Jorge Alberto Cristóbal Malanco Rodríguez
Expediente 96/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fredy Román Matos Uc
- Jorge Alberto Cristóbal Malanco Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En treinta de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con el oficio registrado bajo el folio 189. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio mediante el cual, se le informó que la sentencia dictada en autos, se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su consulta. CÚMPLASE. A
- Principal
En nueve de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el oficio signado por la secretaria del Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, de ocho de diciembre de dos mil veintidós, registrado bajo el número 100, en el que se relaciona las constancias electrónicas que integran el juicio de amparo ********************/2022-IV-A, de su índice. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese la copia certificada del oficio de ocho de diciembre de dos mil veintidós, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco Campeche, mediante el cual, remite de manera electrónica el juicio de amparo ********************/2022-IV-A, de su estadística, para el auxilio del dictado de la sentencia. Al respecto, téngase a la autoridad oficiante relacionando las constancias electrónicas que integran el juicio de amparo ********************/2022-IV-A de su índice, promovido por********************, quien se ostenta apoderado legal de ********************Acúsese recibo de estilo correspondiente. En razón de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y lo aprobado en el oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se autorizó el auxilio en el dictado de las sentencias a este órgano jurisdiccional; se acuerda: Regístrese el expediente con el número auxiliar 96/2022, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como de los autos que integran el juicio de amparo de que se trata, se advierte que la audiencia constitucional se celebró el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, y, además, a criterio del juzgador auxiliado, cumple con el requisito establecido en el oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a ser uno de los expedientes con audiencia constitucional pendientes de emitir resolución, se actualiza la hipótesis para conocer del presente asunto; por tanto, en continuación de dicha audiencia, díctese la sentencia que en derecho corresponda, con las constancias que integran el expediente electrónico puesto a disposición por el órgano auxiliado, con la identificación de información reservada, confidencial o datos personales, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, con quien actúa y autoriza. Doy fe.
- Principal
En veintitrés de mayo de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del tres al dieciocho de mayo de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por lista el veintinueve de abril de dos mil veintidós, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con lo anterior se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Nubia Miranda Ramírez, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 96/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda; Ampliación de demanda; e, Informes justificados. Asimismo, da cuenta con el escrito registrado bajo el folio 5559 y signado por el quejoso Jorge Alberto Cristóbal Malanco Rodríguez, mediante el cual solicita que sea diferida la presente audiencia constitucional, a efecto de que se le prevenga para que, dentro del término de quince días manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la autoridad Agente del Ministerio Público de Atención Inmediata de la Dirección de Carpeta de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, que se menciona en la documental que se acompañó al informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, Titular de la Mesa VIII, de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, pues aduce que se relaciona intrínsecamente con el acto reclamado. En su atención, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que, el plazo de quince días de que disponía para ampliar su demanda de amparo transcurrió del uno al veintiséis de abril de dos mil veintidós; virtud a que la vista que se le dio con el referido informe rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, Titular de la Mesa VIII, de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, se le notificó por lista el treinta de marzo del año en curso, sin que lo hubiera hecho. Lo anterior, sin que pase desapercibido que el plazo referido, no se computó derivado de la vista que este Juzgado de Distrito otorgara al quejoso, ello en virtud, de que se estimó innecesario realizarlo, pues del contenido del informe justificado a que hace alusión el promovente y de las constancias que remitió en su apoyo la Agente del Ministerio Publico referida, se advierte que el oficio de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, signado por José Luis Salazar Rodríguez, dirigido al Fiscal Regional de esta ciudad, se refiere a la información solicitada por la última autoridad en mención, respecto de los antecedentes que existían de la querella presentada en línea por el quejoso, y el estado en que se encontraba dicha solicitud; respecto lo cual, la autoridad suscriptora informó las razones por las que no se le había otorgado el trámite correspondiente. Derivado de lo anterior, por oficio de veintiuno de febrero de este año, el Fiscal Regional del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, instruyó a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional de esta ciudad, para que iniciara la carpeta de investigación relativa a la querella presentada electrónicamente por el quejoso; lo cual fue acatado por la autoridad requerida. Por lo que, el oficio referido por el quejoso en el escrito que se acuerda, no le causa ninguna afectación que pudiera ser reclamada a través de la ampliación que pretende, virtud de las razones expuestas en párrafos precedentes. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la secretaria da cuenta al Juez con la prueba documental ofertada por la parte quejosa y las autoridades responsable. A lo que el juez provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita a este Órgano de Control Constitucional no emitió pedimento ministerial; mientras que las partes fueron omisas en expresar alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado y al resto de las partes por precluido su derecho de exponer alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictar la siguiente: SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 96/2022, promovido por Jorge Alberto Cristóbal Malanco Rodríguez, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Jorge Alberto Cristóbal Malanco Rodríguez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III: - AUTORIDAD RESPONSABLE: a) C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. M. en D. Adrián López Solís. Quien tiene su domicilio situado en Calle Periférico Independencia #5000, Colonia Sentimientos de la Nación, Código Postal 58170. Así como el correo electrónico secretariatecnica@fiscaliamichoacan.gob.mx b) C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Licenciado Jorge Alberto Vázquez García. Quien tiene su domicilio situado en Calle Periférico Independencia #5000 Colonia Sentimientos de la Nación, Código Postal 58170. c) C. FISCAL DE URUAPAN. Maestro Noé Godínez Arellano. quien tiene su domicilio situado en Calle Leona Vicario esquina Privada de Cedros #S/N Colonia San Rafael, Código Postal 60137. Así como el correo electrónico fiscal@uruapan.fiscaliamichoacan.gob.mx d) C. DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE URUAPAN. Licenciado Marco Antonio Samat Ruiz Cuellar. Quien tiene su domicilio situado en Calle Leona Vicario esquina Privada de Cedros #S/N Colonia San Rafael, Código Postal 60137. Así como el correo electrónico: carpetas@uruapan.fiscaliamichoacan.gob.mx e) C. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA DE URUAPAN. Licenciados Ulises García Palomera y María del Rosario Castrejón Rodríguez. Quienes tiene su domicilio situado en Calle del Niño #4120, Colonia Palito Verde, Uruapan, Michoacán. C.P. 60090. IV: - ACTO RECLAMADO: Se reclama de las autoridades señaladas como responsables la violación a mis derechos humanos y fundamentales consagrados en los artículos 1°, 17, 8°, 20 apartado C, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la omisión en la que están incurriendo al no darle trámite alguno a mi denuncia penal que presenté desde el día 15 de Octubre de 2020 vía electrónica a través de la modalidad de "Denuncia en Línea" en el sitio web oficial de la Fiscalía General de Michoacán fiscaliamichoacan.gob.mx. Todo esto de forma deliberada, toda vez que a pesar de las diversas solicitudes vía telefónica, correo electrónico e incluso presencialmente ante las inmediaciones que ocupan la Fiscalía de Uruapan, se me ha negado hasta el día de la fecha darle el trámite a la misma, pese a que ya ha sido registrada en el sitio web de referencia. Incluso negándoseme sin causa justificada alguna informarme al respecto, así como recibirla y admitirla de ninguna forma aunque la presenté en forma impresa para su seguimiento." El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en el artículo 14, 17 y 2016 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El dieciséis de febrero de este año se turnó la demanda a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data, se registró con número de expediente 96/2022; se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. El uno de marzo de dos mil veintidós, se dio vista al quejoso a efecto de que manifestara si deseaba ampliar su demanda respecto al contenido y alcance de las constancias remitidas por la responsable; lo que realizó el veinticinco de marzo de este año respecto de la autoridad y acto reclamado: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo a partir de este momento, independientemente de las autoridades responsables señaladas en mi escrito inicial de amparo a la siguiente Autoridad: Ciudadana Marta Patricia Cruz Alvarado Agente del Ministerio Público Responsable de la mesa VIII de la Fiscalía Regional de Uruapan, quien tiene su domicilio situado en Calle del Niño #4120, Colonia Palito Verde, Uruapan, Michoacán. C.P. 60090. IV: - ACTO RECLAMADO: Independientemente del acto reclamado en mi escrito inicial de demanda de amparo a partir de este momento y como un anexo reclamo de la autoridad señalada como responsable la violación directa a mis derechos humanos y fundamentales consagrados en los artículos 17, 20 apartado C, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo del contenido del oficio número 42 de fecha 23 de febrero de 2022, se advierte nítidamente que no se ha iniciado la investigación correspondiente a mi denuncia penal presentada en vía electrónica. Lo anterior toda vez que del oficio en cita se expone presuntivamente que le fue asignado el número único de caso 1004202206763, sin que de ninguna forma dicho oficio contenga la documental que sustente el registro de la actuación que señala la Autoridad Responsable, así como qué tampoco hasta este momento procesal se me ha notificado personalmente sobre el trámite de la misma de ninguna forma. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió la referida ampliación de demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. TERCERO.- INEXISTENCIA DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. Por acuerdo de veinticinco marzo de dos mil veintidós, atendiendo a la razón actuarial de veintiocho de febrero del citado año, de la que se desprendía la imposibilidad de entregar el oficio 2675/2022, dirigido al Agente del Ministerio Público de la fiscalía de Uruapan, Ulises García Palomera, en virtud que el fedatario fue informado que dicha persona fue cambiada de adscripción, se tuvo a la precitada autoridad como inexistente y se ordenó suspender toda comunicación con ella. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a dicha autoridad, ya que su inexistencia fue determinada en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ella. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Finalmente, el veintiocho de abril del año en curso, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama una omisión y la demanda se presentó en esta ciudad, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. La parte quejosa reclama: Del 1) Fiscal General; 2) Director de la Unidad de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General; ambos con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo; 3) Fiscal Regional; 4) Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional; 5) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata, mesa IX, de la Fiscalía Regional; 6) Martha Patricia Cruz Alvarado, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, titular de la mesa VIII, de la Fiscalía Regional; todos con residencias en esta ciudad: La omisión de dar trámite a la querella presentada en el sitio web oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, el quince de octubre de dos mil veinte. