Jorge Alberto Esquivel Mastar
Expediente 1071/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jorge Alberto Esquivel Mastar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Alberto Esquivel Bastar; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, un DVD, que contiene el audio y video de la audiencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, y al Magistrado Integrante de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, un tomo consistente en el original del toca de oralidad 54/2021-III-C, las que adjuntaron a su respectivo informe justificado que rindieron y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas con cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1071/2021-5, promovido por ***************. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, consistente en copia certificada de diversas constancias que constituyen el acto reclamado derivadas de la causa penal 149/2021, así como un disco compacto en formato DVD, que contiene el audio y video de la audiencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, y copia simple del acta mínima (fojas 45 a 68 de autos). Por su parte, el Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, anexó a su informe justificado el original del toca de oralidad 54/2021-III-C de su índice, en un tomo de prueba, el cual obra por cuerda separada en la secretaría de este juzgado a disposición de las partes. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1071/2021-5, promovido por Jorge Alberto Esquivel Bastar, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Jorge Alberto Esquivel Bastar solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS; reclamo la ilegal e infundada orden de MEDIDA CAUTELAR, consistente en separación del suscrito quejoso de mi domicilio conyugal, ordenada por la C. Jueza de Control con fecha 08 de Julio de 2021, en la Causa Penal 149/2021, ordenada y notificada con la misma fecha, Medida Cautelar que apelé en tiempo y forma, tocándole conocer de dicho recurso a la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, misma que con fecha 27 de agosto de 2021, confirma el acto reclamado, notificándome dicha resolución el día 30 del mismo mes y año. 2 DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS reclamo el cumplimiento de la orden de MEDIDA CAUTELAR, dictada en mi contra al dejarme en el más completo estado de indefensión. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. 2 Jueza de Control de la Región Judicial 09 de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad. 3 Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído, precisara el número del toca del que derivaba la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la que se confirma la medida cautelar consistente en la separación del domicilio conyugal, y que señalaba como acto reclamado. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso dio cumplimiento al requerimiento de nueve de septiembre del presente año, y se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1071/2021-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Alma Rosa López Priego, misma que fue realizada por medio de lista que se fija en los estrados del juzgado el cinco de octubre de dos mil veintiuno (reverso foja 43). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 54/2021-III-C, de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que confirma medida cautelar. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco y Magistrado Integrante de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, aceptaron los actos que se les reclaman; y, para corroborar su dicho la primera de las responsables acompañó a su informe justificado copia certificada de diversas constancias que constituyen el acto reclamado derivadas de la causa penal 149/2021, así como un disco compacto en formato DVD, que contiene el audio y video de la audiencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, y copia simple del acta mínima; asimismo, la segunda de las responsables anexó a su informe justificado el original del toca de oralidad 54/2021-IIIC de su índice, en un tomo de prueba, el cual obra por cuerda separada en la secretaría de este juzgado a disposición de las partes. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". Por su parte, la autoridad responsable Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa tomando en consideración que se trata de una autoridad ejecutora, y las autoridades ordenadoras aceptaron el acto reclamado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En el caso, de oficio esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. El artículo 61 establece: "El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Ahora, para esclarecer la actualización invocada, deviene relevante acotar que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 220/2016, estimó que en los casos donde el imputado acepta la terminación anticipada del procedimiento punitivo, ya sea mediante acuerdo reparatorio o suspensión condicional, tal condición implica el consentimiento del contenido de la audiencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, en la que suspendió los efectos la medida cautelar impuesta en la causa penal 149/2021, por lo cual, como sucede en la especie, resulta improcedente la vía constitucional. El Alto Tribunal consideró que, con la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho se estableció un nuevo sistema de justicia penal, que a su vez conlleva un cambio de paradigma que replanteó la administración de justicia en esa materia; se estableció que el procedimiento será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; también introdujo la justicia restaurativa y, con ello, creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en el juicio. Esa Primera Sala, consideró que la justicia restaurativa envuelve el volver las cosas al estado en que se encontraban antes del injusto, es decir, busca que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar. En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal propios de la justicia restaurativas que propone el nuevo paradigma del sistema penal acusatorio, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. En mérito de lo anterior, la superioridad estimó que, cuando el imputado suscribe alguno de los mecanismos alternativos referidos, expresa su venia respecto del auto de vinculación a proceso del que se trata, dado que si su voluntad efectivamente es la de concluir el proceso penal por medio de una solución alterna, tal condición estriba que acepta todos los efectos legales, entre ellos el acto que lo sujetó al procedimiento. De los razonamientos anteriores se desprende el criterio de jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, décima época, materia común, registro digital 2014495, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Ahora, en el caso concreto tenemos que de las constancias que la Juez responsable acompañó a su informe justificado, se desprende que en la audiencia intermedia de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 149/2021, seguida en contra de Jorge Alberto Esquivel Bastar, por el delito de violencia familiar, en agravio de Alma Rosa López Priego, le impuso al quejoso la medida cautelar consistente en la fracción IX del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la separación inmediata del domicilio conyugal, por todo el tiempo que durara el proceso, dándole un término de cuarenta y ocho horas para dar cumplimiento. Así, en contra de dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual se resolvió el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el toca 54/2021-III-C, en donde el Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, confirmó el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, en donde se impuso al quejoso la medida cautelar, consistente en la separación del imputado (quejoso) del domicilio