Jorge Alberto Gallegos Díaz

Expediente 1664/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1664/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Gallegos Díaz
  • Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    mesa 9.-Vista la cuenta secretarial, se acuerda: AVISO DESIGNACIÓN DE NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. CAUSA EJECUTORIA Por otra parte, como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós (foja 93 a 103), en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por ********************; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1664/2022-2, promovido por **********, contra los actos que reclama de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 8°, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido a las veintitrés horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el secretario encargado de la guardia general de este órgano de amparo, David Conde Mendoza en favor de Jorge Alberto Gallegos Díaz, solicitó el amparo y protección contra de actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO El aseguramiento y/o detención, la incomunicación y malos tratos de los que son objeto los quejosos, así como ilegal privativa de sus libertades y libre tránsito (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Dirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. 2 Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. 3 Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1664/2022-2; se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados; se comisionó a la actuaria judicial de la adscripción para que notificase personalmente al quejoso en el domicilio de la autoridad responsable y diera fe de su estado físico; se requirió a la parte quejosa para que ratificasen la demanda, con el apercibimiento que de no atender lo anterior, se tendría como no presentada la demanda. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Tras la diligencia de notificación personal de veintinueve de septiembre pasado, de donde se desprende que la directa quejosa ratificó su demanda de amparo y esa misma data se admitió a trámite el asunto, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, toda vez que ya se había efectuado el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada con antelación; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: Incomunicación y malos tratos. Privación de la libertad fuera del procedimiento y como consecuencia, la restricción de la libertad de tránsito. TERCERO. INEXISTENCIA. Respecto de los actos identificados con el inciso a. del considerando precedente, son inexistentes. Lo anterior, dado que así lo manifestó la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, al rendir, tanto su informe relativo a la suspensión de plano, como el informe con justificación. Condición que se corrobora con el análisis de las constancias relativas al procedimiento administrativo que, en materia migratoria se sigue al quejoso, que adjuntó en copia certificada, que obran agregadas en autos, de las cuales no se desprende orden de deportación, expulsión o repatriación e incluso, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós se le autorizó visita al impetrante, así mismo en la diligencia esa misma data, se otorgó llamada telefónica para que se comunicasen con su representante legal y se programase su solicitud de salida de la estación migratoria. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con Registro digital 227634, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". Aunado a que, cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les reclama, queda a cargo de la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza, sin que en el caso que nos ocupa el impetrante hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara tales negativas. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Aunado a la negativa que, al respecto adujo la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, de la constancia levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano de amparo en cumplimiento a lo ordenando en el proveído de radicación de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se constituyó en la estación migratoria de esta ciudad, donde se entrevistó con el quejoso Jorge Alberto Gallegos Díaz, y dio fe de su estado físico, la atención y las condiciones en que se encontraba de la siguiente manera: "a simple vista no advierto que el citado quejoso presente alguna lesión o hematoma, lo anterior lo corroboro con el dicho del aludido quejoso, quien manifestó que no ha recibido ningún daño físico por las autoridades responsables (.)" Medio de convicción que tiene pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los numerales 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por la funcionaria facultada para ello dentro del ámbito de sus funciones. Inspección que además se ajusta a los parámetros que ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver el amparo en revisión 256/2013, estimó que los órganos de control constitucional al analizar los reclamos relativos a actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos degradantes, tienen la obligación de analizarlos de manera individual y autónoma, por lo que resulta indispensable allegarse de los elementos que sean necesarios para dirimir sobre la existencia de los mismos. Lo anterior, se corrobora, con el certificado médico de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que médico de guardia adscrito a la autoridad migratoria en Baja California, hizo constar que Jorge Alberto Gallegos Díaz, de nacionalidad peruana, al momento en que lo tuvo a la vista no presentó lesiones. En esa medida, se advierte que la parte quejosa, no sufrió por parte de las autoridades migratorias, incomunicación y malos tratos. De tal razonamiento surgió la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, materia común, décima época, registro digital 2018533, de rubro y texto: ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." En esa medida, -contrario a lo alegado en el libelo de amparo- para efectos del presente juicio de amparo, tampoco se le ha mantenido incomunicada, ni mucho menos se ha iniciado un procedimiento que culmine con su deportación, expulsión o repatriación. Por lo que, ante la inexistencia del acto mencionado se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto de los actos en estudio en el presente considerando y de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis del informe justificado rendido por la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, se advierte la existencia del acto reclamado RELATIVO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL QUEJOSA. La afirmación anterior se corrobora con las diversas constancias que la responsable acompañó, tanto al informe de cumplimiento de la suspensión de plano así como al justificado; consistentes en la copia certificada del expediente administrativo migratorio de Jorge Alberto Gallegos Díaz. De igual forma se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por lo que hace al acto reclamado identificado con el inciso b. del considerando segundo, relativo a la privación de la libertad y restricción de tránsito del impetrante, de las constancias que acompañó la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B", en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, se advierte que si bien es cierto que en su momento el quejoso estuvo bajo resguardo en la