Jorge Alberto González Ruíz

Expediente 1427/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1427/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
16/11/2016

Partes del expediente

  • Jorge Alberto González Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Colima, Colima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se recibe la constancia de notificación de la autoridad foránea, atendiendo al resultado del fallo constitucional, el hecho de que ha decretado, dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que a la letra dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO.- Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido del presente acuerdo, dese vista en los cuadernos incidentales correspondientes. Asimismo, devuélvase el cuaderno de pruebas que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, por no ser necesaria su retención en esta juzgado. solicítese acuse de recibo correspondiente. Finalmente, el Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, que autoriza y da fe. Maru*

  2. Incidental

    Colima, Colima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis Visto lo de cuenta y tomando el suscrito en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que fue concedida la suspensión definitiva, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) Como el original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de la de este acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de depuración, mientras que el duplicado de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido del presente, toda vez que en autos se encuentra exhibido el billete de depósito N773295, valioso por la cantidad $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, apercibida que de no comparecer a recibirlo, una vez trascurrido el plazo de dos años, se procederá en términos de los artículos 45,46 y 47 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario (a) Norma Leticia Ramos Virgen quien da fe. Maru*

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1427/2016-III-MC, promovido por JORGE ALBERTO GONZÁLEZ RUÍZ; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ RUÍZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda en cita, se registró con el número 1427/2016 y se ordenó darle el trámite de ley. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados, se dio vista a la parte quejosa y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de la parte quejosa, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La orden de aprehensión decretada contra el quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. El Juez Segundo de lo Penal de Manzanillo Colima y el Procurador General de Justicia del estado de Colima, negaron la existencia del acto reclamado, de suerte que no es a ellas a quienes corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se le reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar su libertad personal y su ejecución) y, por tanto, ante su negativa, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables aludidas, procede sobreseer en el presente proceso de garantías respecto de ellas, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Actos controvertidos existentes. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima, Director General de la Policía de Procuración de Justicia del estado de Colima, Primer Comandante de la Policía de Procuración de Justicia del estado de Colima, Director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima y Comandante de la Policía de Procuración de Justicia del estado de Colima, consistente en la orden de aprehensión librada en los autos de la causa penal 338/2015, en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 167 bis del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de sus menores hijos Brandon Jair y Nanci Yamiled ambos de apellidos González Ochoa, representados por María Marlen Ochoa López. Existencia que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo a sus informes las responsables, documentales con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicada supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena". El; al rendir sus informes justificados, reconocieron la certeza de los actos que se les atribuyen. En ese sentido, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a página 206, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También tiene aplicación la tesis aislada, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.- Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Por las razones que informa, es útil invocar asimismo el criterio que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis, que reza: "CONFESION, PRUEBA DE, SÍ ES ADMISIBLE EN EL JUICIO DE GARANTIAS (ARTICULO 150 DE LA LEY DE AMPARO). Es errónea la consideración del juez de Distrito hecha en la audiencia constitucional, acerca de que la prueba confesional está prohibida por la ley de la materia, porque, aparte de que no se precisa cuál es el precepto que proscribe la prueba referida, se advierte que, además de las contrarias a la moral y al derecho, la que no se admite es la de posiciones, no siendo de esta clase la que en el caso la recurrente denominó como confesional expresa. Esto es, en el juicio de amparo no está prohibida la prueba confesional puesto que implican confesión, por ejemplo, el reconocimiento hecho por la autoridad responsable acerca de que es cierto el acto reclamado, o la admisión, por el quejoso, de que tal acto se le notificó en determinada fecha; esas manifestaciones son, pues, confesiones, y se admiten en el juicio constitucional. Las confesiones no admisibles son las de posiciones, o sea, las que se desahogan mediante la formulación de preguntas por una parte a otra y a través de un pliego que las contenga". QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo por cuanto a las autoridades respecto a las cuales resultó cierto el acto reclamado. Definido que resulta cierto lo reprochado por parte quejosa (acotado, como se vio, sólo en lo que hace a las autoridades a las que les debe ser atribuido), técnicamente ahora es menester examinar si resulta procedente la acción de garantías. Debido a que el estudio de las causales de improcedencia debe realizarse de manera preferente al de fondo de la cuestión planteada, ya que es de orden público concerniente a este tópico, por lo que debe efectuarse su análisis, no obstante que las partes las aleguen o no, con base en el mandato contenido en el último párrafo del artículo 61 de la ley de la materia. Este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la hipótesis de inviabilidad establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia. Dicha disposición, previene: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.- Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" (lo subrayado proviene del suscrito). El primer párrafo de la fracción en comento, establece la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías llamada cambio de situación jurídica. Esta consiste en que, cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación nueva, el amparo será improcedente, si de conceder la tutela federal se afectara dicha situación y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas. Por otra parte, en el segundo párrafo se precisa que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Ley Fundamental, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones. La porción normativa acabada de referir se constriñe a la materia penal, en la cual la situación jurídica de la parte quejosa deviene de los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o pena; la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes, actualizándose así un cambio de status legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar el nuevo estado de cosas generado, en estas condiciones surge la causa de inejercicio en comento. Pues bien, la parte quejosa controvierte la constitucionalidad de una orden de aprehensión emitida en su contra (que por cierto se rige por el arábigo 16 constitucional y, por ende, sí es factible que opere en los términos precisados por el mencionado párrafo segundo de la fracción X), así como la ejecución de la misma; sin embargo, de las constancias certificadas que remitieron el Juez responsable, adjuntas a su oficio 2041, se advierte que el seis de octubre del año en curso, dictó auto de formal prisión dentro del juicio penal 338/2015, por el delito obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 167 bis del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Brandon Jair y Nanci Yamiled ambos de apellidos González Ochoa, representados por María Marlen Ochoa López.. Entonces, resulta claro que la situación jurídica del quejoso al promover esta instancia ha cambiado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto de formal prisión, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, esta sobrevenida y nueva etapa del proceso hace que se consideren irreparablemente consumadas las presuntas violaciones imputadas a la orden de aprehensión reclamada, pues ya no es posible decidir sobre la constitucionalidad de éstas, sin afectar por consiguiente la actual situación jurídica de la parte quejosa. Al respecto se invoca la jurisprudencia 1ª./J.17/2008, visible a página 270, del tomo XXVII, Junio de 2008, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Por ende, sin lugar a dudas se actualiza de manera fehaciente la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, procede sobreseer en el presente amparo respecto al actuar que resultó cierto, con apoyo en el precepto 63, fracción IV, del ordenamiento en cita. Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por JORGE ALBERTO GONZÁLEZ RUÍZ, en los términos indicados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución.

  4. Principal

    Colima, Colima, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Primero de lo Penal de Manzanillo, Colima, con el que remite copia certificada de la resolución constitucional dictada en la causa penal 338/2015. Con las constancias que remite, dese vista a las partes en términos del artículo 66, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Cruz Orozco Llamas, quien da fe.Maru*

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