Jorge Alberto Flores Martnez
Expediente 1406/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1406/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2022
Partes del expediente
- Jorge Alberto Flores Martnez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a catorce de octubre de dos mil veintidós. ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual hace del conocimiento el auto de diez de los cursantes, emitido en el juicio de amparo directo 673/2022 de su índice, en el que desechó por extemporánea la demanda de amparo promovida por 32381; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. ... Notifíquese.
- Principal
... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado criptográficamente el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual hace del conocimiento el auto de veintiocho de septiembre pasado, emitido en el juicio de amparo directo 673/2022 de su índice, en el que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, por lo que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Flores Martínez; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, toda vez que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se reservó acordar lo procedente respecto al archivo del presente sumario, hasta en tanto la Superioridad informara lo relativo a la competencia declinada, dado que ya ocurrió lo anterior, al efecto se provee: En razón de que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). 2. En el entendido que no existen documentos originales. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 18 del Acuerdo en comento, se procederá a la depuración, para posteriormente remitirse al Centro archivístico respectivo. ...
- Principal
... La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por el cual, por una parte se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho desechamiento ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de autos evidencia que este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer del acto reclamado consistente en el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós dictado por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en los autos del expediente 1583/2021, mediante el cual aprobó de forma definitiva el convenio de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, homologándolo a la categoría de cosa juzgada, ordenando el archivo del juicio como asunto total y definitivamente concluido, y remitió el expediente original del que deriva el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno; por tanto, se reserva acordar lo procedente al archivo del presente asunto, hasta en tanto se tenga conocimiento de la determinación que al respecto emitió la Superioridad en relación a la competencia declinada. ...
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Flores Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México y otra autoridad, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónicos SISE, bajo el número 1406/2022-II. EXHORTACIÓN JUICIO EN LÍNEA. Ahora bien, en términos artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberá proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se le proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberá manifestar si es su deseo ser notificada vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. En caso de continuar con la tramitación del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se sugiere a las partes que al consultar el expediente electrónico, verifiquen en todos los campos que aparecen en el referido portal; es decir, tanto en el campo de persona física o en su caso como persona jurídica, pues el sistema puede identificar al usuario en alguno de los apartados referidos. En ese sentido, es importante precisar que la parte quejosa, señala como actos reclamados los siguientes: El auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós dictado por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en los autos del expediente 1583/2021, mediante el cual aprobó de forma definitiva el convenio de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, homologándolo a la categoría de cosa juzgada, ordenando el archivo del juicio como asunto total y definitivamente concluido. La notificación mediante lista y boletín judicial del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1583/2021. INCOMPETENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN EL NUMERAL UNO. Con apoyo en lo dispuesto en los ordinales 34, 47 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se declara legalmente incompetente para conocer del acto reclamado precisado en el número uno y estima que debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, por las siguientes consideraciones: En esta tesitura, el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto señala: ".Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ...III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) ...V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, de conformidad con la ley, en los casos siguientes: d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus resoluciones." El artículo 170 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.)." [Lo resaltado es propio] Asimismo, el artículo 34 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." El diverso 47 de la legislación referida, en lo conducente señala: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." Así, es claro que los preceptos legales transcritos en párrafos precedentes, contienen los requisitos de procedencia del juicio de garantías en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que por esta vía uno de los actos reclamados que se pretenden reclamar es: El auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós dictado por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, en los autos del expediente 1583/2021, mediante el cual aprobó de forma definitiva el convenio de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, homologándolo a la categoría de cosa juzgada, ordenando el archivo del juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por ende, es claro que si el juicio se inicia para los efectos estrictamente del amparo, con la presentación de la demanda ante la potestad judicial y concluye con el dictado de las resoluciones que pongan fin al juicio, el acto reclamado en esta instancia constitucional, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo, porque el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitido en los autos del expediente 1583/2021, aprobó de forma definitiva el convenio de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, homologándolo a la categoría de cosa juzgada, ordenando el archivo del juicio como asunto total y definitivamente concluido, es decir, es una determinación que decidió el juicio en lo principal y lo tuvo por concluido y corresponde el conocimiento del asunto a un Tribunal Colegiado de Circuito y no a un Juez de Distrito. Lo anterior es así, pues al haber aprobado el convenio presentado por las partes y ordenar el archivo del asunto, se entiende que no existía más por cumplimentar, equiparándose dicha determinación a una sentencia definitiva, porque resuelve el litigio en lo principal y en su contra no procede recurso alguno, por lo que es reclamable en amparo directo. Es aplicable la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 83, del Tomo II, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Julio a diciembre 1988, Octava Época, con número de registro 229764, que establece: "AMPARO DIRECTO, PROCEDENCIA DEL. RESOLUCIONES DEFINITIVAS. ARTICULO 46 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme con lo previsto por el artículo 46 de la Ley de Amparo, el amparo directo es procedente contra sentencias definitivas que decidan el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; sentencias definitivas dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubiesen renunciado expresamente a la interposición del recurso, así como contra resoluciones que ponen fin al juicio o sea aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; por ende, si el proveído reclamado es recurrible ante la autoridad responsable, no constituye una resolución que ponga fin al juicio y no es susceptible de reclamarse en amparo directo.". Asimismo, se estima