instalaciones de dicha autoridad migratoria, también lo es que tras analizar su situación administrativa, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en la presente controversia constitucional, se dictó acuerdo por el cual se les dio salida provisional de la estación migratoria a las veintidós horas con quince minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Tal salida con el objeto de proseguir su procedimiento administrativo bajo control de firma periódica. Sin embargo, el veintiuno de octubre de este año, la autoridad migratoria, levantó el acta de hechos de evasión de control migratorio, en la que se hizo constar la evasión del control migratorio del aquí quejoso, al incumplir con la determinación de cuatro de este mes y año. En mérito de lo anterior, resulta evidente que en la fecha en que este órgano de amparo resuelve este sumario constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por tanto, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia en estudio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía correo institucional signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable; mediante el cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan a su contenido. En términos del artículo 143, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó en el informe que se provee. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 660/2022-6, promovido por ***********, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Dos, con residencia en Cunduacán, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el tres de mayo siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el cuatro posterior, Mercedes Méndez Naranjo a través de su defensor particular Humberto Segovia García, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O ".LA RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2022, DICTADA DENTRO DE LA CAUSA PENAL 043/2022. MEDIANTE LA CUAL EL JUEZ DE CONTROL, NEGÓ LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO AL QUEJOSO, QUE COMO SOLUCIÓN ALTERNA CONTEMPLA EL ARTÍCULO 192 DEL C.N.P.P.." A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Juez de Control de la Región Judicial Dos, con residencia en Cunduacán, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 660/2022-6, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de cinco de julio del año en curso, se recibió el despacho debidamente diligenciado del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco, mediante el cual emplazó a los terceros interesados Carlos Mario López Vasconcelos y Narcedalia Pérez Hernández. Asimismo, mediante oficio recepcionado el diez de junio del presente año, se tuvo por emplazada a la Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco, Fabiola Rodríguez Cortes, quien formuló la imputación en contra de la quejosa en la causa penal de origen 43/2022, y su acumulado 44/2022, del índice del juzgado responsable. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se le negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal origen 43/2022 y su acumulado 44/2022, del índice del juzgado responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez de Control de la Región Judicial Dos, con residencia en Cunduacán, Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales deducidas de la carpeta judicial 43/2022 y su acumulado 44/2022, que adjuntó a su informe de ley, así como la copia certificada de audio y video en formato "DVD", el cual contiene la audiencia reclamada de veintinueve de abril de dos mil veintidós, celebrada dentro del citado expediente natural; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas de su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del referido acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En el presente caso, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Conforme a lo previsto por la mencionada fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones respecto de las cuales la ley ordinaria, conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, lo que se conoce como principio de definitividad, consagrado en el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de definitividad consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, número de registro 257209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 12, Sexta Parte, Materia Común, página 37, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de modo tal que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el juicio de amparo es improcedente. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se alteraría la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, por lo que es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen y en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se le negó la suspensión condicional del proceso, dentro de la causa penal origen 43/2022 y su acumulado 44/2022, del índice del juzgado responsable. Ahora, los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, son: a) Que el acto reclamado sea una resolución judicial o de tribunal administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; c) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada; d) Que la parte agraviada no hubiese hecho valer el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; y e) Que no se trate de terceros extraños al juicio o el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; u órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que implique la privación de la libertad (excepciones). En el caso, se tiene por acreditado el primer elemento de la causal de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado es una resolución dictada por una autoridad judicial como lo es la Juez de Control de la Región Judicial Dos, con residencia en Cunduacán, Tabasco. El segundo y tercero de los requisitos esenciales para la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, relativo a que la ley conceda contra el acto reclamado, algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, también se acreditan. Por otro lado, el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (.).". Precepto del cual se advierte claramente que contra la resolución en la cual se resuelve sobre suspensión condicional del proceso, procede el recurso de apelación. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis V.2o.P.A.1 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de la Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE CONCEDERLA DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL EN FORMA DIRECTA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A LAS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPLICAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Un imputado fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En el transcurso del procedimiento penal solicitó la suspensión condicional del proceso, la que fue negada por el Juez de Control; determinación contra la cual promovió juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso de apelación previsto en la ley procedimental de la materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la negativa del Juez de Control de conceder la suspensión condicional del proceso debe agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que dicha resolución no implica una afectación a la libertad en forma directa y, por ende, no corresponde a las establecidas expresamente en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, por la cual deba excepcionarse la interposición del