Jorge Alberto González Montes

Expediente 497/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
497/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
03/11/2016

Partes del expediente

  • Jorge Alberto González Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Colima, Colima, tres de noviembre de dos mil dieciséis.Vistos los presentes autos y tomando en consideración que en proveído de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo; por ende, resulta innecesaria la retención del duplicado del expediente 218/2015, y se ordena su devolución al Juez Primero de lo Penal de Colima.Sírvase acusar el recibo de estilo correspondiente.Notifíquese. Lo proveyó y firma Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo acordado en la sesión de la Comisión de Carrera Judicial, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/5655/2016, de la misma fecha, que actúa con el secretario, licenciado José Antonio Andrade Ahumada, quien autoriza y da fe.JAAA/mzr*

  2. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente no se considera de relevancia documental, pues según los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita; la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, el problema jurídico planteado no fue impugnado ante organismos públicos internacionales o se trata de un conflicto laboral colectivo; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Devuélvase el cuaderno de pruebas que remitió la autoridad emisora. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  3. Principal

    Colima, Colima, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la notificación realizada a Sergio Luis Ramírez López, en la que manifiesta "notificado de asunto Jorge Alberto González Montes, revocándome a defenderlo porque cumplió con su condena por eso se sobreseyó. En consecuencia se tiene por realizada la manifestación que vierte, en virtud, de que en el presente juicio es autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Aparo, y no promovió el mismo con el carácter de defensor. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) Elvira Navarro Muñiz, que autoriza y da fe. ENM/meug.

