Jorge Alberto Domínguez García

Expediente 1804/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1804/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Domínguez García

Actuaciones

  1. Principal

    NVO DOM QUEJMérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito de ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y en atención a su contenido, téngase como su NUEVO DOMICILIO para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su escrito de cuenta. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez en Turno adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en audiencia celebrada el veintinueve de julio del presente año, se decretó la prórroga del plazo de la medida cautelar personal impuesta al aquí quejoso, consistente en la prisión preventiva, prevista en los artículos 146, fracción XIII, y 155, ambos del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán. Asimismo informa, que dicha prórroga es por el plazo de seis meses más, la cual inicia a partir del dos de agosto del presente año, y fenecerá el uno de febrero de dos mil veintitrés. Circunstancia de la que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno se dictó la sentencia en el presente asunto, misma que el diecinueve de noviembre del citado año se tuvo por recurrida por la parte quejosa, por lo que dicho medio de impugnación se encuentra radicado ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el número de toca 497/2021. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se le gire con el contenido del presente acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, copia certificada del oficio de cuenta a fin de que la Superioridad tenga conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante y acuerde lo que estime conducente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de la lectura de la constancia de notificación levantada el treinta de julio por uno de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, se advierte que el directo quejoso JORGE ALBERTO DOMÍNGUEZ GARCÍA, al momento de la notificación del proveído de treinta de julio del año actual, no ratificó la demanda de amparo que promovió a su favor Alheli Monserrat Tome Sosa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda en este asunto, quedando sin efectos las providencias dictadas en autos. Asimismo, advirtiéndose que el nombrado quejoso ratificó a los autorizados mencionados en la demanda; con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, déseles la participación que les compete en el presente juicio, en los términos que se indican en el ocurso constitucional. Ahora bien, de la constancia levantada por el actuario adscrito, se advierte que al dar fe del estado físico en que se encontraba el directo quejoso JORGE ALBERTO DOMÍNGUEZ GARCÍA, asentó: "[.] que se encuentra raspado del codo derecho y dice que lo golpearon los policías de la Secretaría de Seguridad Pública[.]." Por tanto, con fundamento en los artículos 1 y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con las manifestaciones asentadas por el actuario adscrito en la diligencia de ratificación; lo anterior, a fin de que dicha autoridad ministerial determine lo que en derecho corresponda conforme a sus funciones. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 2 P (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 2, página mil cuarenta y ocho, del rubro siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO." Así como la tesis I.9o.P.115 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 36, noviembre de 2016, Tomo IV, página 2277, con registro 2013007, del rubro siguiente: "ACTOS DE TORTURA. SI DE LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO O DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE ADVIERTE QUE PUDO HABER SIDO VÍCTIMA DE AQUÉLLOS DURANTE SU DETENCIÓN, ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA QUE ACTÚE DE ACUERDO CON SUS FACULTADES LEGALES, AUN CUANDO SE PRODUZCA EL FALLECIMIENTO DE AQUÉL EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o., establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, así como de las garantías para su protección; en razón de lo anterior, es obligación de sus autoridades, en el ámbito de su competencia, procurar la protección de los derechos humanos, entre los que se encuentran, la prohibición de la tortura y la protección a la integridad personal, previstos en los artículos 22 y 29 de la Constitución Federal, por lo que no se trata de un deber exclusivo de las autoridades que deban investigar o juzgar el caso de quien refiera haber sido víctima de dicha vulneración. En esa tesitura, cualquier órgano jurisdiccional encargado de administrar justicia que en su marco de actuación tenga noticia o advierta, ya sea porque el inculpado lo declare ante él, o de las propias constancias de autos se desprenda, que aquél pudo haber sido víctima de posibles actos de tortura durante su detención, lo obliga a dar vista al Ministerio Público de su adscripción, para que éste actúe de acuerdo con sus facultades legales, aun cuando se produzca el fallecimiento de aquél en alguna de las etapas del procedimiento, ya que el deceso de la probable víctima de tortura, no impide ni hace impertinente ordenar la aludida vista, en razón de que además de que en su vertiente de delito, la tortura es imprescriptible debido a su gravedad, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones para ser perseguida e investigada, por lo que su vigencia no puede alterarse aun con la pérdida de la vida de la víctima; máxime que pudiera existir la posibilidad de que dicho deceso fuera consecuencia de los probables actos de tortura que se le hubieran inferido y, por ende, que se materializara una circunstancia distinta de reparación hacia los deudos del occiso, por el probable responsable del delito, o el propio Estado, en términos del artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Notifíquese personalmente y cúmplase.

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