aplicable en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 1016, en la página 699 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, con el rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que defina una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis constestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada." En efecto, este juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa, puesto que el acto reclamado no puede ser impugnable en la vía biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en el invocado dispositivo 170 de la Ley de Amparo. Por tanto, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Flores Martínez, por lo que respecta únicamente al acto reclamado consistente en el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente 1583/2021, del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, por el cual aprobó de forma definitiva el convenio de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, presentado por las partes, homologándolo a la categoría de cosa juzgada, ordenando el archivo del juicio como asunto total y definitivamente concluido; por tanto, se estima que debe remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, porque en la especie se cumple con las hipótesis que establecen los artículos anotados. En ese orden, remítase el presente expediente, así como las copias de la demanda de garantías a la Oficialía de Partes Común de los tribunales citados, para que sea enviada al que corresponda por razón de turno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, solicitándole de la manera más atenta y respetuosa, que de no existir inconveniente, se sirva informar la determinación tomada con relación a la competencia planteada. Con copia certificada de los insertos necesarios, fórmese el cuaderno de antecedentes. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL DIVERSO ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE LISTA Y BOLETÍN JUDICIAL DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE 1583/2021. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En relación con ese acto (notificación mediante lista y boletín judicial del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1583/2021), a consideración del suscrito se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), IV, V, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;" A su vez, el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo anterior se advierte que las disposiciones de tipo legal y constitucional transcritas, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas también, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, casos en los que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, a saber: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). En el caso, el segundo acto que aquí se reclama, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra el acto que aquí combate, pues se refiere a la ilegalidad de una notificación practicada en un procedimiento jurisdiccional en materia laboral. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 361, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224800, que establece: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Establecido lo anterior, se advierte que contra el acto reclamado, consistente en la notificación mediante lista y boletín judicial del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1583/2021, del sumario del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, procede el incidente de nulidad, previsto en el artículo 1,187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: "Artículo 1,187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Así, del análisis del precepto legal antes transcrito, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado es atribuido al Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se actualiza en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que está obligado a hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (incidente de nulidad de notificaciones), previo a la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, porque del artículo en estudio, se aprecia la procedencia del incidente de nulidad contra el acto reclamado, relativo a la notificación mediante lista y boletín judicial del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1583/2021, del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México. Por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el incidente de nulidad, previsto en el artículo 1,187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que el peticionario de amparo, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la ley que rige la controversia de origen, el cual se encuentra a su alcance. Maxime que el aquí quejoso es parte en el juicio de origen y ha comparecido e intervenido en el mismo, por lo que estuvo en posibilidad de promover el recurso en comento. Además, como ya quedo establecido que cuando en un procedimiento las partes consideran que la notificación de una resolución no se realizó conforme a las reglas establecidas, pueden interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Por tanto, si no se interpuso ese medio de defensa ante el Juez responsable, no es dable examinar la legalidad de la notificación del laudo en amparo indirecto. Sobre el particular, se invoca por analogía de razón la tesis II.2o.1 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, Décima Época, con Número de Registro 2015859, visible en la página 2223, con rubro y texto: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES Y NO EL RECURSO DE QUEJA, EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE PRACTICARLAS (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). En términos del artículo 68 de la Ley de Amparo, en el incidente de nulidad de notificaciones puede verificarse si éstas se realizaron conforme a la ley; sin embargo, esa disposición no prevé el supuesto en que las partes controviertan la omisión de practicarlas. Ante esta circunstancia, debe recurrirse al artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella legislación, el cual establece la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones cuando se omita realizar una notificación o se hiciere en forma distinta a la indicada en el propio código. Así, de una interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que el incidente de nulidad de notificaciones inicialmente señalado, constituye el medio de defensa idóneo para impugnar la omisión de practicar una notificación en el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la ley de la materia es improcedente para esa finalidad, ya que su materia se ciñe al análisis de la legalidad de las resoluciones dictadas por el Juez de amparo respecto de las cuales, no proceda el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, no así en determinar si, efectivamente, existió la omisión de practicar una notificación, aunado a que el efecto de la ejecutoria que eventualmente se llegara a dictar, no podría tener el alcance de ordenar al juzgador de amparo que subsane su falta." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/30, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, Novena Época, con Número de Registro 203912, visible en la página 376, con rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACION, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles." Por tanto, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la notificación mediante lista y boletín judicial del auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1583/2021, promovida por Jorge Alberto Flores Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa la lista que se publica en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé el artículo 21 del Acuerdo General aludido, por así solicitarlo en la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas mencionadas en el ocurso de cuenta; es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así expresarlo el quejoso en el ocurso de cuenta. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta a la Secretaria adscrita a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. ... Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa en términos de la presente determinación.
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