Jorge Alberto Gonzalez Reyes
Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Alberto Gonzalez Reyes
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 876/2021-VI. Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 97, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no se inconformó contra el auto de dos de septiembre del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 876/2021-VI. Puebla, Puebla, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Materia del amparo. De la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado es: ? "La omisión de dictar auto o proveído mediante el cual se cite a una audiencia en la que se debata le autorización e imposición de medidas cautelares a fin de que pueda gozar de mi libertad, esto dentro de los autos de la causa penal número 41/2019 de los del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, toda vez que se ejecutó en mí contra una orden de aprehensión, en fecha 18 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada según por un Juez Penal." ? "El incumplimiento a realizar la evaluación de riesgos respecto de mi persona al cual se refiere el artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales". ? ".mantenerme recluido en ese lugar." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, dichos actos reclamos planteados por el quejoso, en realidad derivan de la falta de respuesta a su solicitud contenida en escrito de veintisiete de agosto de agosto del año en curso, en donde promovió incidente no especificado para la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Esto, en el sentido se duele de la falta de emisión de la evaluación de riesgos y por ende la no autorización e imposición de medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Sin embargo, tanto de los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad por el quejoso como de sus conceptos de violación, se desprende que el juez señalado como responsable ha iniciado el trámite relativo a dicho incidente no especificado. Incluso en los antecedentes de la demanda de amparo se hace mención del auto de veintisiete de agosto de esta anualidad (en la misma data en que se presentó el ocurso de petición aludido), en el que se tuvo al defensor del quejoso promoviendo tal incidente, el cual se admitió por cuerda separada y se giró oficio al Director del Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares y Policía Procesal, para que en el plazo de setenta y dos horas practicara la evaluación de riesgos correspondiente, a fin de poder resolver ese incidente; sin que se hubiera emitido esa evaluación (a la fecha de presentación de la demanda (uno de septiembre de dos mil veintiuno). De modo que es evidente que a la fecha, todavía no existen circunstancias para visualizar una paralización en el trámite del mismo, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a la petición escrita del quejoso, al omitirse dicha evaluación y, por ende, dejarse de emitir proveído para la audiencia incidental respectiva. Esos antecedentes revelan -además- que el juez señalado como responsable ya inició los trámites para decidir el incidente no especificado, como consecuencia de su promoción. Cierto, el capítulo de conceptos de violación, revelan que el veintisiete de agosto del presente año, se radicó y se emitió el auto inicial del ya referido incidente. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no pueden estimarse como actos de imposible reparación, a las omisiones reclamadas y derivado de lo anterior el reclamo de mantenerlo recluido en el centro penitenciario respectivo. Pues la falta de respuesta a la solicitud relativa a la emisión de esa evaluación y la consecuente omisión en dictar el proveído donde se cita a la audiencia incidental correspondiente, así como que se le mantenga en el lugar de su reclusión, no implican aún (dada la proximidad del último acuerdo generado en esa incidencia de origen por la responsable) una paralización total que devele de manera inconcusa el impedimento u obstaculización para resolver el incidente no especificado natural. En efecto, el panorama que se obtuvo de los antecedentes relatados en la demanda y del capítulo de conceptos de violación, permitió visualizar que ya se inició el trámite para decidir la solicitud formuladas en dicha declaración. De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar una paralización en su trámite del incidente no especificado, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a la petición escrita del quejoso. Sobre todo si se considera que desde el día hábil (treinta de agosto del año en curso) siguiente al veintisiete de agosto de dos mil veintiuno (que fue cuando el juez responsable inició el trámite de dicho incidente donde ordenó girar oficio al Director de área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de medidas cautelares y Policía Procesal) al momento de presentación de la demanda de amparo (uno de septiembre de este año) sólo transcurrieron dos días hábiles completos (treinta y treinta y uno de agosto del año en curso), y al menos de lo referido en los antecedentes de la demanda no se advierte que se hayan habilitado días y horas inhábiles por el juzgador natural. Aunado a que concedió un término de setenta dos horas para que se "practicara" la evaluación de riesgos correspondiente, no así para que se remitiera la misma, según se desprende de la literalidad de lo expresado en la demanda. De tal suerte que aún se advierte que el juzgador natural se encuentra en un lapso razonable para recibir tal evaluación y señalar la fecha de audiencia de cuyas omisiones se duele el ahora quejoso. Esto es, es válido afirmar que no ha transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una dilación por olvido o descuido, respecto de las solicitudes del quejoso y que, derivado de lo anterior, se genere una afectación de imposible reparación en los derechos fundamentales de dicho gobernado, quien está interno en un centro reclusión, en prisión preventiva. Entonces, si a la fecha no ha transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una dilación por olvido o descuido, respecto de las solicitudes del quejoso, y que hayan provocado con ello una paralización del procedimiento natural, debe concluirse que los actos reclamados en su demanda encuentran a la presente fecha, una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, esta última interpretada en sentido contrario; razón por la cual es inviable considerar, por el momento, que el reclamo planteado en la demanda tenga las características de los actos de imposible reparación en el trámite del proceso penal de origen, pues las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda, así como los conceptos de violación, reflejan que está desarrollándose el trámite para decidir las solicitudes formuladas en el incidente no especificado de referencia. Lo cual desvanece el escenario de inactividad por descuido o sin justificación, que pretendió mostrar el quejoso en el capítulo de actos reclamados. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del diverso 107, así como los numerales 112 y 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta. Domicilio físico y autorizados. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Gerardo Tomás Eng García y Jesús Hermenegildo Ojeda Martínez, porque así lo solicitó el quejoso, así como se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se le tiene como domicilio físico para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito demanda. Notifíquese; de manera personal al quejoso, y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.JUICIO DE AMPARO 876/2021-VI. Puebla, Puebla, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, Materia del amparo. De la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado es: ? "La omisión de dictar auto o proveído mediante el cual se cite a una audiencia en la que se debata le autorización e imposición de medidas cautelares a fin de que pueda gozar de mi libertad, esto dentro de los autos de la causa penal número 41/2019 de los del Juzgado Penal de Cholula, Puebla, toda vez que se ejecutó en mí contra una orden de aprehensión, en fecha 18 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, dictada según por un Juez Penal." ? "El incumplimiento a realizar la evaluación de riesgos respecto de mi persona al cual se refiere el artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales". ? ".mantenerme recluido en ese lugar." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, dichos actos reclamos planteados por el quejoso, en realidad derivan de la falta de respuesta a su solicitud contenida en escrito de veintisiete de agosto de agosto del año en curso, en donde promovió incidente no especificado para la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Esto, en el sentido se duele de la falta de emisión de la evaluación de riesgos y por ende la no autorización e imposición de medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Sin embargo, tanto de los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad por el quejoso como de sus conceptos de violación, se desprende que el juez señalado como responsable ha iniciado el trámite relativo a dicho incidente no especificado. Incluso en los antecedentes de la demanda de amparo se hace mención del auto de veintisiete de agosto de esta anualidad (en la misma data en que se presentó el ocurso de petición aludido), en el que se tuvo al defensor del quejoso promoviendo tal incidente, el cual se admitió por cuerda separada y se giró oficio al Director del Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares y Policía Procesal, para que en el plazo de setenta y dos horas practicara la evaluación de riesgos correspondiente, a fin de poder resolver ese incidente; sin que se hubiera emitido esa evaluación (a la fecha de presentación de la demanda (uno de septiembre de dos mil veintiuno). De modo que es evidente que a la fecha, todavía no existen circunstancias para visualizar una paralización en el trámite del mismo, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a la petición escrita del quejoso, al omitirse dicha evaluación y, por ende, dejarse de emitir proveído para la audiencia incidental respectiva. Esos antecedentes revelan -además- que el juez señalado como responsable ya inició los trámites para decidir el incidente no especificado, como consecuencia de su promoción. Cierto, el capítulo de conceptos de violación, revelan que el veintisiete de agosto del presente año, se radicó y se emitió el auto inicial del ya referido incidente. Bajo este contexto, es válido afirmar que a la presente fecha no pueden estimarse como actos de imposible reparación, a las omisiones reclamadas y derivado de lo anterior el reclamo de mantenerlo recluido en el centro penitenciario respectivo. Pues la falta de respuesta a la solicitud relativa a la emisión de esa evaluación y la consecuente omisión en dictar el proveído donde se cita a la audiencia incidental correspondiente, así como que se le mantenga en el lugar de su reclusión, no implican aún (dada la proximidad del último acuerdo generado en esa incidencia de origen por la responsable) una paralización total que devele de manera inconcusa el impedimento u obstaculización para resolver el incidente no especificado natural. En efecto, el panorama que se obtuvo de los antecedentes relatados en la demanda y del capítulo de conceptos de violación, permitió visualizar que ya se inició el trámite para decidir la solicitud formuladas en dicha declaración. De ahí que no existan circunstancias a la presente fecha, para estimar una paralización en su trámite del incidente no especificado, ni que haya transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una omisión por descuido u olvido a la petición escrita del quejoso. Sobre todo si se considera que desde el día hábil (treinta de agosto del año en curso) siguiente al veintisiete de agosto de dos mil veintiuno (que fue cuando el juez responsable inició el trámite de dicho incidente donde ordenó girar oficio al Director de área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de medidas cautelares y Policía Procesal) al momento de presentación de la demanda de amparo (uno de septiembre de este año) sólo transcurrieron dos días hábiles completos (treinta y treinta y uno de agosto del año en curso), y al menos de lo referido en los antecedentes de la demanda no se advierte que se hayan habilitado días y horas inhábiles por el juzgador natural. Aunado a que concedió un término de setenta dos horas para que se "practicara" la evaluación de riesgos correspondiente, no así para que se remitiera la misma, según se desprende de la literalidad de lo expresado en la demanda. De tal suerte que aún se advierte que el juzgador natural se encuentra en un lapso razonable para recibir tal evaluación y señalar la fecha de audiencia de cuyas omisiones se duele el ahora quejoso. Esto es, es válido afirmar que no ha transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una dilación por olvido o descuido, respecto de las solicitudes del quejoso y que, derivado de lo anterior, se genere una afectación de imposible reparación en los derechos fundamentales de dicho gobernado, quien está interno en un centro reclusión, en prisión preventiva. Entonces, si a la fecha no ha transcurrido un periodo de tiempo excesivo conforme al cual pueda estimarse una dilación por olvido o descuido, respecto de las solicitudes del quejoso, y que hayan provocado con ello una paralización del procedimiento natural, debe concluirse que los actos reclamados en su demanda encuentran a la presente fecha, una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, esta última interpretada en sentido contrario; razón por la cual es inviable considerar, por el momento, que el reclamo planteado en la demanda tenga las características de los actos de imposible reparación en el trámite del proceso penal de origen, pues las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda, así como los conceptos de violación, reflejan que está desarrollándose el trámite para decidir las solicitudes formuladas en el incidente no especificado de referencia. Lo cual desvanece el escenario de inactividad por descuido o sin justificación, que pretendió mostrar el quejoso en el capítulo de actos reclamados. Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del diverso 107, así como los numerales 112 y 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta. Domicilio físico y autorizados. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Gerardo Tomás Eng García y Jesús Hermenegildo Ojeda Martínez, porque así lo solicitó el quejoso, así como se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se le tiene como domicilio físico para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de
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