Jorge Alberto Hernandez
Expediente 642/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jorge Alberto Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el doce de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de once de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de veintiséis de abril del año en cita, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por lo que, este juzgado procede a pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El quince de marzo de dos mil dos mil dieciséis, se engrosó la sentencia de fondo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la menor Dirley Candelaria Hernández Pech, contra actos de la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, concesión que se hizo extensiva respecto de la autoridad responsable ejecutora Actuaria adscrita a dicho juzgado. La sentencia causó ejecutoria en auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Luego, mediante oficio recibido el veinticinco de abril del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual transcribió el acuerdo de veintidós de abril de dos mil dieciséis, en el que se pronunció respecto a la comparecencia de la menor Dirley Candelaria Hernández Pech, que obra en el juicio ordinario civil de custodia 535/2015 de su índice. Con motivo de lo anterior, por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis (fojas 177 y 178), se dio vista a las partes para que manifestaran dentro del plazo de tres días lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable. Sin que obste a lo anterior que la Actuaria adscrita al Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, no hubiere informado respecto al cumplimiento que dio al fallo protector, en virtud de que el cumplimiento atañe directamente a la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo [pues la ejecutora queda supeditada a la resolución de la Juez responsable]. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, bajo los términos siguientes: La sentencia concesoria del amparo fue para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil quince, únicamente en lo tocante a la orden de presentación de la menor Dirley Candelaria Hernández Pech. 2. Dicte otro en el que, con libertad de jurisdicción, pero atendiendo en todo momento al interés superior de la quejosa Dirley Candelaria Hernández Pech, conforme a los lineamientos marcados en el considerando sexto de la presente resolución: 2.1 Estudie la procedencia de la entrevista de la menor, considerando para ello: a) Su edad biológica y fundamentalmente su madurez. b) Evitar la práctica desconsiderada y el abuso de la entrevista. De estimar procedente la comparecencia de la menor a fin de ser escuchada: 2.2 Provea las medidas necesarias a fin de que la menor sea informada en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar o no hacerlo. 2.3 Por cuanto al desahogo de la entrevista: a) Analice la conveniencia de reunirse previamente con el Oficial de Menores del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, a fin de acordar los términos en que se llevará a cabo la entrevista con la menor. b) Provea sobre el lugar en que será escuchada la menor, atendiendo al ambiente de respeto y seguridad propicio para ello. c) Reitere la cita a los padres de la menor y al Ministerio Público de su adscripción, así como al oficial de menores en términos del artículo 999 bis del Código Civil estatal. 2.4 Razone sobre la conveniencia de nombrar un representante a la menor, en atención a la naturaleza del juicio y los intereses opuestos de los progenitores. 2.5 Provea lo relativo a consultar a la menor en lo relacionado a la confidencialidad de la entrevista." Ahora, a fin de dar cumplimiento al fallo protector la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante acuerdo de veintidós de abril del año en curso, determinó lo siguiente: VISTO: El estado procesal que guardan los autos del presente juicio, la ciudadana Juez Acuerda: En cumplimiento a la Resolución de Amparo de fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, recaído al Juicio de Amparo Indirecto número 642/2015, promovido por el quejoso JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ, en contra de actos de esta y otra Autoridad, y atendiendo al Resolutivo SEGUNDO, se deia insubsistente el acuerdo de fecha veintiséis de agosto del año dos mil quince, únicamente en lo correspondiente a la citación ante esta autoridad, de la menor DIRLEY CANDELARIA HERNÁNDEZ PECH. Por lo que teniendo esta Autoridad libertad de jurisdicción para actuar en el presente juicio y tomando en cuenta el interés superior de los menores, con fundamento en los artículos 280, 281, 880, 881, 882 Bis y 883 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado y I y 8 fracción IX, inciso b de la Ley para la Protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, ordenamientos legales vigentes en el Estado, y en base a lo dispuesto en la Ley Para La Protección de los derechos de Las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, en lo referente a los derechos de los menores, que establece en