Jorge Alberto Contreras Martinez

Expediente 167/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
167/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Contreras Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Jorge Alberto Contreras Martínez, con copias y anexo que acompaña; contra actos del Juez Quinto del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 167/2021-III. Así, vista la demanda de amparo de mérito, se tiene que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte impetrante refirió los que a continuación se sintetizan: a) Que el veinte de diciembre de dos mil once, se consignó ante fedatario público, el contrato de donación elaborado a su favor por parte de José Contreras Báez, respecto del 36.72% (treinta y seis punto setenta y dos por ciento) de la totalidad del bien inmueble ubicado en Calle Porfirio Díaz 316, cuartel segundo, del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. b) Que el dos de marzo de dos mil veintiuno, su abogado se constituyó en una notaria pública, de donde obtuvo información (y se la proporcionó) en el sentido de que el referido predio se encontraba embargado y que dicho gravamen deriva del Juicio Ejecutivo Mercantil 1696/2013 del índice del entonces Juzgado Octavo del Ramo Civil hoy Juzgado Quinto del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad; ello, según refiere bajo protesta de decir verdad, sin que jamás hubiese sido enterado o notificado de dicho asunto de naturaleza mercantil. Establecido lo anterior, debe decirse que en el caso, la infrascrita juzgadora encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Como puede verse, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza cuando se produce la figura procesal denominada "cosa juzgada", esto es, en atención a la existencia de una sentencia que causó ejecutoria y que fue emitida en un anterior juicio en el cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. La finalidad de la institución de la cosa juzgada es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo cual es necesario para mantener la paz social; de otro modo, los litigios podrían replantearse, indefinidamente. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, ya que lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De ahí que el juicio de amparo resulta improcedente cuando en una sentencia ejecutoriada se ha examinado y resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, o cuando se ha determinado la inatacabilidad de éste atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado; estimar lo contrario, sería tanto como hacer inoperante la institución de la cosa juzgada. Por otra parte, en el caso, es importante mencionar, como hecho notorio, que ante este mismo juzgado de Distrito, se tramitó el diverso juicio de amparo 15/2017-III, promovido por el propio Jorge Alberto Contreras Martínez (y otros), también contra el entonces Juzgado Octavo del Ramo Civil hoy Juzgado Quinto del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, y a través del cual pretendió reclamar lo que a continuación se transcribe: ACTOS RECLAMADOS: I. DE LA ORDENADORA: a) El auto que ordenó el embargo sobre bienes de nuestra propiedad dictado dentro del expediente 1696/2013, relativo a un JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. II. DE LAS EJECUTORAS: a) DEL ACTUARIO ADSCRITO A LA H. CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO: I. El acta que decreta el embargo del resto de un predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 316, Cuartel 2do, del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., el cual se encuentra en nuestra posesión y es de nuestra propiedad; b) DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL EN EL ESTADO: I. Todo registro o inscripción de embargo al margen del folio real número: 229304, que ampara el resto de un predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 316, Cuartel 2do, del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. Como se ha visto, dicho juicio de amparo fue desechado por este tribunal federal, por resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, al considerar que el mismo devenía extemporáneo, pues se localizó la confesión expresada bajo protesta de decir verdad por el propio Jorge Alberto Contreras Martínez, en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento del embargo de que se quejó, DESDE EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, fecha en que según adujó, retomaron los trámites inherentes a la inscripción del contrato de donación de que se trata. De lo relatado se deduce que el aquí promovente, con anterioridad a la presentación de la demanda con la que se formó este expediente, promovió un diverso juicio de amparo respecto de los mismos actos que conforman la litis en el presente asunto, en específico, el embargo trabado sobre el bien inmueble que aduce, es de su copropiedad, ubicado Calle Porfirio Díaz 316, cuartel segundo, del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, ordenado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1696/2013 del índice del entonces Juzgado Octavo del Ramo Civil, hoy Juzgado Quinto del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, así como la inscripción de dicho gravamen. Así las cosas, es inconcuso que el amparo promovido contra el acto reclamado en la presente instancia es improcedente, al existir ya pronunciamiento firme al respecto, en el diverso juicio de amparo 15/2017-III seguido ante este mismo juzgado de Distrito en el Estado. En tales condiciones, al encontrarse reunidos los requisitos para la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, toda vez que en la especie se tiene que existen dos posiciones expresadas bajo protesta de decir verdad por el propio Jorge Alberto Contreras Martínez, en sendos juicios de amparo; y que esas manifestaciones resultan divergentes entre sí, respecto de un mismo punto de hecho, y que, por tanto, en la especie podría configurarse la conducta a que se refiere el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa medida, con el contenido de la presente resolución, DESE VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones legales. En otro aspecto, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al Licenciado Óscar Ricardo López Leyva, quien se encuentra enlistado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que lo faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por último, y con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza al promovente, el usuario ORLOPEZL, para la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, por vía electrónica, a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO CON FECHA OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Jorge Alberto Contreras Martínez, con copias y anexo que acompaña; contra actos del Juez Quinto del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 167/2021-III. Así, vista la demanda de amparo de mérito, se tiene que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte impetrante refirió los que a continuación se sintetizan: a) Que el veinte de diciembre de dos mil once, se consignó ante fedatario público, el contrato de donación elaborado a su favor por parte de José Contreras Báez, respecto del 36.72% (treinta y seis punto setenta y dos por ciento) de la totalidad del bien inmueble ubicado en Calle Porfirio Díaz 316, cuartel segundo, del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. b) Que el dos de marzo de dos mil veintiuno, su abogado se constituyó en una notaria pública, de donde obtuvo información (y se la proporcionó) en el sentido de que el referido predio se encontraba embargado y que dicho gravamen deriva del Juicio Ejecutivo Mercantil 1696/2013 del índice del entonces Juzgado Octavo del Ramo Civil hoy Juzgado Quinto del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad; ello, según refiere bajo protesta de decir verdad, sin que jamás hubiese sido enterado o notificado de dicho asunto de naturaleza mercantil. Establecido lo anterior, debe decirse que en el caso, la infrascrita juzgadora encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Como puede verse, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza cuando se produce la figura procesal denominada "cosa juzgada", esto es, en atención a la existencia de una sentencia que causó ejecutoria y que fue emitida en un anterior juicio en el cual existe la identidad en los sujetos y en el objeto, aunque las violaciones constitucionales hayan sido diversas. La finalidad de la institución de la cosa juzgada es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo cual es necesario para mantener la paz social; de otro modo, los litigios podrían replantearse, indefinidamente. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, ya que lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De ahí que el juicio de amparo resulta improcedente cuando en una sentencia ejecutoriada se ha examinado y resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, o cuando se ha determinado la inatacabilidad de éste atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado; estimar lo contrario, sería tanto como hacer inoperante la institución de la cosa juzgada. Por otra parte, en el caso, es importante mencionar, como hecho notorio, que ante este mismo juzgado de Distrito, se tramitó el diverso juicio de amparo 15/2017-III, promovido por el propio Jorge Alberto Contreras Martínez (y otros), también contra el entonces Juzgado Octavo del Ramo Civil hoy Juzgado Quinto del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, y a través del cual pretendió reclamar lo que a continuación se transcribe: ACTOS RECLAMADOS: I. DE LA ORDENADORA: a) El auto que ordenó el embargo sobre bienes de nuestra propiedad dictado dentro del expediente 1696/2013, relativo a un JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. II. DE LAS EJECUTORAS: a) DEL ACTUARIO ADSCRITO A LA H. CENTRAL DE ACTUARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO: I. El acta que decreta el embargo del resto de un predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 316, Cuartel 2do, del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., el cual se encuentra en nuestra posesión y es de nuestra propiedad; b) DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL EN EL ESTADO: I. Todo registro o inscripción de embargo al margen del folio real número: 229304, que ampara el resto de un predio ubicado en la calle Porfirio Díaz número 316, Cuartel 2do, del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. Como se ha visto, dicho juicio de amparo fue desechado por este tribunal federal, por resolución de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, al considerar que el mismo devenía extemporáneo, pues se localizó la confesión expresada bajo protesta de decir verdad por el propio Jorge Alberto Contreras Martínez, en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento del embargo de que se quejó, DESDE EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, fecha en que según adujó, retomaron los trámites inherentes a la inscripción del contrato de donación de que se trata. De lo relatado se deduce que el aquí promovente, con anterioridad a la presentación de la demanda con la que se formó este expediente, promovió un diverso juicio de amparo respecto de los mismos actos que conforman la litis en el presente asunto, en específico, el embargo trabado sobre el bien inmueble que aduce, es de su copropiedad, ubicado Calle Porfirio Díaz 316, cuartel segundo, del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, ordenado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1696/2013 del índice del entonces Juzgado Octavo del Ramo Civil, hoy Juzgado Quinto del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, así como la inscripción de dicho gravamen. Así las cosas, es inconcuso que el amparo promovido contra el acto reclamado en la presente instancia es improcedente, al existir ya pronunciamiento firme al respecto, en el diverso juicio de amparo 15/2017-III seguido ante este mismo juzgado de Distrito en el Estado. En tales condiciones, al encontrarse reunidos los requisitos para la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, toda vez que en la especie se tiene que existen dos posiciones expresadas bajo protesta de decir verdad por el propio Jorge Alberto Contreras Martínez, en sendos juicios de amparo; y que esas manifestaciones resultan divergentes entre sí, respecto de un mismo punto de hecho, y que, por tanto, en la especie podría configurarse la conducta a que se refiere el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa medida, con el contenido de la presente resolución, DESE VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones legales. En otro aspecto, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al Licenciado Óscar Ricardo López Leyva, quien se encuentra enlistado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que lo faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por último, y con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza al promovente, el usuario ORLOPEZL, para la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, por vía electrónica, a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal.

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