recurso ordinario, en aras de cumplir con el principio de definitividad. Justificación: En el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el legislador estableció un nuevo esquema y distinción en cuanto a las resoluciones que afectan en forma directa la libertad personal del quejoso e implican una excepción al principio de definitividad. En ese sentido, tratándose de aquellas resoluciones dictadas en el procedimiento penal acusatorio que no sean de las expresamente señaladas en el artículo invocado, es imperativo agotar el recurso ordinario respectivo por no ubicarse en la hipótesis de excepción aludida. Luego, si bien la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso implicaría la expectativa de conceder la libertad del imputado en caso de que se resolviera sobre la procedencia de esa salida alternativa al procedimiento, ello no tiene como consecuencia la afectación directa de la libertad del imputado, ni se trata de actos de los señalados expresamente como aquellos que implican restricción de la libertad personal, por lo que previamente debe interponerse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es el medio de impugnación especializado, rápido y eficaz para impugnar la negativa en comento.". Así como la tesis con registro 2025169, cuyo rubro y contenido dicen: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE CONCEDERLA DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL EN FORMA DIRECTA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A LAS ESTABLECIDAS EXPRESAMENTE EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPLICAN UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Un imputado fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En el transcurso del procedimiento penal solicitó la suspensión condicional del proceso, la que fue negada por el Juez de Control; determinación contra la cual promovió juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso de apelación previsto en la ley procedimental de la materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la negativa del Juez de Control de conceder la suspensión condicional del proceso debe agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que dicha resolución no implica una afectación a la libertad en forma directa y, por ende, no corresponde a las establecidas expresamente en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, por la cual deba excepcionarse la interposición del recurso ordinario, en aras de cumplir con el principio de definitividad. Justificación: En el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el legislador estableció un nuevo esquema y distinción en cuanto a las resoluciones que afectan en forma directa la libertad personal del quejoso e implican una excepción al principio de definitividad. En ese sentido, tratándose de aquellas resoluciones dictadas en el procedimiento penal acusatorio que no sean de las expresamente señaladas en el artículo invocado, es imperativo agotar el recurso ordinario respectivo por no ubicarse en la hipótesis de excepción aludida. Luego, si bien la negativa de conceder la suspensión condicional del proceso implicaría la expectativa de conceder la libertad del imputado en caso de que se resolviera sobre la procedencia de esa salida alternativa al procedimiento, ello no tiene como consecuencia la afectación directa de la libertad del imputado, ni se trata de actos de los señalados expresamente como aquellos que implican restricción de la libertad personal, por lo que previamente debe interponerse el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es el medio de impugnación especializado, rápido y eficaz para impugnar la negativa en comento". Así, se estima que en la especie, la parte quejosa está obligada a agotar el recurso ordinario correspondiente, previo a promover el presente juicio constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa el quejoso podía hacer valer las alegaciones que expresó en sus conceptos de violación, y en vista de ellas, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de dictar la resolución correspondiente, y al no hacerlo, el presente juicio se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así lo estimó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015 de la que derivó la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 55, Junio de 2018, Tomo I en la página 8, que sustenta: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, no se soslaya que la determinación de la autoridad judicial pueda ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal; sin embargo, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. En este aspecto se invoca la tesis LXXXI/20123, de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." En cuanto al último de los requisitos, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción de la causal de improcedencia que se examina, pues es evidente que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni afectan su libertad personal, y tampoco afecta derechos de tercero extraño al juicio natural. En efecto, el acto reclamado por el impetrante, tampoco consiste en aquél que afecte la libertad personal de la parte quejosa, toda vez que, la suspensión condicional del proceso constituye una de las formas de solución alterna y anticipada del proceso que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se caracteriza por la aceptación del imputado de cumplir con un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento a determinadas condiciones durante un periodo, y de acatarlo en sus términos, da lugar a la extinción de la acción penal; por tanto, la negativa del Juez de Control de autorizar la suspensión condicional del proceso, no es un acto que de suyo afecte la libertad personal del justiciable, porque como se dijo, solamente impide la tramitación de una forma de terminación anticipada del proceso penal. Aunado a ello, el solicitante del amparo no es persona extraña al procedimiento, en virtud de que, tiene el carácter de vinculado en el juicio de origen; consecuentemente, está sujeto a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligado a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Por tanto, es evidente que en el caso no se cumplió con el principio de definitividad, ya que contra la resolución aquí reclamada aun procedía un recurso ordinario por medio del cual pudo ser modificado o revocado; actualizándose así, la causal de improcedencia en análisis, la cual, a su vez, provoca el SOBRESEIMIENTO del presente juicio conforme a lo que dispone la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". De igual forma, no representa obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se admitiera a trámite la demanda de amparo, pues, la simple admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, en tanto que tal cuestión es de orden público y de estudio preferente, por ende, debe ser analizada en cualquier momento, incluso en segunda instancia por el tribunal revisor. En apoyo a las consideraciones expuestas es aplicable la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo contenido enseguida se transcribe: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, más dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se; R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por **********, contra el acto reclamado precisado en el considerando SEGUNDO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

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