Jonathan Stalin Orellana Macao

Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
196/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Jonathan Stalin Orellana Macao

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta remitidos vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en atención a su contenido, se provee: Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Jonathan Stalin Orellana Macao, en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Titular de las Oficinas, Subdirector de la Estación Migratoria y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina, todos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí: 1. La orden escrita con la que se hubiese determinado su aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención dentro de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por más de treinta y seis horas, derivada de la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. La omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas. 3. La omisión de permitir comunicación con los asesores jurídicos. Todo ello derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra. Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados. Ahora bien, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso de mérito ratificando la demanda promovida a su favor por Guillermo Luévano Bustamante, por lo que se admitió en sus términos en la misma fecha. Así, respecto del acto de aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, que se atribuye al Titular de las Oficinas, Subdirector de la Estación Migratoria y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina, todos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, materializado con la orden y ejecución de la retención prolongada de los quejosos en la estación migratoria; así como en relación a la omisión de emitir a su favor la orden de salida de la referida estación; derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se comulga con la responsable de mérito, en el sentido de considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su oficio de quince de marzo del año en curso, copia certificada del proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 737, del que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria, del aquí quejoso, informándole su obligación de acudir los días lunes de cada semana o el siguiente hábil si aquél no lo fuera, para la prosecución del procedimiento administrativo migratorio. Igualmente se observa que, la citada autoridad responsable hizo constar que el quejoso no había acatado dicha obligación, por lo cual precisó, resultaba imposible la continuación del procedimiento administrativo. Así, estimó que en el caso debía observarse lo dispuesto en el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y como consecuencia, dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido al citado quejoso. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estadio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo, sino con la postura procesal evasiva del justiciable, respecto de sus obligaciones. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del anexo que se acompañó; con fecha catorce de marzo del año en curso, se observa que ordenó la salida de la estación migratoria, del aquí quejoso, informándole su obligación de acudir los días lunes de cada semana o el siguiente hábil si aquél no lo fuera, para la prosecución del procedimiento administrativo migratorio. En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, siguientes a que reciba el oficio con la transcripción del presente proveído, informe lo acontecido a dicha obligación o, en su caso, el estado que guarda la situación jurídica del quejoso. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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