  4. Principal

    Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Colima, LILIANA DE LOURDES GONZÁLEZ MONTES, promovió demanda de amparo a favor de ********************, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. II. Sustanciación. Mediante auto de veintiocho de marzo se tuvo por presentada la demanda, se ordenó registrarla con el número 461/2016; previa ratificación del directo quejoso, por acuerdo de veintinueve de marzo del presente año, se ordenó la separación de juicios, en virtud de que los actos reclamados emanaban de diversa causa penal, y se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Colima, copia certificada del citado expediente de amparo para la formación del nuevo juicio de garantías. En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se acordó sobre dicho legajo de copias, se registró con el número de juicio de amparo 497/2016-II; se admitió a trámite la demanda por cuanto a los actos que emanan de la causa penal 218/2015, del Juzgado Primero Penal de Colima; se solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción -quien no formuló pedimento-; se tuvo como tercero interesado a Marcela Lizette Rodríguez Aguilar; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que -previo(s) diferimiento(s)- se celebró a las once horas con treinta minutos del diez de junio de dos mil dieciséis. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Competencia específica. Además este Juzgado es competente, en virtud de que el quejoso reclama su detención e incomunicación, con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción II, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuyos efectos legales se concretizaron dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXXII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido con antelación, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda, ampliación y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se les reclaman, son los siguientes: AUTORIDAD(ES) ORDENADORA(S): Del Juez Primero Penal de Colima. Del Director General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima. Del Procurador General de Justicia del Estado. Del Director del Centro de Reinserción Social de Colima: La orden de aprehensión dictada en su contra, en la causa penal 218/2015, del índice del Juzgado Primero Penal de Colima; así como su detención e incomunicación. Si bien es cierto que el quejoso en su demanda no es categórico en definir el acto de que se duele como una orden de aprehensión, ya que al efecto, quien promueve en su nombre menciona que reclama la incomunicación emitida por unas autoridades responsables quienes se lo llevaron al Centro de Readaptación Social con una orden de aprehensión; también lo es, que concatenados los datos de la demanda, así como de los informes justificados rendidos, es como se arribó a la anterior conclusión; por lo que en uso de la facultad prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se efectuó la adecuación respectiva en la precisión del acto reclamado, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Al efecto, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 6/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 196, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRONEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSION. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a).- Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b).- Las dos son libradas por un Juez, c).- Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d).- Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador, debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada" Actos que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, consistente en la incomunicación del quejoso, ya que al rendir sus informes con justificación, es verdad que todas ellas refieren que el quejoso fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por el juez responsable en la causa penal 218/2015; sin embargo, negaron expresamente el acto de incomunicación que se alega, de suerte que no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente tener incomunicado al quejoso) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de los actos de incomunicación de que se duele, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, procede sobreseer en el presente proceso de garantías, en torno al indicado acto reclamado, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Brinda apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Certeza de los actos reclamados. En cambio, del contenido de los informes rendidos por las autoridades responsables, se advierte la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso en la causa penal 218/2015, así como su ejecución (detención del quejoso); lo que se corrobora con el duplicado del citado proceso, remitido por el juez responsable, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia; del que se aprecia que el tres de febrero de dos mi dieciséis, fue emitida dicha orden de captura, la que fue cumplimentada el veintiocho de marzo del propio año; en consecuencia, se prueba plenamente la existencia de los actos que se les reclaman. En ese sentido, tiene aplicación la jurisprudencia, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quien esto juzga, de manera oficiosa advierte que por cuanto al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso en la causa penal 218/2015, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo texto señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica;.". En efecto, mediante oficio con número de ingreso 9187, acordado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Juez Primero de lo Penal de Colima, remitió el duplicado del proceso 218/2015, en el que obra, entre otras constancias, aquélla relativa al auto de término constitucional dictado en la causa penal de origen, con la que se demuestra que el treinta de marzo de dos mil dieciséis, se pronunció auto de formal prisión a Jorge Alberto González Montes, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violencia intraframiliar y allanamiento de morada. En las anteriores condiciones, es inconcuso que respecto de la orden de aprehensión librada en la causa penal número 218/2015, han quedado consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, puesto que de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mandamiento de captura reclamado, derivado de ese proceso, se afectaría la nueva situación jurídica surgida del auto de formal prisión que sustituyó procesalmente a la orden de aprehensión reclamada, en virtud de que en la actualidad, el formal procesamiento del quejoso está justificado por la citada resolución de término constitucional, por lo que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Así las cosas, es inconcuso que en torno a dicho mandamiento judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Es aplicable la jurisprudencia 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 270, tomo XXVII, junio de 2008, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.- Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Finalmente, el quejoso reclama como acto destacado la detención de que fue objeto, a cargo de elementos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima; si embargo, en torno a ese acto en particular, este juzgado determina que se actualiza la diversa causal de inejercibilidad prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando los efectos del acto que dieron origen a la contienda constitucional han cesado, es decir, han sido destruidos como si la protección federal se hubiera concedido en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien acude por esta vía de amparo indirecto, reclama de las autoridades responsables, su detención efectuada el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, por elementos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado. En esas condiciones, del duplicado de la causa penal remitida por el juez responsable, se observa que el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el juez natural dictó acuerdo en el que ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso, en virtud de haberse acogido al beneficio de la libertad provisional bajo caución; lo cual fue cumplimentado en esa misma fecha, a través del oficio 1597, girado al Director del Centro de Reinserción Social del Estado; por tanto, procede arribar a la conclusión de que los efectos del acto reclamado consistentes en al detención del quejoso, se destruyeron como si se hubiera concedido la protección federal impetrada, al haber sido puesto en libertad en esa data. Cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia perteneciente a la novena época, número 2ª./J.59/99, del tomo IX, junio de 1999, inserta en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse plenamente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en torno al citado acto reclamado. Corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio, promovido por ********************, por propio derecho, en relación con los actos consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra, en la causa penal 218/2015, del índice del Juzgado Primero Penal de Colima; así como su detención e incomunicación, reclamados al Juez Primero Penal de Colima, Director General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado de Colima, Procurador General de Justicia del Estado, y Director del Centro de Reinserción Social de Colima. En ese orden de ideas, al haberse decretado el sobreseimiento respecto de los actos reclamados, este juzgador se encuentra imposibilitado para abordar el examen de los conceptos de violación expresados; tal como lo establece la jurisprudencia número 509, publicada a fojas 335, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ********************, por propio derecho, en relación con los actos y autoridades indicados en el apartado intitulado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados.", por las razones contenidas en el apartado denominado: "Inexistencia de los actos reclamados" y "Análisis de causas de improcedencia". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante Espiry Javier Correa Guízar, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.VHVR/EJCG/

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