Jonathan Jassì HernàNdez

Expediente 727/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
727/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Jassì HernàNdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuenta. En once de febrero de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo 727/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Ejecutoria. Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con veintisiete minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 727/2021, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 37/2020. Posteriormente, la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con que ninguna de las partes oferto medio de convicción alguno. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido su derecho a ofrecer y desahogar medios de convicción. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido su derecho de expresar alegatos de las partes. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 727/2021, promovido por Jonathan Jassi Hernández, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo (fojas 3 a 6), con residencia en Uruapan, Jonathan Jassi Hernández, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalamos como ordenadoras al C. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, Jueza De Ejecución de Sanciones Penales; y, Juez De Primera Instancia En Materia Penal;. Señalo como ejecutoras al C. Director de la Policía Judicial, policía Investigadora, ambas con domicilio en. IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad ordenadora reclamo la probable orden de aprehensión, localización y/o presentación en contra del suscrito". El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data (fojas 7 a 12), se registró con número de expediente 727/2021; se admitió a trámite; se solicitaron los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. TERCERO.- INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno (foja 21), vista la razón actuarial del esa misma data, de las que se desprendía la imposibilidad de entregar los oficios 22763/2021 y 22764/2021, dirigidos a las autoridades responsables Director de la Policía Judicial, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán y Policía de Investigación, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Lo anterior, en virtud de que el actuario adscrito a este órgano de control constitucional, asentó que, al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, le manifestaron que no podían recibir los citados oficios, en virtud de que esas autoridades no existían en esa Fiscalía. En esas condiciones, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de las referidas autoridades. Luego, en proveído de cinco de enero del año en curso, se tuvo a las precitadas autoridades como inexistentes y se ordenó suspender toda comunicación con ellas, toda vez que la parte quejosa no manifestó nada, respecto a la inexistencia de las mismas. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Director de la Policía Judicial, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán y Policía de Investigación, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, ya que su inexistencia fue determinada en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ellas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Finalmente, el veintiuno de enero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción II, y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales; y, del Juez de Primera Instancia en Materia Penal; todos con residencia en esta ciudad: La orden de aprehensión, localización o presentación contra el quejoso. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. El quejoso reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, Jueza de Ejecución de Sanciones Penales; y, Juez de Primera Instancia en Materia Penal; todos con residencia en esta ciudad, la orden de aprehensión localización o presentación, dictada en contra del solicitante de amparo. Al respecto, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados (fojas 26, 30 y 34 respectivamente), negaron los actos que de ellas reclama el quejoso. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades al rendir sus informes justificados negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esas negativas. Dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción alguno del que se desprenda que efectivamente se haya girado alguna orden de aprehensión, localización o presentación, ya que no ofreció ni desahogo medio de convicción alguno. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, las negativas de las autoridades no fueron desvirtuadas. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jonathan Jassi Hernández, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el correlativo tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

  3. Incidental

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con veintisiete minutos del seis de enero de dos mil veintidós, Albina Alvarado Santos, Secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4764/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asistida de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, procede a celebrar la audiencia incidental en el expediente del presente incidente de suspensión 727/2021, de conformidad con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144, de la Ley de Amparo, la Secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y la Secretaria encargada del despacho acuerda lo conducente. CUENTA ACUERDO 1 La secretaria da cuenta con los informes previos que obran en autos, rendidos por las autoridades responsables siguientes: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan; Jueza de Ejecución de Sanciones Penales región Zamora, habilitada para resolver cuestiones urgentes derivadas de los asuntos tramitados en el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales en esta ciudad; y, Encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, en esta ciudad. Téngase por hecha la relación de los informes que rindieron las autoridades responsables antes mencionadas. PRUEBAS 2 Se hace constar que las partes no las ofrecieron. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS 3 Se hace constar que las partes no formularon. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, la Secretaria encargada del despacho procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Jonathan Jassi Hernández, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el caso, el quejoso reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ".la Probable Orden de Aprehensión, localización y/o presentación en contra del suscrito." TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; Jueza de Ejecución de Sanciones Penales; y, Juez de Primera Instancia en Materia Penal; todos con residencia en esta ciudad. Puesto que, al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia de dichos actos, sin que se hubiese desvirtuado tal negativa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva, al no existir acreditada en autos materia sobre la cual, en su caso, decretar dicha medida cautelar. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se niega a Jonathan Jassi Hernández, la suspensión definitiva, en los términos del considerando tercero de esta resolución.Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    En cinco de enero de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la vista que se le dio, en relación a la imposibilidad que se tuvo para emplazar a las autoridades responsables, Director de la Policía Judicial, y Policía Investigadora con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, transcurrió del veintiocho al treinta de diciembre del año próximo pasado, toda vez que fue notificado el veinticuatro del mismo mes y año, sin que lo hubiera hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. En la misma fecha, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado procesal del juicio. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que, a la fecha, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la vista que se le dio, en relación a la imposibilidad que se tuvo para emplazar a las autoridades responsables, que señaló con la siguiente denominación: Director de la Policía Judicial, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; y, Policía Investigadora, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. Sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tienen por inexistentes a las citadas autoridades y, se suspende toda comunicación con ellas. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4764/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.

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