Jorge Alberto Domínguez Martínez

Expediente 759/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
759/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Domínguez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    De la certificación precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que el quejoso omitió recurrir el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional dictado en el presente juicio el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado y se tiene por consentido por las partes. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al auto dictado y a que carece de relevancia documental. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, el quejoso +++ señaló como acto reclamado al Titular de la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la omisión de resolver el recurso de inconformidad interpuesto el seis de marzo de dos mil dieciocho, contra la determinación del no ejercicio de la acción penal y archivo por aticipidad y obstáculo material insuperable dentro de la averiguación previa ++++ dictada por el Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno, de la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ahora, del informe justificado rendido por la responsable se advierte que el siete de mayo de dos mil dieciocho resolvió el recurso de inconformidad (fojas 39 a 46) y la notificación de la referida resolución al quejoso fue realizada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 49) -después de la presentación de la demanda de amparo-. Por lo tanto, respecto de tal acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El Juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En ese sentido, es innegable que con la determinación por la cual se resolvió el recurso de inconformidad emitido por el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado, se restituyó al aquí quejoso en el goce del derecho humano transgredido, como si el acto lesivo nunca hubiese existido, al haber cesado sus efectos la omisión de la cual se dolía el quejoso al presentar su demanda de amparo, pues tal omisión dejó de existir al haberse resuelto el recurso de inconformidad y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sobre todo porque el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado, en la resolución de siete de mayo de dos mil dieciocho negó la autorización del ministerio público por la que éste había decretado el inejercicio de la acción penal por obstáculo material insuperable del delito de fraude por simulación de acto jurídico y ordenó la devolución de la averiguación previa +++, a la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional y tal determinación fue notificada al quejoso el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para las diez horas con cuarenta y seis minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por último, cabe señalar que en nada se dio vista al ministerio público federal con los extremos previstos en el artículo 21 de la constitución federal, porque de la demanda de amparo en nada se advierten manifestaciones a la comisión de actos de tortura contra el propio quejoso.

  3. Principal

    Se agrega al expediente el oficio con anexos del Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, por el cual rinde el informe justificado que le corresponde. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegadas a las personas que menciona la autoridad oficiante y como como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita.

  4. Principal

    Se agrega el escrito signado por ***********. Atento a su contenido, se le tiene desahogada la prevención formulada en el diverso acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, en términos del referido escrito aclaratorio signado por ************. Entonces, de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que el promovente *********, señaló como acto la omisión de resolver el recurso de inconformidad interpuesto el seis de marzo de dos mil dieciocho, respecto de la averiguación previa **********, relacionada con el delito de fraude por simulación de acto judicial en el juicio de alimentos ************* del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, lo cual reclamó del: 1.- Titular de la Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. No se tramita incidente de suspensión porque la parte quejosa prescindió de su solicitud. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la autoridad responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a la responsable que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. De igual forma, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del diverso 2º, de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable, para que una vez que emita resolución respecto al recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso el seis de marzo de dos mil dieciocho, lo informe y remita constancias de notificación al quejoso; asimismo, informe el estado procesal de la averiguación previa ************ respecto del delito de fraude por simulación de acto judicial en el juicio de alimentos *************** del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. En la inteligencia que de omitir hacerlo en el plazo indicado, o bien ser omisa en manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), para el caso de soslayar cumplir con el requerimiento efectuado; ello de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. También se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: ".a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días". Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se le apercibe que en caso de que la autoridad que designó como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace saber a la responsable, con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificaran por medio de lista. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por otra parte, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Por último, se hace saber al quejoso que si a su interés conviene desde este momento se le autoriza hacer uso de los medios electrónicos que estén a su alcance tal y como lo dispone la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó que las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, podrán imponerse de los acuerdos dictados en los juzgados de distrito y tribunales de circuito del poder judicial de la federación, mediante el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores óptico. Sin embargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se deberá suprimir la información que en su caso resultare ser de carácter confidencial y reservado. Empero, tal supresión se realizará solo si lo permiten las constancias que se desee fotografiar, de lo contrario deberá solicitar copia certificada de las constancias respecto de las cuales, también suprimirán los datos personales. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 470, del tenor literal siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA"

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