Jorge Alberto Fuentes Madueño y Otros.

Expediente 955/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
955/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
08/12/2015

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Fuentes Madueño
  • Jorge Alberto Fuentes Madueño y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Al no existir diligencias pendientes, se envía al archivo...

  2. Principal

    Agréguee a los autos el oficiom de cuenta.... del que se advierte que se aceptó la competencia planteada... remítase el... res´pervese proveer lo conducente en caunto al archoivo del presente cuaderno de antecedentes...

  3. Principal

    Dese vista a las partes con el informe en cumplimiento a la suspensión de plano de cuenta...

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por Jorge Alberto Fuentes Madueño, Hernando Villegas Delgado y Adolfo Roa de Lara, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 955/2015. En principio, se destaca que el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, cuyo ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO, dice: ".DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de 'auto de vinculación a proceso' le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto". (Lo destacado no corresponde al texto original). Por otra parte, el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO invocado dispone: "SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley". De ambos preceptos se aprecia que el trámite de la suspensión en materia de amparo penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Con base en lo anterior se obtiene que el pronunciamiento respecto de la procedencia o improcedencia de la suspensión (de plano o a petición de parte) se sustanciará conforme a la Ley de Amparo vigente si corresponde a asuntos que derivan de la sustanciación del sistema procesal penal acusatorio y, en caso de que no sea así, se tramitarán acorde con la ley de la materia abrogada. En ese sentido, toda vez que de la lectura integral de la demanda se aprecia que los actos reclamados no derivan de la implementación del sistema procesal penal acusatorio aludido, se establece que la sustanciación de la suspensión que nos ocupa se realizará acorde con la normatividad inherente a la Ley de Amparo abrogada. En ese orden, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que uno de los actos reclamados consiste en la afectación de la salud psicológica y emocional provocada a los justiciables con motivo del estado de aislamiento que se dice sufren en el lugar en que se encuentran internos -Centro Federal de Readaptación Social, Número 1 "ALTIPLANO", en Almoloya de Juárez, Estado de México-, con apoyo en el numeral 123 de la ley de la materia abrogada, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cese de inmediato tal acto, debiendo informar el Director del Centro Federal mencionado, en el término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de esta resolución; apercibido que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a diez días de salario mínimo vigente para esta ciudad, prevista en el dispositivo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de abuso de autoridad, de conformidad con el precepto 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Tomando en cuenta que la citada autoridad responsable tiene su domicilio fuera de la circunscripción de este juzgado, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese vía fax el oficio dirigido a dicha autoridad, a fin de que esté en oportunidad de rendir el informe solicitado, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa, en términos del numeral 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria. En el entendido que dicha autoridad foránea deberá rendir su informe ya sea vía fax al número 55 53 22 17 00, extensión 1476, y para confirmar su recepción a la extensión 1471, o bien al correo oficial 13jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx (en caso de que cuenten con ese medio) o por correo acelerado. Ahora, en el particular se estima que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y por ende, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir dicha demanda al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, por las siguientes consideraciones. La competencia constitucional de los jueces de Distrito, está prevista por el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así el numeral 107, fracción VII, constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse...". El precepto legal transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier órgano de control constitucional, para efectos de tramitar el juicio y dictar la sentencia correspondiente. Por su parte, el citado numeral 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, en lo conducente, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" (Lo subrayado no es de origen). Del análisis del párrafo primero de dicho precepto, se obtiene que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia que es de tomar en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto sea de los que requieren ejecución. Por tanto, como se ha puntualizado, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, el acto reclamado consiste en la afectación a la salud psicológica y emocional provocada por el estado de aislamiento que se dice sufren los agraviados en el lugar en que se encuentran internos -Centro Federal de Readaptación Social, Número 1 "ALTIPLANO", en Almoloya de Juárez, Estado de México-, ya que tal acto se está ejecutando en dicho centro carcelario, por lo que es indudable que el juez competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción tiene ejecución dicho acto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, 48 de la Ley de Amparo; y punto cuarto, fracción II, párrafo primero del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentran internos los quejosos, por tanto, remítanse los autos originales -previo cuaderno de antecedentes que se forme- a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien a su vez, deberá enviarlos al juzgado que por razón de turno corresponda, solicitándole a este el acuse de recibo ya sea vía fax al número 55 53 22 17 00, extensión 1476, y para confirmar su recepción a la extensión 1471, o bien al correo oficial 13jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx (en caso de que cuenten con ese medio) o por correo acelerado, y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Por otra parte, toda vez que el domicilio que señalaron los quejosos para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el punto cuarto fracción II, párrafo primero del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal gírese exhorto al Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de esta autoridad judicial, ordene lo que a su consideración estime conveniente a efecto de poder notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, solicitándole a éste ya sea vía fax al número 55 53 22 17 00, extensión 1476, y para confirmar su recepción a la extensión 1471, o bien al correo oficial 13jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx (en caso de que cuenten con ese medio) o por correo acelerado, el resultado de la diligencia encomendada. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio...

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