Jorge Adolfo Ordoñez Garcia
Expediente 535/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2017
Partes del expediente
- Jorge Adolfo Ordoñez Garcia
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Jorge Adolfo Ordoñez Garcia, contra actos de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a través de la Agencia Especializada del Ministerio Público para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 535/2017. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al quejoso para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane las irregularidades en que incurrió, acorde con la fracción III del numeral 108 de la ley de la materia. En efecto, de la lectura integral de la demanda se aprecia que el justiciable señaló como autoridad responsable, entre otras, a la "Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a través de la Agencia Especializada del Ministerio Público para la Atención de Delitos en Materia de Vivienda."; sin embargo, es un hecho notorio para este juzgado que las Agencias del Ministerio Público actualmente se identifican por la Coordinación Territorial a la que pertenecen y a cada una de éstas se encuentra adscrito un responsable de agencia, contando cada uno de ellos con diversos Agentes del Ministerio Público, y éstos a su vez se encuentran adscritos a diferentes Unidades de Investigación, Con o Sin Detenido, así como a diversos turnos, asimismo, existen diversas Fiscalías y Agencias del Ministerio Público especializadas, por lo que en el sentido en que se encuentra denominada dicha autoridad es indudable que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para requerirle su informe de ley, al desconocerse a qué Unidad de Investigación, Con o Sin Detenido, a qué turno, a qué Fiscalía o Agencia especializada se encuentra adscrita la autoridad ministerial que indica. Por otra parte, el amparista señaló también como autoridad responsable al "Instituto de Vivienda de la Ciudad de México", esto es, de manera genérica, sin embargo, constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional que en esa institución se encuentran adscritos diversos servidores públicos, sin que este órgano de control constitucional pueda válidamente decidir a cuál de ellos debe llamarse a juicio, irregularidad que es necesario se subsane, por tanto, requiérasele a efecto de que en el plazo señalado en líneas que anteceden, especifique a qué servidor público del citado Instituto se refiere. En efecto, no debe perderse de vista que en el juicio de amparo el señalamiento de las autoridades responsables, debe ser de tal forma que permita su específico emplazamiento, ya que de la interpretación sistemática del precepto 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la ley reglamentaria, se advierte que es obligación de este juzgado practicar el emplazamiento y las notificaciones a las autoridades responsables por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal. Por tanto, a fin de que se pueda cumplir con el correcto llamamiento al presente juicio de las autoridades responsables, aunado a que el promovente de la acción constitucional se encuentra obligado a señalar con precisión su denominación, requiérasele para que en el plazo concedido en párrafos que anteceden aclare la denominación correcta de las autoridades responsables que se precisaron. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el entonces único Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, cuyo rubro establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS". Circunstancia que se considera indispensable aclare a efecto de establecer la relación procesal y por tanto la litis constitucional planteada que en su caso será motivo de estudio al momento de dictarse la sentencia. Sin que se soslaye que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la promovente señaló, como lo es la indicación de las autoridades responsables. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el quejoso, no así los autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere amplias facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio (autoridades responsables), sólo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, del rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". En la inteligencia que al desahogar tal requerimiento, deberá proporcionar las copias de demanda que sean necesarias para correr traslado a las autoridades que señale, para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, así como para tramitar el incidente de suspensión que solicita, además del escrito aclaratorio en términos del numeral 110 de la ley en cita. No es obstáculo para prevenir al amparista, lo que dispone el artículo 110 de la ley de la materia, en específico en su segundo párrafo, porque a criterio de este juzgado dicho numeral debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura de este artículo, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima que cuando la demanda se presente en forma escrita, la parte quejosa está obligada a exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado artículo 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número electrónico 2010048, del rubro siguiente: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no desahogar la anterior prevención, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otro lado, como se solicita, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que se señalaron para tal efecto los estrados, asimismo, ténganse como autorizada(s) en los términos que se precisan a la(s) persona(s) mencionada(s). En otro contexto, en cuanto a la manifestación del justiciable en el sentido de que promueve la demanda en términos del precepto 15 de la Ley de Amparo, dígasele que en modo alguno es aplicable al caso que nos ocupa. Lo anterior es así, ya que para que se actualicen dicho supuesto, la demanda debe ser promovida por diversa persona en nombre del directo agraviado, y este se encuentre imposibilitado para hacerlo, razón por la cual no se surte el supuesto legal contenido en el artículo 15 de la ley en cita. Al efecto es necesario citar el numeral precisado: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". Ahora, del precepto transcrito se advierten los supuestos en los que es procedente promover el amparo en favor de diversa persona; sin embargo, para que se actualicen dichos supuestos, el agraviado debe encontrarse imposibilitado para promover el amparo, dado que aquellos supuestos se enlazan con la conjunción copulativa (y), esto es, están condicionados a tal circunstancia, por lo que es evidente que en el caso no se actualizan ninguna de las citadas hipótesis. En ese sentido, no es procedente tramitar el presente asunto en los términos que solicita el amparista, ya que promueve la demanda por propio derecho.
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