Jorge Alberto Esparza Monsiváis
Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jorge Alberto Esparza Monsiváis
- Agentes del Ministerio Público Federal. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de siete de septiembre de este año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida a favor del quejoso Jorge Alberto Esparza Monsiváis; por tanto, con apoyo en ese precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto 23-08-23 1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por Benito Márquez Martínez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, respecto a la admisión de demanda. 1.1 Consideraciones. Al efecto, tomando en consideración que el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el quejoso puede autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones en su nombre, quien podrá interponer recurso que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar actos necesarios para defender los derechos del autorizante, es decir, sus facultades entrañan únicamente la realización de actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación. Sin embargo, tal disposición no faculta al autorizado a gestionar cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, como lo es, presentar ampliaciones de demanda, señalar nuevas autoridades responsables y actos reclamados, o bien, variar los previamente señalados, así como la formulación de conceptos de violación en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parta agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la ley de la materia. 2. Improcedencia de la solicitud. En esas condiciones y con base en lo precisado en el punto 1.2 de este acuerdo, se determina que no ha lugar a proveer la solicitud, en virtud de que el autorizado únicamente tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado o influyen en la configuración de la litis constitucional como presentar ampliaciones de demanda, señalar nuevas autoridades responsables y actos reclamados, o bien, variar los previamente señalados, así como la formulación de conceptos de violación. 2.1 Criterio aplicable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J 37/20111 3. Subsiste prevención. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento contenido en el mencionado proveído; en consecuencia, subsiste el apercibimiento decretado el diecisiete de agosto del año en curso. 3.1 Plazo restante para cumplimiento. En el entendido de que el plazo de cinco días otorgado continúa vigente. 3.2 Criterio legal aplicable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.39/2012 (10a.)2 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por ***********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, respecto a la admisión de demanda. 1.1 Consideraciones. Al efecto, tomando en consideración que el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el quejoso puede autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones en su nombre, quien podrá interponer recurso que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar actos necesarios para defender los derechos del autorizante, es decir, sus facultades entrañan únicamente la realización de actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación. Sin embargo, tal disposición no faculta al autorizado a gestionar cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, como lo es, presentar ampliaciones de demanda, señalar nuevas autoridades responsables y actos reclamados, o bien, variar los previamente señalados, así como la formulación de conceptos de violación en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parta agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la ley de la materia. 2. Improcedencia de la solicitud. En esas condiciones y con base en lo precisado en el punto 1.2 de este acuerdo, se determina que no ha lugar a proveer la solicitud, en virtud de que el autorizado únicamente tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado o influyen en la configuración de la litis constitucional como presentar ampliaciones de demanda, señalar nuevas autoridades responsables y actos reclamados, o bien, variar los previamente señalados, así como la formulación de conceptos de violación. 1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por *******************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, respecto a la admisión de demanda. 1.1 Consideraciones. Al efecto, tomando en consideración que el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el quejoso puede autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones en su nombre, quien podrá interponer recurso que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar actos necesarios para defender los derechos del autorizante, es decir, sus facultades entrañan únicamente la realización de actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación. Sin embargo, tal disposición no faculta al autorizado a gestionar cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, como lo es, presentar ampliaciones de demanda, señalar nuevas autoridades responsables y actos reclamados, o bien, variar los previamente señalados, así como la formulación de conceptos de violación en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parta agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la ley de la materia. 2. Improcedencia de la solicitud. En esas condiciones y con base en lo precisado en el punto 1.2 de este acuerdo, se determina que no ha lugar a proveer la solicitud, en virtud de que el autorizado únicamente tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado o influyen en la configuración de la litis constitucional como presentar ampliaciones de demanda, señalar nuevas autoridades responsables y actos reclamados, o bien, variar los previamente señalados, así como la formulación de conceptos de violación.
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