Jorge Alberto González Marín

Expediente 1121/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1121/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto González Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, quien sería la única legitimada para tal efecto, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Por otra parte, de autos se advierte que la Secretaria Instructora del Consejo de Honor y Justicia Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en Chetumal, remitió la documental siguiente: Copia certificada del expediente ******de su índice. Atento a ello y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y al ordenarse su archivo en esta propia data, es innecesaria la retención de la citada documental; por tanto, devuélvase la misma a dicha autoridad, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ****, contra actos del Subsecretario de Seguridad Pública, Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial en Sustitución Legal por ausencia del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. II. En auto de doce de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la citada sentencia, mismo que le fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo. III. Por lo que por ejecutoria emitida en sesión ordinaria por videoconferencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del amparo en revisión ***de su índice, determinó modificar la sentencia recurrida por lo que, por un lado, sobreseyó el juicio de amparo y, por otro, concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de 4 de diciembre de 2019. 2. Emita uno nuevo, en el que, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, estime que es inexistente la evaluación conjunta a que se refiere el artículo 8 del Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Quintana Roo y considere que los exámenes y reporte integral carecen de valor probatorio para iniciar un procedimiento administrativo en contra del quejoso." IV. Mediante acuerdo de ocho de febrero en curso, se recibió el oficio signado por el Secretario Instructor del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, con el cual informó en qué términos la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". V. Bajo ese contexto, por el mismo auto de ocho de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hicieran uso de ese derecho. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así el efecto de la concesión fue para que la autoridad responsable, hiciera lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 2. Emitiera uno nuevo, en el que, siguiendo los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, estimara que es inexistente la evaluación conjunta a que se refiere el artículo 8 del Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Quintana Roo y considerara que los exámenes y reporte integral carecían de valor probatorio para iniciar un procedimiento administrativo en contra del quejoso. Así, el Tribunal de Alzada determinó que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado por el quejoso violó en perjuicio del impetrante los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que, por resolución emitida el dos de febrero de dos mil veintidós, en el punto tercero ordenó dejar sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento dictado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente ****** Asimismo, decretó el sobreseimiento de dicho procedimiento, toda vez que dejó de existir el objeto o materia del mismo, en virtud de que la materia de la solicitud de inicio de procedimiento administrativo es la no aprobación de evaluación de permanencia del quejoso, lo cual está sustentado con la información que envía el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, por lo cual al no existir la evaluación conjunta, la cual valida la no aprobación, en consecuencia, no se tienen los elementos suficientes para el inicio del procedimiento en contra del quejoso. En consecuencia, ordenó el archivo definitivo del procedimiento motivo del presente juicio de amparo. En tales circunstancias, es evidente que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector emitido por el Tribunal de Alzada, al quedar satisfechos sus efectos; en tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifieste si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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