conyugal. Ahora, mediante oficio 47224, de seis de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco con residencia en esta ciudad, informó que con esa fecha, en la causa penal 149/2021, que se instruye al aquí quejoso ***************, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de Alma Rosa López Priego, se aprobó la suspensión condicional del proceso, imponiéndole las condiciones establecidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en acudir a los talleres que se imparten en el Instituto Estatal de la Mujer (que se compone de dieciocho sesiones), así como de abstenerse de realizar cualquier tipo de molestia o de violencia, a través de cualquier medio, en contra de la víctima. Asimismo, estableció en el propio oficio que, el plan de reparación de daños consistente en que el imputado realizará el pago por la cantidad de $13,240.00 (trece mil doscientos pesos cero centavos moneda nacional) lo cual hará en diez pagos de manera diferida, por la cantidad de $1,324.00 (un mil trescientos veinticuatro pesos cero centavos moneda nacional), ante la administración de ese juzgado, los primeros cinco días de cada mes, iniciando el mes de noviembre; por lo que, dicha suspensión del proceso tendrá una duración de once meses, ordenando a su vez, la suspensión de la medida cautelar que tenía impuesta el imputado (aquí quejoso), consistente en la separación inmediata del domicilio, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la suspensión condicional del proceso. Lo antes expuesto pone en evidencia que el aquí quejoso aceptó ajustarse a la figura de la suspensión condicional, motivo por el cual deviene exactamente aplicable los razonamientos acotados en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) y por ende, debe considerarse que el quejoso consintió las condiciones para cumplir durante el periodo de suspensión condicional que dure el proceso, esto es, acudir a los talleres que se imparten en el Instituto Estatal de la Mujer, abstenerse de realizar cualquier tipo de molestia o de violencia, a través de cualquier medio, en contra de la víctima, y reparar el daño consistente en hacer el pago por la cantidad de $13,240.00 (trece mil doscientos pesos cero centavos moneda nacional). En tal condición, resulta lógico afirmar que el peticionario de amparo ya consintió el acto reclamado y, por ende, tal cuestión no puede ser analizada en esta vía constitucional, por lo que se actualiza en toda regla la causal de improcedencia invocada de oficio. En consecuencia de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia aludida; con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado a los Fiscales adscritos al Juzgado de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, así como al adscrito a la Tercera Sala Penal de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en su calidad de terceros interesados; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar la emisión de la presente sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no les depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***************, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Incidental
La Secretaria procedo a hacer relación de las constancias de autos consistentes en copia simple de la demanda de amparo, auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se aperturó el presente incidente, resolución interlocutoria de cuatro de octubre actual, en la que se señaló fecha y hora para la audiencia incidental, y con los informes rendidos por las autoridades responsables restantes, mismos que obran agregados en autos. Asimismo, CERTIFICO: que en el juicio de amparo del que deriva este incidente, con esta misma data, se ordena glosar el oficio signado por la Jueza de Control Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, mediante el cual informa que aprobó la suspensión condicional del proceso solicitada por el quejoso, dejando sin efectos la medida cautelar consistente en la separación del domicilio conyugal, el que se tiene por un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para los efectos que se le darán a la presente resolución. A lo que la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de cuenta y por rendidos los informes previos de las autoridades responsables, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta que ninguna de las partes las ofreció, por lo que se declara cerrada dicha fase. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho y que no existe promoción pendiente de acordar, dirigida al presente expediente. La secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: No habiendo pruebas pendientes por desahogar, ni promoción pendiente dirigida al presente expediente, se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1071/2021-5; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO: El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se aperturó el presente incidente de suspensión, en virtud de la demanda de amparo promovida por Jorge Alberto Esquivel Bastar, contra los actos que reclama de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: ACTOS RECLAMADOS La MEDIDA CAUTELAR consistente en la separación del domicilio conyugal, ordenada por la Jueza de Control el ocho de Julio de dos mil veintiuno, en la causa penal 149/2021, y que confirmó la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante resolución de veintisiete de agosto del presente año, en el toca 54/2021-III-C. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe previo 1 Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, con residencia en esta ciudad. Niega los actos reclamados. 2 Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Acepta los actos reclamados. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. ACEPTACIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. El Magistrado Integrante de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el contenido de su informe previo manifestó que es cierto el acto que se le reclama, por lo que así deberá tenerse para los efectos de la suspensión. En iguales términos debe tenerse al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad, con residencia en esta ciudad, ya que fue quien instruyó al quejoso la carpeta administrativa de la que derivó el acto reclamado. TERCERO. SUSPENSIÓN SIN MATERIA. Ahora bien, de la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio principal del que deriva este incidente, con esta misma data, se ordenó agregar el oficio signado por la Jueza de Control Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, mediante el cual informa que aprobó la suspensión condicional del proceso, imponiéndose al quejoso las condiciones establecidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, que el plan de reparación de daño consiste en que el imputado realizará el pago por la cantidad de $13,240.00 (trece mil doscientos cuarenta pesos 40/100 M.N.), la cual lo hará en diez pagos de manera diferida, por la cantidad de $1,324.00 (mil trescientos veinticuatro pesos) mensuales, ante la administración de aquel juzgado señalado como autoridad responsable, los primeros CINCO DÍAS de cada mes iniciando el mes de noviembre, lo que se tiene por un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por lo anterior, al haber sido aprobada la suspensión condicional del proceso solicitada por el aquí quejoso, y al haber dejado sin efectos la medida cautelar consistente en la separación del domicilio conyugal, no existe materia respecto de la cual pueda pronunciarse en el presente incidente; por tanto, se decreta sin materia el mismo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144, 146, 147 y 162 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO: Se DECLARA SIN MATERIA el presente incidente promovido por a Jorge Alberto Esquivel Bastar, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
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