Jorge Alberto Carielo Charles

Expediente 872/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
872/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Carielo Charles

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial la diligencia de comparecencia del quejoso ***, de veintiséis de los actuales, se advierte que se desiste de esta instancia constitucional. En consecuencia, se le tiene por desistido de este juicio de amparo. Luego, atendiendo al desistimiento expresado por éste, se sobresee este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efecto todas las providencias decretadas en el mismo, en virtud de que opera indubitablemente una causal de sobreseimiento directa de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo . Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 82/2016, de la Segunda Sala, publicada en la página cuatrocientos sesenta y dos, tomo I, Julio de dos mil dieciséis, Libro treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2012059, del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios". Ahora bien, resulta claro que la parte promovente, al manifestar su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo ante la presencia judicial, evidencia que no recurrirá esta determinación; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio, ha causado estado. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 20). En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente asunto como concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión relativo a este juicio, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental; es decir, las diez horas con treinta minutos del día de hoy; por ende, el duplicado del citado incidente, de conformidad con dicho Acuerdo General, procédase a su desintegración material en el término de seis meses.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual se desiste de la demanda de amparo. Ahora bien, primeramente debe tomarse en consideración que el artículo 63, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que en el caso de desistimiento se deberá notificar personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días; por ello, con la finalidad de tener plena certeza de la voluntad del promovente para así estar en condiciones de proceder a decretar el sobreseimiento del juicio, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca en el local de este Juzgado, debidamente identificado en días y horas hábiles (lunes a viernes de nueve a quince horas), a fin de que ratifique el contenido del escrito de cuenta; apercibido que, de no hacerlo se proseguirá con el trámite respectivo en el presente sumario constitucional, sin ulterior acuerdo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y cinco, del tomo XXIV, agosto de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, que dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio."

  3. Principal

    Se recibe demanda. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida ***, contra actos del Agente de Tránsito Municipal de Piedras Negras y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo 872/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. IV. Incidente de suspensión. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. V. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente a aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita , al que deberán acompañar en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del presente juicio. VI. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que de ellas se reclama, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, y se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación. Igualmente, en caso de que se nieguen a recibir los oficios (notificaciones) que se emitan en el presente juicio, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrán por hechas las notificaciones y se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal . Sobre el tema se emitió la tesis VI.1o.A.35 K (10a.), bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO NO RENDIDO DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO. NO AMERITA LA IMPOSICIÓN DE MULTA CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 260 DE DICHA LEY. La multa prevista en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se actualiza ante la falta de rendición del informe con justificación o la omisión de remitir las constancias necesarias para resolver el juicio de amparo. Así, el mencionado precepto únicamente autoriza al Juez de Distrito a imponer a las autoridades responsables una multa que oscila entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, cuando aquéllas no rindan su informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, debe tomarse en consideración que el párrafo tercero del artículo 117 del propio ordenamiento, prevé la posibilidad de que los informes justificados se rindan extemporáneamente, y que a pesar de ello puedan ser tomados en cuenta si la parte quejosa tuvo oportunidad de conocerlos; sin que en el citado precepto o en algún otro de la ley de la materia, se establezca que la rendición de los informes fuera del término de quince días, motive la imposición inmediata de sanción pecuniaria alguna. En efecto, una multa de ese tipo no es dable imponerla en un acuerdo de mero trámite, sino que en el caso de que las responsables no rindan sus informes con justificación, en la sentencia se les impondrá la multa respectiva. Ello tiene su razón de ser, ya que será hasta que se emita el fallo constitucional cuando el Juez de Distrito estará en aptitud legal de determinar si las responsables cumplieron con el imperativo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, consistente en la rendición de sus informes con justificación o, en su caso, de la remisión de las constancias necesarias; ya que aun cuando éstos se rindan extemporáneamente, podrán ser tomados en consideración en la sentencia, si las partes estuvieron en aptitud de conocerlos. Asimismo, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de normas generales, aun cuando las autoridades responsables que tengan el carácter de legislativas fueran omisas en rendir sus informes, ello no daría lugar a sancionarlas con multa, de conformidad con el último párrafo del artículo 260 de la Ley de Amparo." VII. Prevención para que las partes informen sobre las causas de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la legislación de la materia, prevéngase a las partes para que informen inmediatamente a este Juzgado de Distrito, si llegasen a tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. VIII. Audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con diez minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. IX. Notificación a las partes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instruye al Actuario Judicial para que se notifique a las partes los posibles diferimientos de la audiencia constitucional por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del poder judicial federal, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente los actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, de los cuales el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que, resulta suficiente que ese tipo de proveídos se notifiquen por medio de lista en términos del numeral 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y a los terceros interesados, pues a través de ella se le informa en el domicilio que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo ini.asp. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Dicho de otra forma, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. X. Prueba. Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba la documental anexada a su demanda, misma que se admite y desahoga en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. XI. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. XII. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Zaragoza, número 602, Zona Centro en esta ciudad. XIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . XIV. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. XV. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. XVI. Recuperación de documentos originales. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. XVII. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  4. Incidental