su artículo 8 fracción IX, que tienen derecho entre otras cosas: "...A emitir su opinión en los asuntos que les afecten v ser escuchados en el ámbito familiar v comunitario, así como en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte sus esferas personal, familiar y social, ya sea directamente o por medio de representante...". EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, y dada la edad biológica de la misma ESTA AUTORIDAD ESTIMA PROCEDENTE LA ENTREVISTA CON LA CITADA MENOR, quien deberá ser presentada por el Ciudadano JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ a las DIEZ HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES VEINTICINCO DE MAYO DEL ANO DOS MIL DIECISÉIS para efecto de que se lleve a cabo la audiencia de escucha de menores para que con la misma esta juzgadora obtenga mayores elementos para poder determinar lo conducente respecto de su custodia y convivencia, audiencia que se llevará a cabo con la menor en forma de entrevista o conversación, debiendo comparecer a la misma el Oficial de Menores correspondiente así como el Agente del Ministerio Publico de la Adscripción, por lo que previamente a ello, esta autoridad se entrevistará con dicho Oficial para efecto de aclarar los términos sobre los que versará la conversación con la antes mencionada, de modo que ésta resulte más sencillo de comprender para la misma, debiendo comparecer los antes citados en las oficinas que ocupan este Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, ubicadas en la Avenida Madero esquina con Boulevard Bahía, de la colonia Centro de esta ciudad, que es el lugar en el cual esta Juzgadora tiene jurisdicción para actuar, en el que se ofrece un ambiente de respeto y seguridad para tal entrevista así como la confidencialidad de la misma. En consecuencia gírese atento oficio al DIRECTOR DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL, para que en auxilio de las labores de este juzgado, designe a un oficial de menores de edad, adscrito a dicho Centro de Convivencia a su cargo para que asista a la menor DIRLEY CANDELARIA HERNÁNDEZ PECH en la fecha y hora señalada con antelación, en la inteligencia que dicho Oficial deberá contar con los requisitos que exige el artículo 999 del Código Civil del Estado, debiendo ser un profesional en psicología, trabajo social o pedagogía exclusivamente, para Ios efectos de facilitar la comunicación libre y espontánea, darle protección en la citada audiencia donde la menor será escuchada por la suscrita. Asimismo, y dada la naturaleza del juicio en que se actúa y los intereses opuestos de los progenitores esta Autoridad con fundamento en lo dispuesto por el articulo 1087 y demás relativos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, nombra como Tutora de la menor DIRLEY CANDELARIA HERNÁNDEZ PECH a la Licenciada SILVIA VANESSA GONZÁLEZ VADO, PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL ESTADO. Proceda la ciudadana Actuaria de la Adscripción a notificar a la misma, en su domicilio ampliamente conocido en esta ciudad para efecto de que comparezca ante este Juzgado en día y hora hábil antes de la audiencia señalada líneas arriba para efecto de aceptar el cargo que le ha sido conferido. Asimismo, y visto el estado de los autos y en virtud de que todavía no han sido escuchadas las menores YURITZA FARIZET y DANNA PAOLA ambas de apellidos HERNÁNDEZ PECH y tomando todas las medidas señaladas con antelación y que su opinión será tomada en cuenta en el presente juicio, proceda la ciudadana Actuaria del juzgado a citar a dichas menores por conducto de la ciudadana DELFI MARGARITA PECH CHAN, para que comparezcan ante este juzgado, el día señalado en el presente auto. De igual forma se apercibe a los ciudadanos DELFI MARGARITA PECH CHAN, y JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ, que en caso de no comparecer o dejar de presentar a las menores el día y hora antes señalado sin causa justificada serán sancionados con una multa consistente en quince días del Salario Mínimo General vigente en esta zona económica del Estado, misma que asciende a la cantidad de $ 1,095.60 (MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), tal y como lo establece el artículo 89 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado." Al respecto del punto 1, la autoridad responsable, mediante acuerdo de veintidós de abril del año en curso, dejó sin efectos el auto de veintiséis de agosto de dos mil quince, en lo tocante a la orden de presentación de la menor Dirley Candelaria Hernández Pech. Asimismo, en lo tocante al punto 2 se tiene que la responsable emitió un nuevo auto, en el que estimó procedente la entrevista de la menor considerando para ello su edad biológica y su madurez, a fin de que ésta emitiera su opinión, al ser un asunto que le afecta y que debe ser escuchada en el ámbito familiar y comunitario, así como en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte su esfera personal, familiar y social, ya sea directamente o por medio de representante, consideraciones que resultan necesarias a fin de evitar la