oficiante.Notifíquese.Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
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