Jorge Alberto Escamilla Salazar

Expediente 998/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
998/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Escamilla Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto: agréguese a este expediente, para los efectos legales correspondientes, el oficio 558 de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio 5514/2021, de fecha nueve de marzo del año en curso, mediante el cual se le devolvió el toca original 1074/2019 y el expedientillo original derivado del incidente de suspensión. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto: agréguese a este expediente, para los efectos legales correspondientes, el oficio 469 de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio 4406/2021, de fecha veinticuatro de febrero del año en curso. Ahora bien, en atención a su contenido, mediante oficio remítase a la Sala responsable el toca original 1074/2019 y el expedientillo relativo al incidente de suspensión a que se refiere; debiendo acusar el recibo de estilo correspondiente, como comprobante de su recepción, para los efectos legales relativos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, no existiendo motivo alguno para que continúen en la secretaría de este Juzgado los anexos que la Sala responsable remitió junto con su informe justificado, devuélvanse los mismos a dicha autoridad, para los efectos legales del caso; debiendo acusar recibo del toca ******************** y del expedientillo derivado del mismo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 998/2020-II-A, promovido por ********************por propio derecho, contra el acto que reclama a la Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado, compareció ********************por propio derecho, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos a la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y a la Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Incompetencia. Dicha demanda (amparo directo) fue remitida al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual, por auto de presidencia de nueve de octubre de dos mil veinte, determinó carecer de competencia, por lo que ordenó su remisión al Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad que por razón de turno correspondiera. TERCERO. Remisión de demanda. En fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, la demanda de mérito, la cual fue turnada a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. CUARTO. Admisión de demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por auto de once de noviembre siguiente, se desechó parcialmente la demanda por lo que se refiere al acto atribuido a la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Asimismo, en dicho proveído se admitió la demanda por la restante autoridad; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó notificar a las partes y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno de dicho Consejo, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; lo que implicó que no corrieran plazos procesales, salvo las excepciones previstas en dicho Acuerdo. SEXTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, se levantó la suspensión del procedimiento; por lo que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se precisan de la siguiente manera: La parte quejosa reclama de la Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La resolución dictada por la citada Sala Colegiada, el cuatro de febrero de dos mil veinte, en el toca ********************, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, contra el auto de tres de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, en la que sustancialmente se le requiere el pago de los alimentos de que se duele el quejoso. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Abril de 2000, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó expresamente su Presidente al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Resultan inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Que en fecha tres de junio de dos mil diecinueve, la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, dictó un proveído en el que accedió a la actualización y/o aumento conforme al salario mínimo, de la pensión alimenticia a favor de******************** y ********************, y a cargo de ********************, entre el período comprendido del mes de junio de dos mil dieciséis a agosto de dos mil dieciocho; que en ese período el deudor debió depositar la suma de ********************, siendo que solamente había depositado la cantidad de ********************, por lo que existía una diferencia de $********************). En esas circunstancias, requirió al deudor para que dentro del término de tres días, cumpliera con depositar la cantidad adeudada, o bien, acreditara con documentos fehacientes, que había cumplido con el pago, apercibido que de no hacerlo, se procedería conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 241 del Código Civil del Estado. 2.- En contra de dicha determinación, el aquí quejoso ********************, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual constituye el acto reclamado por el quejoso. En su recurso de apelación, el recurrente manifestó que el acuerdo emitido por la Juez le causaba agravios, ya que al fijarle término para pagar cantidades en concepto de alimentos, no valoró el asunto real del proceso, ya que los acreedores alimentistas alegaban un derecho, pero no manifestaron que tenían otro proceso, el cual estaba en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, ya que el actuar de los acreedores alimentistas era obtener un doble pago. Que no había podido continuar con el importe de los alimentistas, ya que tenía otras hijas, cuya existencia acreditaría con los certificados de nacimiento. Que no había dejado en desamparo a sus hijos y que no encuadraba en lo dispuesto en el artículo 220 del Código Penal del Estado, referente al delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar; que no se había valorado de forma extensa algunas circunstancias o elementos de prueba que justificaran el actuar de los acreedores alimentistas, ya que lo que éstos perseguían, era un doble cobro, y para que se configurara el delito, debía demostrarse el desamparo total y absoluto de los acreedores. Por su parte, la Sala responsable en su resolución de cuatro de febrero de dos mil veinte, determinó que resultaban inoperantes e infundados los agravios expresados por el recurrente, ya que el auto impugnado únicamente constituía el resultado de la falta de cumplimiento de la obligación sancionada en sentencia de siete de marzo de dos mil cinco, ya que en el resolutivo tercero se había condenado al deudor a aumentar la pensión en el mismo porcentaje en el que fuese incrementado el salario mínimo general, salvo que demostrara que sus ingresos no habían aumentado en igual proporción. Por ello era de su conocimiento que tenía que aplicar a los pagos de su pensión, los incrementos al salario mínimo, lo que no había cumplido. Por lo que si se evidencia que no había depositado cantidad alguna en lo tocante a los incrementos solicitados por sus acreedores alimentistas en los años dos mi diecisiete y dos mil dieciocho, lo que no había sido controvertido ni desvirtuado en la alzada, resultaba ajustada a derecho lo resuelto por la Juez de primera instancia, pues ello era en acatamiento al