práctica abusiva de la entrevista; de ahí que cumpliera con el 2.1, incisos a) y b) de la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, a fin de cumplir con el punto 2.2 y 2.3, inciso a), la Juez Familiar acordó que la audiencia se llevaría a cabo con la menor en forma de entrevista o conversación, debiendo comparecer a la misma el Oficial de Menores correspondiente, así como el Agente del Ministerio Público de su Adscripción, por lo que previó a la audiencia la Juez responsable acordó que se entrevistara con dicho oficial a efecto de aclarar los términos sobre los que versará la conversación con la aludida menor. De igual forma, proveyó el lugar que será escuchada la menor Dirley Candelaria Hernández Pech, siendo este las oficinas que ocupan el Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, que ofrece un ambiente de respeto y seguridad para la entrevista de la menor así como confidencialidad, cumpliendo con los números 2.3, inciso b) y 2.5, ya que si bien, no consultó a la menor sobre la confidencialidad de la entrevista sí proveyó lo relativo a su confidencialidad, lo que se estima acertado a fin de proteger a la quejosa. Respecto al punto 2.3, inciso c), de la ejecutoria de amparo, la Juez Familiar reiteró a los padres de la menor y al Agente del Ministerio Público de su adscripción, que debían comparecer a la audiencia programada para el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, y giró oficio al Director del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial de Chetumal, para que designe a un Oficial de Menores de Edad, adscrito a dicho centro de convivencia a su cargo, para que asista a la menor aquí quejosa en la audiencia señalada con antelación. Abundado en que dicho Oficial debe contar con los requisitos que exige el artículo 999 bis del Código Civil del Estado, esto es, debe ser un profesional en psicología, trabajo social o pedagogía exclusivamente, para los efectos de facilitar la comunicación libre y espontánea, darle protección psicoemocional en la citada audiencia donde la menor será escuchada por la Juez. A fin de dar cumplimiento al punto 2.4, la Juez responsable consideró que dada la naturaleza del juicio de origen y los intereses opuestos de los progenitores, con fundamento en el artículo 1087 y demás relativos del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, resultaba procedente nombrar Tutora de la menor Dirley Candelaria Hernández Pech a la licenciada Silvia Vanessa González Vado, Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar en el Estado. En mérito de lo anterior, se advierte que la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por ello, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiséis de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual transcribe el acuerdo de veintidós de abril de dos mil dieciséis, en el que se pronunció respecto a la comparecencia de la menor Dirley Candelaria Hernández Pech. En consecuencia, se da vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de lo procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil dieciséis (fojas 122 a 141), sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, en el primer punto resolutivo de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para que cumpla con la sentencia de amparo; ello en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se le realice. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sin que en el caso haya lugar a requerirle por conducto de superior jerárquico, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que en la especie la autoridad responsable es la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y como tal no tiene un superior jerárquico a quién exhortar para que lo obligue a cumplir sin demora con el fallo protector, ya que el ejercicio de la función jurisdiccional presupone la inexistencia de relaciones de subordinación o superioridad jerárquica, fundada de modo relevante en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, pues considerar lo contrario equivaldría a que dicha función fuera funcionalmente desnaturalizada.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de cuatro de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de uno de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: (expediente provisional) Vista la certificación secretarial de cuenta y atento a que en audiencia constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se ordenó citar a las partes para oír la sentencia correspondiente. En ese orden, dado que el presente asunto se encuentra en pendiente de dictar sentencia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del suscrito Juez Aarón Alberto Pereira Lizama, como titular de este órgano de control constitucional, a partir del uno de marzo del año en curso. Lo anterior, para el efecto de que las partes estén en aptitud de manifestar, de así estimarlo, si se actualiza algún impedimento o excusa legal de los previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer del presente asunto.
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