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LAS OMISIONES RECLAMADAS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, dado que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se probare su existencia. Así, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia conduce al sobreseimiento. La autoridad responsable Director de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General de Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia (foja 33), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Es así, porque refiere, el quince de octubre de dos mil veinte, canalizó la querella electrónica del quejoso a la Fiscalía Regional de esta ciudad. Lo que se corrobora con la copia certificada de la impresión de la página electrónica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, de la que se advierte que el folio PD/0309/1020 se encauzó a la región Uruapan de dicha Fiscalía, el quince de octubre de dos mil veinte; folio que corresponde al que contiene el acuse de la presentación de querella en línea por el quejoso. Dicho medio de convicción tiene pleno valor probatorio de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Agente de Ministerio Público de Unidad de Atención Inmediata, mesa IX, de la Fiscalía Regional de esta ciudad (foja 29), negó la existencia de la omisión reclamada. Inexistencia que se robustece con la información que allegó el Fiscal Regional de esta ciudad, de la que se desprende que la querella en línea presentada por el quejoso se remitió a Martha Patricia Cruz Alvarado, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, adscrita a la mesa VIII de la referida Fiscalía, y no a la diversa autoridad responsable en mención. En esas condiciones, al encontrarse probado que no existe la omisión reclamada al 2) Director de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General de Estado de Michoacán de Ocampo; y, 5) Agente de Ministerio Público de Unidad de Atención Inmediata, mesa IX, de la Fiscalía Regional de esta ciudad; lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la omisión reclamada al Fiscal Regional de esta ciudad, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado, pues manifestó que no obstante que no se tramitó la referida demanda al momento de su presentación, ya se dio inició la carpeta de investigación con número único de caso 1004202206763. También es cierto el acto omisivo reclamado al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, titular de la mesa VIII, de la Fiscalía Regional de esta ciudad, pues así se desprende de su informe justificado, quien refirió que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se inició la carpeta de investigación con número único de caso 1004202206763; fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (quince de febrero de dos mil veintidós); de ahí que se tenga por cierta dicha omisión. Es ilustrativa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, su existencia, se corrobora con las constancias remitidas por la referida autoridad responsable, con valor probatorio pleno, en términos de los numerales invocados en párrafos precedentes, de las que se advierte que la querella presentada por el quejoso el quince de octubre de dos mil veinte, a través de medios electrónicos, se tramitó hasta el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, con motivo de la presentación de este juicio de amparo. Por idéntica razón, se desvirtúan la negativas contenidas en los informes justificados rendidos por el Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, pues de lo expuesto con antelación, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que éstas derivaron de la circunstancia que a la fecha de la rendición de su informe de ley, ya se había iniciado la carpeta de investigación correspondiente, y no porque se hubiera realizado dicha actuación en el momento que se presentó; esto es, antes de la presentación de la demanda; lo cual, se robustece con el oficio que la última autoridad en mención, giró el veintiuno de febrero de dos mil veintidós a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, titular de la mesa VIII, por el que la instruyó para que iniciara la carpeta de investigación respectiva; por lo que también es procedente tener como cierta la omisión atribuida a dichas autoridades. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Del estudio oficioso de las causas de improcedencia, que exige el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a su análisis de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Por lo que ve a la omisión reclamada en este juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) - - - XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Para la actualización de esta hipótesis de improcedencia es necesaria la revocación del acto reclamado o que la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional, en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. De modo que exista la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En el caso, lo aquí reclamado consiste en la omisión de las autoridades responsables de tramitar la querella presentada por el quejoso el quince de octubre de dos mil veinte, a través del portal electrónico de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. En la especie sobrevino la causa de improcedencia citada, porque de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las constancias que remitieron en su apoyo, se advierte que la Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad, en acatamiento a lo solicitado por el Fiscal Regional de esta ciudad, instruyó, mediante oficio girado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación, titular de la mesa VIII, de dicha institución, para que iniciara la carpeta de investigación respectiva, lo cual se realizó bajo el número único de caso 1004202206763; asimismo, se dictó acuerdo de inicio de carpeta de investigación sin detenido y se ordenó recabar diligencias y datos necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Además, el diez de marzo de este año, se entregaron a dicha autoridad las investigaciones realizadas hasta ese momento, en acatamiento a lo instruido por la Agente responsable. Así, lo expuesto evidencia que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en razón que con posterioridad a la presentación de la demanda (quince de febrero de dos mil veintidós), se destruyeron sus efectos en forma total e incondicional, al haberse dado inicio y trámite a la carpeta de investigación con número único de caso 1004202206763 (veintiuno de febrero de dos mil veintidós), e incluso realizado las primeras investigaciones. De modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de las violaciones constitucionales, como si se hubiera otorgado el amparo y no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular, pues no dejaron huella alguna que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Alberto Cristóbal Malanco Rodríguez, contra las omisiones que reclamó a las autoridades responsables precisadas, por los motivos expuestos en las consideraciones tercera y quinta de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
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