    Se apertura incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por ***, contra actos del Agente de Tránsito Municipal de Piedras Negras, y otras autoridades. II. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 138 y 139, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, para lo cual se les remite copia de la demanda. III. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto que de ellas se reclama, para el sólo efecto de la suspensión, y se les impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo. IV. Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con treinta minutos del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. V. Actos reclamados. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la boleta de infracción número 255628, así como la retención de la licencia de conducir 0421-011705. VI. Solicitud de suspensión provisional. La parte quejosa pide la suspensión provisional en los siguientes términos: ".se solicita se conceda la suspensión contra las consecuencias del acto reclamado, en particular para que las responsables devuelvan al suscrito la licencia de conducir número 0421-011705, con vigencia hasta el día 18 de junio de 2020.". VII. Concesión o negativa de la suspensión. La parte quejosa solicita sustancialmente la suspensión de lo reclamado para que se le restituya el goce de sus derechos violados, esto es, que se ordene la devolución de la licencia de conducir con número 0421-011705, con vigencia hasta el día dieciocho de junio de dos mil veinte. Ahora bien, a efecto de emitir la resolución relativa a este asunto conviene, en principio, dar noticia del contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo; precepto cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Del precepto reproducido se advierte que, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación que habrá de imperar y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, pudiendo fijar requisitos de efectividad. Asimismo, que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que todo se mantenga en el estado que guarde y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta ejecutoria en el juicio de amparo. En otras palabras, conforme al dispositivo legal invocado, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce de la garantía violada en tanto se falla el juicio en lo principal. Con base en lo anterior es claro que, en términos del citado artículo 147, el juez, atendiendo a cada caso en concreto, podrá conceder la suspensión para el efecto de restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, siempre y cuando resulte jurídica y materialmente factible. En efecto, la redacción del mencionado precepto atiende a un fin garantista, que es acorde con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito otorgar una protección amplia e integral a los derechos de las personas; de ahí que el legislador, a través de la institución de la suspensión en la forma en que actualmente está regulada en la Ley de Amparo, buscó satisfacer una doble función: por un lado, conservar la materia de la controversia y, por otro, evitar que las personas sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante el restablecimiento provisional del derecho transgredido. Conforme a lo antes explicado debe concluirse que en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que dada su propia naturaleza y características involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento. No obstante lo expuesto, es necesario destacar que aun cuando la legislación de la materia establece la posibilidad de restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo objetivamente cierto es que el aspecto determinante que debe servir de referente para ordenar el mencionado restablecimiento provisional de la prerrogativa violada es que exista la posibilidad de hacerlo tanto jurídica como materialmente. Es decir, el referido beneficio instaurado en la legislación de la materia, relativo a la posibilidad de dotar de efectos restitutorios la medida cautelar no es una causa que genere por si sola su procedencia, pues, como se mencionó, para ello es necesario que sea jurídica y materialmente posible. Por tanto, al reunirse los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, dado que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienes disposiciones de orden público, como lo dispone el artículo 139, de la misma ley, procede conceder la suspensión provisional a ***, para el efecto de que las autoridades responsables una vez recibido el pago de la cantidad a que asciende la imposición de la boleta de infracción 255628, y realizado lo anterior procedan a devolverle provisionalmente la licencia de conducir número 0421-011705, expedida por la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Gobierno del Estado de Coahuila, con vigencia hasta el dieciocho de junio de dos mil veinte. Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 59/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1186, julio de dos mil doce, tomo 2, con registro 2001198, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado." En el entendido que la suspensión provisional no surte efectos si la retención de la licencia descrita no deriva de la boleta de infracción 255628 aquí reclamada, o si fue realizada por autoridades diversas a las aquí señaladas. Sin que ello implique darle efectos restitutorios, ya que no se deja insubsistente la boleta de infracción reclamada, es decir, no se prejuzga si es legal o no, lo cual es propio de la sentencia que se pronuncie de manera definitiva en el juicio constitucional. Cabe precisar, que una vez que se cuente con mayores datos a los proporcionados en la demanda, es decir, con las pruebas que en su momento llegara a exhibir las partes, o con la información allegada por las autoridades vía informes previos, podrá modificarse las condiciones de concesión y las medidas de efectividad. VIII. Notificación a las partes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instruye al Actuario Judicial para que se notifique a las partes los posibles diferimientos de la audiencia incidental por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del poder judicial federal, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente los actuaciones emitidas en el trámite del incidente de suspensión, de los cuales el diferimiento de la audiencia incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que, resulta suficiente que ese tipo de proveídos se notifiquen por medio de lista en términos del numeral 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a los autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, pues a través de ella se le informa en el domicilio que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo ini.asp. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Dicho de otra forma, en caso de que se difiera la audiencia incidental, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. IX. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Zaragoza, número 602, Zona Centro en esta ciudad. X. Autorización de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que practiquen las notificaciones correspondientes en el presente asunto, lo anterior, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

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