punto resolutivo tercero del fallo dictado el siete de marzo de dos mil cinco. Asimismo en relación al recurso de apelación en materia penal y a la observancia de la jurisprudencia que invocaba en su escrito de agravios, sus argumentos resultaban inoperantes, por no ser el recurso en estudio, la vía procesal para hacerlo, pues tuvo expedito su derecho para comparecer ante la Juez de primera instancia y justificar en su caso, el doble pago que aduce, o bien acudir ante el juzgador penal a invocar el criterio jurisprudencial. Ahora bien, en sus conceptos de violación la quejosa alega que se transgreden en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que la responsable no hizo el debido análisis profundo, sistemático y racional del asunto, ya que no tomó en consideración las pruebas ofrecidas en el recurso de apelación. Que la cantidad que se le fijó como monto a pagar, resulta excesiva e incorrecta, ya que no se tomó en cuenta los depósitos que con anterioridad realizó y que no recibió de los mismos los comprobantes correspondientes, y que aunque se tomó de su parte para llegar a un arreglo, éste no se consideró. Que en el año dos mil cinco, ******************** y él, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria, y que dentro del procedimiento, la primera había solicitado pensión alimenticia. Que los terceros interesados, a pesar de lo acontecido, habían estado requiriendo alimentos, sin embargo, el importe que le señalaban lo procuraba cumplir no obstante la situación actual. Que el acuerdo de la autoridad responsable le causa agravios, ya que no valoró el asunto real del proceso, ya que los acreedores alimentistas alegan un derecho, pero no manifestaron que tenían otro proceso, el cual estaba en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, ya que el actuar de los acreedores alimentistas es para obtener un doble pago. Que no se valoraron las pruebas ni se giró oficio al Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, y que como antecedente es una persona honesta, trabajadora, padre de familia, y que no ha cometido delito grave que lo prive de sus derechos. Tales argumentos se estiman inoperantes por las consideraciones siguientes. Cabe señalar que los conceptos de violación deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o "petitum" al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. Por tal motivo, si el quejoso se limitó a realizar meras afirmaciones generales, sin sustento o fundamento, dejando de combatir los argumentos que conllevaron a la responsable a considerar inoperantes los agravios ante ella formulados, es evidente que tales conceptos de violación a la postre, resultan inoperantes y no pueden ser analizados. Además, si bien es cierto que nuestro Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el motivo por el cual estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. De ahí que el suscrito califique como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que con tales argumentos no ataca frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse, pues los mismos son ambiguos y superficiales, ya que no realiza razonamiento alguno capaz de ser analizado, además de ser algunos, idénticos a los agravios que formuló al interponer su recurso de apelación. Es decir, no combatió todas las consideraciones torales que sirvieron de sustento a la autoridad responsable para emitir la resolución que constituye el acto reclamado, tales como: "Resultan inoperantes e infundados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, ya que el auto impugnado, únicamente constituye el resultado de la falta de cumplimiento de la obligación sancionada en la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil cinco, en la que en su punto resolutivo tercero, se condenó al señor ********************, a aumentar la pensión alimenticia fijada, en el mismo porcentaje en que sea incrementado el salario mínimo general de la zona económica de su domicilio y por cada vez que se haga dicho incremento, salvo que demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, por ello, era de su conocimiento que tenía que aplicar, al pago de la pensión, los incrementos al salario mínimo general de la zona económica de su domicilio, lo que no cumplió. Por tanto, si en el presente caso, se evidencia que el multicitado obligado no ha depositado cantidad alguna en lo tocante a los incrementos solicitados por sus acreedoras alimentistas en los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, lo que no es controvertido y menos desvirtuado en esta alzada, deviene ajustada a derecho la determinación de la juzgadora, en aumentar la pensión alimenticia por la cantidad de mil novecientos ochenta y seis pesos con treinta y cinco centavos, moneda nacional, en sustitución de la cantidad de mil quinientos treinta y cinco pesos con nueve centavos moneda nacional, de forma semanal, así como en requerir al hoy recurrente para que en el término de tres días, exhiba las diferencias en suma de ciento ochenta y dos mil quinientos catorce pesos con cincuenta y cinco centavos, moneda nacional; esto en estricto acatamiento al punto resolutivo tercero del fallo dictado el citado siete de marzo del año dos mil cinco; resultando desvirtuado el que los reclamantes no les asista el derecho a reclamar. En tal virtud, contrario a lo aseverado por el recurrente, se traduce indiscutible, que la determinación recurrida si se encuentra ajustada a derecho. En lo que atañe a lo manifestado en relación a su recurso de apelación en materia penal y la observación de la jurisprudencia que invocó, resulta inoperante por no ser este recurso la vía procesal para invocarlo, pues tuvo expedido su derecho para comparecer ante el Juez Primero de lo Familiar y justificar en su caso, el doble pago que aduce, o bien ante el Juzgador Penal invocar la aplicación de dicho criterio federal. De ahí que las consideraciones hechas por la responsable ordenadora deben subsistir sosteniendo el fallo combatido, con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no darse alguna de las hipótesis del numeral 79 de la ley de materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el tomo XVI, Diciembre de 2002, tesis 1a./J. 81/2002, en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185425, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así como la jurisprudencia sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Y la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." Aunado a ello, como se dijo en párrafos que anteceden, algunos de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, resultan idénticos a los agravios que formuló al interponer su recurso de apelación, ya que confrontando los agravios presentados en el señalado recurso con los conceptos de violación anteriormente señalados, se aprecia que la parte impetrante del amparo en éstos únicamente se concretó a reproducir en esencia lo expuesto en aquéllos y dejó de combatir todas las consideraciones torales de la Sala responsable que la condujeron a confirmar la resolución de primer grado. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia número 166 publicada en la página número ciento doce del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************contra el acto que reclamó a la Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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